El gobierno de Estados Unidos dio capacitación y apoyo técnico, armas y dinero a autoridades y policías municipales y estatales mexicanas que sabía estaban infiltradas por cárteles de la droga y a fuerzas federales violadoras de derechos humanos a pesar de abusos como los de Tlataya y Ayotzinapa, denunció en la revista The Nation, el investigador estadounidense Jesse Franzblau.
El artículo titulado “Las atrocidades de la guerra contra las drogas ocultas detrás de Ayotzinapa: secrecía, encubrimiento y la asistencia de EU a México en seguridad”, menciona que cuando el Departamento de Estado tiene noticias de masacres de San Fernando, Tamaulipas, en las que casi toda la policía municipal estuvo infiltrada, o a pesar de su conocimiento de la corrupción a nivel local, estatal y federal, su respuesta sistemática ha sido brindar más apoyo a las fuerzas corrompidas.
En especial, apoyó a las policías y procuradurías de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, a sabiendas de que estaban tomadas por el cártel de Los Zetas; apoyó también a militares a pesar de los repetidos asesinatos que cometían en retenes y su participación en matanzas en graves violaciones a los derechos humanos.
“Washington ha pagado apenas 2.5 mil millones de dólares desde 2008. A pesar de que las leyes estadunidenses explícitamente prohíben la entrega de ayuda a unidades implicadas en sistemáticas violaciones a los derechos humanos, los reportes de la implementación de la Iniciativa Mérida revelan que las conexiones institucionales con el crimen organizado son constantemente dejadas de lado, ignoradas o mantenidas ocultas del escrutinio púbico aunque el dinero de la asistencia sigue fluyendo”, señala la publicación.
Franzblau explica que la ayuda es entregada a través de la Iniciativa Mérida: el paquete de ayuda a México firmado en 2006, que originalmente fue propuesto para ser un programa de tres años, pero continúa hasta este día.
El reporte comienza señalando que desde febrero de 2010 el consulado estadunidense en Monterrey conocía los vínculos con los Zetas, de Héctor Santos Saucedo, quien en su cargo en la procuraduría lideraba las investigaciones criminales y los esfuerzos anti-drogas en el estado de Coahuila.
Al año siguiente en Allende, Coahuila, ‘ocurrió una de las peores masacres de la guerra contra las drogas’, que fue tapada por años, y en la que unas 300 personas que eran familiares, amigos o conocidos de unos informantes de la DEA oriundos del lugar, fueron secuestradas y asesinadas. Ninguna fuerza policiaca estatal o federal lo impidió; nadie investigó. La masacre fue admitida hasta enero de 2014.
“En un escalofriante retrato que recuerda el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado, algunos de los cientos de restos (en Allende) mostraban signos de calcinación en un intento de incineración. Aún no es claro qué empujo la búsqueda de los restos 3 años después o quién está detrás de la masacre, pero las conexiones Zetas con funcionarios como Héctor Santos podrían proveer algunas pistas”, se lee en la revista.
Tras mencionar este caso, el investigador que pertenece al Programa México del NSA –dedicado a desclasificar archivos en Estados Unidos sobre México– señala: “El caso de Coahuila evidencia también cómo funcionarios estadounidenses en México regularmente reciben información sobre las ligas del gobierno mexicano con el crimen organizado y los abusos, al mismo tiempo que Washington provee equipamiento, asistencia y entrenamiento a las corporaciones involucradas”.
Más adelante, sobre este mismo caso menciona: “Cuando el consulado estadunidense estaba recibiendo información que conectaba a oficiales como Héctor Santos con los Zetas, por ejemplo, agentes de la DEA en Coahuila estaban entrenando a docenas de policías investigadores y oficiales de la oficina del procurador general de Coahuila [ cables 20091030 y 20091103]. La DEA también entrenaba elementos de la SSP, incluidos de Coahuila y Monterrey [20090109]”.
Estas capacitaciones, indica, formaron parte de un esfuerzo nacional en el que agentes especiales de la DEA entrenaron a 2 mil 735 policías federales en 2010, únicamente bajo la sección de entrenamiento internacional.
También funcionarios de la sección de Asuntos de Narcóticos (NAS) de la embajada estuvieron entrenando a policías federales de medio nivel de Coahuila y Nuevo León en esos tiempos.
“Estos programas se llevaron a cabo aún cuando funcionarios del consulado estadunidense estuvieron reportando que los aparatos de seguridad en Nuevo León estaban siendo ‘comprometidos’ [20100521], y cuando el gobernador admitía que autoridades estatales y policías habían sido cooptados por Los Zetas [cable 20100323].
“El programa continuó aún cuando oficiales de la DEA reportaron el arresto de 22 policías de Nuevo León, en activo y jubilados, incluido el director de la Secretaría de Seguridad Pública federal, por proveer protección y asistencia a organizaciones del narcotráfico [cable 20091124]”, se lee en el texto.
La organización National Security Archive a la que pertenece Franzblau, basada en la Universidad de Georgetown, se dedica a desclasificar documentos en México y Estados Unidos, especialmente sobre violaciones a los derechos humanos. Este análisis se basa en la lectura de los documentos estadunidenses del Departamento de Estado sobre la Iniciativa Mérida, los cables desclasificados de los consulados y la embajada estadunidenses y las noticias de la prensa en México y de analistas especializados.
De esta lectura se desprende que el gobierno de Estados Unidos sabía perfectamente lo que ocurría en México, al momento de entregar los fondos, la asistencia y la capacitación a corporaciones corrompidas.
En el artículo, el investigador menciona que a pesar de que en los tiempos en los que ocurría la masacre de Allende hubo un bloqueo informativo en la región por las amenazas de los narcotraficantes a los periodistas consignadas en los cables del consulado, y por la intención gubernamental de ocultar los asesinatos. Sin embargo, la información sí fluía al gobierno estadunidense que tenía capacidad de obtener información que no era pública a través de informantes y de la cercana colaboración con sus contrapartes mexicanos.
Ejemplo de esto ocurrió en noviembre de 2010, cuando oficiales del FBI en México enviaron un cable informando las conexiones de los oficiales de policía en Saltillo, Coahuila, con los Zetas, y con el tráfico de drogas y homicidios [el cable fue clasificado con el número 20101119]. Al año siguiente, agentes de la DEA en Monterrey reportaron el arresto al jefe Zeta de la plaza, quien fue expolicía de dos municipios neoloneses [20111021].
Dicha información fue transmitida desde Monterrey a la embajada de EU y a otra oficina de la DEA en México (la agencia que tiene la mayor presencia en México, donde el 23% de sus agentes especiales han sido asignados o forman parte de operaciones conjuntas con México).
En julio de 2009, indica el experto, agentes especiales de la DEA capacitaron en técnicas de inteligencia, en la academia de policía de San Luis Potosí, a mandos de los estados norteños mexicanos, incluido Nuevo León, donde se sabía de policías que trabajaban para los Zetas.
Basado en Documentos del Departamento de Estado sobre la Iniciativa Mérida, el experto menciona que uno de los objetivos de la ayuda era reforzar la capacidad de las fuerzas de seguridad mexicanas y las institucionales legales para combatir el crimen organizado y la violencia asociada.
Sin embargo, señala que los programas estadunidenses parecen actuar contra esos objetivos, y comenta: “como en muchos casos sirve para reforzar las corporaciones gubernamentales ligadas con grupos de delincuencia organizada”.
A esto agrega: “La respuesta tradicional del gobierno de EU a los reportes sobre el involucramiento del gobierno mexicano en los abusos ha sido siempre incrementar programas de entrenamiento y asistencia”.
Otra muestra es que funcionarios de la embajada viajaron a Tamaulipas, en mayo de 2011, para llevar a cabo una evaluación de oficiales de la policía estatal justo cuando autoridades mexicanas estaban exhumando las fosas comunes encontradas en la región [20110613], crímenes en los que participaron policías.
En la víspera de la visita, el consulado estadunidense en Matamoros había reportado el descubrimiento de fosas comunes y el arresto de oficiales de la policía municipal en conexión con las masacres de migrantes en la región.
“Para los funcionarios estadunidenses la solución fue aumentar la asistencia de la Iniciativa Mérida, y seguir la recomendación de funcionarios de la embajada dando entrenamiento a policías de Tamaulipas en la academia regional de Policía en San Luis Potosí [20110613]. En ese tiempo, la gente de la embajada estaba introduciendo la iniciativa de ‘Cultura de la Legalidad’, en San Luis Potosí, que incluía cursos para que la policía federal entrenara a las policías de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila [20100416]”.
El archivo de documentos producidos por las agencias estadunidenses que implementan los programas de la Iniciativa Mérida también demuestra que los abusos del Estado “no son productos de unos pocos oficiales corruptos al nivel local, sino que está extendido a todos los niveles del gobierno mexicano incluyendo autoridades militares e investigadores federales”, indica el investigador.
Muestra de ello es el reporte de la embajada en junio de 2009 sobre el arresto de tres mandos de la SIEDO, de PGR, junto con 10 soldados, por sus ligas con el crimen organizado.
La propia embajada informó que los arrestos y la infiltración de los Zeta en los alto niveles de gobierno, apunta que la infiltración del cártel en las fuerzas federales de seguridad sigue siendo un problema [20090626].
“Funcionarios americanos estuvieron bien conscientes de los efectos que podrían tener las noticias de los abusos sobre la asistencia que otorga Mérida”.
Ejemplo de esto es una nota enviada en septiembre de 2010 por funcionarios del consulado en los que se comenta que los asesinatos cometidos en retenes por militares en Monterrey podría tener una “poderosa repercusión” porque esto ocurría el mismo día que el Departamento de Estado había decidido retener 26 millones de dólares de Mérida debido a las preocupaciones por los derechos humanos en México [20100907].
El mismo cable consular establecía que fuentes del ejército mexicano confesaron a los funcionarios de Estados Unidos que el ejército “muy probablemente” fue responsable por ‘el error’ del asesinato en el retén. El cable agrega que ‘desafortunadamente’, errores como ese altamente publicitados’ en los medios han ocurrido antes. [20100907].
El análisis menciona el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por policías estatales en Iguala, Guerrero, en el que relaciona fuentes independientes –como las investigaciones publicadas en Proceso— que indican que el ejército mexicano y la policía federal estaban al tanto de los incidentes que estaban ocurriendo en el lugar, pero no protegieron a los estudiantes.
Por ese caso, indica, se han incrementado las críticas a los fondos del plan Mérida.
“No sorprende que autoridades federales han tratado de desviar la atención de casos donde hubo responsabilidad federal y mostrar las desapariciones como un hecho de índole local. En otros casos de violaciones a los derechos humanos, tales como las masacres de San Fernando, Tamaulipas, ocurridas en 2010 y 2011, autoridades federales han tomado medidas similares para cubrir el rol del estado”.
Sobre este caso menciona los cables estadunidenses de abril de 2011 sobre la masacre en San Fernando en los que se informa que las autoridades mexicanas estaban trasladando los cadáveres a la ciudad de México con la intención de “hacer los movimientos menos obvios y menos alarmantes” y ocultar la responsabilidad gubernamental.
Menciona también la matanza de Tlataya, en el estado de México, en junio de 2013, que el gobierno quiso hacerla pasar como un combate entre narcos y soldados, pero las investigaciones periodísticas revelaron que 22 presuntos
delincuentes fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados, a pesar de que ya se habían rendido.
En la escena del crimen, indica con base en información de MVS, hubo marinos y mandos militares, incluidos generales.
Franzblau señala que desde 2008 los paquetes de ayuda de Iniciativa Mérida han sido cuestionados porque los requisitos en derechos humanos hicieron poco para enfrentar los altos niveles de corrupción que “esencialmente penetraron todos los partidos políticos y más instituciones” en México. De hecho, senadores como Patrick Leahy ha señalado que los recursos de Mérida financian la complicidad del Estado mexicano en los abusos a los derechos humanos.
“A pesar de la acumulación de evidencias del ocultamiento del gobierno y de las inconsistencias en las explicaciones oficiales de los crímenes de derechos humanos, la Casa Blanca se mantiene inflexible en su apoyo al gobierno mexicano y la asistencia de Mérida”, señala el reporte que menciona como muestra las respuestas dadas por el gobierno de Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa.
En el artículo se cita información publicada por Proceso en la que se menciona que el gobierno de Estados Unidos alega que su apoyo ha servido para recudir homicidios y el tráfico de drogas en México, y para profesionalizar a la policía, por lo que se mantendrá el flujo de apoyo a través de Iniciativa Mérida.
A pesar de casos como los de Ayotzinapa o Tlatlaya, y las peticiones para que se corten los fondos a México, en marzo de 2014 se aprobó el envío de 300 millones de dólares, y este mes de febrero el presidente Barack Obama pidió 80 millones de dólares adicionales para el año fiscal 2016.
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