Entre 2011 y 2014 más de la mitad del territorio de Michoacán se convirtió en un campo de batalla y una zona sin ley. Primero fue la corrupción y violencia causada por el cártel de los Caballeros Templarios y luego la irrupción de los grupos de autodefensa, quienes también terminaron delinquiendo. El saldo: más de tres mil 500 víctimas directas de un conflicto que dejó muertos, desplazados, secuestrados y desaparecidos.
Lo anterior está documentado en el informe especial que presentó este jueves 12 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Los Grupos de Autodefensa en el estado de Michoacán y las Violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con el Conflicto,el cual explica en cuatro etapas el proceso de deterioro que sufrió el estado y la herencia del mismo.
El acoso del cártel de los Caballeros Templarios a la población, así como la ausencia –por complicidad o incapacidad– de las autoridades locales, detonaron el surgimiento de los movimientos de autodefensa; estos llegaron a tener el control de 33 municipios, equivalentes a más del 56% del territorio michoacano.
Los costos de esta violencia, de acuerdo con la investigación de campo de la CNDH, van desde eldesplazamiento forzoso de más de medio millar de personas y familias, hasta por lo menos 475 homicidios, 524 secuestros, y un número no determinado de desaparecidos, entre otros.
Los municipios de Buenavista, Apatzingán, Tepalcatepec, Parácuaro y Uruapan concentraron a casi la mitad de todas las víctimas documentadas por el conflicto, detalló el informe.
Además, la CNDH identificó que los problemas estructurales en la educación del estado son otro foco rojo del conflicto. Escuelas cayéndose a pedazos y deserción escolar de hasta 60 por ciento derivaron en que menores de edad se integraran a las filas armadas de los autodefensas.
El informe de la Comisión formuló un total de 55 propuestas a las autoridades de los tres gobiernos para evitar que una situación como esta se repita y se vulnere, otra vez, los derechos humanos de los habitantes.
Una de las principales sugerencias es investigar el financiamiento y origen del armamento de los grupos de autodefensa que sirvieron de base para conformar la hoy existente Fuerza Rural, pues los testimonios recabados confirmar que muchos de ellos fueron infiltrados por el crimen organizado.
Las cuatro etapas
La CNDH dividió en cuatro etapas el desarrollo del conflicto en Michoacán. La primera de ellas corresponde al periodo entre 2011 y 2012, cuando se registraron casos de extorsiones, secuestros, homicidios y desapariciones causadas por los Caballeros Templarios.
“Las autoridades se limitaron a emplear estrategas de despliegue de fuerza para el combate a la delincuencia organizada, pero no a implementar medidas de persecución del delito para indagar a funcionarios coludidos o golpear estructuras económicas que sostenían a los criminales así como para atender zonas vulnerables”, dice el informe.
La segunda etapa definida por CNDH inicia el 24 de febrero de 2013 con el surgimiento de los primeros grupos de autodefensa, en la Ruana –perteneciente al municipio de Buenavista– y en Tepelcatepec. El fenómeno creció ante el “desconcierto” de autoridades, señala el organismo.
Las autodefensas consiguieron extenderse progresivamente a 33 municipios que representaron 56% del territorio de la entidad, área en donde vivía 1 de cada 3 michoacanos. Se formaron así dos frentes de batalla: autodefensas y criminales.
La tercera etapa arranca el 13 de enero del 2014 con el surgimiento de una estrategia dirigida por autoridades federales y estatales para combatir a los Caballeros Templarios y desmovilizar a las autodefensas. Se crea la Comisión para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán encabezada por Alfredo Castillo.
En este periodo viene la detención de líderes templarios y personajes políticos clave,como el secretario de Gobierno Jesús Reyna y los alcaldes de Apatzingán, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas y Aguililla. Pero es también en esta fase cuando surgen acusaciones y división entre autodefensas por factores como la incorporación de delincuentes supuestamente “arrepentidos”.
La CNDH marca el inicio de la cuarta etapa el 13 de mayo de 2014 con el decreto del gobierno estatal por el cual se crea la Unidad de Fuerza Rural, la cual integró a líderes e integrantes de varios grupos de autodefensa.
Los saldos
La violencia en Michoacán dejó poco más de tres mil 500 víctimas en el estado. La CNDH tiene el registro de 502 casos de desplazamiento forzoso; es decir, gente que tuvo que irse a otras zonas de Michoacán, a otras entidades o incluso a Estados Unidos.
Por ejemplo, se tuvo el reporte de 100 familias que se fueron del municipio de Aquila, en Colima, a causa del deterioro en la seguridad y presencia de grupos de autodefensa; o de otras 200 personas que se refugiaron en el municipio de Cahuayana tras huir de Coalcomán y Chinicuila.
Además, la comisión registró a tres mil 27 víctimas de distintos delitos, entre ellos 864 por extorsión, 597 por afectaciones al patrimonio, 524 por secuestro, 472 por homicidio, 192 por lesiones, 157 por privación ilegal de la libertad, 119 por violación, entre otros.
Los testimonios de las víctimas indirectas recabados por la comisión apuntaron la responsabilidad de muchos de los casos al crimen organizado, pero también a distintos grupos de autodefensa.
Buenavista es el municipio michoacano que acumula el mayor número de víctimas, con 616 en total, muy por encima de cualquier otro municipio. Se trata de la primera localidad en la que surgieron grupos de autodefensa, junto con Tepalcatepec, que es el tercer municipio con más víctimas con 247. Entre ellos está Apatzingán con 261 víctimas
En estos y otros municipios los visitadores conocieron de casos como despojos de minas a sus legítimos propietarios, personas secuestradas y desaparecidas pro rehusarse a pagar “derecho de piso”, empleados de funerarias obligados a proporcionar ataúdes sin que se presentara la documentación necesaria, despojos de propiedades, etcétera.
Escuelas en ruinas, niños armados
El informe de la CNDH, sin detallar una cantidad o municipio, alertó de la presencia demenores armados en los grupos de autodefensa, y atribuyó esto a un sistema educativo en deterioro en Michoacán, tanto por factores de la violencia, pero también a fallas estructurales.
En un apartado específico para este tema, la CNDH dijo que se pidió al gobierno de Michoacán un informe detallado sobre tasas de deserción de los planteles pero no hubo respuesta. Autoridades escolares dijeron por separado, que la tasa iba desde 15 por ciento en nivel primaria hasta 60 por ciento en nivel medio.
La CNDH señala que se hizo una vista a más de 150 planteles en donde se identificaron múltiples deficiencias.
“Se pudo documentar el estado de abandono y descuido de las escuelas: instalaciones viejas, deterioradas o en ruinas, inservibles, peligrosas; materiales didácticos inexistentes; útiles escolares que llegan tarde, mal o nunca; equipos de apoyo como computadoras, laboratorios o maquinaria para talleres, los cuales de tenerlos no funcionan” indica el informe.
Un caso representativo, detalla la Comisión, es el de una escuela en Pátzcuaro que tuvo el mejor aprovechamiento de la entidad en 2012, pero que apenas consta de tres aulas a punto del colapso a no ser por unas vigas de metal que las sostienen. Aunque la mayoría de los 350 alumnos del plantel son de escasos recursos, solo 35 son beneficiario de oportunidades
En enero de 2014 un choque entre autodefensas y sicarios en Múgica generó daños en un planten escolar, entre ellos agujeres en paredes y ventanas por impactos de bala, y la destrucción de un tanque de agua por una granada de fragmentación.
En ese contexto, la CNDH propuso al gobierno de Michoacán que a la brevedad se pueda realizar un diagnóstico de la situación educativa de la Entidad y se tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso a una educación de calidad y frenar la deserción de los estudiantes, sobretodo en zonas marginadas.
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