Fueron en busca de empleo y terminaron esclavizadas, violadas y con sus hijos puestos en venta.
En el último episodio de tráfico humano en Nigeria,la policía liberó a 19 mujeres en cautiverio y rescató a cuatro bebés hallados en lo que se conocen como una "fábrica de bebés" localizada en Lagos.
Estas mujeres fueron engañadas y se les prometió un trabajo "con el propósito de embarazarlas y luego vender a los bebés", según las autoridades.
Aún se desconoce quiénes son y dónde están los compradores potenciales, pero las autoridades nigerianas revelaron que las niñas se venden por US$830 y los niños por US$1.400.
Durante la operación fueron arrestadas dos mujeres que hacían de enfermeras sin el debido entrenamiento, aunque la principal sospechosa permanece fugada.
Tanto las mujeres liberadas como los niños han sido reubicados y puestos en rehabilitación.
Desde que en 2006 un informe de la UNESCO describiera por primera vez la existencia de fábricas de bebés en Nigeria, este tipo de centros han proliferado por todo el país debido a la pobreza y la falta de control por parte de las autoridades.
El mismo informe indicaba que algunas de las mujeres usadas para estos fines incluso acuden de forma voluntaria sin saber lo que les espera para sacar provecho económico.
El engaño
Las mujeres rescatadas tienen entre 15 y 28 años y les trajeron a Lagos, la ciudad más grande de Nigeria, con la promesa de darles empleo.
Pero al llegar, fueron puestas en cautiverio y violadas.
Las penurias económicas en Nigeria contribuyen a que muchas mujeres sean engañadas.
"Una mujer me recogió en la estación de autobuses y me trajo aquí y, al día siguiente, fui convocada por nuestra madam, quien me dijo que no abandonaría la casa hasta el próximo año", dijo una de las rescatadas al periódico nigeriano Vanguard.
"Hasta ahora, me he acostado con siete hombres diferentes hasta descubrir que estaba embarazada. Me dijeron que después de dar a luz, sería pagada generosamente", continuó la mujer.
Otra de las víctimas contó a la BBC cómo fue retenida en contra de su voluntad y no se le permitió marcharse cuando descubrió que su bebé sería vendido.
Otra declaró que le quitaron el teléfono y el dinero, y le dijeron que no podía buscar atención médica a pesar de su estado.
"El problema de las fábricas de bebés en Nigeria es endémico y está presente desde hace un tiempo. El caso de Lagos es muy triste, pero no es un fenómeno nuevo en absoluto", dijo al programa de la BBC Africa TodayDebbie Ariyo, fundadora de la organización África Unida contra el Abuso Infantil (AFRUCA, por sus siglas en inglés).
Según Ariyo, el hecho de que constantemente aparezcan este tipo de establecimientos se debe a tres factores fundamentales.
El primero, la pobreza en las zonas de donde muchas de estas jóvenes vienen. El segundo, el rechazo que estas mujeres provocan en sus familias cuando quedan embarazadas, lo que les obliga a abandonar sus hogares en busca de ayuda.
La tercera, y la más importante según Ariyo, la falta de una estructura firme en el país que detenga, controle y prevenga el surgimiento de estos negocios.
Más de 160 niños rescatados
En abril de 2018, 100 niñas y 62 niños fueron rescatados por las autoridades policiales de una "fábrica de bebés" y dos orfanatos sin registrar en Lagos.
Los niños son vendidos por un valor entre que ronda los US$1.000.
En esa ocasión, algunos de esos niños y bebés mostraban signos de abuso sexual.
En 2013, 17 adolescentes embarazadas y 11 bebés fueron rescatados de una casa en el estado de Imo, al sureste del país.
Entonces, las adolescentes dijeron haber sido violadas por un solo hombre.
Son solo ejemplos de una terrible problemática a la que las autoridades nigerianas parecen no saber cómo hacer frente.
Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son:
La Cúpula, liderizada por Nicolás Maduro, Cilia Flores y los asesores cubanos.
El mal llamado “Cartel de los Soles” o para ser más precisos, el Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La tenebrosa “Corporación Siria” liderada por Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Vicepresidente del Área Económica.
La corporación familiar Diosdado Cabello.
Cada uno de ellos cumple con los estándares de la Unión Europea para ser calificados como grupos de delincuencia organizada.
A diferencia de lo que mucha gente puede creer, el término “Cartel de los Soles” se origina antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y de la conexión, posterior a 1999, de muchos oficiales altos y medios de las fuerzas armadas venezolanas con el narcotráfico. Según algunas opiniones el término fue utilizado desde el año 1993. Al margen de quién o cuándo se lanzó el término, en lo que todos coinciden es que su nombre se refiere a las insignias de soles que distinguen los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuatro soles en las insignias o charreteras para la más alta jerarquía de General en Jefe, tres soles para el grado de Mayor General, dos soles para el General de División y un sol para el General de Brigada.
Por otra parte, cártel es el término con el que, por lo general se identifica a una gran organización ilícita o a un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios para llevar a cabo sus actividades criminales, principalmente de narcotráfico. Típicos ejemplos de “carteles” han sido, por ejemplo, el Cartel de Medellín, el cartel de Cali en Colombia; o en México el Cartel de Sinaloa o el Cartel del Golfo. Estos carteles implican estructuras piramidales y jerárquicas claramente definidas, una jefatura visible, con permanencia en el tiempo y variedad de funciones, que pueden abarcar desde el refinamiento de cocaína en laboratorios hasta la colocación de la droga en los grandes mercados de Estados Unidos o Europa.
En el caso del “Cartel de los Soles” no se trata de una organización rígida y permanente, sino de redes que se instrumentan para la gestión de uno o varios envíos de cocaína desde Venezuela hacia al exterior, en el que intervienen directa o indirectamente oficiales activos o retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, bien sea amparados por los cargos que ocupan o por sus contactos. Por esta razón es inapropiada la designación de “cartel” aunque se haya popularizado en Venezuela y a nivel internacional.
En la Guardia Nacional venezolana, cuarto componente de las fuerzas armadas, creada en 1937 con funciones específicas de resguardo de fronteras, puertos, aeropuertos, instalaciones petroleras y parques nacionales, ampliadas a lo largo de los años a orden público, tráfico de drogas, seguridad ciudadana y secuestros, se instauró al correr el tiempo un sistema de corrupción vertical. En algunas zonas delicadas del país, los altos oficiales de la GN crearon una escala de sobornos práctica y operativa. Tropas, suboficiales y oficiales en el campo se reparten un 30% de los sobornos, los oficiales intermedios un 20% y el alto oficial un 50% de las “comisiones”. Esto funcionó, por ejemplo, para el paso de miles de vehículos robados en Venezuela hacia Colombia en los años 80 del siglo pasado, para el tradicional contrabando de licores o cigarrillos desde las islas del Caribe hacia las costas venezolanas o para la evasión fiscal de contenedores de mercancía importada en los puertos.
Tropas, suboficiales y oficiales en el campo se reparten un 30% de los sobornos, los oficiales intermedios un 20% y el alto oficial un 50% de las comisiones
Estos esquemas de corrupción en la Guardia Nacional existían antes de 1999, nunca fueron bien combatidos ni erradicados, y parecen haber servido de “modelo y ejemplo” de corrupción, tanto para otras áreas controladas por la Guardia Nacional Bolivariana, así como para los otros componentes de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales venezolanos.
Pero los grandes negocios del “Mal llamado Cartel de Los Soles” comienzan cuando iniciando su gobierno en 1999, el presidente Hugo Chávez envía a Colombia a oficiales de las fuerzas armadas a negociar casos de secuestros de venezolanos en manos de las FARC o del ELN y allí las bandas terroristas colombianas, por las cuáles el presidente venezolano sentía marcada simpatía, les explican que el “gran negocio” no son los secuestros sino el tráfico de cocaína, que para ese momento la FARC comenzaba a dominar en Colombia y que obtener vía franca a través de Venezuela sería una jugada estratégica determinante para mantener el financiamiento del conflicto interno en Colombia, causar mayor daño a la sociedad consumista y drogadicta norteamericana y de paso, les dejaría a estos oficiales unos cuantiosos porcentajes de cientos de miles de dólares para su usufructo personal.
Desde la primera presidencia de Hugo Chávez, rompiendo los juramentos y principios más elementales, los diferentes y sucesivos jefes de lo que se llama el Alto Mando Militar permitieron y aceptaron la entrada al país e intromisión de asesores y oficiales cubanos para establecer la nueva doctrina militar y dirigir operaciones de inteligencia; así como el establecimiento de destacamentos armados de las FARC colombiana en territorio nacional. A partir de los acuerdos de paz firmados en La Habana, la FARC ha sido reemplazada por destacamentos del ELN, a los que el régimen de Nicolás Maduro le ha entregado el control de territorios en el estado Bolívar y otras zonas del país. A raíz del llamado a las armas de una minoría de las FARC que denuncia el proceso de Paz, dado a conocer el 30 de agosto pasado y liderizado por Iván Márquez, el reagrupamiento de este grupo armado junto con el ELN, en territorio venezolano y contando con el abierto apoyo del gobierno de Nicolás Maduro. Para los oficiales de las fuerzas armadas, aceptar y permitir que en su territorio operen libremente grupos armados de otro país y que además actúen contra la población civil, constituye la peor de las traiciones a los principios y valores castrenses. Pero las dudas atormentan a diario a la oficialidad media y alta de las fuerzas armadas bolivarianas.
-Mi general, hemos confirmado la presencia de irregulares en las inmediaciones de Mapire…
-Está bien, capitán, descanse… Páseme el informe de operaciones y pasado mañana se viene para el comando para que conversemos.
-Pero, mi general, si me autoriza podemos interceptarlos en…
-Ricardito, además de ser mi mejor capitán, eres mi ahijado. Yo le prometí a tu mamá que te iba a cuidar…
-Pero, mi general…
-Te estoy cuidando, Ricardito. Tienes una brillante carrera, un buen porvenir… Yo pasaré el informe a la superioridad y esperamos instrucciones…
-Mi general, estas operaciones hay que hacerlas en caliente.
-Óyeme, Ricardito… A mí me faltan dos años para pasar a retiro, no quiero vainas ni peos… Que decidan en Caracas. Si ellos dicen que no hagamos nada, no hacemos nada. Y esto te lo digo por la confianza y respeto que existe entre nuestras familias… Algún día estos malos tiempos pasarán.
En la Guardia Nacional Bolivariana existe un sistema de corrupción vertical con una escala de sobornos práctica y operativa.
En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana coexisten cuatro tipos de oficiales. Una minoría que no alcanza al uno por ciento, que se beneficia de forma desmesurada y casi grotesca, de las actividades criminales, de corrupción o que consiguen a través del abuso de sus privilegios. Otra minoría, de un 10% de oficiales que, si bien no participan del festín criminal, actúan en beneficio propio, son cómplices por omisión, por dejar hacer o mirar hacia otra parte “cumpliendo órdenes”; un 60% lo constituyen oficiales institucionales, que tratan de “pasar agachados”, de cumplir sus tareas sin llamar la atención, de centrarse en la realización profesional, de focalizarse en lo técnico y tratando de no caer en abusos, excesos o ilegalidades esperando que los tiempos cambien, muchos de ellos en la fuerza aérea o la armada; y cerca del 30% restante son oficiales no conscientes, que no se involucran ni les importa lo que ocurra en el país o dentro de su componente y les basta con los beneficios legales que gozan por ser militares. Pero todos, incluyendo a sus familiares directos, están monitoreados, supervisados y examinados con lupa por la temible Dirección General de Contrainteligencia Militar y los especialistas cubanos, pendiente de la más mínima sospecha para arruinarles la vida.
Sobre este complejo e inestable conglomerado, desde el 2014 manda el ministro de la Defensa, mayor general Vladimir Padrino López, asegurando la represión armada que La Cúpula le requiera, velando para que los diferentes grupos de oficiales puedan saciar sus expectativas, tanto las legales y profesionales, como las criminales y acumulando fortuna personal manejando toda la logística operativa de los cuarteles. En el 2015 a Padrino López le tocaba pasar a retiro, pero ha sido ratificado año tras año por Nicolás Maduro. Un alto Oficial que por razones obvias no quiso revelar su identidad, interrogado sobre el ministro, mantiene un ambiguo razonamiento:
-¿Vladimir Padrino participa en operaciones de narcotráfico?
-¿Mi general Padrino? No, nunca…
-¿Pero, él sabe que altos oficiales están traficando cocaína o gasolina?
-Bueno, sí, positivo, él tiene conocimiento de eso…
-¿Y Padrino no hace nada al respecto?
-No, mi general no hace nada.
-¿Entonces, el ministro Padrino es cómplice de todo eso?
-Bueno, cómplice… Decir cómplice es como decir mucho…
-¿Y entonces cómo lo calificaría usted?
-No sé… Es mi general Padrino.
A partir del año 2002, entre una corrupta alta oficialidad venezolana empieza la danza de los millones. Contaban con el visto bueno presidencial y gozaban de impunidad casi absoluta dentro del territorio venezolano. Pero los oficiales estaban sujetos a una casi obligada rotación anual en los cargos y muy pocos ocupaban funciones determinantes relacionadas con el narcotráfico, como ser jefes de zonas fronterizas, tener a su cargo los radares, las aduanas, el patrullaje marítimo, o los territorios sensibles del Alto Apure. En esa designación de los cargos jugó un papel importante, en su momento, Diosdado Cabello, cuyos compañeros de promoción habían ascendido en la jerarquía militar. Los altos oficiales corruptos ampliaron sus operaciones, dependiendo del sitio y cargo que les designaran y sumaron a sus actividades ilícitas el contrabando de gasolina hacia Colombia, operación altamente rentable y mucho menos vigilada internacionalmente que el tráfico de cocaína.
Por otra parte, para consolidar el apoyo militar a su gobierno, al llegar a la presidencia, Nicolás Maduro comienza a ceder más y más áreas ejecutivas al estamento militar. Todo el aparato de seguridad del Estado, desde el año 2013 hasta el presente, está en manos de altos oficiales activos; un conglomerado de más de 20 empresas estatales pasan a ser dirigidas por altos oficiales. En Venezuela hay cerca de 2.000 oficiales con jerarquía de general o almirante, cuando por ejemplo en los Estados Unidos son 900 y en China, con el ejercito más numeroso del mundo, sólo 190.
Además de participar en casi todas las estructuras de la Administración Pública, a raíz de la sentencia 1.421 del Tribunal Supremo de Justicia dictada en el 2016, las empresas del Estado no pueden ser controladas o fiscalizadas por la Contraloría General de La República ni por ninguna otra institución, otorgando así una puerta abierta a la corrupción e impunidad.
En Venezuela hay cerca de 2.000 oficiales con jerarquía de general o almirante, cuando por ejemplo en los Estados Unidos son 900 y en China, con el ejercito más numeroso del mundo, sólo 190
En el 2016, luego de la derrota oficialista ocurrida en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, La Cúpula tenía que neutralizar rápidamente a la opositora Asamblea Nacional, tomando medidas claramente ajenas al orden constitucional, pero que fueran aceptadas por el estamento militar. Esto se logra entregando a “los militares” dos nuevas y jugosas áreas de negocio: el llamado Arco Minero y el control de los alimentos. En paralelo al manejo legal, surgen o se potencian en el campo minero decenas de cooperativas explotaciones ilegales de oro, diamantes, coltán y otros minerales preciosos en el Sur del país; y en el campo de los alimentos se designa a un general para que maneja a cada uno de los rubros de importación o producción: los pollos, los huevos, la carne, la harina, las patatas, los tomates, el plátano...
En Venezuela miles de personas hurgan las bolsas de basura buscando algo de comer, niños mueren por desnutrición, pero en algunos supermercados o “bodegones de delicatesses” exhiben cualquier producto importado y lo venden a tres o cuatro veces su precio internacional; y por lo general, éste reducido pero muy rentable mercado lo manejan militares o comerciantes asociados con ellos.
En noviembre de 2017, para consolidar su Poder, el mal llamado Cartel de Los Soles recibe también la dirección de la estatal PDVSA. Si bien no se puede hablar de “un cartel” dentro del componente militar y a niveles jerárquicos inferiores existen serias diferencias y múltiples tendencias en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los suboficiales y la tropa simplemente obedecen. El Alto Mando, es decir, la máxima jerarquía militar juega en comunión de intereses con “La Cúpula.”
El Alto Mando militar actualmente está integrado por:
General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa.
Almirante Remigio Ceballos Ichaso, comandante del CEO-FANB desde junio de 2017.
Mayor General Fabio Enrique Zavarse Pabón, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana desde el 7 de julio de 2019.
Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, comandante del Ejército desde el 7 de julio de 2019.
Almirante en Jefe Guiseppe Alessandro Alessandrello Cimadevilla, comandante de la Armada desde julio de 2018.
Mayor General Pedro Alberto Juliac Lartiguez, comandante de la Aviación desde julio de 2018.
Mayor General Manuel Gregorio Bernal Martínez, comandante de la Milicia desde el 7 de julio de 2019.
Vladimir Padrino López junto a la alta comandancia militar bolivariana que se encuentra comprometida en el narcotráfico y mucho otros negocios delictivos (REUTERS/Manaure Quintero)
El mal llamado Cártel de Los Soles, maneja actualmente, bien sea como operador o por cobrar porcentajes a terceros que las operan, las siguientes actividades ilícitas: Macrotráfico internacional y abastecimiento al microtráfico nacional, contrabando de gasolina, minería irregular, explotación de madera, reventa de productos regulados, tráfico de armas y municiones en el sistema carcelario... Es tal el afán, la desesperación por lucrarse e impunidad permitida, que oficiales de la Guardia Nacional Bolivarianas, convirtieron la represión y el control del orden interno en un nuevo negocio, pidiendo rescate a las familias por los muchachos y estudiantes detenidos en las protestas de calle o manifestaciones ocurridas durante la rebelión de febrero a julio de 2017.
Como reflejo formal del interés compartido con La Cúpula, el ministro de la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López tuvo que arrodillarse, en el sentido exacto de la palabra, ante el anciano dictador Fidel Castro el 5 de septiembre de 2015 en La Habana, en una especie de “unción” o de aceptación de los pactos establecidos.
El “Mal llamado Cartel de Los Soles” es responsable directo de las muertes cometidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, DGCIM, durante las protestas del 2014 y del 2017; de los mal tratos y torturas cometidas en los centros de detención castrenses y de los ilegales juicios militares ordenados contra civiles.
La Cúpula y el “Mal llamado Cartel de Los Soles” mantienen una relación de interdependencia, se necesitan mutuamente para mantenerse en el Poder, para que no caiga la dictadura de Nicolás Maduro y que la minoría de altos oficiales corruptos que conforman el Alto Mando Militar siga amasando fortunas. Ambos saben que si se debilita aún más y cae el régimen, el futuro personal de cada uno de ellos será la cárcel, el exilio en un inhóspito país o vivir escondido el resto de sus vidas.
Uno de los helicópteros Agusta Westland utilizados por el alto mando militar, el general Luis Crescencio Sandoval, para trasportarse en territorio nacional sufrió un incidente al perder sustentación y caer unos cuantos metros durante un vuelo de práctica.
El hecho ocurrió el jueves 26 de septiembre en la plataforma de la Base Aérea Militar Número Uno (BAM-1) en Santa Lucía. La aeronave es un AW-190SP, matrícula 1909. El aparato pertenecía a la flota del Estado Mayor Presidencial (EMP) y fue asignado a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para operar como transporte ejecutivo con la identificación DN-1, que corresponde al secretario de la Defensa Nacional (Sedena).
El helicóptero es una de las 370 aeronaves que acaban de ser reaseguradas por la FAM mediante una nueva contratación por 49 millones de dólares por la cobertura de la póliza de seguros que nuevamente maneja Seguros Atlas.
El reaseguro de las 370 aeronaves comenzó a ser efectivo desde el pasado 25 de agosto, fecha en la que cada año se renueva la contratación de la póliza para cubrir las operaciones de la flota aérea militar.
De acuerdo con el documento Cédulas de Aeronaves de la FAM con el que se llevó a cabo el reaseguro de los aparatos, el helicóptero AW-109SP, matrícula 1909 (número de serie 22374), los daños al casco (estructura) están valuados en 150 mil dólares estadunidenses.
En tanto, la suma asegurada por el casco equipado es de 8 millones 210 mil 016 dólares, mientras que la cantidad límite a pagar por responsabilidad civil es de 10 millones de dólares.
El AW-109 es una de las 128 aeronaves de ala rotativa que posee la FAM y es la primera en sufrir un incidente en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este incidente no hubo lesionados. El 1° de julio de 2016 un AW-109SP de la FAM se estrelló en Oaxaca falleciendo sus tres ocupantes.
Para los directivos del Cruz Azul la derrota de su equipo ha significado un buen negocio en los últimos 16 años. A espaldas de los poco 764 socios de la Cooperativa y pese a que en las últimas décadas La Máquina es uno de los conjuntos que acumula más derrotas en finales de la liga, sus dirigentes
—que hace unas semanas recuperaron el poder— maximizaron sus ganancias.
Las autoridades rastrean sus operaciones ante la posibilidad de que sus directivos hayan incurrido en lavado de dinero, revelaron a ejecentral funcionarios que conocen los detalles de las pesquisas.
Documentos oficiales obtenidos por este periódico revelan que Guillermo Billy Álvarez Cuevas, director general de la Cooperativa; su hermano Alfredo Álvarez Cuevas, exdirector comercial, y Víctor Garcés, exdirector jurídico, el 30 de noviembre de 1992 constituyeron en Islas Caimán —un país considerado como paraíso fiscal— una reaseguradora que llamaron Blue Eagle Re. A través de esta empresa aseguraron los activos más importantes de la cementera: el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul.
En esta trama se incluirían otras operaciones presuntamente fraudulentas, una de ellas la posible evasión de impuestos en México y una más, que fue denunciada en 2010 ante la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República (FGR). En el expediente PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/AP/167/ 2010, se asegura que con la contratación de seguro y reaseguro para la Cooperativa La Cruz se facturaba a sobreprecio, lo que representaría mayores ganancias para los hermanos Álvarez Cuevas y sus socios. Este expediente no fue consignado ante un juez, porque se determinó, sin explicación, el no ejercicio de la acción penal.
En el caso del SAT y el pago de impuestos, la institución se negó a revelar a este periódico si sancionó de alguna forma a los empresarios, escudándose en el secreto fiscal. Sin embargo, de acuerdo la lista de condonados que dio a conocer este martes 1 de octubre, la Cooperativa y el club se beneficiaron con no pagar en cinco años de más de 342 millones en de pesos.
Hace una semana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer, sin precisar nombres, que la evaluación de riesgos arroja posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes de futbol, por lo que ya se revisan.
Este periódico solicitó una entrevista con Guillermo Álvarez Cuevas para conocer su posición, pero hasta el cierre de esta edición su área de prensa no dio respuesta a la petición.
¿Impuestos pagados?
Aunque en 22 años la escuadra celeste sólo logró un título de liga, el de Invierno de 1997, la desgracia deportiva no generó pérdidas para los dirigentes. En términos monetarios, si Cruz Azul era campeón, la reaseguradora Blue Eagle Re debía pagar un millón de dólares al equipo. Pero si no alzaba la copa, la póliza de 40 millones de dólares que pagaba la Cooperativa al año, quedaba en la propia compañía creada por los hermanos Álvarez y Víctor Garcés en las islas caribeñas.
El dato. Como directivos de Blue Eagle Re aparecen Alfredo Álvarez Cuevas; Guillermo Álvarez Cuevas y Carlos Javier Terroba Wolff.
Los documentos muestran que la reaseguradora Blue Eagle Re fue constituida por los tres empresarios y también por Carlos Javier Terroba Wolff, bajo el amparo de la Licencia de Asegurador Sin Restricciones Clase B de la Sección 4 de la Ley de Seguros de Islas Caimán. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el hecho de tener recursos en el extranjero no constituye un delito por sí mismo, lo ilegal es que esas inversiones tengan una utilidad y que ésta no sea declarada en México con el propósito de evadir el pago de impuestos.
Una auditoría elaborada el 3 de abril de 2009 por KPMG, en poder de este periódico, establece que al menos de 1993 a 2008 Blue Eagle Re tuvo el privilegio de no pagar impuestos. Para 2008 la reaseguradora se disolvió, dos años antes de que el gobierno mexicano suscribiera un acuerdo con Islas Caimán, con la autorización del Reino Unido, para intercambiar información en materia tributaria, el cual entró en vigor hasta 2012.
Pero fue hasta 2017 que quedó en evidencia la ruta del dinero que emplearon los directivos del Cruz Azul para evadir impuestos y ganar dinero del futbol aún perdiendo, gracias a la firma de abogados offshore Appleby que contrataron para crear la reaseguradora, de acuerdo a los documentos que dio a conocer el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con información obtenida por el diario alemán Suddeutsche Zeitung.
›ejecentral solicitó al Servicio de Administración Tributaria que informara, vía transparencia, si los hasta entonces directivos de la Cooperativa La Cruz Azul habían sido investigados a partir de las pesquisas generadas por las revelaciones periodísticas de Panama Papers, Bahama Leaks y Paradise Papers; sin embargo, el órgano de recaudación fiscal del Estado mexicano determinó la información como confidencial. El Pleno del INAI confirmó la respuesta.
En 2011, Víctor Garcés dejó de pertenecer a la Cooperativa Cruz Azul; sin embargo, apenas a inicios de septiembre de 2019, el exdirector jurídico de la cementera reapareció públicamente para asumir funciones y realizar cambios dentro del equipo de futbol.
Todo asegurado
Blue Eagle Re contrató los servicios de Glacier Reinsurance, una empresa con sede en Suiza acreditada ante el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras, como lo estipula la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas de México.
De esta manera, Glacier Reinsurance asumió riesgos específicos de pólizas emitidas por La Cooperativa Cruz Azul, sus subsidiarias y afiliadas. Dentro de las pólizas reaseguradas se encontraba uno de los activos más importantes de la cooperativa, se trataba del equipo de futbol Cruz Azul, al que se le conoce como el eterno subcampeón de la liga mexicana.
Según lo asentado en la auditoría de KPMG, Blue Eagle Re reaseguró con Glacier Reinsurance AG, el 100% de una póliza emitida a nombre del Club Deportivo, Social y Cultural Cruz Azul A.C., la cual cubría dos torneos por año, el de Apertura y Clausura del futbol mexicano.
La póliza les pagaba a los directivos entre uno a dos millones de dólares, dependiendo de los puntos que alcanzaba el equipo en cada torneo por separado. Si obtenía el campeonato del torneo o si registraba un mínimo de puntos a los largo de la competencia, recibía un excedente de un millón de dólares más.
“La póliza subyacente cubre dos torneos por año, y pagará entre 1,000,000 USD a 2,000,000 USD, a un límite de 1,000,000, dependiendo de los puntos obtenidos (2007: 2,500,000), al Club, por si acaso obtiene el campeonato del torneo y obtiene un mínimo de puntos a lo largo de la competencia”, se lee en el dictamen de KPMG.
En términos prácticos, Blue Eagle Re —la reaseguradora creada por los mismos directivos de la Cooperativa y del equipo Cruz Azul— debía entregar al club los beneficios que pactaban con Glacier Reinsurance, que incluía hasta un millón de dólares si eran campeones, por ejemplo.
La contratación de estos seguros y sus beneficios nunca fueron notificados a los cooperativistas, por lo que ignoran si alguna vez se entregó este dinero, de acuerdo a las consultas que realizó este periódico.
Los directivos no sólo aseguraban al equipo de futbol, también a la cementera, y a los trabajadores con diferentes beneficios que iban desde desempleo, incapacidad hasta defunción. El costo que cubría la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. por la prima ascendía a 40 millones de dólares. En este caso los cooperativistas tampoco estaban enterados y rechazan haber recibido alguno de estos beneficios, por lo que el 16 de julio de 2010 interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General (FGR), que quedó asentada bajo el número PGR/SIEDO/ UEIORPIFAM/AP/167/2010.
En el expediente los trabajadores de la Cooperativa La Cruz Azul aseguran que al tratarse de una reaseguradora propiedad de los hermanos Álvarez Cuevas, el pago de la prima por 40 millones de dólares, ya representaba una ganancia para ellos.
Caso archivado
Los trabajadores de la cooperativa se enteraron tarde de estas operaciones presuntamente fraudulentas, porque cuando presentaron la denuncia la empresa Blue Eagle Re se había disuelto dos años antes, en 2008.
José Luis Carbajal Campos promovió la averiguación previa en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En ella se denunciaba que, por medio de la contratación de seguro y reaseguro que se hacía para la Cooperativa La Cruz, Terroba Wolff facturaba con un sobreprecio, pues el valor real del seguro se duplicaba hasta pagar los 40 millones de dólares.
“En este sentido, las aseguradoras reciben el importe de aquello que les corresponde y ya con el dinero en el extranjero la parte que corresponde al sobreprecio se desvía a LUMMAR H. CORPORATION y BLUE EGLAE”, se lee en la denuncia cuya copia se puede consultar en el blog La nueva cruz azul.
›La averiguación previa se basó en el testimonio de Terroba Wolff, quien según lo expuesto en la denuncia, el 30 de septiembre de 2009 confesó a cooperativistas, durante una reunión, que las operaciones en las que se utilizó a las aseguradoras llegaron a un monto de 400 millones de dólares. Lo dicho en esta reunión fue confirmado en el expediente por José Alfredo Álvarez Cuevas.
Luego de 10 días, el 26 de julio de 2010, José Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de Guillermo, envió una carta al Agente del Ministerio Público de la Federación para negar su participación en los hechos denunciados en la averiguación previa. “(…) manifiesto que tuve conocimiento de ellos, al igual que muchos de mis compañeros socios cooperativistas de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., el día 30 de septiembre de 2009, fecha en la que se presentó el señor Carlos Javier Terroba Wolff para explicar las operaciones en las que se había participado en unión de otras personas y que son aquellas que han referido precisamente, por cierto, los medios de comunicación”.
Como beneficiarios de este mecanismo se señaló a Guillermo Álvarez Cuevas, director general de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L, así como Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul y a Carlos Terroba Wolff, a quien se identificaba como director de un grupo empresarial y operador de accionista con representación legal de Lummar H. Corporation y Blue Eagle Re.
Nada pasó en 2010. De acuerdo con el testimonio de cooperativistas consultados por ejecentral, la denuncia aparentemente no fue ratificada y se archivó. Por ello, José Antonio Marín Gutiérrez, socio de la Cooperativa, exigió en entrevista que se investigue las operaciones de los directivos del equipo de futbol Cruz Azul.
“Hemos escuchado sobre el lavado de dinero en diferentes equipos de futbol y acaba de salir Santiago Nieto a decir que se está investigando a muchos clubes de futbol por eso. No sabemos a ciencia cierta si Cruz Azul haya entrado a ese esquema, pero hay una sospecha tremenda”, apuntó.
Préstamos sin pérdidas
Antes de que se disolviera Blue Eagle Re (empresa que se alimentaba financieramente de la Cooperativa La Cruz Azul) le hizo un préstamo por cuatro millones de dólares a Lummar H. Corporation. El 4 de abril de 2008 la aseguradora le prestó a su matriz un millón de dólares; posteriormente el 21 de mayo de 2008, le transfirió otro millón de dólares y el 4 de noviembre 900 mil dólares adicionales.
Los términos del acuerdo establecían que el préstamo incluía una tasa de interés de 4.728% anual y se pagaría totalmente, con intereses acumulados, en 48 mensualidades que iniciaban a partir del 30 de enero de 2009.
Hemos escuchado sobre el lavado de dinero en diferentes equipos de futbol (…) No sabemos a ciencia cierta si Cruz Azul haya entrado en ese esquema, pero hay una sospecha tremenda”. José Antonio Marín Gutiérrez, cooperativista de Cruz Azul.
Sin embargo, antes de que iniciara el plazo de pago, Blue Eagle Re prestó otro millón de dólares. Al final los cuatro millones de dólares no los pagó Lummar H. Corporatio. Esto no se tradujo en una pérdida para Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, ni para Javier Terroba Wolff, pues de acuerdo con el apartado Gestión de riesgos financieros, integrado en el dictamen de KPMG, los dueños de las dos aseguradores eran los mismos directivos de la Cooperativa La Cruz Azul:
“Los montos adeudados de partes relacionadas se deben a una entidad que está relacionada con la compañía por medio de propiedad común. La gerencia no espera pérdidas económicas como resultado de esta relación”.
Es decir, los directivos de la Cooperativa La Cruz Azul se autoprestaron cuatro millones de dólares. Ya para diciembre de 2008, la administración de Blue Eagle Re, que no tenía empleados, decidió no renovar el programa de reaseguro.
“Subsecuente a fin de año, la Empresa declaró dividendos por 4,058,958 USD. Una parte de los dividendos se aplicará al reembolso del préstamo a la Matriz por 2,900,000 más intereses por cobrar por 58,958 al 30 de noviembre de 2008. El saldo por 1,100,000 USD se destinará al reembolso del préstamo a la Matriz que se hizo subsecuente al 30 de noviembre de 2008”, se detalla en el dictamen de KPMG.
Hasta le regresan dinero
Durante cinco años, tanto a la Cooperativa como al club deportivo Cruz Azul, el SAT les condonó 342 millones 847 mil 702 pesos, de acuerdo con la información contenida en la base de datos que el Servicio de Administración Tributaria entregó a Fundar, luego de que dicha fundación solicitó que se transparentaran los nombres de las personas y empresas a quienes el Estado mexicano les condonó y canceló impuestos entre 2007 y 2015.
›El Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul A.C. en 2007 recibió una condonación por 328 millones 781 mil 762 pesos y cinco años, después se le perdonó el monto de un millón 873 mil 178 pesos.
En el caso de la Cooperativa La Cruz Azul, en 2008 fue favorecida con no cobrarle un millón 308 mil 291 pesos, y dos años después fue beneficiada con un no pago de 10 millones 775 mil 320 pesos. Luego en 2015 se le condonó 103 mil 117 pesos.
Pero sobre las investigaciones, ante posible evasión de impuestos, el SAT se declaró impedido a informarlo. ejecentral solicitó al Servicio de Administración Tributaria que le informara si los hoy directivos de la Cooperativa Cruz Azul habían sido investigados, si se les había invitado a regularizar su situación fiscal o si habían declarado o pagado impuestos por ganancias obtenidas de la empresa Blue Eagle Re, la cual se había constituido en Islas Caimán.
Sin embargo, el SAT respondió que su Comité de Transparencia clasificó la información como confidencial en sus sesiones extraordinarias del 30 de abril y 2 de mayo de 2019. Además, el Servicios de Administración Tributaria adjuntó como respuesta un oficio de la Administración General de Auditoría Fiscal del Distrito Federal “4”, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal donde se confirma la confidencialidad, dado que estaba protegida por el secreto fiscal en términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
“El personal que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación (…)”, respondió el SAT.
También confirmó que el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública considera información confidencial el secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuando la titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados cuando no se involucren recursos públicos.
No obstante, se señala que la reserva no será aplicable cuando se trate de investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, la persona o intermediario que adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita con el propósito de ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir el origen, localización, destino o propiedad de los recursos, derechos o bienes o alentar alguna actividad ilícita.
Pese a ello, el SAT argumentó que las solicitudes de información respecto a los directivos de la Cruz Azul no se ubicaban en ninguno de los casos de excepción que plantea el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. El INAI tampoco consideró las excepciones y confirmó la confidencialidad de la información.
El regreso de Víctor Garcés
Los problemas en la Cooperativa La Cruz Azul comenzaron alrededor de 2011, cuando se descubrieron los presuntos malos manejos entre directivos de la marca. Víctor Garcés Rojo, cuñado de Guillermo Billy Álvarez fue expulsado como socio cooperativista y dejó su cargo como director jurídico de la cooperativa. En mayo de ese año, Alfredo Álvarez Cuevas presentó su renuncia como vicepresidente de los cementeros al no estar de acuerdo con el manejo financiero y deportivo del club. Y es que en 2010 ya había sido destituido como director comercial y director general adjunto de Concretos Cruz Azul, así como suspendido como socio y presidente la Comisión de Conciliación y Arbitraje de la Cooperativa. La unidad entre hermanos y cuñado parecía disuelta.
Pero Víctor Garcés regresó. Fue el 5 de septiembre de 2019, en el programa Futbol Picante, donde el dirigente cementero reapareció para reconfigurar al equipo y a la cooperativa: definió a Robert Dante Siboldi como nuevo entrenador de la escuadra azul en sustitución de Pedro Caixinha y adelantó que el entonces director deportivo del equipo, Ricardo Peláez no tenía garantizada su continuidad. Además puntualizó que junto con Alfredo Álvarez se encargaría de la vicepresidencia del equipo.
El regreso además tenía un trasfondo que sobrepasaba lo futbolístico. El 22 de agosto de 2019, el juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México suspendió a Guillermo Álvarez Cuevas como director general de la Cooperativa Cruz Azul, ya que así se determinó en asamblea de cooperativistas en 2011, estableció el juzgador. Esta decisión fue revertida por Billy Álvarez a través de varios amparos.
El juez, además, determinó una multa por siete mil 500 pesos y embargó, y retuvo los bienes de la Cooperativa Cruz Azul, aunado a que designó como interventor a José Antonio Marín Gutiérrez, líder del grupo opositor a Guillermo Álvarez, y quien se desempeñaba como gerente de optimización de la planta de Hidalgo. Y quien denunció en abril de 2019 en entrevista con ejecentral que por 10 años en la Cooperativa se ha vivido un “terrorismo jurídico” con la finalidad de que no operen los consejos de Administración y Vigilancia de la cementera.
A decir de Marín Gutiérrez en el Consejo de Vigilancia, los 764 socios de la cooperativa eligieron el 29 de septiembre de 2018 a Víctor Velázquez —director comercial y quien fue encarcelado por el delito de extorsión— como presidente del ente encargado de fiscalizar a la cementera, pero, dijo, la dirección general de Guillermo Álvarez impugnó la decisión.
Respecto a la sentencia que inhabilitó a Guillermo Álvarez, José Antonio Marín Gutiérrez, señaló: “Desafortunadamente la sentencia y las medidas cautelares que se dictaron, estos señores con muchas argucias fueron y pusieron un amparo en el Juzgado Quinto y el juez les concedió una suspensión de las medidas cautelares y en el término de tres o cuatro días nos tumbaron todo lo que ya se había conseguido”.
El actor Alan Kaleb Pardo, nieto de la actriz Helena Rojo, fue detenido hace un par de semanas en el aeropuerto Jorge Chávez de Perú donde le encontraron 50 cápsulas con cocaína en el sistema digestivo.
Después de la investigación correspondiente, el joven actor de programas unitarios de Televisa como “La Rosa de Guadalupe”, confesó al Ministerio Público de Perú que era culpable de los hechos. Fue condenado a 6 años 8 meses de prisión, por el delito de tráfico ilícito de drogas en su forma básica.
Se enfrentaba a una pena de 8 años como mínimo o a 15 años como máximo, pero por colaborar con las autoridades, se le dio la pena de casi 7 años; cuando sea mayo de 2026, será expulsado de Perú y se le prohibirá la entrada al país.
Además, el 3° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, en Lima, le impuso una multa equivalente a unos USD 2,700.
A Alan Kaleb Maldonado Pardo se le encontró droga en el sistema digestivo cuando intentaba viajar a México (Foto: Twitter @aalexpb)
Alan Kaleb se mostró serio mientras escuchaba la condena, y guardó silencio en la mayor parte del tiempo, salvo algunos comentarios con su abogado.
El actor de “La Rosa de Guadalupe” pretendía viajar de Perú a México con 50 preservativos con cocaína, que en peso neto resultó en 1 kilo 438 gramos.
La policía fue alertada por los constantes viajes del joven al Perú, pues había viajado unas 11 veces entre México y Perú, donde rentaba un departamento por unos 3 días, y luego volvía a su país natal.
Alan fue detenido cuando estaba en el mostrador de la aerolínea LATAM Airlines. La Policía Nacional de Perú le hizo una inspección corporal con rayos X y descubrieron el cargamento.
Fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde evacuó vía rectal 50 envoltorios de látex, o preservativos, con cocaína.
La noticia de su arresto trascendió el martes 17 de septiembre, pero su detención ocurrió el viernes 13 de septiembre. En total, pretendía trasladar a México 1.796 kilogramos de cocaína.
Generalmente, a las personas que se les detectan estupefacientes son imputadas por delitos de flagrancia, por lo que consiguen un juicio abreviado en poco tiempo y una condena que no supera los cuatro años de prisión. Al cumplir los dos tercios de la condena pueden quedar en libertad o, en el caso de los extranjeros, volver a su país de origen.
Popularmente, a esta modalidad de tráfico de drogas se le conoce como “mulas” o “burros”, pues llevan oculta o ingerida la mercancía ilícita, pese a poner en riesgo su salud.
Pero las “mulas” son el eslabón más debil en la cadena del narcotráfico. Muy pocas veces su detención lleva a grandes avances en la investigación para desbaratar a las bandas delictivas.
Alan Kaleb ha interpretado algunos personajes en "La Rosa de Guadalupe" (Foto: YouTube)
Esto sucede principalmente porque las y los ingestados no tienen información sobre los líderes jerárquicos de la banda, los teléfonos que pueden brindar no conducen a pistas concretas. Tampoco quieren hablar por miedo a lo que los narcotraficantes puedan hacerle a sus familiares o a ellos mismos por venganza.
La familia de Alan en un principio lo había reportado como desaparecido, sin imaginar que el actor estaba detenido en el Perú, como mmuchos mexicanos. Según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en Perú está el mayor número de mexicanos presos en América latina por narcotráfico; para junio de 2019, había 235 mexicanos.
La actitud del uniformado que podria confundir a "policias con sicarios",hace patente las violacion al "Estado de derecho",que de acuerdo a la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU),puede definirse como «un principio de gobernanza en el que todas las personas,las instituciones y entidades, ya sean públicas o privadas, incluido el propio Estado,están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual.
Dicho de modo mas llano, aquellos que representan a la autoridad deben de conducirse dentro de los cauces de la legalidad, por lo que esta de mas decir que solo les esta permitido hacer lo que la ley señala y lo que los reglamentos internos determinan, a diferencia de los ciudadanos quienes pueden hacer todo lo que la ley "No prohibe",conducirse en sentido contrario es conducirse como criminales.