Los siete militares involucrados en el caso Tlatlaya, donde presuntamente ejecutaron a supuestos integrantes del crimen organizado, declararon que al menos dos generales fueron informados de lo ocurrido ese día. Sin embargo, los soldados modificaron sus declaraciones cuando recibieron la instrucción de despedir a sus abogados y aceptar sólo la representación de los abogados de oficio, designados por la propia Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
Mexico,D.F 04/Feb/2015 De acuerdo con sus primeras declaraciones, también dijeron que una vez ocurridas las ejecuciones recibieron la orden de cercar el lugar de los hechos para impedir la entrada de cualquier autoridad civil.
Funcionarios cercanos al caso explicaron aAnimal Político que algunos de los militares involucrados contradicen las versiones de los hechos pues declaran que al menos 50 soldados y dos generales estaban al tanto de lo ocurrido en la bodega de Tlatlaya.
Otros testimonios detallan que minutos después de matar a las 22 personas que se encontraban en la bodega se dio una orden de “tender un cerco en los alrededores del municipio de Tlatlaya para evitar que cualquier civil o autoridad local llegara.”
Estos cercos, de acuerdo con dos testimonios ofrecidos en el juzgado primero de distrito en materia penal del Distrito Federal, sirvieron para evitar que los Ministerios Públicos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México llegaran a tiempo a ver el lugar de los hechos.
Uno de esos testimonios detalla cómo en uno de los puntos del cerco militar se pidió a las 10 de la mañana a los ministerios públicos no avanzar debido a que los enfrentamientos aún continuaban, esto pese a que desde hacía horas ya habían terminado.
Parte de estos testimonios forman parte de la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la reclasificación de su expediente.
En los expedientes del juzgado hay dos declaraciones de militares que señalan que la orden fue colocar retenes en los alrededores para “dar tiempo a que los compañeros verificaran y dejaran lista la escena del crimen”.
Uno de estos retenes colocados por los militares se ubicó en el poblado de San Pedro Limón, lugar en el que se dio la orden de presionar a las tres mujeres rescatadas para que modificaran sus versiones.
Tras estas declaraciones y versiones distintas, desde hace semanas los siete militares tomaron la recomendación de solo tener abogados de oficio.
Ante las distintas versiones que tiene la autoridad se sigue investigando los motivos por los cuales los agentes del ministerio público fueron avisados a las dos de la madrugada del enfrentamiento y llegaron a la bodega hasta las 12 del mediodía.
En tanto, hasta el pasado fin de semana ya han sido reclamados 19 de los 22 cuerpos de las personas que murieron el 30 de junio en Tlatlaya. Los tres que no han sido reclamados continúan en instalaciones del Servicio Médico Forense del Estado de México
Por otra parte, esta semana un juez federal deberá determinar si le otorga un amparo al Coronel Raúl Castro Aparicio, quién horas después de los hechos llegó a Tlatlaya y por la tarde certificó la versión de que había sido un enfrentamiento.
El coronel solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión pese a que autoridades federales y militares negaron que existiera un mandato en su contra.
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