El gobierno de Enrique Peña Nieto desapareció a la Secretaría de Seguridad Pública lo cual “fue un gravísimo error” porque le dio más facultades a la de Gobernación y la convirtió en un “monstruo ingobernable” al servicio de intereses políticos, afirmó Alfonso Durazo.
“Existe el riesgo de que teniendo a mano las atribuciones de seguridad la uses con propósitos políticos, como sucedió, por ejemplo, con la inteligencia del país, que se hizo un uso faccioso, a tal grado de que el CISEN es un órgano totalmente deslegitimado, que tendrá que desaparecer para dar lugar a una institución desligada a esas prácticas y de esos vicios que pudieron la inteligencia del país al servicio de intereses políticos, personal, de grupo o de partido”, dijo.
En entrevista para #AristeguiEnvivo, el próximo secretario de Seguridad Pública en la administración, explicó que la institución que venga al relevo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), tendrá “una nueva filosofía, nuevas prácticas, una nueva doctrina y un nuevo marco jurídico más riguroso que sancione desviaciones en el uso de los recursos del Estado en materia de seguridad“.
“Parte de la crisis de inseguridad que vivimos en México tiene que ver con este uso perverso de las instituciones”, añadió.
De acuerdo con Durazo, la corrupción está asociada con la inseguridad porque genera impunidad, “lo que significa que de cada 100 delitos solo uno termina en sentencia absolutoria o condenatoria”, o sea que “un criminal tiene 99 por ciento de posibilidades de salir ileso de su acto” y eso se traduce en inseguridad.
Ante eso, indicó, “tenemos que entrarle a este problema con un sentido de Estado y siendo muy rigurosos en el uso de recursos, ni una desviación más a actividades que no tengan que ver con el cumplimiento de la responsabilidad en materia de seguridad”.
Sobre la presencia de las Fuerzas Armandas en las calles para realizar tareas de seguridad pública, el próximo titular de esa área expuso que lo primero que se plantea es combatir la corrupción, ya que “con estos niveles no podemos tener órganos de seguridad limpios que estén al servicio de la ciudadanía”.
Asimismo, añadió, se le dará capacitación y profesionalización a los elementos de seguridad pública para formar cuadros que relevarán a los militares que están desarrollando tareas de seguridad pública, para que puedan regresar a los cuarteles.
Recordó que en 2006 el presupuesto de seguridad era de 6 mil millones de pesos y se ha incrementado hasta llegar a 60 mil millones de pesos; sin embargo, ha crecido la inseguridad, lo cual indica que “estamos gastando mal el recurso”.
Por eso, apuntó, otra tarea será “redefinir prioridades presupuestales para destinar el gasto de una manera mas eficaz, pero sobretodo generar ahorros que permitan financiar el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la policía”.
“Seremos muy solidarios, van a tener una condición socioeconómicamente como nunca la han tenido en su vida: prestaciones, sueldos, condiciones de jubilación, seguro médico y seguro de vida; con los riesgos que implica hoy ser policía no tener un seguro de vida adecuado es una franca injusticia”, destacó.
Al ser cuestionado sobre la Ley de Seguridad Interior, Durazo Montaño dijo que si bien la Ley fue promulgada por el presidente Enrique Peña, no obliga a que los militares estén en las calles.
“Nosotros no vamos a utilizar la fuerza pública para reprimir. Vamos a ser sumamente respetuosos de los derechos humanos. Con Ley de Seguridad Interior o sin ella, nosotros compartimos una buena parte de las observaciones generalizadas que han hecho diversas organizaciones de la sociedad civil”, sostuvo.
Comentó que Andrés Manuel López Obrador ha expresado que no ejercerá los recursos y potestades que pone esta Ley en manos del Presidente de la República. “Si eso no se corrige en la Suprema Corte de Justicia, estaremos expresando una posición al respecto”.
Además, el ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio se comprometió a que casos como el de Ayotzinapa tendrán solución y lamentó la resolución de un Tribunal Federal de suspender la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia.
“Nuestro compromiso es crear una Comisión de la Verdad que nos lleve al conocimiento de lo que realmente sucedió, qué debemos creer de lo que se ha investigado y qué no debemos creer, quiénes son los responsables y concluir con el castigo consecuente”, agregó.
A continuación la presidencia de la república:
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