La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició un procedimiento
administrativo de investigación sobre presuntas irregularidades en la
adquisición del avión presidencial, cuyo costo total ascendió a 6 mil 547
millones de pesos.
Mexico,D.F 23/Feb/2015 Por exigencia de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), la Sedena deberá determinar si funcionarios de la dependencia
incurrieron en alguna falta, toda vez que la compra del avión tipo Boeing
B-787-8 ‘‘fue cerrada’’ por la dependencia de manera unilateral, a pesar de que
siete meses antes la Defensa Nacional y otras dependencias habían decidido
adquirir otro modelo, el B-787.
En los resultados de la auditoría pública,
correspondiente a 2012, el órgano fiscalizador determinó que se debe investigar
la conducta de los funcionarios que elaboraron el estudio denominado
‘‘Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial
Estado Mayor’’, sin contar con los elementos técnicos y económicos suficientes
que acrediten la selección de la aeronave y que sirvieran de base para evaluar
el proyecto de inversión.
La ASF llamó la atención en que el proceso para
seleccionar el Boeing B-787-8 ‘‘fue regularizado’’, toda vez que “siete meses
antes de que se elaborara el estudio para la compra del avión presidencial ya
se habían llevado a cabo reuniones con personal de la comandancia de la Fuerza
Aérea Mexicana, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banobras y del
proveedor del avión, para adquirir el B-787’’.
Así, la Sedena dio inicio al
procedimiento administrativo DE/496/2014SFP para deslindar responsabilidades.
Cabe señalar que el costo del nuevo avión presidencial se incrementó en más de
239 millones en sólo un año, al pasar de 6 mil 308 millones a 6 mil 547
millones de pesos.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2014, el Boeing 787-8, que sustituirá el TP 01, tuvo un costo de 6
mil 547 millones 379 mil 439 pesos (en un plan de arrendamiento a 15 años).Por
otra parte, la Sedena inició otro proceso de investigación debido a que desvió
más de 436 millones de pesos a otros rubros de gasto para evitar la devolución
de recursos no erogados a la Tesorería de la Federación.
De acuerdo con la ASF,
funcionarios de la Defensa incurrieron en presuntos actos irregulares en el
manejo de 436 millones 876 mil pesos, al desviar recursos destinados para el
Fideicomiso para la adquisición de vehículos y equipo para funciones de
seguridad pública y del destinado a la compra de bienes inmuebles y
arrendamiento, para enviar esas cantidades a otro instrumento financiero
diferente con el propósito de evitar tener que regresar ese dinero a la
Tesorería.La Sedena inició el procedimiento correspondiente para deslinar
responsabilidades.
Fuente.-La Jornada.
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