El multiseñalado narcopolitico que aun finge de gobernador de Morena en Tamaulipas,Americo Villarreal Anaya, enviará antes de que finalice enero, una iniciativa de ley para regular las cámaras de videovigilancia privada en Tamaulipas, adelantó el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez,quien pareciera lo traiciono la conciencia, pues dijo: “lo que buscamos es que se conviertan en herramientas de apoyo ciudadano del crimen organizado”.
Pérez Sánchez le dijo a HoyTamaulipas,que actualmente existen miles de cámaras en tiendas de conveniencia, cadenas transnacionales y negocios locales, pero no todas están integradas al sistema de seguridad estatal y con la nueva ley se pretende que estas cámaras puedan conectarse al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).
En este sentido, el funcionario adelantó que se realizará un empadronamiento de todos los sistemas privados de video vigilancia, con el objetivo de tener un control y evitar que sean aprovechados por grupos criminales.
Gobierno complice confundido
Pero el éxito para combatir al crimen, aunque algunos lo quieran maquillar de modernidad con pantallas y monitores de la videovigilancia estatal que pomposamente llaman C5, no se mide en megapíxeles. Es inversamente proporcional —así, con todas sus letras— a la complicidad gubernamental con los criminales.
Y en Tamaulipas, esa proporción parece invertirse cada mañana, sobre todo desde que Morena y el «doctor» Américo Villarreal tomó posesión, allá por octubre de 2022, cuando muchos aún confundían la esperanza con la ingenuidad y confiaron que una enfermedad iba sanar Tamaulipas.
Ya en 2023, un clásico episodio de “cuando llega el peine, todos los piojos se esconden” resumió mejor que ningún Informe de Gobierno el verdadero estado del aparato de seguridad.
En aquel retén oficial de la «Y» Griega en San Fernando, documentado por las propias cámaras de seguridad oficialices —esas que tanto presumen—, se vio cómo los guardianes del orden estatales, federales y militares,se deshacían como gelatina ante la presencia inicialmente dudosa y luego claridosa de los «Escorpiones» del Cartel del Golfo de Matamoros (….los que le dieron el voto a Americo) fuerzas que, claramente, cargaban más autoridad que los uniformes. Una suerte de ensayo práctico de sumisión ante el crimen, auspiciado por el propio Estado.
Y ahora, en 2026, el Ejecutivo estatal quiere convencernos de que la respuesta al colapso moral y operativo de la seguridad es una ley para “regular las cámaras de videovigilancia”. Qué poético. Quieren que se conviertan en “herramientas de apoyo ciudadano del crimen organizado ?”… como si las cámaras pudieran distinguir entre un tendero honesto y un delincuente disfrazado de gobernador de Morena.
Tal vez lo que buscan —aunque no lo digan— es perfeccionar el ángulo desde el que se vea el desorden o de plano ponerlas a la orden de sus cómplices que operaron el voto, pues eso de que la cámara no vio nada se volvio a repetir tras el secuestro de estadounidenses en Marzo del mismo 2023.
Porque, si algo sobra en Tamaulipas, no son cámaras. Sobran lentes que miran, pero nadie que quiera ver. Sobran grabaciones que documentan los desplomes de autoridad, pero faltan fiscales que no sean aliados del cartel del Golfo y quieran investigarlos.
Y si el gobierno de Morena, con toda su retórica de transparencia, en realidad quisiera combatir la opacidad, no necesitaría un C5 lleno de pantallas, ni múltiples herramientas mas que han puesto al servicio de criminales organizados,sino un despacho lleno de voluntad sin nada de complicidad para impedir que estos sigan gobernando al gobernador.
En resumen, las cámaras pueden grabar todo, hasta la connivencia entre funcionarios y criminales,una película que por desgracia se sigue filmando muchas veces fuera de cuadro, pero aun asi ha dejado rastros de rostros documentados abrazando y tragando con el gobernador,ademas de expedientes criminales que ya le aguardan del otro lado del Río.
Con informacion: HoyTamaulipas/medios/
