La PGR interrogó sobre el caso Ayotzinapa a 11 militares de una lista de 26 propuesta por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aunque no se informó de ello a los especialistas.
En conferencia de prensa al comenzar su segunda fase de trabajo en México, el grupo señaló que, en dos fechas distintas, se interrogó a los militares sin intervención de los expertos.
"Diez militares del Batallón 27 de Iguala se presentaron a declarar o ampliar sus declaraciones el 26 de agosto, una semana después de que el Estado respondiera al GIEI que sólo podría realizar un cuestionario para que fuera aplicado por la PGR. No se proporcionó al grupo ninguna información sobre estas diligencias", describió la investigadora Ángela Buitrago.
"El 11 de septiembre, después de la publicación del informe Ayotzinapa, dos militares ampliaron sus declaraciones ante la PGR".
El 19 de octubre, el grupo y el Estado mexicano firmaron un acuerdo de asesoría técnica, el cual establece que las declaraciones solo podrán ser tomadas por el Ministerio Público Federal.
El GIEI evaluará las declaraciones y decidirá si es necesario insistir en entrevistar a los militares, añadió el investigador Francisco Cox.
"No puede ser que se nos prive de una fuente de información, asumimos que es necesario porque tenemos que determinar qué pasó con los muchachos", dijo.
El GIEI también difirió con la PGR en la necesidad de elaborar un tercer peritaje en el basurero de Cocula, en tanto que la investigación independiente del experto José Torero demostró la imposibilidad de que los 43 normalistas hayan sido quemados ahí en los tiempos y circunstancias señalados por los inculpados.
No obstante, proporcionó una lista de nueve expertos a ser considerados por la PGR en la integración del grupo.
"Dado que la PGR ha decidido realizarlo, (pedimos) que los expertos seleccionados tengan el mayor nivel científico y experiencia internacional en investigaciones complejas sobre dinámicas de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto", expresó Buitrago.
Como parte de la segunda fase de su trabajo en México, consensuado entre víctimas, Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el expediente de la investigación fue transferido de SEIDO a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR, donde la indagatoria estará a cargo de un nuevo equipo.
El GIEI informó que el expediente fue transferido el 5 de noviembre, aunque la nueva unidad solo cuenta con cuatro de 40 funcionarios, por lo que la colaboración entre ambos grupos se ha retrasado.
También se retrasó la búsqueda de los normalistas, así como de otros desaparecidos en Guerrero, a través de tecnología láser, satelital y el uso de mapas de fosas, punto en que insistieron los expertos.
En dicho sentido, destacaron que el hallazgo de fosas en Carrizalillo muestra la gravedad de la desaparición de personas en el País, así como el ambiente de control y miedo en que viven algunos mexicanos en Guerrero.
Entre las nuevas líneas de investigación que el grupo propuso a la PGR para trabajar en esta segunda etapa, se incluye la indagatoria del quinto autobús como hipótesis del caso, para lo cual instaron a buscar asistencia jurídica e internacional.
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