El número de personas desaparecidas en México podría desbordar estadios de futbol, como el Sardinero, en España, o el Sausalito, en Chile, y es que hasta marzo de 2015 se han contado de forma oficial 25 mil 821 personas “no localizadas” en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En Nuevo León se dieron 2 mil 167 de estos casos, y las autoridades, más que ayudar, son indiferentes y no dan ningún tipo de resultado
El 13 de noviembre de 2010, Virginia Buenrostro y su esposo fueron secuestrados por el crimen organizado en su casa de campo, ubicada en Cadereyta, Nuevo León, municipio periférico de Monterrey, la tercera ciudad más grande de México.
Dos días después de perder comunicación con sus padres, su hija, Jocelyn Mabel Ibarra Buenrostro, de 26 años de edad, se dirigió a la casa de campo acompañada de su novio José Ángel Mejía Martínez, también de 26 y del chofer de la familia, Juan Manuel Salas Moreno, de 40. Al llegar al lugar también fueron secuestrados. Dos días después, Virginia y su esposo fueron rescatados por el Ejército Mexicano, pero su hija, el novio y el chofer no corrieron la misma suerte.
Tras recibir una llamada de los delincuentes pidiendo un rescate, su otro hijo, David Joab Ibarra Buenrostro, inició las negociaciones para recuperar a su hermana, pero al acudir a entregar el rescate también fue secuestrado por el grupo armado.
Con cuatro seres queridos secuestrados, los padres de la familia Ibarra Buenrostro comenzaron la búsqueda de sus familiares; el primer obstáculo lo encontraron en las autoridades de seguridad, que en lugar de apoyar, los amedrentaron.
“Iniciamos nosotros solos. Mi hijo es ingeniero en informática, y antes de partir a entregar el rescate nos dejó coordenadas y direcciones para buscar a los secuestradores, puesto que uno de ellos usó el teléfono de mi hija y desde él ahí hizo una llamada para comunicarse con nosotros. Con eso mi hijo sacó la dirección y las coordenadas de dónde estaban.
Mi esposo y mi otro hijo, Martín, fueron a la [Secretaría de] Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Oficina Antisecuestros con todos esos datos y nadie quiso hacer nada. Mi esposo fue a todas las instancias y nadie quería prestarle ayuda. Incluso nos decían que le dejáramos ahí, que nos iba a ir peor; siempre [existió] la amenaza”, declara la madre.
Hasta ahora, las averiguaciones no han arrojado información sobre el paradero de sus hijos. Virginia y su esposo mantienen la esperanza de que Jocelyn y David aún estén con vida.
En las pasadas elecciones salieron a las urnas con el anhelo de que el resultado electoral, por lo menos, dé continuidad a los avances que se han obtenido en la búsqueda de sus seres queridos. Hasta junio de 2011, cuando el matrimonio acudió a la marcha del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabezó en Nuevo León el escritor mexicano Javier Sicilia, no se habían dado cuenta que más personas atravesaban por una situación similar, y entonces decidieron unirse a la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), para darle mayor eco a su lucha.
“La expectativa que tenemos es que se siga con el procedimiento que tenemos hasta ahorita, sin embargo no sabemos quién vaya a ser el nuevo procurador [de Justicia del estado]. Entonces no sabemos qué sensibilidad tendrá”, dice Buenrostro.
Briseida, tampoco aparece
Rosa González también se unió a CADHAC, luego de que su hija Briseida, de 23 años en aquel entonces, desapareciera en el municipio de Marín, Nuevo León. Su desaparición ocurrió el 17 de octubre de 2010.
Luego de asistir una fiesta, a Briseida se le perdió la pista en la plaza principal del municipio. Al percatarse de la desaparición, su madre y familiares comenzaron a buscarla, sin el apoyo de las autoridades.
“Acudí a la casa del que era el alcalde de Marín. Le pedí que me ayudara porque yo estaba desesperada por no saber nada de ella y me dijo que no podía hacer nada porque el municipio estaba de lleno de delincuencia organizada y que él tenía familia. Al otro día me fui al Ministerio Público para presentar la denuncia de mi hija, pero a ellos no les importó. Me trataron muy mal, el delegado me dijo que él también tenía familia y que tenía miedo, que le buscara por otro lado, hicieron caso omiso”, señala la madre de Briseida.
Tras no encontrar ninguna reacción en las autoridades locales, doña Rosa se dirigió a la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde su caso fue escuchado por los militares, quienes armaron un operativo para ubicar a su hija, pero nada surtió efecto.
El peregrinar de Virginia Buenrostro y Rosa González para encontrar a sus familiares no ha tenido descanso. Una historia similar es la que viven los familiares de las 961 personas que se encuentran en paradero desconocido en Nuevo León, de acuerdo con el registro de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC, mejor conocido como CADHAC.
La ineficiencia de las autoridades y el sistema burocrático mexicano han contribuido a que la deuda social que los gobiernos locales y federales mantienen con los familiares de víctimas pase de administración en administración.
“Tal vez le apuestan al olvido, tal vez piensan que nos vamos a cansar, pero no va a ser así. Nosotros vamos a seguir buscando a nuestros hijos”, afirma Virginia.
A los familiares de desaparecidos no les interesan los partidos políticos ni la alternancia en el poder, lo único que les importa es que los encargados de procurar justicia y seguridad en el estado enfoquen sus acciones en encontrar a sus seres queridos.
Las expectativas de que el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y la nueva composición del Congreso Estatal les ofrezcan mayor apoyo en su lucha, existe, aunque con reservas. A Virginia Buenrostro, la alternancia no le garantiza nada:
“En lo personal, yo quería un cambio en el gobierno en todo, para tener esperanza de que nos vaya mejor este año en la búsqueda de nuestros desaparecidos, pero lo que estamos viendo es que lamentablemente ningún candidato en su momento tocó el tema de desaparecidos y hace poco vi una entrevista con el gobernador electo y tampoco tocó el tema. Eso me preocupa, de que vaya a ser igual o peor que ahora.”
La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, fundada el 11 de enero de 2012 por familiares de personas desaparecidas y secuestradas en la entidad, calcula que durante el sexenio del actual gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, desaparecieron cerca de 10 mil personas en el estado, por lo que a través de un texto solicitaron al Bronco, que no se olvide de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico como lo han hecho las pasadas administraciones.
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