De los 27 integrantes del gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, cinco no estuvieron de acuerdo con hacer públicos sus posibles conflictos de interés, mientras que otros tres, ni siquiera cuentan con un registro de haber presentado sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El pasado 3 de enero López Obrador advirtió a los servidores públicos de todos los niveles que deberán dar a conocer su información patrimonial, así como la información de sus familiares cercanos, o de lo contrario, no habría lugar para ellos en el gobierno.
La regla de oro de la democracia de nuestro tiempo es la transparencia y todos van a presentar su declaración de bienes, sin excepción y lo van a hacer por convicción, porque los que convocamos a trabajar son gente honesta".Andrés Manuel López Obrador.
El formato de la SFP para las declaraciones patrimoniales de los funcionarios incluye un apartado que contiene sus datos generales y curriculares, así como su información patrimonial, como ingresos, inversiones, adeudos, bienes muebles e inmuebles.
También contiene un apartado en el que declara posibles conflictos de interés, que permite identificar alguna actividad o relación familiar que podría interferir con su ejercicio en la función pública.
Tras una revisión al registro de servidores públicos de la SFP, Declaranet, Huffpost México detectó que los secretarios de gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, y de Educación Pública, Esteban Moctezuma, así como el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, optaron por no hacer público algún posible conflicto de interés.
Los siguientes tres funcionarios no cuentan con registros de haber presentado su declaración patrimonial, o no están actualizados: Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República; Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, y Luis Antonio Ramírez, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Fueron cuatro los funcionarios federales que presentaron su declaración patrimonial, pero decidieron no hacer públicos los datos patrimoniales ahí contenidos: Olga Sánchez Cordero, Josefa González Blanco, Esteban Moctezuma y Julio Scherer Ibarra.
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad, "hacer pública esta información permite evitar que, en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés privado sobre el público, generando un beneficio indebido para el servidor público o sus familiares".
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