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| Imagen.-Internet |
Es una pugna de necedades. Por una parte, el Gobierno, la
oficialidad de lo que sucede, insiste en negar la razón de los muertos. Por
otra, la realidad todavía más necia, se aferra en demostrar la verdadera razón
de los muertos. Es una ecuación imposible de resolver a favor del Gobierno,
pero tal parece que no tienen la lectura correcta.
Los nombres, complicados
hasta para pronunciar antes de su exposición mediática, se van sumando hasta
formar una torre de concreto que no se puede derribar por orden superior.
Todo ello en
contra de la administración, si me apuran hasta de la persona del presidente
Enrique Peña Nieto.
Con el agregado de
una desconfianza social ya muy difícil de enmendar en este sexenio.
La información de
enero de este año, 2015, hablaba de ejecuciones. Con todas sus letras. De
una muy absurda cadena de hechos violentos, con la participación de las Fuerzas
Armadas y la Policía Federal en Apatzingán, con el saldo de varios muertos
inexplicables.
Que, en realidad
son muertes lógicas si hablamos de un exceso de fuerza.
Lo que,
justamente, acaba de dictaminar la Comisión Nacional de Derechos Humanos que
ahí sucedió.
Como en Tlatlaya,
donde ahora el procurador del Estado de México no puede desprender su
responsabilidad por haber obedecido órdenes superiores para encubrir al
Ejército, los testimonios, las fotografías, el recuento de hechos que han
publicado muchos medios de comunicación estableció una verdad contraria a la
oficial.
Y ésta, la de la
calle, la de los periodistas, ha vuelto a convertirse en la verdadera verdad
por responsabilidad de la CNDH, de sus investigaciones.
Era tan obvio.
Estuvo frente a
todas las miradas desde el principio que uno tiene que preguntarse si el
presidente Peña Nieto no quiere enterarse, o si lo engañan en todos los mandos
de su administración.
Si un policía
federal, o un soldado en su caso, disparan contra un civil hay una
responsabilidad. No puede dotarse de impunidad a las autoridades por el hecho
de portar un uniforme y un arma oficial. Están para proteger a la
ciudadanía, no para matarla. Y no son, no pueden ser por decreto, “juez y
parte”. En nuestro país no existe la “Ley Fuga”. Tienen que entenderlo.
En los hechos
parecería haber en las fuerzas del orden público, militares, navales, policías
federales, policías estatales o municipales, una imposibilidad extrema para ser
eficiente sin causar bajas colaterales.
O son corruptos e
ineficientes, o son totalmente excesivos como en Tanhuato, otro de los
operativos que van a salir a la luz pública en su exacta dimensión pronto,
donde el saldo de 43 muertos por un policía no es creíble en ninguna parte del
mundo.
¿No los saben
mandar? ¿No les dan bien las órdenes, no los controlan, o por el contrario
llevan órdenes expresas de matar? Porque si así fuese, si soldados y
policías tuviesen la orden superior de exterminar, de utilizar toda su fuerza
para ganar una batalla contra los “enemigos de la patria” al costo que fuese, a
quienes habría que juzgar, responsables totales, es a sus jefes.
Lo cierto es que
algo, tiene mucho que cambiar
Y aquí, cuando
hablamos de los hechos de Apatzingán donde hubo 10 muertos y 21 heridos,
también habría que llamar a cuentas a don Alfredo Castillo.
La CNDH en esta
“recomendación” involucra al comisionado de Seguridad Pública (Renato ni estaba
en la película), al secretario de la Defensa Nacional, que es el mismo, al
gobernador de Michoacán que ahora es funcionario público federal, y al alcalde
que ya se fue.
¿Y Castillo que
era quien daba las órdenes en Michoacán?
Lo cierto es que
los muertos hablan. Y por más que se haya opuesto, que deberían ir a la cárcel
todos, los funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Michoacán en negarles
este derecho, siguen hablando. Solamente los sordos no quieren oír.
Esto que dicen,
que gritan los muertos, tendría que estar en el escritorio de Enrique Peña
Nieto con anotación de urgente. Son muchos, hablan, y lo que dicen va a
permanecer en contra de quien corresponda…
Fuente.-
@isabelarvide
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