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lunes, 14 de septiembre de 2015

Los "SICARIOS de la PGR" en CASO IGUALA son solo "ALBAÑILES TORTURADOS".

Los resultados de la investigación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –la cual echa por tierra la existencia de la pira funeraria masiva– no es el único golpe a la versión de la PGR sobre el caso Ayotzinapa. Ahora hay otro torpedo disparado a la línea de flotación de la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam: las confesiones de los supuestos sicarios que hablaron de la quema en un basurero de Cocula de los cuerpos de los normalistas… Fue obtenida mediante el recurso de torturar a cuatro albañiles.
Según el gobierno federal, uno de los principales operadores del grupo criminal Guerreros Unidos en Cocula, Guerrero, es Patricio Reyes Landa Salgado. La realidad es que se trata de un albañil tan pobre que su familia recibe fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En noviembre de 2014 este hombre fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR), junto con otros tres trabajadores de la construcción, como responsable del asesinato y cremación de los 43 normalistas de Ayotzinapa –secuestrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año– en el basurero del cercano municipio de  Cocula.
Para cerrar el caso, el pasado 27 de enero el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, presentó a Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado como las piezas que resolvían todo. Afirmó que ellos habían confesado el asesinato e incineración de los estudiantes, y agregó que todas las pruebas científicas apuntalaban las confesiones.
Pero el sábado 5, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en realidad tal cremación nunca ocurrió.
Ahora se sabe, por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez Salgado y los testimonios de sus familiares, que los albañiles fueron torturados. En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense independiente, concuerda: quienes “confesaron” el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante tortura.
La PGR afirmó en noviembre de 2014 que Reyes Landa, Osorio y García Reyes confesaron haber triturado los restos de los estudiantes y haber metido sus cenizas en bolsas que dejaron o vertieron en el río San Juan.
En realidad ninguno de ellos declaró eso. Según lo prueban sus declaraciones ministeriales –de las cuales se tiene copia–, ese argumento fue inventado por la PGR.
Desde diciembre pasado los autores de este reportaje –en colaboración con Proceso y el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley– revelaron la participación del Ejército y la Policía Federal en los ataques contra los normalistas el 26 de septiembre (La verdadera noche de Iguala, Proceso 1989); que fueron cinco los autobuses involucrados y no cuatro, como decía la PGR; y que los estudiantes fueron monitoreados en todo momento por los gobiernos federal y estatal. El GIEI confirmó esto en su investigación.
Para el presente reportaje se entrevistó a las familias de tres de los albañiles con quienes la PGR fabricó su “verdad histórica”.
Fabricada a golpes
“Treinta y nueve confesiones de los policías, hasta los que actuaron materialmente; 487 peritajes; 386 declaraciones; 153 inspecciones ministeriales; todas vinculadas y consistentes para ratificar los hechos aquí señalados. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y llegar sin lugar a dudas a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos”, afirmó el entonces procurador Jesús Murillo Karam el pasado 27 de enero, en una conferencia de prensa en la cual prácticamente dio por cerrado el caso.
Ese día la PGR presentó los testimonios videograbados de Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado. Los videos, sin embargo, nada tienen que ver con el contenido de las declaraciones ministeriales que rindieron aquéllos y de las cuales se obtuvo copia. Además, los testimonios rendidos ante el Ministerio Público tienen contradicciones y diferencias sustanciales entre sí.
Rodríguez Salgado grabó un video para la PGR, pero nunca hizo una declaración ministerial, explica uno de los abogados involucrados en el caso y consultado para esta investigación. Agrega que Felipe fue ingresado el 18 de enero al penal El Altiplano y según los documentos obtenidos en un juzgado de procesos penales federales en Tamaulipas, se reservó el derecho a declarar. Añade que lo dicho en el video no tiene validez legal.
“El 26 de septiembre recibí una llamada como a las once de la noche del tal mentado Cepillo o El Terco, que le dicen (corte de video)… él me hizo esa llamada a las once de la noche, que me alistara con los chavos”, dice Patricio en el video presentado el 27 de enero por Murillo Karam. Pero en los testimonios formales, todos los acusados hablan de horas distintas del momento en el cual se les habría ordenado agruparse.
En su declaración ministerial, Jonathan afirmó que se reunieron a las 20:30 horas; él fue con Patricio, Agustín y otros cinco en una camioneta Nissan. Reyes Landa dijo que se reunieron a las 23:30 horas y Felipe pasó por él en esa camioneta, con personas distintas a las nombradas por Jonathan. Agustín, sin mencionar una fecha, dice que pasaron por él a las tres de la mañana.
“Y ahí donde está la entrada de Iguala hay un lugar que se llama Loma de Coyote. Nos metimos y ya nos estaba esperando una camioneta de municipales de Iguala”, dijo Patricio en el video.
En un testimonio videograbado en enero de 2015, Rodríguez Salgado dice que los policías le entregaron a los estudiantes; que después encontró a Patricio en el camino. Jonathan y Agustín, en sus declaraciones, aunque aseguran que iban con Patricio, nunca hablan de los policías municipales.
En su declaración ministerial Agustín afirmó que transportaron a cuatro de los estudiantes en una camioneta Nissan Estaquitas y que todos estaban vivos. Jonathan y Patricio, refiriéndose a esos mismos cuatro, dijeron que uno estaba muerto, con una herida en la cabeza.
Jonathan afirma que a las 22:00 o 22:15 horas llevaron a los estudiantes al basurero; sin embargo, a esa hora apenas estaban ocurriendo los ataques en Iguala y aún no habían sido secuestrados los normalistas.
Según esa misma supuesta confesión, Jonathan señala que a los estudiantes los dividieron en grupos para matarlos y que a uno de ellos, apodado Cochiloco, y a otro los asesinaron por separado.
Agustín dijo que a varios los amontonaron, incluyendo al Cochiloco, y los ejecutaron a tiros; a otros los hicieron caminar hasta el fondo del basurero y ahí los mataron a golpes. Jonathan dijo que a todos los asesinaron en la parte superior del basurero y luego los lanzaron desde ahí hasta el fondo.
De acuerdo con la inspección del GIEI, por la profundidad y declive del terreno era imposible aventar los cuerpos desde arriba: “Dado que la pendiente del basurero habría frenado la caída”.
Agustín y Jonathan firmaron la confesión donde dicen que recogieron las cenizas el 27 de septiembre y las tiraron al río San Juan, pero según la declaración de Patricio, eso ocurrió el día 28. De acuerdo con Agustín, tiraron las bolsas directamente al río, pero según Jonathan, estando en la casa de Patricio llegó Felipe con tres personas más “que llevaban cuatro costales negros de ceniza, la cual fueron a tirar al río”.
El 7 de noviembre de 2014, cuando la PGR dijo por primera vez que los estudiantes habían sido cremados, Murillo Karam afirmó que Jonathan, Agustín y Patricio habían confesado haber triturado los restos carbonizados:
Pero ninguno de los detenidos dijo ante el Ministerio Público haber triturado los huesos ni haber vaciado o tirado completas las bolsas de ceniza.
El GIEI analizó los dictámenes médicos practicados a 80 detenidos por la PGR entre octubre y diciembre de 2014, relacionados con el caso: policías municipales de Iguala y Cocula y presuntos miembros de Guerreros Unidos. De ellos, 77% presentaba lesiones.
“El análisis en conjunto de las lesiones existentes permite constatar que los detenidos mostraban muy frecuentemente cuadros de policontusión con lesiones traumáticas de distinta intensidad y localización”, señala el informe elaborado por el doctor Francisco Etxeberria Gabilondo, especialista en medicina legal y forense, incluido en los resultados del GIEI.
De acuerdo con el análisis de Etxeberria, Patricio presentó 72 lesiones; Agustín, 42; Jonathan, 94. Según el peritaje médico –del cual se tiene copia– practicado por la PGR a Felipe Rodríguez Salgado el 17 de enero de 2015, un día después de su detención, su cuerpo presentaba al menos 60 lesiones.
“Vamos a ir por toda tu familia”
La señora Eliodora es madre de Patricio Reyes Landa, de 25 años. Desde que él estaba en primaria, recibe beneficios del Programa Oportunidades de la Sedesol, pues viven en extrema pobreza.
Hace 22 años habita con su familia en un jacal prestado por uno de sus hermanos. Hasta hace poco el suelo era de tierra, pero logró ponerle piso de cemento gracias a otro programa de la Sedesol.
Patricio logró acomodarse con su familia en un cuarto de techo de lámina. Él y su familia también han sobrevivido con recursos del Programa Oportunidades (ahora llamado Prospera).
Durante años han sido beneficiarios. Para esta investigación se obtuvo el nombre y número de titular o beneficiario y se pudo confirmar en el padrón actualizado hasta septiembre de 2015 que, efectivamente, la madre y la esposa de Patricio reciben beneficios de la Sedesol.
Pero la PGR acusa a Patricio de ser jefe de halcones de Guerreros Unidos, organización criminal con importantes operaciones de narcotráfico.
La esposa de Patricio, cuyo nombre se mantiene en reserva, afirma que su cónyuge no es la persona que ha inventado la PGR. Llevan casados siete años y, asegura, nunca vio nada raro en él ni en sus amistades. Y nunca tenía dinero.
Patricio es ayudante de albañil y a veces laboraba con el suegro de Felipe Rodríguez Salgado. Cuando no había trabajo en la construcción, arreaba ganado en rancherías de los alrededores.
“Como no había trabajo aquí, vino una maestra, vecina de aquí, y le dijo que si no podía ir a plantarle unos postes a Apetlanca. Se fue y cada ocho días venía a dejarnos dinero”, señala su esposa.
Afirma que el jueves 25 de septiembre llegó a Cocula a descansar. Un día después estuvieron juntos y fueron a cenar a la casa de una hermana de él, como a las siete y media de la noche; a las 11 salieron de ahí porque “ya estaba feo, ya iba a caer el agua”. Llegaron a su casa y ya no salieron.
Al día siguiente Patricio fue a hacer un colado en una gasolinería, y luego se quedó toda la tarde en su casa, con su familia, hasta el domingo 28, cuando regresó a trabajar a Apetlanca.
Agentes de la PGR irrumpieron el 20 de octubre en la casa de la madre de Patricio en busca de armas. Dijeron que el albañil era miembro de Guerreros Unidos y había participado en el ataque a los estudiantes. “¿De dónde? Yo nunca lo vi en malos pasos y nunca tuvimos dinero, ni buena casa”, dice su esposa. Cuando se fueron los agentes de la PGR, ella le telefoneó para reclamarle, pero él le aseguró que no tuvo nada que ver.
Las autoridades federales detuvieron a Patricio el 26 de octubre como a las nueve de la mañana en la casa de la maestra Yesenia Delgado, en Apetlanca. Según contó él a su familia, lo metieron al baño y ahí lo golpearon. Luego lo llevaron al cerro, junto con Jonathan, quien también estaba trabajando ahí como albañil. Le vendaron los ojos y durante cuatro horas lo golpearon, le pusieron una bolsa en la cabeza hasta casi matarlo de asfixia, le echaron agua y le dieron toques eléctricos en el paladar, testículos y recto.
“Le dijeron que si no se entregaba, de todas maneras ya nos tenían a nosotras tres y que lo que le estaban haciendo a él nos lo iban a hacer a nosotras, que hasta a las niñas las iban a… Dice él que le estaban diciendo que tenía que hablar cosas que él no había hecho. Él se negaba y le pegaban más. ‘Tú vas a decir lo que nosotros te vamos a decir, no lo que tú quieras’. Que si no declaraba lo que los policías decían, iban a venir por toda su familia”, cuenta su esposa.
Lo visitó en la PGR el día siguiente y sólo 10 minutos. Dice que cuando lo vio, él no llevaba su ropa sino otra, porque la suya quedó llena de sangre. Ahí conoció a la mamá de Jonathan. “Dice que su hijo le platicó que le ponían dinero en la mesa para que declarara todo lo que los policías le decían. (…) Le decían que si aceptaba el dinero y declaraba, lo iban a dejar libre; pero Jonathan dijo que no, porque no había hecho nada”.
A Patricio no lo llevaron inmediatamente a la cárcel; la PGR lo tuvo arraigado 80 días. El 3 de noviembre hizo su declaración ministerial y en ella denunció la tortura: “Es mi deseo declarar (que) es mentira como dicen que nos agarraron. Se metieron a la casa y me empezaron a golpear y a patear, me subieron al vehículo, me vendaron de ojos, pies y manos y me empezaron a volver a golpear y dar toques y me pusieron un trapo en las narices, echándome agua y toques adentro de la boca y en los testículos. Me ponían una bolsa en la cara para no respirar, así se pasaron varias horas”.
“Con esos pendejos vamos a tapar el caso”
Jonathan Osorio, de 20 años, era ayudante de albañil y taquero en la Ciudad de México, donde tiene familiares. La señora Elena, su madre, señala que cuando no había trabajo, limpiaba maíz o ponía fertilizante. Iba y venía de la Ciudad de México por temporadas. Como otras familias de Cocula, ella también necesitó mucho tiempo del Programa Oportunidades para sobrevivir.
Jonathan llevaba algunos meses en Cocula y cuando la maestra Delgado le ofreció trabajo en Apetlanca para poner postes para una cerca, aceptó. Ahí se encontró con Patricio, a quien sólo conocía de vista. Ahora la PGR lo acusa de ser halcón de Guerreros Unidos.
Le contó a su madre que a él y a Patricio los detuvieron a las nueve de la mañana personas vestidas de civil; los golpearon y torturaron. “Los que los agarraron dicen que los golpes eran porque se echaron a correr, que por eso iban golpeados”. Pero la historia es distinta.
Su hijo le contó que le amarraron las manos y lo asfixiaban con una bolsa de plástico; que perdió el sentido tres veces. Le echaron agua fría y hielo para reanimarlo. También le dieron toques eléctricos. “A él le salieron costras en sus testículos; al otro muchacho hasta le pusieron la pistola dentro de la boca”, narra la señora Elena.
“Cuando los subieron al helicóptero para trasladarlos, les decían que si aventaban a uno, nadie se iba a dar cuenta”. En el helicóptero escuchó decir a alguien: “Con estos pendejos vamos a tapar el caso.”
“Pude ver a mi hijo al otro día que lo detuvieron. (…) Apenas lo pude ver cinco minutos, le vi un golpe en su cara del lado izquierdo y le pregunté: ‘¿Te pegaron?’ Sólo me dijo: ‘No te preocupes, mamá’”.
La mujer fue en diciembre a levantar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El día que estaba aprobada su visita al centro de arraigo, enviaron a Jonathan al Centro Federal de ­Readaptación Social de Tepic, Nayarit. No fue sino hasta los pasados martes 1 y miércoles 2 cuando le aplicaron el Protocolo de Estambul.
Pocos días después de su arresto, las autoridades llevaron a Jonathan en un helicóptero al basurero de Cocula, donde la PGR grabó el video que luego Murillo Karam mostró en su conferencia del 7 de noviembre. Asegura que ahí le indicaron todo lo que tenía que hacer y decir antes de grabar.
Felipe
Felipe, de 25 años, laboraba con el papá de Diana, su esposa, una maestra de secundaria; cuando no había trabajo en la construcción, pastoreaba vacas y chivos.
Diana trabaja fuera de Cocula. Dice que llegó a su casa el viernes 26 de septiembre a las dos de la tarde. Felipe estaba en casa de su abuela, donde viven su mamá y sus tíos. Esa noche él la llevó a cenar a las 21:30 horas a un puesto de antojitos, a unos pasos de su casa. Según la PGR, a esa hora Felipe encabezaba la ejecución de los normalistas.
De regreso, Felipe se quedó en la calle tomando una cerveza con un amigo y luego entró a su casa. Ahí pasó toda la noche con su esposa. Ella dice que el 27 de septiembre pasaron todo el día en casa de la abuela de él. El domingo 28 ella se fue a su trabajo.
En octubre le dijo que estaba desesperado por no encontrar trabajo y que se iba a ir a Estados Unidos con sus hermanos. Y lo intentó el 20 de octubre. Una semana después llegó la policía a su casa; él estaba en Caborca, Sonora. Diana le telefoneó para reclamarle la visita de las autoridades. “¿Por eso te fuiste, verdad?” Le aseguró que no. Durante varias semanas no supo de él.
Felipe cruzó la frontera pero se quedó varado en el desierto. Ya había una orden de aprehensión en su contra. Las autoridades migratorias lo detuvieron. Él dio su nombre, le tomaron fotos y lo deportaron.
Hizo contacto con su esposa y volvió a su casa el 11 de enero de 2015. Se vieron apenas unas horas y ella se fue a su trabajo. Diana afirma que lo detuvieron el 14 de enero en Cocula. La PGR dice que fue capturado el día 15 en el estado de Morelos. Ella no lo pudo visitar hasta el 17 de enero y lo vio muy lastimado y con ropa que no era la suya, pero él no quiso decirle lo que pasó. Pero a su mamá sí le contó sobre la tortura que padeció.
Cuando ingresó al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México –donde aún está preso–, Felipe presentó una denuncia contra quienes lo detuvieron, torturaron y obligaron a grabar el video de su supuesta confesión. En su denuncia sostiene que durante varias semanas fue presionado por funcionarios para declararse culpable, pero no cedió.
Su esposa muestra las más de 30 cartas que vecinos de Cocula han escrito sobre Felipe y que ya fueron enviadas al juzgado de Tamaulipas donde se lleva su caso. Al azar se buscó vía telefónica al firmante de una de esas cartas. Confirma que conoce a Felipe porque llevan tres años jugando juntos en el equipo de futbol San Francisco. Dice que no es violento y jamás lo vio armado o en actitud sospechosa.
Ni él ni los otros acusados de la incineración en el basurero de Cocula han ratificado ante un juez la declaración vertida en la PGR. 
Fuente.-

De "TAMPICO" dos de los "TURISTAS ULTIMADOS" por FUERZAS ARMADAS de EGIPTO.


Dos residentes tampiqueños fueron blanco del ataque armado de las fuerzas policiales y militares de Egipto; pese al hermetismo que se guarda con respecto a los nombres de los mexicanos muertos y heridos, se presume que entre la lista figuran Luis Barajas Fernández de 49 años de edad quien perdió la vida y su esposa Susana Calderón quien resultó herida de gravedad.
Por aire, las fuerzas egipcias atacaron con bombas a un convoy de 22 turistas y guías que paseaban en el occidente del Desierto del Sahara, cerca de la frontera con Siria. Entre ellos 12 personas muertas y 10 heridos; ocho de los fallecidos al parecer eran de origen mexicano.Trascendió que Luis Barajas hasta el momento está “desaparecido” después del ataque, mientras su esposa Susana es atendida en un hospital egipcio y se reporta como estable.
Ellos viajaban en un convoy de cuatro vehículos dentro de una expedición guiada y fueron confundidos por terroristas por las fuerzas policiales y militares de aquél país africano.Allegados y familiares de Luis Barajas, confían en que se trate de una confusión y que él continúe con vida.El ataque armado ocurrió este domingo, en donde Policías y Militares egipcios confundieron el convoy con militares insurgentes; entre los muertos, también se encuentran los cuatro guías egipcios.
La caravana turística detuvo su marcha en un costado de su ruta para ingerir alimentos, esto en el Oasis de Bahariya, ubicado en el desierto Occidental.
En ese lugar, por aire les tiraron a “matar” y quienes trataron de huir, fueron acribillados por policías en tierra, sin percatarse que se trataba de turistas mexicanos.
Por lo pronto, familiares y allegados de la pareja esperan más información de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cabe hacer mención que Barajas Fernández era empleado de confianza de un corporativo de comercialización de artículos de quirófano, asimismo fue catedrático de la Universidad Tecnológica de Altamira, instituto en donde se graduó como Ingeniero Agrónomo, especializado en Fitotecnia.
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Con MAS de 82 MIL FIRMAS CIUDADANAS,"EXIGEN QUITAR DIPUTACION" a PRIISTA CARMEN SALINAS


Una petición en Change.org contra Carmen Salinas Lozano, Diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acumula este día más de 82 mil firmas que exigen le sea retirado el cargo.

Salinas Lozano, una actriz de cabaret de 82 años, llegó a la máxima tribuna del país por la vía plurinominal, es decir, por designio directo del PRI. El Presidente Enrique Peña Nieto prometió en campaña eliminar a los diputados plurinominales apenas fuera electo. Pero no cumplió.
La señora Salinas eliminó su cuenta en Twitter (@CarmenSalinasLo) luego de la ola de críticas.
Distintos medios le atribuyen la siguiente frase:
“Por mí se pueden meter sus firmas por el trasero o por donde más les quepa, mijitos, yo estoy respaldada por mi partido, mejor pónganse a trabajar y no estén de envidiosos”.
La frase supuestamente la escribió o la dijo en redes sociales y en respuesta a la petición. SinEmbargo no pudo confirmar que sea auténtica.
La petición en Change.org ha alcanzado, en menos de una semana, las 82 mil firmas. El autor de la petición, Carlos Portuguez, argumenta:
“Si no sientes indignación por el video en el cual Carmen Salinas se burla de todo el pueblo mexicano, haciendo alarde de su corta capacidad como servidor publico, enalteciendo ya de por si decrépita clase política mexicana, no se que nos hará despertar y exijamos que el fuero le sea retirado a cada uno de estos parasitos que viven y cobran del trabajo de cada uno de nosotros”.
Este es un claro ejemplo de como la política mexicana solo esta al alcance y pensada para algunos cuantos, dice. “No se trata de cambiar un sistema pero si no dejar que se vuelva peor, no podemos pasar esto por alto, por que nuestra responsabilidad es el salvaguardar nuestro esfuerzo y dinero, así como nos quejamos de los precios que suben y suben, también debemos de exigir que se haga un buen trabajo en aquellos que permiten que la inflación crezca”.
“No dejemos que estos ‘servidores públicos’ hagan realidad el dicho de que dice: El pueblo tiene el gobierno que merece”, señala la petición. 
NO LA HAGAN DE A PEDO
A menos de 15 días de su llegada a la Cámara de Diputados, la actriz ha desatado varias polémicas en las redes sociales y en los medios de comunicación por sus declaraciones. “No tengo iniciativas, no la hagan de a pedo”, dijo recientemente. También fue fotografiada supuestamente dormida durante una sesión en el Congreso de la Unión.
Carmen Salinas es una figura popular en México desde hace décadas y sus dichos y lenguaje común son celebrados ampliamente. La diferencia es que ahora cualquiera de sus posibles desatinos como Diputada le cuestan al erario público.
La ahora Diputada plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) percibe un sueldo mensual de 148 mil 558 pesos. Salinas Lozano, quien pasó del cine de ficheras a un curul en San Lázaro -al que no llegó por voto popular- recibe una dieta neta de 74 mil pesos a los que le se suman 45 mil 786 pesos y otros 28 mil 772 por asistencia legislativa y atención ciudadana respectivamente, a pesar de que aún “no tiene iniciativas”.
Las declaraciones que difundió en días pasados a través de la red social Periscope, donde dijo no haberse dormido en la Cámara de Diputados y declaró que le “vale madres” lo que piensen de ella no es el único mensaje que hasta ahora le ha dado la vuelta a las redes. La priista cuenta con un canal de Youtube con 10 mil seguidores y más de 600 mil reproducciones donde comparte “momentos agradables con todos sus chiquillos y chiquillas boquetones bombos”, como ella misma lo describe.
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"AVARICIA" de EGIDIO TORRE se "EMBOLSA 30 MILLONES" en PESIMA "REMODELACION del "PASEO MENDEZ en VICTORIA.





Finalmente, con todo el descaro del que se puede hacer gala en un sexenio distinguido por la avaricia, EGIDIO Torre Cantu inauguró la remodelación al Paseo Méndez de esta capital.

Corrupto Manolo Rodriguez
De acuerdo con especialistas en el tema, de ninguna manera se justifican los $30 millones gastados en esas obras de relumbrón.Dinero despilfarrado, cuando tan solo en Victoria existen otras áreas en que se requiere aplicación de presupuesto.
Lo peor del caso es que, aunque EGIDIO se guardó el dato, se sabe que el contrato por esos $30 millones se le adjudicó a su cuñado CARLOS MORRIS DELGADO, director del Hospital Infantil de esta capital, quien ‘tapó el ojo al macho’ con su hermano ARTURO.
Contrato que, ‘bien trabajado’, debe dejarle al DR. MORRIS DELGADO no menos de $15 millones en su buchaca.
Recuérdese que el clan controlado por MANOLO RODRIGUEZ desde la Secretaría de Obras Públicas exige un ‘moche’ del 20% del contrato.
Más las utilidades que la empresa debe obtener.
¿Así o más descarados?

P.D.- Pocos saben que en el ‘embellecimiento’ del Paseo Méndez, para la eliminación de la fuente que lo distinguía se aplicó la petición de una ex Primera Dama de Tamaulipas.Por cierto, valdría la pena saber a la residencia de qué alto funcionario fue a parar esa fuente.
Sale… y vale. 

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"3 AÑOS se tardo PGR" en INVESTIGAR CONTRATOS que hablan de "CORRUPCION MILITAR" en la SEDENA...la "inseguridad" como negocio.


La Procuraduría de Justicia Militar remitió a la PGR la averiguación previa que había abierto por los contratos otorgados a la empresa Security Tracking Devices.

Por presunto lavado de dinero, la PGR investiga contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ascienden a casi 5 mil millones de pesos.
Con ellos se realizó la compra de equipo de espionaje a una empresa de José Susumo Azano, en el último año del sexenio de Felipe Calderón, según publica este lunes el diario Reforma.
Dichos contratos fueron expuestos en este sitio de noticias en julio de 2012. En aquel entonces, la Sedena reconoció las adquisiciones, pero indicó que “no son para realizar actividades de espionaje político”; sostuvo que fueron realizadas en apego a la ley y “forman parte de los proyectos que esta Secretaría materializa para la modenización del Instituto Armado que le permitan estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y contar con las herramientas adecuadas…”.
El caso ahora es indagado por la Unidad Antilavado de la SEIDO. La averiguación se abrió en 2014, y los primeros contratos son de 2011, es decir, los comenzaron a investigar 3 años después.
Se reproduce una primera parte de la investigación; el martes, se abordará en este portal quién es José Susumo Azano Matsura, presidente de Security Tracking Devices: 

LSecretaría de la Defensa Nacional (Sedena) gastó alrededor de 5 mil millones de pesos en equipo especial para intervenir comunicaciones y mensajes de teléfonos celulares.
Así lo revelan cinco contratos firmados por la Sedena con la empresa Security Tracking Devices, SA de CV, entre el  25 de marzo de 2011 y  el 29 de marzo de 2012, que obtuvo el sitio Aristegui Noticias.
Los equipos permiten la intervención de conversaciones de teléfonos móviles, y el acceso y extracción de mensajería instantánea (SMS), correos electrónicos, así como listas de contactos y  fotografías.
Entre los aparatos de alta tecnología también se encuentran herramientas para activar de manera remota la cámara fotográfica y el micrófono del teléfono movil.
Todos los contratos fueron tramitados sin licitación y aprobados por asignación directa a la empresa  Security Tracking Devices, SA de CV con oficinas en la ciudad de México y enTlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
El responsable de autorizar la compra de los equipos es el general (Diplomado de Estado Mayor ) Augusto Moisés García Ochoa, director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
El equipo fue entregado a la  Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encargada de las labores de inteligencia en la Sedena.
Los contratos
El primer contrato data del 25 de marzo de 2011, por 249 millones, 999 mil 999 ejercidos para la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.
Segundo contrato: 1 de abril 2011, se firmó el segundo contrato por 200 millones de pesosdestinados a la compra de un sistema de designadores electromagméticos de señales satelitales de telefonía celular.
Tercer contrato: 27 de julio 2011 por un monto de 1,160 millones de pesos para la compra de un sistema procesador electromagnético.
En los detalles del contrato se destaca la adquisición de un “software capaz de realizar la extracción de mensajes de texto y multimedia, listas de contactos, registros de agenda, monitoreo de e-mail, intercepción de voz, intervención de audio ambiental,  monitoreo de sala vía activación del micrófono, captura de imágenes”, entre otras funciones.
Cuarto contrato: firmado el 8 de noviembre de 2011 por  $1,068 millones, 499 mil 499para la adquisición de “ocho estaciones remotas móviles de radio comunicación y sistemas de inteligencia”.
Quinto contrato: firmado el 29 de marzo de 2012 por $2 mil millones de pesos.  Destinados a la compra de equipos para la segunda y tercera fase del sistema de inteligencia regional para incrementar las capacidades de las S2 (INTL) E.M.D.N.
En este contrato se adquiere un software para intervenir los teléfonos móviles iPhone.
Gobierno federal vía Sedena compró 5 mil mdp en equipo para espionaje (29 de marzo 2012)
Fuente.-

Son "EX-MILITARES los POLICIAS DETENIDOS" por DESAPARICION de NORMALISTAS...al menos 14 de ellos.


Documentos de la Sedena obtenidos por el semanario "Proceso" mediante la Ley de Transparencia señalan que 14 de los expolicías de Iguala y Cocula detenidos por su presunta participación en el “operativo coordinado” contra los estudiantes de Ayotzinapa –como lo califica el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes– tenían formación castrense. 
  • Más todavía: según los radiogramas y mensajes internos del Ejército, las acciones del 26 de septiembre fueron monitoreadas por el Grupo de Análisis de Orden Interno de la 35 Zona Militar de Chilpancingo. 
  • Estos datos y antecedentes sugieren que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 operó un brazo paramilitar en la ­desaparición de los 43 normalistas.
Felipe Flores Velázquez tenía las puertas abiertas en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero. Solía contar a sus allegados que fue parte del destacamento de esa unidad durante varios años. Ahí, decía, tomó su Curso de Adiestramiento Básico Individual (CABI), considerado de primer nivel en el aprendizaje castrense para el uso de armamento, conocimiento de los servicios e importancia de la información en operaciones militares.
Flores Velázquez fue soldado en ese batallón  desde 1981. En febrero de 1988 ascendió a cabo, pero meses después, en julio de 1989, desertó, según el extracto de su memorial de servicios entregado a Proceso por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con base en la Ley de Trasparencia.
En septiembre de 2014, Flores Velázquez era el jefe de la Policía Municipal de Iguala, cuando los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron agredidos y posteriormente desaparecieron 43 de sus compañeros. Desde entonces está prófugo.
Él es uno de los personajes clave en la desaparición de los normalistas de ­Ayotzinapa; igual que César Nava González, exsubdirector de la policía de Cocula, quien también fue soldado del mismo cuerpo castrense, de acuerdo con los documentos de la Sedena.
Nava González se incorporó al Ejército en enero de 1996, año en que surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR), y desertó en octubre de 1999, se lee en los documentos. Y aunque los renglones donde se mencionan las unidades donde prestó sus servicios están tachados, en las fojas se puede leer que Nava González pasó de la infantería al cuerpo de transmisiones militares.
En términos castrenses, eso significa que se “reclasificó”, lo que implica que fue entrenado en la utilización de instrumentos de radiocomunicación; intercepción de redes alámbricas e inalámbricas; operaciones para enlazar puestos de mando; uso de medios ópticos, como bengalas; paineles (señales entre fuerzas terrestres y aéreas) y señales de brazo, aplicables en operaciones tácticas.
Por sus antecedentes, la preparación táctica de Nava González estaba documentada en el 27 Batallón y en la comandancia de la 35 Zona Militar en Chilpancingo.
César Miguel Peñaloza, alcalde de Cocula, declaró en la PGR que el general Alejandro Saavedra Hernández, cuando estuvo al frente de la comandancia en la capital del estado, fue quien recomendó a otro militar, Salvador Bravo Bárcenas. Éste ocupó el cargo de director de la policía municipal, y pese al cargo no le rendía cuentas, publicó el diario La Jornada en diciembre del año pasado.
La información de la Sedena admite que, además de Flores Velázquez, Nava González y Bravo Bárcenas, por lo menos 11 de los policías de Cocula e Iguala detenidos por su participación en el asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 tienen antecedentes en la milicia. Esto implica que contaban con un nivel de adiestramiento militar.
Con excepción del prófugo Flores Velázquez, en las hojas de actuación de la dependencia de 14 de los presuntos implicados en las desapariciones de septiembre pasado, también están tachados los nombres de las unidades en las que sirvieron y los cursos que recibieron en su paso por el Ejército.
Bravo Bárcenas, exdirector de la policía municipal de Cocula e identificado en versiones periodísticas con el grado de mayor, es sargento segundo, de acuerdo con su memorial de servicios. Ingresó al Ejército como soldado en mayo de 1988 y se retiró en enero de 2010. Fuentes militares lo ubican como exintegrante del 27 de Infantería, pero el espacio donde está ese dato se encuentra tachado en los documentos de la Sedena.
Darío Morales Sánchez, expolicía de Cocula que fue soldado de 1996 a 1999, y el sargento Honorio Antúnez Osorio, exagente en Iguala que ingresó al Ejército en 1984 y se retiró en 2005, se formaron en el área de materiales de guerra; por lo tanto, están especializados en la fabricación y mantenimiento de armamento.
Los graduados de esta escuela ubicada en Santa Fe, en la Ciudad de México,  saben por lo menos fabricar granadas y explosivos, dice una fuente perteneciente a esta rama de la milicia.
Los otros expolicías municipales detenidos vinculados con el Ejército son Zulaid Marino Rodríguez, quien fue soldado entre 1996 y 2002; Juan Luis Hidalgo Pérez, con antecedentes castrenses de 1996 a 2004; Francisco Martínez Díaz, de 1998 a 2000, año en que abandonó la milicia y desertó; Miguel Ángel Hernández Morales, policía militar de 1998 a 2003; Nicolás Delgado Arellano, de 1990 a 1996; Wilbert Barrios Ureña, de 2009 a 2013, e Ignacio Hidalgo Segura, quien en 1991 desertó.
El factor contrainsurgente
José Martínez Crespo se convirtió de repente en el capitán más “famoso” del Ejército. Su nombre es de los pocos que aparecen, junto al del coronel José Rodríguez Pérez, como referente en el despliegue de tropas del 27 Batallón de Infantería la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por su currículum, se sabe que él formó parte de la antigüedad 1987-1991 del Colegio Militar. Contemporáneos suyos comentan que hasta hace algunos años estaba adscrito a la Policía Judicial Militar. En 2006, el capitán Martínez Crespo prestaba sus servicios en el 23 Batallón de Infantería en Chihuahua.
La noche del 26 de septiembre de 2014, el capitán Martínez Crespo era uno de los oficiales de vigilancia del cuartel, Y, como tal, recibió la orden del comandante del batallón, el coronel Rodríguez Pérez, para que saliera al mando de una Fuerza de ­Reacción integrada por 21 elementos, a los que más tarde se sumaron otros 12, para atender un llamado de militares del área de inteligencia que monitoreaban desde el atardecer el arribo de un grupo de estudiantes a bordo de autobuses provenientes de Chilpancingo.
Martínez Crespo estuvo en los lugares del ataque contra los normalistas, como el crucero de la calle Juan N. Álvarez con Periférico Norte, donde reportó el hallazgo de dos cadáveres. De ahí se dirigió al hospital Cristina, donde interrogó a los normalistas que se encontraban en ese sitio acompañando a sus compañeros heridos.
Personal del área de inteligencia fotografió a los estudiantes; algunos militares incluso amenazaron a los normalistas mientras otros tomaron sus datos.
Mensajes en Formato Criptográfico Arcano (FCA) –un sistema computarizado de envío de comunicaciones encriptados que sólo pueden leer quienes cuentan con las claves de inteligencia militar de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa–mostraron que, después de los ataques y hasta las seis de la mañana siguiente, dos unidades de la Fuerza de Reacción patrullaron las calles, constataron la presencia de cadáveres tirados en la vía pública, se presentaron en los hospitales donde estaban los heridos y estuvieron al tanto de las balaceras y los diferentes ataques (­Proceso 2003).
Los documentos desclasificados vía Ley de Transparencia publicados en marzo último por este semanario bajo la autoría de la reportera Marcela Turati (Proceso 2003), citados en el informe del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) presentado el domingo 6, muestran también que un área especial del Ejército especializada en contrainsurgencia estuvo al tanto de lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala.
Los mensajes enviados por la SIIO del 27 de Batallón de Infantería al general Hernández Saavedra, entonces comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, iban dirigidos también al Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI), encargado de analizar la información procedente de organizaciones armadas, como el EPR, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (­ERPI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Si intervino el GAOI es porque sus integrantes consideraron a los estudiantes como subversivos por los antecedentes de la escuela normal de Ayotzinapa, vigilada e infiltrada desde tiempo atrás por inteligencia militar, dice a Proceso una fuente del Ejército que pide reservar su identidad.
Guerrero es uno de los estados donde opera un grupo especial de inteligencia que no depende de la zona ni de la región militar, sino directamente del Estado Mayor de la Defensa, señala otro oficial que ha sido profesor de la Escuela Militar de Inteligencia y ha trabajado en esta área en varias comandancias territoriales del interior del país.
Esa instancia es dirigida por la Subsección de Asuntos Especiales de la Sección Segunda –inteligencia militar– del Estado Mayor de la Defensa, según los entrevistados, y ha tenido varios nombres, entre ellos Orión.
Opera en Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Veracruz. Su misión es exclusivamente dar seguimiento a organizaciones armadas y actuar contra sus miembros. Son los “activos” detrás de la llamada Guerra Sucia. Cuando el EPR hizo su aparición pública en 1996 se reactivaron, y estuvieron en operación aun durante los gobiernos panistas.
La posibilidad de que el capitán Martínez Crespo perteneciera a este grupo fue desechada por las dos fuentes castrenses consultadas por separado. Los integrantes de estas organizaciones, dicen, operan vestidos de civil, no responden a los mandos de batallón, zona o región, que también tienen sus propios órganos de búsqueda de información de inteligencia, y sólo utilizan las bases militares en ocasiones para pernoctar.
Si se menciona a Martínez Crespo se debe a que existe la posibilidad de que sea la única fuente que responda a los cuestionamientos; él sabe hacerlo, consideran los entrevistados
Coordinación y adiestramiento
El nivel de coordinación que existió la noche del viernes 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del sábado 27 sugiere que hubo un mando central detrás de la operación de los cuerpos policiacos de Cocula e Iguala y los civiles armados que atacaron y plagiaron a los estudiantes, dice el informe del GIEI presentado el domingo 6.
“El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios y de los ataques en distintos momentos que muestran los documentos, testimonios y peritajes evaluados por el GIEI, da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (Iguala y Cocula), y al menos 18 patrullas municipales y una de protección civil que intervinieron esa noche, señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes”, destaca el informe.
El documento registra los momentos en los cuales aparecen militares en retiro pero en funciones de policía, como el soldado Miguel Ángel Hernández Morales, quien declaró que a bordo de la patrulla 2291 interceptó uno de los autobuses en la calle Zapata, esquina con Álvarez, donde algunos estudiantes descendieron del vehículo para arrojarle piedras, por lo que tuvo que hacer disparos al aire para salir del lugar.
Los policías de Cocula que presuntamente intervinieron en la operación declararon que transportaron entre ocho y 10 estudiantes al lugar conocido como Loma de Coyote, donde estaba instalado un filtro de agentes de Iguala. “Uno de los ­imputados, Jesús Parra Arroyo, dijo que ya se encontraba en ese lugar la patrulla de (Roberto) Pedrote, policía de Cocula, quien según Bravo Bárcenas pertenecía al grupo de confianza de (César) Nava y era exmilitar del 27 Batallón. Según este testimonio, en ese lugar habrían entregado a los muchachos a la policía de Iguala”.
La aparición en diferentes puntos de los agentes con formación castrense en funciones de policía revela que, por su condición de retirados, estaban identificados por los agentes de inteligencia militar del 27 Batallón desplegados en el terreno. Los oficiales de tropa y oficiales en calidad de retirados que realizan funciones policiacas están considerados por el Ejército como “órganos de búsqueda de información”, dice una tercera fuente castrense consultada en la Ciudad de México, que pide no citar su nombre.
Los comandantes de batallón, zona y región militar tienen el registro de los retirados que están en seguridad pública y les ordenan periódicamente asistir a los cuarteles; también les informan sobre el panorama político, económico y social de la comunidad, poblado o municipio donde se encuentran.
En el caso de los 14 expolicías con antecedentes militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, su condición no es diferente. Al ser algunos recomendados por el mando militar, su conexión implica algo más que asistir a eventos cívicos, como Flores Velázquez, Bravo Bárcenas y Nava González, enlaces de la conexión paramilitar con los sucesos en los que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. 
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LOS "OHL-AMIGOS" del PRESIDENTE "PEÑA NIETO"...las "ilegalidades" siguen brotando.


Los escándalos que involucran a la empresa constructora OHL con el gobierno federal y del estado de México, no paran. Desde que comenzaron hace cuatro meses, las acusaciones de conflictos de interés y las muestras de amiguismo, escalaron desde el secretario de Comunicaciones mexiquense hasta el Presidente de la República. Los audios que los exhiben, han abierto una alameda de suspicacia sobre qué tanto le deben los dos gobiernos a OHL y hasta dónde va a llegar todo. Ahora, nueva información sobre el caso sugiere que si las cosas están mal, se pondrán peor.
Tiene como origen, una vez más, la frivolidad con la que los ejecutivos de OHL México manejan información delicada, reflejo de la sensación de impunidad que acicala permanentemente Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, que invariablemente los defiende. La última indiscreción cometida por los ejecutivos fue comentar que la captura el lunes de la semana pasada de Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, a la que señalan como autora de los audios y responsable de su distribución mediática, fue pactada en Los Pinos.

Fuentes con acceso a esos niveles de información, dijeron que lo que soltaron los ejecutivos de la empresa constructora, fue que la PGR detendría al abogado Díez Gargari para “asustarlo” e inhibirlo. El abogado es la cara de Infraiber, propiedad del empresario tapatío Luis Topete, y ha sido tenaz en denunciar irregularidades en la relación de OHL con las autoridades en perjuicio de su cliente. El hecho de sugerir una complicidad con funcionarios del gobierno federal capaces de detonar una acción judicial en sí mismo es grave, pero más lo que agregaron en su indiscreción: que el plan lo platicaron con presidente Enrique Peña Nieto, Juan Miguel Villar, presidente de la empresa, y José Andrés de Oteyza, presidente de OHL en México. De haber sido así, tendrían que haber tomado en cuenta, de lo que hablaron es de un delito.

Esta reunión no es la que se reveló hace unos días sobre un encuentro en Los Pinos con el presidente Peña Nieto el 6 de abril, donde hablaron del sistema de verificación de aforos carreteros de Infraiber, cuya cancelación de un contrato otorgado por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante el gobierno de Peña Nieto en el estado de México, detonó la indignación de la empresa, y la petición de Villar y Oteyza para seguir bloqueándola. La reunión a la que aludieron los ejecutivos de OHL se dio a finales de agosto, días antes del Tercer Informe de Gobierno, al cual fueron invitados por Peña Nieto.

No hay información oficial sobre ese encuentro, pero el acceso y el tono de la reunión, como lo socializaron en su entorno, es consistente con las acciones que ha tomado a su favor Ruiz Esparza, quien lleva meses hablando con los ejecutivos de OHL sobre acciones judiciales contra de Díez Gargari y Topete. El último botón de muestra lo dio el secretario de Comunicaciones y Transportes –mismo cargo que ocupó en el gobierno de Peña Nieto en el estado de México-, que este domingo se defendió de las imputaciones del abogado que lo acusó de mal informar al presidente y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en una carta que publicó el periódico Reforma donde aceptó que haber mantenido el contrato sobre los aforos vehiculares de Infraiber, habría afectado la operación de OHL.

Ruiz Esparza, sin mayor matiz, aceptó que el gobierno donde él trabaja, tomó partido por OHL. “La inquietud de los concesionarios era lógica, en razón de que el cobro de dicha tarifa alteraba el plan financiero, el modelo de negocio y el aforo, con repercusiones en los créditos bancarios otorgados”, escribió. Al no firmar Infraiber los acuerdos con las concesionarias, recordó, se canceló el contrato en un tribunal federal. “A partir de ese momento se (generaron) ataques hacia diferentes instancias a través de desplegados, suscritos algunos de ellos por el señor Díez. Al no obtener respuesta por parte de las autoridades del Estado de México, empezó a generarse filtración de audios ilegales y manipulados”, agregó.

Díez Gargari fue detenido la semana pasada para que declarara en calidad de testigo sobre la investigación de los audios grabados en forma clandestina, pero cuando terminó su diligencia, no recuperó la libertad, porque la PGR lo acusó de portación de una arma de fuego sin tener el permiso para ello. Paradójicamente, mantener detenido al supuesto autor de los audios no impidió para que, mientras estaba en los separos de la PGR, apareciera el audio del 6 de abril. Topete, el dueño de la empresa no está en México; hace semanas se fue al extranjero para evitar abusos de fuerza de la autoridad.

Las precauciones que tome no serán exageradas. La influencia de OHL en el gobierno es tan evidente, que sólo así se explica el cinismo con el cual sus ejecutivos hablan cándidamente sobre sus acciones. ¿Qué hizo OHL para que la protección sea tan grande? Aún no se revela esa bala de plata, en caso de existir. Pero las revelaciones sobre su extraña relación van subiendo de grado y de funcionarios salpicados. Por lo pronto, el presidente tendría que modificar su relación con OHL y aclarar si existió o no la reunión que presumen sus ejecutivos. Ya no se trataría de un conflicto de interés, sino de un acto ilegal.

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'TRAFICANTES crean en CARRETERA de PEAJE en TEXAS un NUEVO "CORREDOR de DROGAS".


Al parecer, los traficantes de drogas del cártel han creado un nuevo corredor central de Drogas de Texas a lo largo de la Carretera Estatal de alta velocidad de Texas 130 (SH130). La nueva autopista pasa por el área congestionada a lo largo de 1 a 35 que corre por San Antonio a Austin corredor donde los equipos de interdicción de drogas la policía trabajan con frecuencia. Velocidades de conducción más altas y una menor presencia en la aplicación de la ley han hecho la carretera una ruta atractiva para los contrabandistas que salen del sur de Texas.

La SH130 opera en la nación con  el límite de velocidad más alta de Velocidad, de acuerdo con la de Texas Tribune. Parte de los nuevos límites de alcance de autopistas de hasta 85 millas por hora.La empresa que opera el camino parece estar en peligro de ir a la quiebra debido a la falta de uso.
Esta es una situación perfecta para los traficantes de drogas, de acuerdo con las fuerzas del orden a lo largo de la parte norte del condado de Williamson. según informa Fox 7 en Austin informa el éxito de algunos de estos traficantes.
"Básicamente ahora se puede viajar a través de San Antonio, New Braunfels y Austin, la Oficina del Sheriff del Condado de Hays, simplemente todas las ciudades a lo largo de Austin, Round Rock, Georgetown y luego caer en Dallas.
La Oficina del Alguacil del Condado de Williamson Mike Gleason dijo a Fox 7 . "Así que ha derrotado a todas las unidades de interdicción de trabajo de la  IH-35 al obtener en una carretera de peaje que, básicamente, no hay  nadie en éla." Él dijo que las agencias del orden público no están obligados por ley a patrullar las carreteras de peaje. Las patrullas se realizan normalmente a través de contratos con las fuerzas del orden.
"Hemos tenido un año excepcional en los últimos 12 meses, en realidad, probablemente en los últimos dos años", explicó Gleason. "Nuestros decomisos de cargas han consistido en 20 galones más de aceite de metanfetamina, cientos y cientos y cientos de libras de marihuana." Él dijo que una sola carga consistía en "12-20 libras de metanfetamina, que es mucho."
Funcionarios de la región también se quejan de la falta de recursos de la ley del Estado en la zona debido al aumento de la operación que está en marcha a lo largo de la frontera Texas / México. Fox 7 cita Departamento de Texas de los informes de seguridad pública que dicen víctimas mortales de accidentes de coches en la zona han aumentado hasta en un 71 por ciento en los últimos dos años. Afirman infracciones también se han reducido hasta en un 50 por ciento.
"Cuando los soldados no están en el camino, la gente no obedecen las leyes, cuando no están obedeciendo las leyes, la gente muere", Williamson County Precinct 4 Juez de Paz Bill Gravell dijo Fox 7. "Ellos han hecho un decisión en el Capitolio para cambiar todos nuestros activos al sur de Texas, y aquí en el centro de Texas en el pasado año, es que nos costará un adicional de 85 vidas en la carretera. "
Capitán Gleason dijo a Fox 7 que sus alguaciles tratan de salir a la SH130 cuando las carreteras son  menos visitadas con el fin de evitar peligrosas súper persecuciones a alta velocidad. "Cuando es tranquilo en la radio y no hay nada que hacer, entonces ellos (sus ayudantes)  ahí  van en busca de mulas y riesgos", dijo Gleason. Dijo que las mulas se han dado cuenta de menor presencia policial de; estado y que les da más libertad para operar.
"Se establece un tono más peligroso debido a la gente que están tratando", dijo Gleason."Las personas que se ocupan de una gran cantidad de narcóticos, como las mulas que salen de la zona fronteriza, todos ellos normalmente todos tienen lazos del cártel con ellos."
En una respuesta a una pregunta de Fox 7, el DPS de Texas escribió:
"DPS fue dirigida específicamente por los líderes del estado para comenzar una lucha en la frontera en  junio de 2014 para luchar contra la oleada de drogas y el contrabando de personas a lo largo de la frontera.
Posteriormente, DPS informó a los líderes del estado que la rotación de soldados de todas partes del estado a la zona de operaciones en la frontera estaba creando lagunas de patrulla en otras áreas del estado. La Legislatura y Liderazgo de Texas respondieron al autorizar 250 posiciones trooper adicionales para ser colocado de forma permanente en la zona fronteriza en agosto de 2017.

Leer más desde el informe de Fox 7.
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