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sábado, 6 de febrero de 2016

"SECUESTRAN,MATAN y los DEJA LIBRES un JUEZ FEDERAL",APELAN la DECISION"....y otra vez por "minucias".


La Procuraduría de Justicia estatal apeló la sentencia del Juez Segundo Penal en Monterrey, Raymundo Martínez González, que esta semana liberó a cuatro acusados de secuestrar y asesinar al empresario sampetrino Damián González del Río en el 2012.

El Procurador Roberto Flores aseguró ayer que la decisión del juez no es definitiva.

"No ha terminado el asunto", señaló. "La gente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo presentó la apelación.

"Ellos (los secuestradores) ahorita están gozando de una libertad porque el Poder Federal piensa, o el criterio de ellos es, que hubo algunas violaciones en aquel tiempo cuando fueron detenidos".

El funcionario dijo que contactó al padre de la víctima para enterarlo de las acciones que está tomando la Procuraduría.

"Nosotros tendremos que defender y hacer lo propio porque la representación que tenemos sobre la víctima es muy importante", dijo Flores.

El empresario dedicado a la construcción fue plagiado el 30 de julio del 2012 por hombres que irrumpieron en su negocio en Santa Catarina y se lo llevaron.

Pese a que su familia pagó en tres ocasiones su rescate, sus captores asesinaron al sampetrino, de 31 años, cuyo cuerpo fue hallado el 4 de agosto.

Por el caso, agentes ministeriales detuvieron el 17 de agosto de ese año a Diego Zárate Ibarra, de 30 años, "El Negro"; José Fidencio Armendáriz Guardiola, de 20, "El Perro" o "El Monstruo"; José Antonio Porras Ramírez, de 43, "El Hecho Garras", y a José Ángel Álvarez Lázaro, de 36, "El Gogy" o "El Pelón".

Acusados del plagio y homicidio, los cuatro fueron sentenciados en dos ocasiones -en el 2013 y en el 2015- y en ambos casos recibieron condenas de hasta 90 años de cárcel.

Sin embargo, la defensa apeló y el proceso se repuso.

En la última sentencia, el juez Martínez González ordenó liberarlos tras establecer que las detenciones fueron ilegales porque los ministeriales demoraron 3.5 horas en ponerlos a disposición del Ministerio Público, cuando debió ser inmediatamente.

Además, según la sentencia, la Fiscalía obtuvo pruebas cuando los acusados estaban arraigados, pero éstas fueron invalidadas porque la medida ahora es considerada una detención ilegal.

"Son casos del pasado, son casos de cuatro, cinco o seis años", dijo el Procurador, donde las reglas que prevalecían jurídicas en ese entonces eran distintas a las de hoy".

Ayer se buscó al Juez Segundo Penal, pero no fue localizado.

Fuente.-

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