Hace un mes fuerzas federales detuvieron en la
Ciudad de México a Juan Omar Borbolla, a quien señalaron como el líder de Los
Zetas en Sonora.
Si bien la captura tuvo difusión, pasó desapercibido que Los
Zetas tuvieran un implante tan fuerte en una región disputada por remanentes
del Cártel de los Beltrán Leyva y Los Salazar, los sicarios de la
franquicia del Cártel del Pacífico en el Estado, La Gente Nueva. Borbolla,
señalado como el responsable del incremento de la violencia en Hermosillo y
Ciudad Obregón, estaba en la capital federal por el temor de que sus
adversarios lo asesinaran.
De acuerdo con un comunicado del Gabinete de
Seguridad, Borbolla dirigía secuestros, extorsiones, ventas de drogas y
ejecuciones de sus adversarios desde la Ciudad de México, con lo que buscaba
mantener el control de esa plaza y abrir nuevas rutas para el trasiego de
droga. La detención del capo no aportó detalles de quiénes lo querían
muerto, ni tampoco cómo se habían elevado los índices de violencia en Sonora.
Pero en el entramado se encuentra la expansión del Cártel del Golfo hacia
nuevos territorios para perseguir a sus adversarios por cualquier parte del
país, no sólo para arrebatarles las plazas, sino para aniquilarlos.
El
Cártel del Golfo provocó otro incendio en Sonora, y tiene que ver con la
apertura de un nuevo campo de batalla entre los cárteles de la droga, con la
irrupción abierta de esa organización que cuenta con el respaldo de comandantes
de la Policía Federal. Según investigaciones de la PGR y la Marina, dos viejos
conocidos de Tamaulipas llegaron a Sonora, el suboficial de la Policía
Federal, Joaquín Romero Salgado, y el ex policía federal y hasta
recientemente suboficial en Homicidios de la Procuraduría estatal adscrito a
Reynosa, Salvador Silva, que de acuerdo con denuncias en la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, están vinculados a bandas de secuestradores en Reynosa y
Ciudad Victoria.
Las denuncias enviadas al Gabinete de
Seguridad, referidas en este espacio en noviembre pasado, provocaron la
suspensión de Silva y el inicio del proceso de separación de Romero Salgado de
su cargo. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la PGR, pese a los
acusaciones concretas, no pasó nada. El Cártel del Golfo repartió cinco
millones de pesos entre altos mandos policiales en Tamaulipas para proteger a
Romero Salgado y que lo trasladaran a Sonora para hacerse cargo de la
protección de fuerzas federales a Los Zetas, y el combate a los rivales
criminales de esa organización.
Según las averiguaciones, Romero Salgado
obtuvo su cambio de adscripción del Inspector General de la Policía Federal.
Erick Ramírez Manzur, Director General de Control Operativo, quien firmó el
oficio, es señalado por la Unidad de Investigación Naval, como uno de los
funcionarios que recibió dinero por esa firma, que obra en las actuaciones de
la PGR. Junto con Romero Salgado, Silva fue trasladado a Sonora, y pese a haber
sido separado de su cargo el año pasado, fue restituido como su asistente en
las actividades policiales que combina con las criminales.
Silva, a
quien apodan El Santero, era una figura central en la estructura criminal
del Cártel del Golfo en la policía tamaulipeca, y servía de enlace
con Juan Manuel Loza Salinas, el Comandante Toro, jefe de la plaza de
Reynosa. Silva y Romero eran los encargados de recibir el dinero
del Cártel del Golfo para pagar las nóminas de los policías
federales, policías de caminos y de miembros de la procuraduría tamaulipeca.
Junto con Romero, decía la denuncia en la CNDH, “se encargan de recoger todos
los cuerpos de los ejecutados por el CDG. Ellos dan la protección y
vigilan conductas delictivas como la venta de drogas, la trata de personas,
el lavado de dinero y el tráfico de armas”.
Cuando se refirió
lo que estaba sucediendo en Tamaulipas, se apuntó en este espacio: “La
impunidad con la que actuaba un grupo de agentes federales en Reynosa al
servicio del Cártel del Golfo en Tamaulipas, se está acabando. Ese grupo, de
acuerdo con investigaciones federales, asesinaba, secuestraba
y limpiaba los cadáveres dejados en las calles de las ciudades
tamaulipecas por el Cártel, y era intocable. Pese a las denuncias, durante
meses hubo negligencia gubernamental, que mantuvo intacta su actuación como
parte estructural del Cártel del Golfo…
Las cosas, sin embargo, se están
moviendo. Varios de los policías señalados en la denuncia fueron trasladados a
la Ciudad de México, uno fue suspendido y se preparan órdenes de presentación
contra toda la estructura institucional que protegía al Cártel”.
Las
cosas sí se movieron, pero en sentido contrario. El proceso de separación de
Romero Salgado en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Federal,
no llegó a ningún lado porque no encontraron elementos suficientes para
proceder, con lo que le abrieron el camino a Sonora.
La violencia en ese Estado
se recrudeció a partir de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, quien
asumió el control Los Salazar. Su recaptura volvió a desestabilizar el equilibrio
de cárteles en Sonora, que fue aprovechado por el con el apoyo institucional de
los nuevos jefes de la Policía Federal que llegaron de Tamaulipas y que por
razones desconocidas, siguen teniendo amigos muy poderosos en la Ciudad de
México que los siguen protegiendo. Por lo menos, hasta que alguien les ponga el
alto.
Fuente:
twitter: @rivapa
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