En una acción expedita y sin precedente contra funcionarios estatales de alto nivel, la Procuraduría del Estado acusó ayer a dos mandos de la Administración Penitenciaria de ser autores materiales de la matanza de 49 reos en el Penal del Topo Chico.
Los acusados por los hechos de la noche del miércoles y madrugada del jueves son el Comisario en Jefe de los tres penales estatales, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, y la directora del Topo Chico, Gregoria Salazar Robles, a quienes les ejecutaron órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.
Por separado, el celador José Reyes Hernández Aguilar fue acusado de homicidio calificado por asesinar de un balazo en la espalda al reo Guadalupe Armando Graciano Rodríguez.
Un fiscal lo acusó de accionar su fusil calibre .223 contra el interno, para darle muerte de un balazo que le entró por la espalda del lado izquierdo, en el patio del Área 2 de mujeres.
Las acusaciones contra los altos mandos fueron informadas en una audiencia oral ante el Juez Miguel Eufracio, celebrada en el Palacio de Justicia.
El Fiscal que integró la averiguación indicó que los mandos favorecieron las condiciones de falta de seguridad que deben dar a los internos, a quienes deben vigilar como parte de sus atribuciones.
El Ministerio Público afirmó que permitieron que los reos estuvieran fuera de sus celdas de noche y de día, y precisó que encontraron que no había candados para las celdas, sin tener restricción de horarios para estar en patios o afuera de ambulatorios.
Por la libertad que tenían los reos, refirió, portaban bates y varillas usados en el enfrentamiento.
Los acusó de permitir que los internos de la delincuencia organizada y otros tomaran el control en el interior, y así darse el tráfico de drogas, el cobro de piso y que tuvieran privilegios en celdas.
A las deficiencias señaladas, añadió que se cuenta con una alta población de reos, siendo todo esto permitido por los mandos penitenciarios para que se dieran los disturbios.
Aunque los funcionarios habían sido internados el viernes en el Topo Chico, el Juez de Control, a solicitud de la Fiscalía, decidió aplicar la medida cautelar de la prisión preventiva en las celdas municipales de la Policía de Monterrey por su seguridad.
También a solicitud de los investigados, el Juez determinó resolver su situación legal para el jueves en una ampliación del plazo a 144 horas.
Los dos funcionarios estuvieron en sus puestos durante la anterior Administración, cuando Rodrigo Medina era Gobernador.
La Fiscalía no acusó al actual Comisario General, Juan Antonio Caballero Delgadillo, designado en la actual Administración, de Jaime Rodríguez.
Caballero es el superior jerárquico de Domínguez, que en esta Administración fue nombrado Comisario en Jefe, siendo el segundo en el mando.
Ésta sería la primera vez que funcionarios penitenciarios de ese nivel son acusados por un incidente de ese tipo.
Como ejemplo está la masacre de 44 reos del 19 de febrero del 2012 en el Penal de Apodaca.
En esa ocasión también se registró una fuga de 37 internos. Sólo por los delitos de evasión de presos y contra la seguridad de un centro de detención fueron llevados a juicio el ahora ex director del Cereso, Gerónimo Miguel Andrés Martínez; el ex subdirector, Juan Hernández Hernández; el ex jefe de seguridad, Óscar Deveze Laureano, y el ex jefe de celadores, Marcos Ibarra Jiménez.
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