Santiago Nieto se ha convertido en una de las armas más filosas de Andrés Manuel López Obrador. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el funcionario tiene la tarea -entre otras- de detectar redes corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. De su trabajo depende en buena medida la promesa de la 4T de terminar con la corrupción en México.En una extensa entrevista con LPO, Nieto analiza los avances en la estrategia de seguridad de AMLO, describe las nuevas relaciones con las agencias de Estados Unidos, y envía un nuevo mensaje crítico a los retrasos de la Fiscalía General comandada por Alejandro Gertz Manero.
En la UIF estaban investigando al magistrado José Luis Vargas antes de su remoción, ¿cómo quedó ese asunto?
Nosotros tenemos un acuerdo con el Consejo de la Judicatura. Revisamos a todos los jueces, las juezas, secretarios de estudio en cuenta, consejeros, consejeras, magistrados de la Sala Superior. No revisamos a los ministros. El caso Medina Mora fue diferente, tuvo que ver por otra vía.
En el caso de José Luis Vargas encontramos algunas irregularidades y se presentó la denuncia. La Fiscalía Anticorrupción determinó el no ejercicio de la acción penal. Y nosotros presentamos un recurso de inconformidad ante un juez de control. El juez de control tenía básicamente tres salidas. Primero, decir que la UIF no tenía legitimación procesal activa para poder impugnar el no ejercicio de la acción penal de un órgano autónomo. Segundo, que la investigación está bien hecha, y por tanto proceden los ejercicios de la acción penal. O tercero, la investigación es deficiente, y por tanto se revoca el no ejercicio y se obliga a la Fiscalía a seguir investigando.
En el caso de Vargas encontramos irregularidades y presentamos la denuncia. La Fiscalía Anticorrupción determinó el no ejercicio de la acción penal, pero un juez de control nos dio la razón, revocó esa decisión, y devolvió el expediente para que la Fiscalía siga investigando.
Lo que nosotros señalamos es que se hizo una revisión respecto a enriquecimiento ilícito de 2016, cuando fue designado magistrado, y hasta 2020 (aún falta 2021). Y no hicieron ninguna revisión de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) de 2011 al 2021. Por lo tanto, la investigación está incompleta. Y el juez nos dio la razón, revocó la decisión, y entonces devolvió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción que tiene que seguir integrando la carpeta de investigación.
En eso estábamos cuando vino la ruptura institucional del Tribunal Electoral, y la crisis que se ha visto en este momento, que eso corresponde al Poder Judicial de la Federación. Ellos tendrán que definir quién es su presidente y ahí evidentemente nosotros no tenemos nada que ver.
Se ha criticado la estrategia de seguridad de la 4T, que AMLO resume en su frase "abrazos, no balazos". ¿Cómo podría explicar el aporte que hace la UIF en el combate al crimen organizado?
Primero, diría que sí ha habido grandes logros en esta administración. Se ha estabilizado el número de homicidios dolosos en el país, porque si revisamos la última mitad de la administración de Peña Nieto el crecimiento era exponencial, y en este momento se encuentra estabilizado. Puede ser la explicación por el Covid, o podemos encontrar alguna otra explicación.
Segundo, hay una disminución también de ciertos delitos, en general de temas vinculados con robo de vehículos, o con defraudación fiscal. Ha habido incremento en violencia familiar y en violencia sexual, y ahí me parece que también hay un vínculo con la pandemia. El hecho de que las personas se hayan quedado tanto tiempo en sus casas generó ese caldo de cultivo que ha significado una mayor presencia de delitos cometidos básicamente contra mujeres, contra niñas, niños y adolescentes.
Y tercero, creo que hay un aumento de la percepción respecto a la seguridad de la ciudadanía, esto en términos de encuestas recientes. Es cierto, no tenemos la encuesta del INEGI, que se hacía semestralmente, y que esa nos podría dar un mejor panorama de las cosas, pero decidieron no hacerla por la pandemia, para no sacar a la gente a la calle a encuestar casa por casa.
Cuarto, creo que la Guardia Nacional fue una buena idea. De entrada se multiplicó por tres la cantidad de policías. En las administraciones anteriores llegaron a 21 mil policías, y ahora entre la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, los elementos de la Guardia Nacional ya son 60 mil o incluso un poco más, 70 mil elementos y va subiendo.
¿Y cuál fue el aporte de la UIF?
El congelamiento de cuentas ha abonado muchos, sobre todo a partir de un trabajo coordinado: se hacen los listados de quiénes son los sujetos que tienen que ser congelados, y se lanzan los mensajes cártel por cártel. Por supuesto que nos faltan varios cárteles, pero ya llevamos Santa Rosa de Lima, llevamos Familia Michoacana, llevamos Cártel de Tláhuac, Unión Tepito, Anti-Unión Tepito, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa... O sea tenemos ya cárteles perfectamente identificados.
La política criminal debe ser una política de estado. Y en la impartición de justicia vamos actuando de forma muy deficiente. El nivel de judicialización de carpetas en el mejor de los escenarios es del 5%. Digamos que hay una impunidad del 95%
Y la función de la Unidad tiene que ver con eso, buscar la disminución de la violencia. En México mueren por homicidio doloso unas 35 mil personas al año. En Estados Unidos unos 39 mil. Claro, son casi tres veces nuestra población. Pero queremos que uno de los temas sea poder reducir el tráfico de armas hacia México, porque los que finalmente compran esas son los grupos delictivos mexicanos, o los grupos políticos.
Debemos entender que la política criminal es una política de Estado. Y eso implica seguridad, por supuesto, implica prevención del delito, implica procuración de justicia. Y en ese último punto -la impartición de justicia- vamos actuando de forma muy deficiente. El nivel de judicialización de carpetas de investigación, en el mejor de los escenarios, es del 5%. Digamos que en el sistema tradicional estábamos en el 98% de impunidad, ahora estaremos en un 95%, pero tampoco podemos ir creciendo a esa velocidad. El nivel de impunidad en el país es del 95%.
Hablemos de esa ineficiencia en la impartición de justicia. ¿Podría explicar cuál es el problema?
Los juzgadores tienen un perfil más de defensa de derechos humanos que de procuración de justicia penal. O sea, son muy laxos con el presunto delincuente y muy rígidos con la autoridad. Y creo que eso es algo que tiene que ver con tema de construcción cultural, y muchas deficiencias de conocimientos. Por ejemplo, los jueces mexicanos no conocen las 40 recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Y por tanto cuando uno les habla de congelamiento de cuentas o de decomiso, no llegamos a hablar en el mismo idioma. Es algo en lo que se tiene que avanzar.
Entonces, volviendo a la pregunta anterior, diría que la centralidad o el posicionamiento de la UIF en esta administración tiene que ver con que el lavado de dinero es transversal: lo encontramos en tráfico de armas, de drogas, de órganos, trata de personas, en casos de corrupción política, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal... Es transversal.
El enfoque del combate al crimen organizada ha sido erróneo durante muchos años. Detener a los líderes no alcanza a desmantelar todo. Hay que ir por los sicarios, los narcomenudistas y también hay que golpear las estructuras financieras.
¿Qué creo que falta? Por un lado, mayor coordinación supranacional. Y segundo, necesitamos reducir el número de homicidios dolosos. Y eso se tiene que hacer a partir de golpear a los sicarios. Y tampoco es que el grupo de sicarios sea muy numeroso en el país. El asunto es tener la suficiente estructura para poder llegar adonde se encuentran y poder detenerlos.
¿Y por qué no se hizo?
El enfoque del combate a la delincuencia organizada ha sido erróneo durante muchos años. O sea, estamos pensando en detener a los líderes y que eso va a desmantelar todo. Sí, la detención del Marro disminuyó a Santa Rosa de Lima, por supuesto. Pero necesitamos entender que es sicarios más narcomenudistas, más líderes. También hay que golpear las estructuras financieras, porque si no las controlamos el narco va a seguir controlando las calles y va a seguir teniendo dinero para pagar.
Por otro lado, debemos atender el tema de la corrupción política, porque no hay forma de que estos grupos crezcan por generación espontánea. Surgen porque las condiciones políticas les dan cabida. Y por último, el tema de la corrupción judicial, ministerial y policial. El negocio en la procuración de justicia es el no ejercicio de la acción penal. Cuando hablamos de una Fiscalía que no funciona, es porque no está judicializando. Y hasta hemos encontrado jueces, como el juez Isidro Avelar Gutiérrez de Jalisco con 50 millones en sus cuentas que no podía justificar, vinculado con el Cártel Jalisco.
En el combate al lavado de dinero, ¿cómo es la coordinación con el gobierno de Biden? ¿Y cómo era esa misma coordinación con Trump?
Ya hemos entrado en contacto con las nuevas autoridades de la DEA, con la encargada de negocios de la Embajada en Estados Unidos y directamente con los agregados que tiene la Unidad tanto en Washington como en Nueva York, y ya están trabajando de manera directa. Sí creo que falta todavía definición de varias áreas para saber quiénes van a ser los interlocutores. Por ejemplo, la Subsecretaría del Tesoro, aunque ya están las propuestas, falta todo un proceso de ratificación en el Senado para poder trabajar.
La Fiscalía debe acelerar las investigaciones, y sobre todo hay que mandar un mensaje de imparcialidad. La corrupción no se detiene por decreto, y no sólo por el cambio de un gobierno va a detenerse la corrupción.
Digamos que ya hubo un acercamiento, pero nos falta mejorar la relación con organismos como el Financial Crimes Enforcement Network. También debemos utilizar más los mecanismos que hoy tiene México. Dirigimos la Oficina de las Américas del Grupo Egmont, formamos parte del GAFI, y tenemos además al Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos en la OEA.
Estos espacios internacionales nos tienen que impulsar a generar casos regionales. ¿Qué casos? Es lo que estamos planteando y donde veo un cambio con respecto al gobierno de Trump. Particularmente con la vicepresidenta Harris, estamos analizando el tema de controlar la migración, siempre bajo la idea de proteger los derechos humanos de migrantes. Entonces es una variación muy importante con respecto a los derechos humanos que no se tenía con la administración anterior.
¿Con Trump no había un enfoque para proteger los derechos humanos de los migrantes?
Exactamente. También hay una Ley de Agentes, por supuesto en México, pero esa Ley de Agentes nos obliga a nosotros a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores cualquier reunión que tengamos con agentes extranjeros, y es lo que hacemos periódicamente. No hay obligación de señalar qué se trató, pero sí de defender las posturas de México, que tienen que ver con combate al tráfico de armas y particularmente el combate a los homicidios dolosos en nuestro país.
La UIF ha puesto sobre la mesa el tema de la corrupción política. Nos interesa mucho el poder extinguir el dominio en México, por supuesto temas de delincuencia organizada, y en Estados Unidos particularmente casos de corrupción política, porque los políticos adquieren inmuebles allá. Entonces es un tema que como todos los temas, se tiene que visibilizar, si no se visibiliza no existe.
Basado en esa bandera del combate a la corrupción, entre quienes simpatizan con el gobierno de López Obrador hay un clamor por ver a políticos del régimen pasado tras las rejas, ¿qué pasa que aún no puede entregarse ese "trofeo" a quienes votaron por este gobierno?
Primero, habría que reconocer que la transición a una Fiscalía autónoma le quitó al Gobierno de México la conducción respecto a la política de procuración de justicia. Por eso yo habló de política de Estado. Necesitamos una política de Estado para enfrentar estos casos. Y se han generado grupos de trabajo con Poder Judicial, con Fiscalía General de la República, con la UIF, la Sedena, la Guardia Nacional, etcétera.
Otro mensaje que debemos mandar es que se tiene que sancionar también a personas vinculadas con la 4T que están relacionadas con actos de corrupción, desde aduanas hasta también los gobiernos estatales.
Creo que lo importante es acelerar las investigaciones en la Fiscalía General de la República, y sobre todo lo importante es mandar un mensaje de imparcialidad. La corrupción no se detiene por decreto, y no sólo por el cambio de un gobierno va a detenerse la corrupción cuando tenemos problemas estructurales.
Por ejemplo, algo del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué no funciona? Bueno, pues hay elementos que no tiene. No tiene la parte fiscal, no tiene la parte financiera. Podemos ver cuánto evolucionó el patrimonio de un servidor público, pero si no se le junta la parte fiscal (cuánto pagó de impuestos) y sobre todo cuánto gastó (tarjetas American Express) no vamos a tener un panorama completo. Y eso es un problema de diseño institucional, que el sistema fue mal diseñado.
Y segundo, la corrupción se mantiene. Lo importante en este momento es mandar mensajes de que se tiene que sancionar también a personas vinculadas con la 4T que están relacionadas con actos de corrupción, desde aduanas o también los gobiernos estatales, y también actos de corrupción que hemos estado viendo. En el problema también hay un enfoque cultural, y que tiene que ver con que ver con uno de los que creo es de los peores problemas de nuestro país que es la impunidad.
Nosotros perseguimos y combatimos a la corrupción, podemos congelar cuentas, pero mientras la Fiscalía o las Fiscalías no lleven a los responsables frente a los tribunales, la impunidad va a persistir. Y creo que el problema más grande del país es ese, la impunidad.
fuente.-L.Abed/A Wainstein/
