El gobierno de Rubén Moreira admite la existencia de grupos policiacos en Coahuila, como GATE, GATEM, GROM y el Grupo Elite, pero ni él ni sus colaboradores hablan de sus excesos o bien escamotean la información cuando los integrantes de esas corporaciones se ven implicados en secuestros y desapariciones, como la de Víctor Manuel Guajardo Rivas, sacado de su casa el 10 de julio de 2013 por un presunto comando de gates.
Coahuila,MX.-01/Feb/2015 (Apro) La madrugada del 10 de julio de 2013 Víctor Manuel Guajardo Rivas y su mujer, Midiam Iriceda Valdez Cantú, escucharon ladrar con insistencia a sus perros. Se levantaron para ver qué pasaba. Sus niños, de cuatro años, también se despertaron. Afuera de la casa, en la colonia Los Montes de Piedras Negras, Coahuila, se empezaron a escuchar gritos: “¡Abran!, ¡abran la puerta o disparamos!”
Ella abrió y de inmediato entraron unos 10 hombres, uniformados con pantalón y camisa negros. Todos con armas largas y chalecos antibalas que decían en letras mayúsculas GATE, siglas del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, cuerpo policial del gobierno de Coahuila. En el comando había dos hombres vestidos de civil, con pantalón de mezclilla y playera, pero con el mismo chaleco del GATE.
Antes de entrar a la casa volaron el candado del barandal y rompieron el mosquitero de la puerta principal. Eso provocó los ladridos de los perros.
Apenas irrumpieron en el inmueble fueron directamente hacia donde estaba Víctor Manuel, quien junto con su cónyuge se dedica al comercio informal. Lo llevaron al patio trasero y empezaron a golpearlo, ordenándole que les dijera dónde estaban la droga y el dinero. A ella también la interrogaron con la misma exigencia; les respondió que no tenían nada de eso, que dejaran en paz a su marido.
La encerraron junto a sus hijos en una recámara. Desde ahí veían cómo golpeaban a Víctor Manuel. En la recámara se quedó un policía con ellos. Como la habitación no tenía cortinas, los agentes volteaban a Víctor Manuel para que lo viera su familia. El resto del grupo armado hurgó por toda la casa.
El suplicio duró unos 20 minutos. Poco antes de las cuatro de la mañana se lo llevaron. Le advirtieron a Midiam que si denunciaba lo ocurrido iban a matar a Víctor Manuel, a ella y a sus dos hijos, un niño y una niña.
Un policía regresó y le preguntó si Víctor Manuel tenía alguna enfermedad. Ella les respondió que padece asma, hipertensión arterial y diabetes. Le pidieron el medicamento, pero al ver que no era suficiente le dijo: “Nosotros le queremos entregar vivo a su esposo, señora. A ver si aguanta”.
Se llevaron también una computadora portátil, cuatro celulares y dos cadenas de oro de 10 kilates que sacaron de la bolsa de la mujer. Se fueron en varios vehículos, entre ellos una pick up negra y una camioneta gris de doble cabina.
Nunca presentaron una orden de aprehensión o de cateo. Así quedó constancia en la denuncia que Midiam y su suegra, María Hortensia Rivas Rodríguez, levantaron ante la delegación norte de la Procuraduría General de Justicia del estado, en Piedras Negras, a las 17:40 de ese 10 de julio de 2013. Desde entonces, lo siguen buscando.
La última vez que lo vieron fue poco antes de presentar su denuncia. Ambas mujeres y otro familiar fueron a buscarlo al GATE en Piedras Negras, en un cuartel improvisado en lo que fueron los terrenos de la feria de la ciudad.
Se percataron de la llegada de tres camionetas. En la caja de una de ellas iba Víctor Manuel. Fue fácil reconocer a ese hombre de 37 años por su complexión: 1.80 metros y 135 kilos. Por eso le apodan El Caballo. Los familiares insistieron en verlo, pero un agente de la corporación salió del cuartel y les dijo que ellos no lo tenían.
Nadie sabe dónde está
La madre y la mujer de Víctor Manuel no sabían realmente quién lo tenía, si el GATE, el Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipal (GATEM) o el grupo de elite GROM que operan indistintamente en la zona. Presentaron una denuncia penal por desaparición forzada contra las tres denominaciones policiales.
Solicitaron también el amparo de la justicia federal y además de a esos grupos policiales señalaron como autoridades responsables del posible delito de desaparición forzada al secretario de Gobierno, al Comisionado Estatal de Seguridad Pública y al Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
Organizadas junto con otros familiares en la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que preside la madre de Víctor Manuel, han arrojado luz sobre esas corporaciones policiales que desde 2009 han operado como guardias blancas, describen integrantes de esa agrupación a Proceso.
La confusión en torno a esas fuerzas especiales es mayor porque en muchos operativos participan hombres vestidos de civil que se trasladan en autos particulares sin placas. En ocasiones, con botas y pantalones similares a los uniformes de camuflaje de la Marina. Incluso, con pantalones verdes como los de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y hasta con chalecos antibalas con la leyenda Police.
Los gates visten completamente de negro: pantalón, camisa, chaleco, pasamontañas, lentes, guantes, cascos, espinilleras y botas. El único tono que varía es el del shemagh o kufiya, la prenda que se pone entre la cabeza y el pecho que se usa en el Medio Oriente contra el clima desértico y es característica de los guerrilleros palestinos.
Los vehículos del GATE son también completamente oscuros. Su logotipo es una calavera atravesada por una daga que se clava por el maxilar inferior y sale en la parte superior del cráneo, que además está cruzado por dos armas tipo escuadra. En ocasiones, esa imagen aparecía dentro de un círculo rojo con la leyenda Fuerzas Especiales, y la parte inferior del círculo dice con letras blancas Elite.
Sus miembros son generaciones de la propia corporación, pero también exmilitares. Según testimonios de familiares de los desaparecidos, en ese grupo participan también “contras”; es decir, elementos del Cártel del Golfo. Se agruparon para hacer “el barrido” de Los Zetas y tomar el control del estado. Han reclutado también a vendedores de droga, a quienes obligan trabajar para ellos, aseguran.
Los familiares afirman que con la llegada de Rubén Moreira al gobierno de Coahuila, en julio de 2011, esos grupos se posicionaron en los municipios con la creación de los gatems, mientras que en otras partes del estado, como en la capital, Saltillo, surgió el Grupo de Reacción y Operaciones Mixtas (GROM). El resultado fue un incremento en las violaciones a los derechos humanos, sobre todo los casos de detenidos desaparecidos.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), en lo que va del gobierno de Rubén Moreira se han registrado mil cinco quejas contra groms, gates y la Policía Operativa, las tres pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad, y sin considerar las quejas contra el Ejército y la Marina.
Las quejas contra los cuerpos policiales estatales han derivado en tres recomendaciones contra los gates y una contra los groms, por cateos ilegales, incomunicación y uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, dos de esas recomendaciones no aparecen en la página de la CDHEC. Los reportes de ese organismo distan mucho de los testimonios de los familiares sobre tortura y desaparición forzada.
Apenas el pasado 24 de enero la Marina capturó al segundo comandante del GROM y a uno de sus efectivos, Fermín García Cervantes, al sur de Saltillo. Los detenidos iban en un vehículo particular con drogas, armas, picos y palas cuando iban a enterrar a un hombre y a una mujer que habían asesinado.
Frontera peligrosa
La mayoría de los casos que han llegado a Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas coinciden en el modus operandi de las desapariciones: un comando entra al domicilio, sus integrantes golpean al detenido frente a la familia, sustraen lo que pueden y al día siguiente regresan a llevarse más objetos, toman fotos de los familiares y amenazan con matarlos a todos si los denuncian.
Esa asociación concentra su búsqueda en Piedras Negras y la región conocida como Cinco Manantiales, en el norte del estado, en la frontera con Estados Unidos, y abarca los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza.
Desde su creación, el 29 de agosto de 2013, la asociación tiene registrados 140 casos de desaparición forzada, de los cuales 56 se atribuyen al GATE, GATEM o al Grupo Elite. En el resto de los casos, considerados por la ONU como desapariciones involuntarias, los familiares no tienen indicio de los autores.
“En esos casos no hay certeza de quién pudo perpetrar la desaparición, aunque hay indicios de delincuencia organizada o de participación de autoridades municipales”, dice en entrevista la abogada de la asociación, Ariana Denise García Bosque.
Precisa que la mayoría de las desapariciones forzadas son anteriores a la organización de los familiares en el norte del estado. Caso aparte son las denuncias por desaparición en la región carbonífera, en La Laguna o en la capital, Saltillo, y sus alrededores.
A través del amparo, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito del Octavo Circuito, la desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo Rivas puso al descubierto la existencia de facto de algunas corporaciones policiales de Coahuila.
La administración de Rubén Moreira ha tenido que regularizar la operación de esos grupos, conocidos y temidos por la ciudadanía desde su creación en 2009, durante el gobierno de su hermano Humberto, pero impulsados por el actual mandatario.
Dos semanas después de la detención y desaparición de Víctor Manuel, el 24 de julio, el Juzgado Tercero de Distrito empezó a pedir informes a los señalados en la demanda de amparo y les requirió además que le entregaran el registro de la entrada y salida de los detenidos.
La comandancia del GATE se negó a recibir la orden de la justicia federal dirigida al director de la Policía Municipal de Piedras Negras, el comandante Raúl Cerda Jiménez. Los elementos ni siquiera se identificaron ante el actuario judicial. “Si hay multa, de una vez mándasela a mi jefe”, le dijeron, según consta en el expediente del amparo tramitado a favor de Víctor Manuel.
Quien dio más luces fue el entonces director de Seguridad Pública de Piedras Negras, el mayor de Infantería del Ejército José Antonio Campa Arredondo. Según su respuesta, del 7 de agosto de 2013, el Grupo Elite de la policía municipal aún no tenía nombre oficial ni se encontraba al mando de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal.
Explicó que esa dependencia “únicamente suministra el apoyo necesario para que lleven a cabo su trabajo cotidiano, tales como vehículos oficiales de la institución, uniformes, gasolina, alimentación, etc. Pero el mando operativo desde su arribo a esta plaza, del Grupo Elite, está a cargo del comandante Eduardo Hernández González, mismo que sólo recibe órdenes del comandante Héctor Flores, quien a su vez es el comandante a nivel estatal del GATE, dependiente del gobierno del estado; es decir, este grupo especial actúa con información y órdenes del referido comandante Flores”.
Solapamiento
A la hora de la responsabilidad política, el gobierno de Rubén Moreira evidenció la operación de facto de esas denominaciones policiales.
Primero, el 26 de julio de 2013, el entonces Comisario de la policía estatal, Rubén Delgado Sánchez, negó que el GATEM de Piedras Negras haya detenido a Víctor Manuel. Sobre la entrada y salida de los detenidos, aseguró que el grupo no lleva registro, “en virtud de que los detenidos sólo permanecen en la base de operaciones el tiempo en que se realiza la papelería de puesta a disposición”.
Tres días después, el director general jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), Jesús Alberto Rodríguez Cantú, le respondió al juez que esa oficina “no es superior jerárquico de los cuerpos especiales, ya que no contamos con Ley Orgánica que así lo señale”. También negó saber del paradero de Guajardo Rivas.
El 9 de agosto de 2013 el entonces secretario de gobierno, Armando Luna Canales, ahora aspirante a diputado federal, admitió que su oficina era la responsable del GATE a través de la CESP. Pero su respuesta también dejó en claro que ese grupo policial había estado operando de forma irregular.
Le dijo al juez que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública de Coahuila, la secretaría de Gobierno se auxilia en la CESP, “la que ejerce jerárquicamente facultades de mando sobre el grupo de referencia (GATE)”, y precisó que el entonces encargado de la Comisión Estatal de Seguridad Pública era Ricardo Aguirre Cuéllar.
Pero apenas dos días antes, Moreira había sometió a la aprobación del Congreso estatal el nombramiento de Aguirre Cuéllar como comisionado de seguridad. El Congreso sancionó el nombramiento hasta el 20 de agosto, tres semanas después de que el gobierno de Moreira le dijera a la justicia federal que Aguirre Cuéllar ya era el responsable de la CESP.
“Todas esas contradicciones y falsedades son signo de ingobernabilidad y ruptura del estado de derecho”, asegura la abogada de los familiares de los desaparecidos. El gobernador, el secretario de gobierno, el coordinador general jurídico de la CESP, el comisario de la Policía Estatal de Seguridad y el director de Seguridad Pública de Piedras Negras reconocen de facto, mas no de jure la existencia de dichas corporaciones, añade García Bosque.
Además de actuar fuera de la ley, por las violaciones y delitos que han cometido contra la población, esas corporaciones carecen de legalidad porque la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública no prevé la existencia de la CESP. Además, el propio jurídico de esa Comisión ha reconocido que la ley orgánica no establece que esa instancia sea el superior jerárquico del GATE, dice la abogada.
La búsqueda de los desaparecidos es aún más complicada por la negativa del Ministerio Público del estado a recibir las denuncias. Cuando los familiares de Víctor Manuel fueron a la delegación de la procuraduría estatal, los escribientes de la denuncia cambiaban constantemente la versión con el fin de que no hubiera señalamientos directos contra el GATE, GATEM o Grupo Elite.
De nada ha servido que los familiares exigieran que se les respetara su declaración. El Ministerio Público no ha mandado llamar a los grupos policiales denunciados ni a los elementos que estaban en servicio el día de la desaparición.
El aparato de justicia del estado está confabulado, coludido para realizar procesos indebidos y solapar violaciones de derechos humanos, mientras el gobierno se escuda diciendo que hay civiles que se hacen pasar por gates, dice la abogada.
Después de dos años y medio de la desaparición de Guajardo Rivas ni siquiera está concluida la indagatoria del Ministerio Público, por lo que no se ha definido el delito y mucho menos hay una acción penal contra los responsables.
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