Código Magenta tuvo acceso a los archivos de los teléfonos celulares de Sergio Carmona, el empresario tamaulipeco que fue asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021.
Se trata de comunicaciones, documentos bancarios, contratos, conversaciones de WhatsApp, videos e imágenes que se cruzan con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, bitácoras de vuelo e información de las autoridades de inteligencia de México y de Estados Unidos para exhibir los vínculos de la élite política de la 4T con quien fuera el empresario más importante de la importación ilegal de combustible en México.
La información de los teléfonos perdidos muestra que esta es la red de contactos directos de Sergio Carmona, un empresario que en el 2021 financió campañas políticas de Morena por 500 millones de pesos y que en ese año obtuvo al menos 1,500 millones de pesos en contratos federales asignados a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser.
Aparece Gabriela Jiménez, fundadora de la organización ‘Que Siga la Democracia’, uno de los principales vehículos de movilización electoral de Claudia Sheinbaum.
También está Olga Sosa, precandidata de Morena al Senado por Tamaulipas, así como los diputados federales Erasmo González, presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto de la cámara baja, y Armando Zertuche.
Sergio Carmona también mantuvo comunicación constante con el ex subsecretario de Salud de Tamaulipas, Horacio García Rojas, y con Eduardo Gattás, el alcalde de Ciudad Victoria que utilizaba una camioneta Tahoe con placas SPM-387-A registrada como propiedad de una de las empresas de Carmona.
Las bitácoras de vuelo de la aeronave Hawker con matrícula XB-PND revelan un segundo anillo de influencia política de Sergio Carmona. Este avión fue utilizado por el empresario para transportar a personajes políticos de alto perfil como el ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el ex delegado de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, Adalberto Vega; y el propio Erasmo González.
¿Qué explica el poder de Sergio Carmona? Una palabra: huachicol. Carmona se convirtió en el principal operador de una amplia red de trasiego de combustible que evadió impuestos por miles de millones de pesos con la complicidad del sistema aduanero mexicano.
Carmona consolidó su poder en 2019, en los primeros meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando Ricardo Peralta Saucedo, administrador General de Aduanas, designó a su hermano, Julio Carmona, como el administrador de la aduana de Reynosa. Personas con conocimiento del asunto dijeron a Código Magenta que esa plaza habría sido comprada con un soborno.
Julio Carmona huyó a Estados Unidos después del asesinato de su hermano y se reunió con funcionarios del aparato de inteligencia y de justicia norteamericano. Julio Carmona explicó que el gran negocio estaba en la evasión de impuestos: una red de importadores con permisos especiales otorgados por la Secretaría de Energía que trafica combustible. En los documentos oficiales, declaran la mercancía transportada como aceites y omiten el pago de una cuota fija por litro de gasolina establecida en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
En su primera entrevista con agentes estadounidenses, Julio Carmona habló de que las ganancias de su hermano en el negocio ilegal de huachicol eran de 360 millones de pesos al año, de acuerdo a documentos revisados por Código Magenta.
Sin embargo, reportes de inteligencia norteamericanos estiman que esta cifra está subestimada. Por mucho. El tamaño de la industria de trasiego de combustible es significativamente mayor y su magnitud explica por qué Sergio Carmona se convirtió en uno de los operadores financieros más relevantes de las estructuras electorales de la 4T.
Autoridades de inteligencia encontraron una discrepancia entre los datos de exportación de gasolina de Estados Unidos a México registrados por el Buró de Información del Departamento de Energía norteamericano, EIA por sus siglas en inglés, y los datos de importación de gasolina reportados por la Agencia Nacional de Aduanas de México.
La conciliación de estas cifras muestra que, conforme fue avanzando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue creciendo la brecha entre los registros del gobierno estadounidense y los datos del gobierno mexicano.
Expertos con conocimiento del asunto consultados por Código Magenta estiman que, con base en esta diferencia, quedaron sin declarar 94,391 millones de litros de gasolina entre enero de 2019 y agosto de 2023.
Considerando la cuota fija por litro establecida en el Artículo 2, Fracción I, Inciso D de la Ley del IEPS (es decir 4.06 pesos en 2019, 4.18 en 2020, 4.3192 en 2021, 4.6375 en 2022 y 4.9987 en 2023) la omisión total de impuestos por importación de gasolina fue de 418,142 millones de pesos.
Esta es la verdadera magnitud del negocio del huachicol, una cifra que representa casi el doble que el presupuesto anual de la Secretaría de la Defensa Nacional. En México, el trasiego ilegal de combustible representa un negocio de alrededor de 4,200 millones de dólares al año, es decir, dos veces el flujo operativo anual de una compañía como Cemex.
Este monto explica gran parte del financiamiento paralelo de las campañas políticas de la 4T, una operación que es posible gracias a la construcción de estructuras electorales paralelas a Morena que no son sujetas al escrutinio ni fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tal como la organización ‘Que Siga la Democracia’, de Gabriela Jiménez, o la ‘Alianza Patriótica de la 4T’, fundada por Ricardo Peralta.
Este modus operandi requiere de la anuencia y complicidad del gobierno federal. Como administrador General de Aduanas, Peralta designó a un ejército de funcionarios en puertos y puntos fronterizos que han permitido este negocio. A pesar de la intervención de las Fuerzas Armadas en el sistema aduanal, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido omisa con la fiscalización del huachicol.
No sólo eso, la Secretaría de Energía ha facilitado el crecimiento de esta industria. La oficina de Rocío Nahle congeló los permisos de importación de combustible en México y los asignó únicamente a figuras con conexiones políticas. Actualmente, sólo existen ocho permisos vigentes de importación de gasolina en el país.
Esto ha permitido que empresarios como Sergio Carmona crezcan al amparo del poder. El círculo se cierra con una operación de lavado de dinero a través de la asignación de contratos federales y en estados gobernados por Morena, como Nayarit y Tamaulipas.
La importancia de la industria del huachicol y sus consecuencias políticas representan un foco rojo para el aparato de seguridad y justicia de Estados Unidos. El Estado Profundo norteamericano está preocupado por la intervención del crimen organizado en el proceso democrático de México.
En noviembre del 2023, tres congresistas estadounidenses, Henry Cuéllar, Vicente González y Dan Crenshaw enviaron una carta a la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, pidiendo acciones contundentes para presionar a México a detener el tráfico ilegal de combustible.
Los congresistas son dos importantes legisladores demócratas de Texas, Cuéllar y González, y un legislador republicano, Dan Crenshaw, que está promoviendo la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
La carta cita este video del 16 de octubre de 2023, en el que presuntos miembros del Cártel del Golfo obligan a conductores de pipas a desechar combustible en un terreno baldío. El huachicol es una industria multimillonaria que le permite a los cárteles extraer rentas mediante el cobro de piso por las rutas de tráfico.
Sergio Carmona es apenas un sólo caso de un fenómeno mucho más amplio que llega a lo más alto del poder político en México.
Y la historia no termina aquí. El próximo jueves, Código Magenta presentará el tercer capítulo de la serie ‘Los teléfonos perdidos de Sergio Carmona’, donde se abordará cómo un grupo conectado al huachicol se volvió el poder fáctico detrás del gobierno de Tamaulipas.