"SISTEMA de ELECCION INDIRECTO": ASI se ELIGE al PRESIDENTE de los ESTADO UNIDOS "EXPLICADO con MANZANAS"...

El sistema de elección presidencial de EE UU es indirecto, es decir, los ciudadanos no eligen directamente al candidato a presidente.

Cada ciudadano registrado para votar debe rellenar las papeletas (‘ballots’) seleccionando al presidente y vicepresidente a los que elige

Pueden hacerlo de forma presencial el primer martes después del primer lunes de noviembre (este martes 3 de noviembre).

Muchos Estados

permiten participar días

antes de las elecciones

O pueden haberlo hecho por correo antes de los comicios

Este es el

voto popular

Pero el voto popular no elige directamente al presidente, sino a los compromisarios o electores elegidos dentro del comité estatal de cada partido en cada Estado. Ellos conforman el colegio electoral 

Y votan

al presidente

Donald Trump

Republicano

Joe Biden

Demócrata

En la mayoría de los Estados al reparto de este voto electoral se le aplica el ‘winner takes all’,que otorga todos los votos electorales al candidato más votado (salvo Nebraska y Maine)

Voto

popular

50%

Si, por ejemplo, en un Estado se da este resultado favorable a los demócratas, todos los compromisarios de ese Estado votarán a Biden

Por eso se puede dar el caso de que el voto popular no coincida con el voto electoral, como en 2016

Voto

popular

Donald Trump

Hillary Clinton

62.985.106 votos

65.853.625

50%

Voto

electoral

306 compromisarios

232

50%

Clinton consiguió casi 3 millones más de votos populares que Trump, pero se tradujeron

en 74 votos electorales menos

 

Esto ocurrió también en 1824, 1876, 1888 y 2000

¿Cuántos

compromisarios votan?

N. Hampsire

4

Maine

4

Cada Estado, junto con el distrito de Columbia, aporta un número de compromisarios en función de su población

Vermont

3

Alaska

3

Massachusetts

11

Nueva York

29

Conneticut

7

Washington

12

Montana

3

Minesota

10

Idaho

4

Rhode

Island

4

Dakota N.

3

N. Jersey

14

Oregon

7

Wisconsin

10

Michigan

16

Pensilvania

20

Wyoming

3

Dakota S.

3

Nevada

6

Iowa

6

Colorado

9

Maryland

10

Nebraska

5

Delaware

3

Virginia O.

5

Ohio

18

Utah

6

Ilinois

20

Indiana

11

Kansas

6

Misuri

10

Virginia

13

DC

3

Oklahoma

7

California

55

N. México

5

Kentucky

8

Tennessee

11

Carolina

del Norte

15

Arkansas

6

Arizona

11

Carolina

del Sur

9

Texas

38

Georgia

16

Alabama

9

Misisipi

6

Luisiana

8

Se indican con un trazo más grueso los Estados clave. En 2016, Trump ganó en todos ellos

Florida

29

Hawái

5

En total votan 538 compromisarios.

El ganador debe conseguir 270 votos, la mitad más uno

435

equivale al número

de representantes

del Congreso

100

equivale al número

senadores

3

Electores

del distrito

de Columbia

270

necesarios

para ganar

La toma de posesión del cargo tendrá lugar el 20 de enero en la investidura presidencial

¿Qué ocurriría si hubiera un empate en el voto electoral?

De acuerdo con la enmienda 12 de la Constitución, si los candidatos presidenciales obtienen el mismo número de votos, la Cámara de Representantes elegirá al presidente entre los tres candidatos más votados, y el Senado al vicepresidente entre los dos candidatos más votados. Esta situación se ha dado dos veces en la historia de Estados Unidos, en 1801, entre Thomas Jefferson y Aaron Burr (resultó elegido Jefferson), y en 1825, entre John Quincy Adams y Andrew Jackson (el elegido fue el primero).

¿Y si hubiera compromisarios desleales?

Se puede dar la situación en la que un compromisario no vote por el candidato de su partido. La Constitución estadounidense no impone una disciplina de partido, pero 29 Estados y el distrito de Columbia piden lealtad a los compromisarios. Cinco de ellos prevén sanciones que van desde una multa de mil dólares hasta una condena. En toda la historia, solo 10 compromisarios han sido desleales. Ninguno de ellos cambió el resultado electoral y ninguno fue sancionado.

Claves para seguir los comicios

en la noche electoral

A las 03.00 (hora peninsular española –21.00 costa este EEUU) habrán cerrado los colegios que deciden 432 compromisarios de los 538 totales

Hora peninsular española

00.00

01.00

02.00

03.00

04.00

05.00

06.00

Costa este de EE UU

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

Votos electorales

531

538

453

432

270

60

A las 2.00, terminan las votaciones en 16 Estados, entre ellos Pensilvania y Michigan, que en las elecciones de 2016 fueron dos de los Estados que afianzaron la victoria de Trump

A la 1.00 cierran los colegios electorales en seis Estados, entre ellos, Florida, uno

de los Estados clave, ya que concede 29 votos electorales

¿Se conocerá el ganador de las

elecciones el día 4?

Si el día de las elecciones no hay un ganador claro, habrá que esperar al recuento del voto por correo, sobre el que Trump ha levantado dudas y que puede ser muy numeroso este año debido a la pandemia

1.

Se extrae la papeleta

del sobre

2.

Se cotejan

la firma y los datos

con el registro del votante

3.

Se cuentan

los votos

Para lograr que el recuento se haga en plazo, algunos Estados han permitido que se cuenten las papeletas antes de las elecciones, pero en 15 Estados —entre ellos Wisconsin, Pensilvania y Michigan, claves en estos comicios— se hará a partir del día 3. El recuento total del voto debe estar hecho para el 14 de diciembre.

fuente.-Diario Español/

PACTAN el "MENCHO y CARO QUINTERO" ALIANZA para SACAR los BRAZOS ARMADOS del CARTEL de SINALOA en SONORA...mugre y cochambre preludian mas cochinero.

El narcotraficante Rafael Caro Quintero alias el Narco de Narcos supuesto líder del Cártel de Caborca o 24/7 y Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, el Señor de los Gallos o el Gallero, líder del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG) habrían pactado una alianza para sacar a los brazos armados del Cártel de Sinaloa (CDS) en el estado de Sonora, en México.

A decir de medio mexicanos especialistas en el tema del narcotráfico, de esta manera, Caro Quintero busca recuperar la zona que alguna vez controló de la mano un grupo armado conocido como La Barredora y que en conjunto se autodenominan Cártel de Caborca o La Plaza, el cual pelea el control de la zona a los brazos armados de los sinaloenses.

Como te informamos, a decir de reportes de autoridades mexicanas, en esa zona que es el epicentro de una guerra entre el Cártel de Caborca encabezado por Caro Quintero quien aunque hasta el año 2019 tenía buenas relaciones con el Cártel de Sinaloa y sus líderes Ismael “el Mayo“Zambada, así como Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar alias el Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar alias el Alfredillo y Ovidio Guzmán López alias el Ratón o Nuevo Ratón, eso se terminó, y la violencia se desató en la zona.

Así, las alianzas de Caro Quintero con otros grupos delictivos es en búsqueda de arrebatar el territorio al Cártel de Los Salazar, operadores del Cártel de Sinaloa.

Pero eso no es lo peor, pues la guerra de cárteles que se registra actualmente en el estado de Sonora se ha expandido a los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Nayarit las cuales se suman a las ya existentes en lugares como Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

fuente.-

"VAN a FALTAR CARCELES": ACUSACIONES de la "ESTAFA MAESTRA" SALPICAN a EX-GOBERNADORES "MAESTROS de la ESTAFA"...es la Delincuencia Politica y Criminalmente Organizada.

Según las investigaciones y testimonios recabados por la Fiscalía General de la República (FGR) ex Gobernadores del PRI están implicados con la "Estafa Maestra".

Entre los señalados por testigos se encuentran los ex mandatarios de Edomex, Eruviel Ávila; de Hidalgo, Francisco Olvera; de Zacatecas, Miguel Alonso, y Roberto Borge de Quintana Roo.

Grupo REFORMA publicó ayer que Emilio Zebadúa González, pieza clave en la "Estafa Maestra", ofreció convertirse en testigo protegido para revelar que Enrique Peña y Rosario Robles orquestaron un plan para desviar recursos a las campañas electorales del PRI en el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

En esos estados se ubican las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos.

Los recursos para las campañas se operaron durante las dirigencias de Manlio Fabio Beltrones y Enrique Ochoa en el PRI nacional.

Además de Emilio Zebadúa, un personaje clave en la operación de la "Estafa Maestra" es Simón Pedro de León Mojarro, cuñado del ex Gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, y ex coordinador de delegaciones de la Sedesol durante la gestión de Rosario Robles.

Además de Zebadúa, hay otros tres ex colaboradores de Robles que también negociaron el criterio de oportunidad para ser colaboradores de la FGR.

Se trata de José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y la desaparecida Sedesol.

Horacio Duarte Olivares, cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador, operador electoral de Morena y actual director de Aduanas, adelantó que en la trama de la "Estafa Maestra" surgirán más implicados.

"Se desmorona el pacto de silencio construido desde el interior de las mafias que gobernaron a México. Peña Nieto, Emilio Zebadúa, Rosario Robles y una lista de más nombres que están por salir.

"#UnPeligroParaMexico", escribió en su cuenta de Twitter.

Fuente.-

"FALLA la ESCOBA de AMLO": BALCONEAN "HAMPONES en el SAT" que la "CONTROLAN en el CONTRABANDO de COMBUSTIBLE"...el engranaje de corrupción sigue aceitado.

Por más que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exprese y reitere que en su Gobierno se acabó la corrupción, lo cierto es que ésta prevalece en su Gobierno. La escoba con la que ofreció barrer las escaleras del aparato público ha fallado porque al parecer falta voluntad política para extirpar esa práctica que tanto daño le ha hecho al país y que ha sido –y es– la bandera que el tabasqueño ha ondeado por todo el país.

El discurso oficial, como se ve, es exagerado por donde se le mire: en su segundo informe de Gobierno López Obrador se atrevió a decir una barbaridad: que en el país ya no había masacres ni delincuencia organizada.

Algo parecido declaró Alfonso Durazo, quien ahora busca ser Gobernador de Sonora, al afirmar que ya no hay delincuencia organizada en el país. Esto no sólo es exagerado sino que es falso. Es una declaración eminentemente política que no se sostiene por ningún lado.

Todo esto viene a cuento por el tema de la corrupción que ha imperado y que impera en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Ahí siguen operando personajes de la corrupción del pasado, que se llenaron las bolsas de dinero mediante la práctica de la extorsión a contrabandistas que operan en la frontera con Estados Unidos.

Desde el SAT se preparaban los operativos para detectar robo y tráfico de combustibles. Luego, los altos jefes del Sistema de Administración Tributaria enviaban a sus operadores de confianza para negociar, liberar las pipas y sacar una jugosa tajada para sus jefes. Esta práctica prevalece y sigue impune. ¿Lo sabrá la jefa del SAT?

Resulta que un personaje llamado Alberto Peredo Jiménez, hijo del exprocurador de justicia de Morelos –aquel que, según algunas denuncias, fue relacionado como socio del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”– mantiene a uno de sus incondicionales enquistado en la Administración Pública Federal.

Según sus antecedentes, Alberto Peredo fue director general de asuntos internos del SAT, área conocida como Evaluación. Ahí tenía a su cargo la realización de operativos de “alto impacto” –así les llamaban a los atracos– para supuestamente enfrentar y abatir el flagelo de la corrupción.

Sin embargo, el verdadero objetivo de esos operativos era detectar contrabandistas de combustible en la frontera para luego extorsionarlos.

Según las indagaciones y fuentes consultadas al respecto, para ello Peredo utilizaba a su esbirro Andrés Guillén Castelán, un oscuro personaje que carga a cuestas un pasado plagado de claroscuros: ha sido acusado de acoso sexual porque, según se afirma al interior del propio SAT, tiene un gusto casi enfermizo por las mujeres.

No es todo: Guillén Castelán tuvo con su sirvienta, una chica de 20 años, una hija a la cual abandonó al igual que hizo con la madre y que mandó a refugiarla en la sierra de Veracruz.

Este personaje de infausta historia tiene varias denuncias en su contra ante el Órgano Interno de Control por acoso sexual. Sus propias compañeras de trabajo lo denunciaron. Algunas refieren que el acoso era además de enfermizo insistente, reiterativo y no menos pertinaz cuando bebía alcohol, una de sus adicciones frecuentes.

Cuentan al interior del SAT, que Alberto Peredo utilizaba a Andrés Guillén como ariete en sus operativos fronterizos para incautar pipas repletas de combustible robado. Tenían un sistema sofisticado para detectar a los contrabandistas de la gasolina.

Luego el funcionario enviaba a su operador Gustavo Bello para extorsionarlos. Les quitaban todas las trabas para que la pipa pasara libremente. Mientras esto ocurría, en Palacio Nacional se hablaba de combate a la corrupción y al llamado “huachicoleo”.

Lo grave de toda esta práctica corrupta es que Andrés Guillén continúa en el área de Asuntos Internos del SAT. Lleva dos décadas en esa posición y ha resultado inamovible, incluso, en el sexenio donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador ondea a los cuatro vientos la bandera del combate a la corrupción. ¿Doble discurso? ¿La misma corrupción del pasado? ¿Complicidad?

Actualmente, Andrés Guillén despacha como director de área y nadie sabe cómo es posible que siga operando, sobre todo, por sus negros antecedentes. ¿Lo cobija la actual titular del SAT? ¿Tiene algún padrino en el Gobierno? Todo es posible.

Es por ello que se cuestiona que el Presidente López Obrador hable de combate a la corrupción y los corruptos del pasado sigan operando en el Gobierno. El SAT es un refugio de corruptos, pues ahí siguen, por ejemplo, los aliados de José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial del PRI. ¿Esa fue la negociación con López Obrador? Es posible.

Todo indica que la escoba con la que López Obrador ofreció barrer las escaleras no está funcionando, pues Juan Díaz Masadiego, otro personaje ligado a la corrupción –poderoso hombre de la Secretaría de Economía–, operaba en el mismo cargo desde el sexenio de Felipe Calderón; otro de los sexenios marcados por la corrupción y las ligas con la delincuencia organizada.

fuente.-Ricardo Ravelo/

"En su PRIMERA MISION": PATRULLA OCEANICA de la MARINA TUMBO al NARCO 1,100 KILOS de COCAINA en COSTAS de COLIMA...una lancha con 7 a bordo.

En su primera misión de intercepción antinarcóticos, la Patrulla Oceánica de Largo Alcance ARM “Juárez” (ARM POLA-101) incautó 1.100 kilogramos de cocaína frente a las costas de Colima. La droga era transportada por siete personas en una lancha con motores fuera de borda. 

El aseguramiento fue producto del seguimiento de inteligencia de la Marina al detectar el desplazamiento, a una velocidad inusual, de una lancha que se movía a unas 130 millas náuticas de las costas de Colima (unos 240 kilómetros del puerto de Manzanillo). Las Sexta Región Naval señaló que este aseguramiento, representa el cuarto evento exitoso en los últimos 10 días, en los que la Armada de México, a través de sus unidades operativas, ejerce el Poder Naval de la Federación para mantener el Estado de Derecho en nuestros mares, sumando aproximadamente cuatro toneladas de presuntas sustancias ilícitas aseguradas. 

La ARM POLA-101 “Juárez” es el buque más avanzado de la flota de 270 unidades de superficie con las que cuenta la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) y es también el buque más avanzado en su tipo en tipo en Latinoamérica. Fue construido entre 2017 y 2018 y botado originalmente con el nombre de “Reformador” al final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. 

La nave está dotada con sistemas de misiles, lanzacohetes y radares avanzados. Lleva un helicóptero embarcado AS 565 Panther y puede alojar dos lanchas interceptoras de alta velocidad. En el caso del aseguramiento de los 1,100 kilos de cocaína se empleó una interceptora Polaris II, artillada con una ametralladora Browning calibre .50, para detener a los traficantes una vez localizados desde el aire y por radar. 

La SEMAR informó sobre este aseguramiento, detallando que la operación de intercepción naval ocurrió el pasado 20 de octubre y fue el resultado de trabajos de vigilancia marítima que permitió el decomiso de 1,100 paquetes, los cuales contenían en su interior producto con características similares a las de la cocaína, así como una embarcación menor y la detención de siete presuntos infractores de la ley, al suroeste de Manzanillo, Colima.  

Esta acción se realizó tras efectuar trabajos de vigilancia marítima con personal operativo perteneciente a la Sexta Región Naval y Fuerza Naval del Pacifico, con la participación conjunta de unidades de superficie tipo Patrulla Oceánica de Largo Alcance (ARM “Juárez” POLA-101), Patrulla Oceánica e interceptoras, así como aeronaves tipo Persuader y King Air, además de personal de Infantería de Marina; se logró la detección, seguimiento e intercepción de una embarcación menor desplazándose a alta velocidad de manera inusual, aproximadamente a 130 millas náuticas (240 kilómetros) al suroeste de Manzanillo, Colima, indicó la SEMAR. 

El personal naval realizó la inspección a la embarcación menor y aseguramiento de 1,100 paquetes que en su interior contiene producto con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada paquete, lo cual arroja un conteo inicial de poco más de una tonelada, mismo que será corroborado por las autoridades correspondientes a través de la determinación del peso ministerial, detalló.  

Los paquetes asegurados, la embarcación, así como los presuntos infractores de la ley fueron puestos a disposición de las autoridades competentes al arribo a puerto, para realizar las pruebas correspondientes, determinar el peso ministerial e integrar la carpeta de investigación respectiva. 

Un comunicado emitido por la comandancia de la Sexta Región Naval con sede en manzanillo, Colima, indica que esta operación se realizó con base en el Protocolo de Actuación del Personal Naval en Funciones de Guardia Costera, donde se atribuye la participación del personal de la Secretaría Marina en el desempeño de sus funciones, el cual cumple con los requisitos necesarios para actuar de manera coordinada con las autoridades competentes, en estricto respeto a los Derechos Humanos y lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas.  “Asimismo, las operaciones de vigilancia marítimas, aéreas y terrestres que efectúa esta Institución, se realizan con el fin de inhibir la acción delincuencial, garantizar la seguridad y mantener el Estado de Derecho en las costas mexicanas”, añade el comunicado. 

La ARM POLA -101 “Juárez” de la Marina de México está equipada con radares y sistemas de comunicación de las firmas Thales, Indra y Hermesys, que le ha vendido a la Armada todo un equipo de comunicaciones encriptadas de alta seguridad. La nave tiene montado un cañón Bofors que usa municiones Dart/Strales, como las que utilizan las 31 patrullas oceánicas con las que cuenta la Marina. 

También ha sido equipada con un lanzador de misiles RAM Block 2 de Raytheon, que vendió el equipo con 23 proyectiles subsónicos con capacidades para interceptar otros misiles. A este armamento se suman torpedos ligeros MK54 avanzados y misiles Sea Sparrow Evolved.  

Este material tuvo un costo aproximado de 138 millones de dólares y su venta fue anunciada en abril de 2018 por la Agencia de Cooperación y Seguridad en Defensa (USCA).  (Jorge Alejandro Medellín)

Foto: La ARM POLA-101 “Juárez” de la Marina de México

Fuente.-

En el EJERCITO las "JERARQUIAS son PROTEGIDAS y la TROPA es OLVIDADA"...si algo sale mal y se trata de pagar platos rotos,hay estan los de abajo.

La detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, así como la detención de seis elementos de la Guardia Nacional por presunto abuso de la fuerza, son apenas los últimos ejemplos. Pero mientras que a la jerarquía castrense se le tiende una mano, la tropa pareciera estar olvidada. 

En entrevista con Código Magenta, Daniela Rea, periodista independiente y coautora del libro La Tropa: Por qué mata un soldado, destaca una característica particular de las Fuerzas Armadas de México: “Como que hay al menos dos clases sociales entre el Ejército: la tropa, con quienes mayormente hablamos nosotros y los mandos altos”. 

“Genealogías de los altos mandos no conocemos, pero sí es identificable como que esta doble clase”, señala. “Tanto en el acceso como a las escuelas militares y el destino de los otros, que es tropa y es patrullar”. 


La propia secretaría de la Defensa Nacional reconoce el desgaste entre sus filas. En su Programa Sectorial 2020-2024, la Sedena advierte que la creciente exigencia a la que se ven sometidos sus elementos ha producido una disminución en el nivel de vida del personal y también una merma en el liderazgo y disciplina del cuerpo. 


Los últimos datos disponibles, que fueron obtenidos por el medio Contralínea en 2017, registraban 545 elementos castrenses presos -y sentenciados- por diversas ofensas. De estos 545, la gran mayoría pertenecían a la tropa. 


Y como parte de su investigación, Daniela Rea y Pablo Ferri pudieron hablar con algunos de ellos. 


“Yo creo que, sobre todo quienes estaban presos, los soldados que estaban presos, sentían como una especie de traición, no solamente por sus mandos sino también por la institución de saberse abandonados”, opina la periodista. 

“Yo creo que ellos creen -o sienten- que dieron su vida ingresando al Ejército, que tanto los mandos los enviaron a la calle sin capacitación y muchas veces los incriminaron o los responsabilizaron de órdenes que ellos dieron, por un lado”.



“Y por otro lado sienten que la institución los abandonó al dejar que ellos mismos paguen sus abogados, como que se hagan cargo de demostrar su inocencia. Y eso es algo que es muy notorio sobre todo en los que están detenidos, en los que están presos, acusados de ejecuciones extrajudiciales, o de tortura o de desaparición”, agrega. 


Porque pareciera que, cuando las cosas salen mal, los que pagan los platos rotos, son los de mero abajo.


“Lo que nosotros pudimos ver en los expedientes -en algunos expedientes militares- es que al menos en tres casos de homicidio, de ejecución extrajudicial, hubo soldados que se negaron a la orden de un doble asesinato en Michoacán. El soldado se negó a obedecer la orden del mando de matar. Y lo hizo al menos en tres veces, y al final no pudo negarse y terminó matando, matando a estas dos personas”, describe. 

Mientras tanto, la estrategia de Seguridad del gobierno federal le sigue apostando a las Fuerzas Armadas. Ya sea para enfrentar a los narcos, para frenar a los migrantes, para entregar apoyos sociales, para resguardar presas, para investigar delitos y mucho más. 


Y entre todas esas actividades, como lo advierte la propia Sedena, las cosas pueden salir mal.


Como lo que sucedió este septiembre en Delicias, Chihuahua y que terminó con el arresto esta semana de seis elementos de la Guardia Nacional.




Ahora la pregunta es, ¿Y a ellos? ¿Quién les pagará un abogado? 

fuente.-Benhard Buntru/

EL "GENERAL,el POLITICO y el NARCO": TRES CELEBRES "PERSONAJES" con el MISMO OBJETIVO de "ENRIQUECERSE"...en un mismo pais llamado "Mexico".

El narcotraficante más célebre del mundo, el responsable de seguridad durante el gobierno del presidente mexicano que inició la guerra contra el narcotráfico y un exjefe del ejército —la institución encargada del combate contra el crimen—, habrán pasado en menos de dos años por una corte de justicia de Nueva York. Según la fiscalía, los supuestos enemigos en una supuesta guerra tenían un mismo objetivo: enriquecerse con el tráfico de drogas a Estados Unidos.

La historia oficial de México decía que la violencia era el resultado del choque de dos mundos que representaban el bien y el mal. Joaquín “el Chapo” Guzmán, capo de capos, era el máximo antagonista de una lucha feroz contra las autoridades, encarnadas como pocos por el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón y por el general y exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en el de Enrique Peña Nieto.

Parte del relato judicial que se está construyendo en Estados Unidos, más cercano a la realidad, es que entre narcos y algunos altos cargos del Estado mexicano siempre ha existido una simbiosis. Pero después de 340.000 muertos y más de 77.000 desaparecidos en catorce años, los mexicanos no pueden depender de que esta historia se resuma a que algunos de sus protagonistas sean juzgados en una corte de Nueva York.

Las procesos que se desarrollan en Estados Unidos deberían servir para hacer justicia. Pero no menos como un impulso definitivo para investigar desde México las mentiras históricas y a los responsables de su pasado reciente. Y, al mismo tiempo, alertarnos sobre los peligros del presente: en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el país es todavía más violento y está más militarizado que durante los sexenios anteriores. La detención el 15 de octubre del general Cienfuegos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, llega en un contexto donde el presidente ha concedido a las Fuerzas Armadas el control de aduanas y puertos y el monto de los fideicomisos destinados al ejército aumentó más de un mil por ciento solo en los dos últimos trimestres del año pasado.

Los señalamientos públicos sobre sobornos y complicidad de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón empezaron en el juicio de Guzmán Loera el año pasado. En los últimos meses se han materializado en parte con las detenciones de García Luna y Cienfuegos. México seguirá ávidamente las pruebas y los testimonios presentados contra los dos fieles escuderos preguntándose si en la corte se llega a denunciar a los dos anteriores presidentes del país. Pero ningún juicio en Estados Unidos, sea cual sea el resultado, será suficiente para reparar a las víctimas y propiciar el cambio estructural que necesita México.

Primero, porque lo que se juzga es la conspiración o colaboración de unos individuos para que las drogas crucen la frontera y satisfacer así la demanda del mayor mercado de América, no los asesinatos, ejecuciones o desapariciones que han sumergido a México en un luto nacional. Segundo, porque si la justicia mexicana no actúa, la impunidad seguirá siendo un estímulo para el delito y un obstáculo para la denuncia. Tercero, porque mientras en Estados Unidos transcurren los juicios y el debido proceso, en este lado de la frontera los diferentes gobiernos estadounidenses siguen siendo un actor político fundamental, a veces incluso como si de política interna se tratara.

Todo esto ha sucedido en un contexto histórico que resalta el fracaso de las políticas para controlar la violencia y el negocio del narcotráfico: el próximo año se cumplirán 15 años de guerra contra las drogas en México, pero serán 50 desde que Richard Nixon declaró estas sustancias como “el enemigo público número uno” de su país y, por extensión, del mundo. Con el paso de los años la realidad ha desmoronado los mitos sobre los que se sustentan las políticas de mano dura de esa guerra.

Los militares mexicanos salieron de los cuarteles bajo la lógica de que, a diferencia de una policía corrompida, ellos eran incorruptibles. La detención de Cienfuegos es el episodio más simbólico, pero no el único de un ejército que se ha visto señalado por ejecuciones extrajudiciales. Un dato muy relevante: seis años después de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, las nuevas investigaciones sobre el caso apuntan a que los militares tuvieron un papel central aquella noche en contraste con lo que decía el gobierno de Peña Nieto.

La política de descabezar grupos criminales a través de grandes operativos ha mostrado ser más un problema que una solución: desde la extradición de Guzmán Loera en enero de 2017, México ha vivido los años más violentos de su historia moderna. La estrategia de desplegar militares en los estados más conflictivos no solo ha derivado en que se mate más, sino en que se mate cada vez más en más lugares.

Las erradicaciones de los plantíos de amapola tampoco han detenido el tráfico. Hasta 2017, los sembradíos crecieron un máximo de 44.100 hectáreas cultivadas. Desde entonces descendieron porque el fentanilo, un opiáceo más potente, barato y fácil de transportar, entró al mercado estadounidense proveniente de China. Para muchos cultivadores lo único que ha cambiado es que se han quedado sin sustento.

Las evidencias sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, sin embargo, no han conseguido quebrar el mito fundacional según el cual las drogas y el negocio ilícito alrededor de ellas son el principio y fin de los males de México. En muchas partes del país existen negociaciones, pactos más o menos volátiles entre crimen y autoridades, a través de los que se coordinan para extraer cualquier recurso del territorio. El dinero ilegal surte la economía legal mientras que los poderes estatales, que a veces combaten frontalmente al poder criminal, otras se asocian con él para gobernar. Se entiende en este contexto que el negocio del narco se haya asentado en México más porque estaban las condiciones dadas. No las creó. La utilidad que tiene la violencia para quienes se benefician de ella se traduce en un saldo trágico: más de 36.000 vidas solo el año pasado.

El presidente de México, Andrés Manuel López ObradorCredit...Henry Romero/Reuters

México era así cuando López Obrador llegó al poder. Después de sus palabras iniciales de cambio solo ha transitado el mismo camino que sus antecesores, incluso a mayor velocidad. A Guzmán Loera y García Luna los puede encuadrar en el pasado, pero la onda expansiva de Cienfuegos, a pesar de nunca haber ocupado puesto alguno en el actual gobierno, alcanza de lleno el presente. Los cinco generales de la plana mayor de la secretaría de Defensa Nacional (Sedena) trabajaron con el exjefe de las Fuerzas Armadas. Según informaciones periodísticas, la DEA tiene en su mira a otros seis militares mexicanos.

El presidente ha enarbolado la lucha contra la corrupción y la ruptura con la “mafia del pasado”. Ahora debe enfrentar una paradoja: cumplir sus promesas cuando ha ligado su sexenio a una institución central en los anteriores gobiernos, que ha fracasado en su objetivo de pacificar el país y está cada vez más en entredicho. Uno de los ejes de su Cuarta Transformación en materia de seguridad, la Guardia Nacional, es un cuerpo cada vez más militarizado que ahora además tiene la facultad de incidir en el proceso de justicia penal.

En esta encrucijada lo más probable es que López Obrador continúe la militarización. Lo mejor para el país sería que las lecciones que podamos aprender de los juicios en Estados Unidos y, sobre todo la realidad mexicana, le valieran para reflexionar y cambiar el rumbo de una política que quizás le sirva a su agenda, pero no a la seguridad del país.

En este cambio sería fundamental que gradualmente el ejército volviera a tener el papel tradicional de los ejércitos. La responsabilidad de la seguridad debería también regresar a unos cuerpos civiles mejor capacitados, con buen presupuesto y bajo una estrategia que empiece solucionando problemas locales. Y la regulación de la marihuana se debería aprobar al fin con una ley que responda a las necesidades sociales del país, no a intereses económicos extranjeros, y sea punto de partida para una conversación más amplia sobre otras drogas.

Ni el pasado, ni el presente ni el futuro de México se deberían juzgar en Nueva York. Una vez que se establezcan en Estados Unidos las conexiones entre el crimen y el Estado, lo central sería que este gobierno cree las condiciones y respete la independencia de la justicia mexicana para investigar en casa qué tan estrechos son los vínculos entre lo legal y lo ilegal. Es así como se puede empezar a esclarecer qué significa realmente la guerra contra el narcotráfico y a hacer justicia a las víctimas de homicidio, corrupción, impunidad, desplazamiento forzado o desaparición.

José Luis Pardo Veiras es periodista independiente, coautor de Narcoamérica: de los Andes a Manhattan, 55.000 km tras la ruta de la cocaína y fundador, junto con Alejandra Sánchez Inzunza, de Dromómanos, que actualmente investiga el homicidio en América Latina.

Fuente.-Jose Luis Pardo Veiras/

"EL CARTEL COLOMBIANO de los PACHENCA y 630 MILLONES de DOLARES en 14 TONELADAS de COCAINA que se FUERON al AGUA"...66 toneladas mas en 17 envíos.

Una incautación de 14 toneladas de cocaína ha dejado en evidencia a una red de tráfico que vincula al grupo colombiano Los Pachenca con una pequeña organización de tráfico en la península de La Guajira, una región árida y remota al norte de Colombia, ideal para traficar drogas por el Caribe.

El alijo, valorado en US$630 millones, es una de las mayores incautaciones en la historia reciente, según informó Noticias Caracol. El grupo de traficantes tenía un “monopolio” sobre las exportaciones de cocaína de La Guajira, según afirman funcionarios del ejército en un comunicado de prensa.

Una investigación sobre el grupo, que se llevó a cabo durante dos años, descubrió vínculos con Los Pachenca, una organización narcotraficante que opera en la ciudad de Santa Marta, al norte de Colombia. Según el comunicado de prensa, la red de tráfico le compraba cocaína a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, una zona de abundantes cultivos de coca ubicada al noreste del país.

El grupo de tráfico acopiaba las drogas en la Alta Guajira, en el extremo norte de Colombia. De las áridas playas de la región salían barcos cargados de drogas que navegaban entre Puerto López y Puerto Inglés. Una vez en aguas del Caribe, las drogas eran transferidas a diversas naves atracadas en puertos de Aruba, Honduras, República Dominicana y Puerto Rico, y finalmente eran recogidas por grupos narcotraficantes transnacionales, como se lee en el comunicado de prensa, el cual también señala que, entre 2018 y 2020, la red “hizo 17 envíos” en los que se traficaron 66 toneladas de cocaína.

Varias redadas en ciudades colombianas como Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Valledupar y Bogotá permitieron detener diez miembros de la organización. Las autoridades colombianas capturaron al presunto cabecilla de la organización, Reydis Rafael Valdeblanquez Morales, alias “Humito”, y a su padre, en la ciudad de Barranquilla, según informó El Heraldo.

Análisis de InSight Crime

Los vínculos de Los Pachenca con los traficantes de La Guajira son un indicio de que el grupo narcotraficante, debilitado por los golpes a sus operaciones en otras partes de Colombia, está buscando nuevos horizontes en la desértica península.

La Guajira es un punto de partida estratégico para la cocaína debido a su extensa y poco habitada costa en el Caribe, y a su proximidad a países insulares como Curazao y Aruba. Además, las drogas se pasan fácilmente a Venezuela, país con el que La Guajira comparte una corta frontera desértica; así lo afirma Fernando Trejos, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

“La Alta Guajira es un territorio vacío; hay muy poca población y eso facilita la movilidad de cualquier tipo de mercancía con cierta seguridad. Y lo otro es que en esos territorios hay una larga tradición de ilegalidad”, dijo el profesor Trejos en conversación con InSight Crime.

Los Pachenca coordinan el transporte de cocaína a través de rutas terrestres desde el Catatumbo y la región del Magdalena Medio hacia el norte, a través de las regiones rurales y montañosas alrededor de Santa Marta, en la costa norte de Colombia.

Pero el grupo parece estar debilitado recientemente, después de una serie de operaciones militares. Su principal jefe criminal, Jesús María Aguirre Gallego, alias “Chucho Mercancía”, murió tras un enfrentamiento con las fuerzas colombianas en junio de 2019. Mientras que otro líder del grupo fue asesinado en junio de este año.

Además, el grupo perdió el control sobre el contrabando de drogas del puerto de Santa Marta después de que un traficante aliado, Elkin Javier López Torres, alias “La Silla”, se entregara a las autoridades en diciembre de 2019.

“Ellos perdieron ese operador logístico para sacar [cocaína] por el puerto, y además el crecimiento de la industria turística en toda esa zona de la Troncal del Caribe ha hecho que cada vez sean menos las playas solas que hay en ese territorio”, agrega Trejos.

Dada la cantidad de cocaína incautada en La Guajira, parece que Los Pachenca habían puesto mucho empeño en el extremo más septentrional de Colombia.

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