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martes, 24 de marzo de 2026

«CUARTO INFORME de SALIVA del MEDICO que IBA SANAR TAMAULIPAS ACUSA INTENTOS DIGITALES de DESESTABILIZACION pero IGNORA VOCACION MALHECHORA del GOBERNADOR»…las evidencias transitan en redes, porque mucha prensa esta $ilenciada con dinero del publico.


Américo Villarreal Anaya,aun gobernador de Morena en Tamaulipas, llegó ayer a su cuarto informe vendiendo “rumbo claro” y “humanismo mexicano” ,pero cargando a cuestas infinidad de señalamientos y acusaciones por sus malos oficios,esos que iniciarón cuando Sergio Carmona,el extinto Rey del Huachicol, lo llevo a la candidatura y luego a la Gubernatura en 2022,una aventura que pagó con su vida y Americo a la su viuda con la continuidad del delito de contrabandear combustibles desde Texas,que han sido el epicentro de una guerra de bandos de diferente banda (Cabeza de Vaca) y que ahora el gobernador llamó “desestabilización digital”, convenientemente convertida en coartada política.

El cuarto informe: del ‘rumbo claro’ al tribunal de Twitter

En el Polyforum, Villarreal se plantó como jefe de movimiento más que como gobernador y lanzó su nuevo mantra: unidad, cerrar filas y vigilancia militante contra quienes “pretenden recuperar privilegios” y “reinstalar grupos que ya perdieron poder”.

Rebautizó las redes sociales como “tribunal impostor”, donde el anonimato y la desinformación supuestamente buscan debilitar los avances de su administración, justo cuando le quedan 30 meses de sexenio ,ya todos de bajada y con el 2027 ya en la mira.

El guion es transparente: todo crítico es sospechoso, todo espacio digital incómodo es “guerra sucia”, y cualquier pregunta sobre Sergio Carmona, huachicol fiscal, complicidad con el crimen,cenas y abrazos a lugartenientes del Cartel del Golfo se clasifican como intento de “desestabilización”.

El capítulo Carmona: el muerto que no se quiere ir del informe

El informe jamás lo mencionará: Américo Villarreal arrastra señalamientos por sus nexos con Sergio Carmona, operador de aduanas corruptas, contrabandista profesional de combustible que fue generoso proveedor de camionetas blindadas y vuelos privados para campañas morenistas.

Asi le abrieron al medico la puerta a la colusión del medico con el crimen organizado que empezó en Matamoros.

Los señalamientos son tanserioes que incluso fue investigado por el ejercito, junto con su entonces adversario y claro esta, difundido por las malvadas redes digitales.

Sergio Carmona pagó por adelantado la aventura electoral de Morena y de Villarreal en Tamaulipas y aunque murió poco antes, hubo continuidad en apoyo al doctor con dinero proveniente de los negocios de contrabandear combustibles que si sobrevivieron.

El texto es brutal: en Tamaulipas no hay “señores” ni “mártires democráticos”, solo caciques que deberían estar en la cárcel como “protocolo de higiene pública”, mientras se reparten lodo para ver cuál cloaca apesta menos.

Y, por si faltara ironía, se recuerda que las mismas empresas ligadas a Carmona que denunció el gobierno actual fueron —según lo documentado— las que aportaron carros, aviones y efectivo a la campaña del que hoy se indigna por la “desestabilización digital” que no es otra cosa que las redes haciendo el trabajo de la prensa tradicional silenciada, con dinero publico,paradogicamente,para engañar a contribuyentes con su mismo dinero.

Américo vs Cabeza: guerra de cloacas, temporada 4

La pelea como lo que es: guerra mediática, política, criminal y judicial entre “narco-gobernador” y “narco-exgobernador”, dos bandos de distinta banda disputándose quién controla el hedor del poder tamaulipeco que no solo se circunscribió a los Golfos,tambien a los Zetas,todo ampliamente documentado.

Mientras Villarreal acusaba a Cabeza de Vaca y a los Carmona de un quebranto de 344 millones con comisiones especiales y 70 denuncias como utilería, el exgobernador panista respondia con videos al estilo “Cabeza de Vaca Productions Films”, posando de justiciero que “destapó la cloaca del huachicol” pero convenientemente olvida su propia relación con los mismos circuitos delictivos.

El resumen es quirúrgico: ambos dicen partes de verdad, pero en versión maquillada; ambos han tenido trato con los mismos operadores; y ambos están obsesionados con una sola cosa: que si hay cárcel, sea para el otro.
Tan es así, que tal vez la única solución real no está en Tamaulipas ni en México, sino en tribunales de Estados Unidos, porque aquí nadie va a cerrar la reja “por fuera” a quienes gobiernan o gobernaron con huachicol, narcoempresarios y pactos cruzados.

La narrativa del “golpe digital”

En su mensaje del cuarto informe, Villarreal intenta instalar un nuevo enemigo público: los “espacios digitales” donde, según él, se construyen narrativas para debilitar sus avances y reinstalar grupos desplazados.

Habla de una ofensiva del “tribunal impostor de redes sociales”, del anonimato y de la manipulación informativa, como si la crítica al financiamiento sucio, a la red Carmona y a la continuidad de las prácticas huachicoleras fuera conspiración y no un legítimo interés público.

La jugada política es clara:

  • Deslegitimar a quienes documentan vínculos narco-políticos, etiquetándolos como operadores de grupos desplazados.
  • Blindar a la militancia morenista con un relato moralista de “movimiento humanista” alineado a Claudia Sheinbaum, donde cualquier cuestionamiento es un ataque al proyecto de transformación.
  • Convertir el clima digital en chivo expiatorio para explicar desgaste, señalamientos y filtraciones que no nacen de bots, sino de expedientes, contratos y narcomensajes.

Lo que no cabe en el informe (pero sigue ahí)

Mientras el discurso oficial pide “unidad”, “disciplina” y “cerrar filas” con la 4T, los hechos narrados por investigaciones y filtraciones pintan un ecosistema donde Morena, PAN y sus respectivos caudillos comparten proveedores, padrinos y benefactores criminales.

Las comisiones especiales, las cifras de quebranto y las denuncias son más escenografía de guerra que voluntad de desmontar las redes que hicieron posible el ascenso de unos y la sobrevivencia de otros.

La pregunta de fondo rompe el libreto de la unidad:
si Américo quiere “combatir los intentos de desestabilización desde espacios digitales” y a los grupos que ya perdieron poder y buscan reinstalarse, ¿está dispuesto a ir hasta el fondo con los Carteels que le dieron el apoyo y ahora le cobran con protección ?… aunque eso implique dinamitar la legitimidad de su propio origen político?

Con informacion: HoyTamaulipas/

“Con PAQUITO SÍ JALA y CONMIGO NO ?”: «AUDIO CLARIDOSO NOS deja OIR como se las GASTA el CARTEL,MORENA y el GOBIERNO de MICHOACAN»…como igual ocurre en Tamaulipas.


En Michoacán, ya ni fingen: el lenguaje institucional se les volvió narco‑grupero y las prisiones son la tiendita del súper del crimen organizado, administrada desde Casa de Gobierno por la 4T de Alfredo Ramírez Bedolla y sus muchachos de Cárteles Unidos.

La “licitación” de los penales

El audio es una radiografía de cómo se licita el Estado: un tipo identificado como el «Barbas» del CJNG le llamaa a “Nacho” quien fingía de jefazo de penales y le ofrece sin rubor, “dos millones de pesos” al funcionario para que le “entregue las carceles”, como si hablara de comprar una franquicia de Oxxo y no del sistema penitenciario de todo un estado.

La negociación no es por una fuguita o un privilegio; es por alcohol, droga, control total y permiso para que el Cártel Jalisco Nueva Generación también opere adentro, compitiendo con Cárteles Unidos, el grupo al que, según sentencias y expedientes, le debe la gubernatura el hoy narcogobernador Bedolla.

“Con Paquito sí jala, conmigo no”

El diálogo revela que dentro de los penales hay un trato VIP para “Paquito brother”, operador de confianza de la plaza, mientras que al otro capo lo traen a regateo, como si la regla no escrita fuera “favor con favor se paga, pero sólo si eres del Cártel correcto”.

Cuando el supuesto jefe criminal reclama que a él sí le incautan droga y alcohol, deja claro que la autoridad penitenciaria no combate al crimen, sólo administra privilegios entre bandas, según lo que convenga al político de turno y a sus socios armados.

El abogado como mensajero del narco‑estado

“¿Para qué te voy a mandar al abogado?”, suelta el capo, harto de andar con vueltas, en tanto el funcionario que sabe que esta hablando por teléfono,prefiere hablar con el abogado de bigote a bigote. 

El abogado aquí no representa la ley, representa el arreglo: horarios, montos, quién entra qué, quién cobra cuánto y cuánta impunidad garantiza el gobierno morenista que tiene a Ramírez Bedolla sentado en el escritorio pero hincado frente a sus patrocinadores criminales.

El horario de la corrupción

La escena termina con una postal burocrática del infierno: “¿Mañana a qué horas?… a las 10 de la mañana, ¿te parece bien?… 11, pa”.

Es la corrupción con agenda Google: el reparto de penales se programa como reunión ejecutiva mientras en los comunicados oficiales hablan de “reinserción social” y “cero tolerancia al crimen”, aunque los testimonios, como el del activista Carlos Escobedo, describen tortura, colusión y castigo a quien se atrevio a denunciar a Ignacio Mendoza y compañía y que al final le costaron el puesto.

Bedolla, Morena y el hedor generalizado

Lo que suena en ese audio no es un hecho aislado, es la línea de mando de un gobierno ya fichado en la plataforma NarcoPolíticos igual que el gobernador Américo Villarreal,tambien Morena, por sus vínculos con Cárteles y señalado por ganar elecciones con dinero y logística del crimen organizado, mientras se venden bienes públicos y se hunde cualquier resabio de Estado de derecho.

En Michoacán, como en Tamauliaps,las prisiones son del narco, los penales se negocian por teléfono, los activistas que denuncian terminan torturados o amenazados, y el gobernador morenista posa de demócrata mientras administra, con sonrisa y discursos huecos, la concesión de la violencia que le otorgaron sus socios armados.

Con informacion: @MiguelMezaC/

«ESTRATEGIA de HARFUCH y MILITARES que CONFUNDE GUERRA con DAR SEGURIDAD YA CRUZÓ la RAYA de los 3,000 ASESINATOS y 3,520 DESAPARECIDOS en SINALOA»…no son un fallo del modelo: son su resultado lógico.


Sinaloa acaba de cruzar la raya de los 3 mil asesinatos en la “guerra Guzmán‑Zambada” ,en medio de una estrategia federal y estatal que ha confundido guerra con dar seguridad, pues claramente se han privilegiado las capturas y las incautaciones para inflar egos ,en ves de cumplir con la obligación constitucional de proteger integridad y bienes de los ciudadanos ,en ese orden.

El parte de guerra disfrazado de informe

Desde septiembre de 2024, la disputa interna entre chapitos y mayitos,atizada y propiciada por los malos oficios del gobernadorde Morena,Ruben Rocha Moya, convirtió Sinaloa y las dos facciones del cartel en una imparable maquina de matar (3,001) ,levantar (3,520) y despojar autos (10,259).

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Seguridad de cartón

El relato oficial insiste en que hay “golpes históricos” al Cártel de Sinaloa: capos detenidos, laboratorios reventados, rutas “aseguradas”, mientras los cuerpos se siguen apilando como si fueran daños colaterales contables.

La prioridad no parece ser que dejen de matar, sino acumular decomisos para la foto: armas en mesa, paquetes de droga apilados, cifras bien redondas para la mañanera, pero ni un barrio duerme más tranquilo.

La guerra interna del cártel se extiende a Mazatlán, aumentan asesinatos más de 200 por ciento y la desaparición se vuelve política pública de facto; pero en los discursos solo aparecen cuando conviene hablar de “daños que causa el narco”, nunca de la responsabilidad del Estado.

Guerra sin seguridad

Llevan casi dos décadas reciclando el mismo guion: cambiar nombres a la “estrategia” mientras la variable fija es la sangre, como lo documentaron desde la “guerra contra el narco” de Calderón: ejecuciones, desapariciones, tortura, y un Estado que se hace el ofendido cuando se lo recuerdan.

Ahora repiten el truco: dicen que con más detenciones y más aseguramientos viene la paz, pero las cifras de homicidios y desaparecidos en Sinaloa colocan al estado en tasas similares o peores a los años más crudos de la militarización que han dejado saldo de mas de 733,940 cadaveres.

La ecuación es brutal: la “guerra” entre facciones privadas se libra en territorio público, con población civil como campo de tiro, mientras el gobierno juega a árbitro ciego que solo ve lo que puede anunciar en conferencia con logros de un ejercito de soldados, pero ocultando el ejército de victimas.

Contabilidad macabra

  • Contar tres mil asesinatos como si fueran una estadística de productividad no es informar: es institucionalizar la masacre, normalizar el dato hasta volverlo paisaje.
  • Cada cuerpo entra a la tabla de Noroeste por el hueco exacto por el que se cuela la omisión del Estado: el expediente que no se investiga, la patrulla que no llega, el operativo que se arma para decomisar kilos pero no para salvar vidas.
  • Si la vara de éxito sigue siendo cuántas toneladas de droga decomisan y cuántos “objetivos prioritarios” exhiben, los 3 mil asesinatos no son un fallo del modelo: son su resultado lógico, su KPI real.

Con informacion: NOROESTE/

«5 MILITARES en 9 AÑOS y TODO IGUAL o PEOR»: «GENERALES que ARRIBARON en la SSP de SINALOA TODOS se FUERON SIN COMPLETAR la MISION»…ha sido mas de lo mismo desde hace 733 mil,940 homicidios en el pais.


Se fue el general Schazarino, como antes se fue el General Mérida, antes Castañeda, y antes…cinco militares en nueve años.

El General Óscar Rentería Schazarino llega en diciembre de 2024 al relevo de la Seguridad Pública. Era el cuarto mes de la guerra abierta entre los grupos de los Chapitos y los Mayitos. El General Gerardo Mérida estaba rebasado, llevaba un año en retiro cuando llegó al estado en septiembre de 2023, reunía el perfil para un Sinaloa con una reducida criminalidad. Los buenos tiempos.

El nuevo equipo de Schazarino se integró por militares de alto rango y todos con experiencia operativa. Le dieron el mando total para la coordinación de uno de los más numerosos grupos de fuerzas federales que se haya tenido registro en Sinaloa. No hay antecedente de tal número de elementos en funciones operativas, y eso que en Sinaloa se han enviado contingentes enormes en otros episodios violentos. Schazarino asume un territorio en disputa.

Solo rindió cuentas al gabinete federal, ahora comandado por Omar García Harfuch y más arriba por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Los tres ya se conocían de mucho antes, cuando Schazarino fue el comandante de la primera Zona Militar en CdMx, donde Harfuch se encargaba de la seguridad y Sheinbaum era la Jefa de Gobierno.

De los 18 meses de la guerra narca en Sinaloa, a Schazarino le tocó encabezar el bando del gobierno federal en 15 meses. Unos días antes de su relevo, quizás ya decidida su salida de Sinaloa, en la visita presidencial de Sheinbaum se resaltaba la disminución en el índice de homicidios dolosos: De junio de 2025 que fue el pico de asesinatos a enero de 2026 se redujo en 50 por ciento el promedio diario de homicidios, segun los datos del Secretariado Ejecutivo (pasó de 6.9 homicidios diarios en junio de 2025, a 3.4 diarios en enero de este año).

La capacidad organizativa, de operación y de despliegue que impuso Schazarino a las fuerzas federales y a las magras locales, ahora se pondrá a prueba con el relevo en el mando general. Porque pese a la disminución evidente que pudiera existir en esa comparación entre el dato más alto de asesinatos y el más reciente, eso es solo estadística. En el terreno la guerra de Mayitos y Chapitos sigue tan cruenta y vigente como el primer día, aun en ese sube y baja de sucesos.

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Ellos no se dan tregua, al contrario. La espiral de violencia sostenida mantiene a la ciudad de Culiacán en vilo, durmiendo temprano y prácticamente recluida la mitad del día. Esa intensidad no es fácil de medir, el índice de los delitos principales como asesinatos, desapariciones, robo de coches, quema de propiedades y ataques a la autoridad, se queda corto ante una realidad mayor. No se pueden escatimar los resultados evidentes en la contención, pero hay un plan inacabado en Sinaloa.

Margen de error

(Verdes) Casi se cumple una década de que el gobernador Quirino Ordaz entregó de nuevo al Ejército la seguridad pública de Sinaloa. De nuevo, porque 20 años atrás ya la había entregado el gobernador Renato Vega: en 1997 quitó a los civiles y nombró militares en todas las policías. Desde las municipales, hasta la Estatal y Judicial —hoy Ministerial— y la Protección Ciudadana ahora Seguridad Pública.

En realidad, en estas casi tres décadas (con seis gobernadores de todos los colores) los militares van y vienen de los mandos de las corporaciones civiles. Una vez que llegaron, se fueron en periodos muy cortos, y nunca del todo.

El padre de Renato Vega fue un general relevante, aun así, no era una iniciativa de él como gobernador, sino una imposición del gobierno de Ernesto Zedillo. A mediados de 1997 casi la totalidad de los estados nombraron a militares en sus corporaciones de seguridad.

Dos años estuvieron Acata, Collazo, Gómez, Mejía. Dos años controversiales por los señalamientos de violaciones a los derechos humanos. En 1999, con Juan Millán como gobernador, Sinaloa da el viraje: Militares, no; es el tiempo de los civiles. Entonces Millán nombra a puros abogados en Seguridad Pública, la Ministerial, y las policías locales. No resultarían diferentes.

Millán preparaba así el terreno para su policía favorito: Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, ChuyToño.

En 2011, con Mario López en un gobierno azul pero priista, el número de asesinatos roza los 2 mil. El peor en toda la historia. Malova regresa a civiles en las corporaciones, otra vez fuera los militares que en 2008 nombró el gobernador Jesús Aguilar en plena guerra entre el Chapo-Mayo y los Beltrán Leyva. Es el tiempo de los “cuates” de Malova como Genaro García Castro y ChuyToño 2.0

Apenas deja el poder Malova, y volvemos a los militares con Quirino Ordaz, en 2017.

Primera cita

(Ibarra) La historia de la seguridad pública de Sinaloa está contada a retazos, peor contada que la historia del narco. Un largo periodo donde han perdido la vida centenares de mandos civiles y militares que tenían la encomienda de enfrentar la violencia.

Héctor Manuel López Ibarra es apenas un ejemplo. Es quien encabezó la Policía Judicial (hoy Ministerial) con la salida de los militares. Es justo antes de los años del poderoso ChuyToño.

López Ibarra tiene un paso efímero en la corporación, pero al salir le encomiendan un área de asuntos internos de la policía. Inexistente antes y ahora. Tarda más en integrar un expediente en que lleguen a su casa a matarlo. Un comando le dispara en su casa y lo asesina. Sobra decir que es otro crimen sin resolver.

López Ibarra seguía una pista: los señalamientos de los vínculos de policías ministeriales con el Cártel Sinaloa, el Chapo y el Mayo. Antes y hoy sabíamos que era una pista que tenía mucho (todo) de verdad (PUNTO)

Con informacion: Ríodoce./

***Artículo publicado el 15 de marzo de 2026 en la edición 1207 del semanario