Colombia está produciendo actualmente más cocaína que nunca, justo cuando comienza un nuevo capítulo en la historia criminal del país y el gobierno trata de implementar un acuerdo de paz con los guerrilleros marxistas.
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) acaba de publicar los datos de 2016 sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia. El informe contiene abundantes datos sobre la producción de drogas en Colombia, y éstos no son nada alentadores. En términos generales, la producción anual de cocaína aumentó más del 34 por ciento, ubicándose en 866 toneladas métricas. La cantidad de hectáreas cultivadas con coca pasó de 96.000 en 2015 a 146.000 en 2016, es decir, un aumento del 52 por ciento. Esto significa que Colombia está produciendo más cocaína que nunca.
Aunque a menudo se cuestionan, los datos de la ONU son el punto de referencia para quienes intentan contabilizar el comercio de la cocaína en Colombia. En el mes de marzo, la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos dio a conocer sus estimaciones para Colombia, afirmando que en 2016 hubo 188.000 hectáreas de cultivos de coca. Si bien estas estimaciones son más altas que las de la ONU, la diferencia entre las dos instituciones ha comenzado a reducirse.
InSight Crime presenta en este artículo su contribución sobre este tema. Después de haber visitado más de 110 municipios de Colombia en los últimos dos años para hacer un mapeo de las economías criminales, especialmente de la coca, creemos que las cifras de la Casa Blanca sobre los cultivos de coca son más precisas. Por eso tomamos la cifra de la Casa Blanca de 188.000 hectáreas de coca, cada una de las cuales produce 7 kilos de cocaína en promedio. Esto está un poco por encima de la cifra de 6,9 kilos por hectárea que calcula la ONU, pero basamos nuestros cálculos en el análisis detallado realizado por la policía antinarcóticos colombiana. Por lo tanto, estimamos que la producción de cocaína en Colombia es de más de 1.200 toneladas anuales. Hemos cruzado estos cálculos rudimentarios con las tasas de incautación (no sólo de Colombia, sino además a nivel internacional) y con lo que nos dicen nuestras fuentes en los organismos de seguridad y en las mismas organizaciones criminales. Y aunque esta cifra es más alta que la de la ONU, no está totalmente desfasada, dado que el informe de la UNODC maneja una escala cuyo nivel más alto estima que la producción podría ser de más de 1.000 toneladas.
Dinámica por departamentos
Al analizar las áreas del país donde se concentran los cultivos de coca y donde han sido mayores los aumentos en los cultivos, se puede identificar también una mayor dinámica criminal. El litoral Pacífico, que por mucho tiempo ha sido la región más abandonada de Colombia, cuenta con más de 57.000 hectáreas de cultivos para la producción de drogas y tuvo un aumento del 42 por ciento en los cultivos entre 2015 y 2016. El departamento de Nariño, ubicado en la región Pacífica, donde InSight Crime recientemente llevó a cabo amplias investigaciones de campo, produce más cocaína que toda Bolivia y sigue siendo la capital del comercio de cocaína en Colombia. El vecino departamento de Putumayo, también en la frontera con Ecuador, donde hace más de 17 años comenzó el “Plan Colombia”, financiado por Estados Unidos, también tuvo un incremento del 20 por ciento en los cultivos de coca, al igual que el departamento de Caquetá.
En los departamentos de Meta y Guaviare hay más de 12.000 hectáreas de coca, lo que significa un aumento del 18 por ciento en los cultivos, en comparación con el año 2016. Esto debe ser de especial interés para el gobierno colombiano y las fuerzas de seguridad, ya que en estos dos departamentos se encuentra el grupo disidente más poderoso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el Primer Frente. Esta unidad de las FARC se declaró disidente en julio del año pasado, incluso antes de que el gobierno firmara el acuerdo de paz en noviembre de 2016, que está actualmente en proceso de implementación y ha llevado a que más de 7.000 guerrilleros se concentren en zonas especiales del país y entreguen sus armas.
Las FARC fueron los actores más importantes en el comercio de cocaína de Colombia, y por lo tanto también a nivel mundial. Ellas controlaban más del 60 por ciento de los cultivos de coca en el país, cobrando impuestos sobre la producción y participando en cada eslabón de la cadena de la droga. Su retirada cambia la dinámica del tráfico de drogas.
Los nuevos narcotraficantes
Esto nos conduce a la nueva generación de grupos criminales colombianos que se están beneficiando de la bonanza de la cocaína. En primer lugar, es necesario considerar que los carteles tradicionales, como los de Medellín y Cali, ya son cosa del pasado; han desaparecido como estructuras del crimen organizado. También ha desaparecido el poderoso ejército paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y aunque la generación de grupos criminales que surgieron de la desmovilización de las AUC, conocidos como Bacrim (acrónimo de "bandas criminales"), tienen sus raíces en las AUC, no poseen la misma capacidad militar ni el mismo control territorial de sus predecesores paramilitares.
Actualmente se trata más bien de redes, y la más poderosa de ellas es el grupo al que denominamos la franquicia de "Los Urabeños" —aunque este grupo prefiere llamarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)—. Esta franquicia tiene alcance en toda Colombia y se ocupa de traficar la mayor parte de la cocaína por las fronteras colombianas.
Los Urabeños solían trabajar en estrecha colaboración con las FARC. Los guerrilleros les vendían base de coca y protegían los cargamentos que pasaban por su territorio. Sin embargo, la salida de las FARC de la escena criminal ha cambiado el panorama del tráfico de drogas, así como lo hizo la desmovilización de las AUC en 2006. El nuevo capítulo en la historia criminal de Colombia se está desarrollando al mismo tiempo que la industria de la cocaína se adapta a la retirada de las FARC y pretende llenar el vacío dejado por el ejército guerrillero. Identificar este nuevo capítulo criminal es uno de los principales objetivos de InSight Crime para el resto de 2017.
La primera amenaza para el proceso de paz, y que es a la vez un actor importante en el tráfico de cocaína, es el disidente Primer Frente, dirigido por el veterano comandante guerrillero Miguel Botache Santanilla, alias "Gentil Duarte". Esta unidad ha sobrepasado los 100 guerrilleros que inicialmente se opusieron al proceso de paz. El gobierno se ha negado a reconocer la magnitud de este problema, o por lo menos no lo ha hecho públicamente. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha hablado de menos de 500 guerrilleros disidentes en todo el país, y ha hecho alarde de la captura de 300. InSight Crime cree que el número de guerrilleros de las FARC que están por fuera del proceso de paz es de por lo menos 1.500, y no todos ellos conservan su identidad como FARC. Entre 400 y 600 operan bajo los auspicios del Primer Frente, que se está extendiendo desde el departamento de Guaviare hacia Meta, Guainía, Caquetá y Vichada, financiado por los ingresos del narcotráfico.
Otras unidades y combatientes de las FARCse han separado de la organización y se han unido a los revolucionarios del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este grupo guerrillero más pequeño, que al igual que las FARC fue fundado en 1964, se ha negado a rendirse, aunque ha iniciado conversaciones de paz con el gobierno. Dichas conversaciones no han dado ningún resultado, y el ELN ha asumido una actitud expansionista y agresiva, reclutando a excombatientes de las FARC y extendiéndose a territorios de las FARC. El ELN es el último ejército ilegal que permanece en pie de lucha. Según las estimaciones del gobierno, el ELNcuenta con 1.500 combatientes. Nosotros creemos que ese número se acerca a los 2.500. Aunque Los Urabeños se autodenominan como una fuerza combatiente, en realidad son una red mafiosa. El ELN, que anteriormente se oponía al tráfico de drogas debido a motivos ideológicos, actualmente se está dedicando a esta actividad como alguna vez lo hizo la guerrilla de las FARC. Ello les permite financiar su expansión.
Los niveles récord de producción de cocaína aumentan la presión sobre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien ha permitido que la producción de drogas se haya duplicado durante su administración (él asumió la presidencia en al año 2010). El aumento en la producción de drogas, y los miles de millones de ingresos que ésta genera, es una real amenaza para el principal logro de su presidencia (que según sus críticos es el único): el acuerdo de paz firmado con las FARC.
La estrategia para la erradicación de la coca
Hay dos factores centrales para el explosivo crecimiento de los cultivos de coca. El primero es el propio proceso de paz. Las FARC les dijeron a los campesinos en sus áreas de influencia que sembraran coca, o de lo contrario no tendrían nada con qué negociar con el gobierno. Los guerrilleros estaban además desesperados por generar tanto dinero como fuera posible antes de que tuvieran que abandonar sus actividades criminales y comenzar la transición hacia una organización política legal. El segundo tiene que ver con la suspensión de la erradicación aérea de los cultivos de droga en el año 2015. Dicha práctica se abandonó por motivos de salud, pues había abundante evidencia de que la fumigación indiscriminada del glifosato en los cultivos de coca, las viviendas de los agricultores y las fuentes de agua potable era perjudicial para la salud de las personas y del medio ambiente.
De esta manera, el gobierno perdió su principal estrategia para detener los cultivos de coca. Aunque el precio de la base de coca que producen los propios cocaleros ha rebajado en algunos bastiones de las FARC, como el departamento del Putumayo, creemos que es una situación temporal porque el mercado en la región era dominado por intermediarios y compradores de las FARC. En lugares como Nariño, ubicado en la costa del Pacífico, el precio permanece constante, dado que existen otros compradores que reciben las ganancias del mercado que han abandonado las FARC tras su retirada.
Aunque el precio de la base de coca ha bajado en más de un 5 por ciento, y según cálculos de la ONU el precio promedio en el año 2016 era de US$621 por kilo, el cultivo de coca sigue siendo de lejos el más lucrativo para los agricultores en las zonas más remotas del país. Allí transportar los productos legales hasta los mercados cuesta más que el precio por el que se venden los mismos productos. Un buen químico puede obtener un kilo de cocaína cristalizada a partir de un kilo de base de coca de alta calidad.
El gobierno ha anunciado planes para una nueva y ambiciosa estrategia de erradicación.
"El gobierno pretende erradicar 50.000 hectáreas y reducir en un año los cultivos en otras 50.000 vía sustitución", ha dicho Rafael Pardo, ministro del posconflicto. "El 80 por ciento de la coca está en cerca de 45 municipios […] Hacia allá apuntamos".
Pretender lograr estas cifras en el tiempo estipulado no es más que fantasía, y sólo busca aplacar el descontento de algunas personas en Washington, DC, por el hecho de que después de invertir miles de millones de dólares para intentar controlar la cocaína en su origen, la producción ha alcanzado niveles récord y el consumo está volviendo a aumentar en Estados Unidos. Durante todo el año 2016, el gobierno colombiano logró erradicar poco más de 18.000 hectáreas, y hasta el momento los programas de sustitución sólo han logrado intervenir unos cuantos cientos de hectáreas. Nuestra investigación de campo demuestra que la erradicación manual, hoy en día efectuada principalmente por el ejército, está enfrentando cada vez mayores resistencias por parte de las comunidades. Ya no son las trampas explosivas y los francotiradores los que están bloqueando los trabajos de erradicación, sino mujeres furiosas y sus hijos los que están impidiendo que los erradicadores realicen su trabajo. Ello ha demostrado ser extraordinariamente eficaz.
El nuevo capítulo en el tráfico de cocaína en Colombia
Según el informe de la ONU, el precio de la cocaína en Colombia disminuyó un 5 por ciento, ubicándose en US$1.633. Hace sólo tres años el precio era de más de US$2.000. Pero el aumento de la oferta, junto con el aumento en el precio del dólar en relación con el peso colombiano ha llevado a que los precios locales bajen y ha aumentado las ganancias para el crimen organizado transnacional.
Llama la atención lo poco que la violencia se asocia con el comercio de cocaína en Colombia actualmente. Los carteles de Medellín y Cali libraron una dura batalla en la década de los ochenta y principios de los noventa, y más tarde el grupo paramilitar AUC le disputó este comercio a las FARC. Hoy en día las Bacrim, los guerrilleros y los traficantes independientes cooperan como parte de una red, realmente sin mayor conflicto entre ellos. En este sentido los colombianos se han vuelto mucho más sofisticados que los mexicanos, donde las guerras territoriales siguen siendo la norma.
Es probable que durante el 2017 siga creciendo la producción de cocaínacontinuamente, pero a un nivel mucho menor del que se ha presentado en los últimos años. Pero se dará una mayor sofisticación del crimen organizado transnacional colombiano, que adoptará un papel aún más clandestino, asegurándose de que el negocio siga su ritmo y maximizando los beneficios en lugar de ejercer violencia para tener el control sobre la industria.
Los organismos policiales y las fuerzas de seguridad enfrentan un reto aún más complejo para detener la industria de la cocaína en Colombia actualmente. Los miles de millones que genera se invertirán más en corrupción que en ejércitos privados. Es posible que los homicidios también continúen disminuyendo, pero el tráfico de drogas seguirá creciendo en el futuro próximo.
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