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lunes, 29 de junio de 2015

Entérate y conoce la "FORTUNA" de los NUEVE GOBERNADORES ELECTOS...y "toma nota" porque se va "MULTIPLICAR".

Ya sabemos quiénes estarán al frente de los estados donde hubo elecciones, pero hay que saber más de ellos: ¿Cuánto dinero tienen? ¿De qué bienes son propietarios? ¿Cuál es su compromiso con la transparencia? Éstas son las fortunas de los nueve gobernadores electos. 
Las elecciones intermedias del pasado 7 de junio fueron diferentes por varios factores. Como la mayor participación de la ciudadanía en las redes sociales y la aparición de herramientas para informarse mejor acerca de las propuestas de los candidatos. Una fue la iniciativa candidatotransparente.mx.
En esta plataforma, los candidatos tenían que hacer su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, lo que se llamó el reto 3de3. Esta iniciativa significó un esfuerzo por romper tabúes.“El primer tabú que se rompió fue el acceso a la información. Si 397 candidatos podían hacer pública esta información, realmente cualquier persona que aspire a un cargo político puede hacerlo. El segundo fue esta idea de que los mexicanos no participan en política; miles exigieron a los candidatos presentar su 3de3 y se mantuvieron atentos a este tema. El momento clave para exigirle a los candidatos es en las campañas, y esta iniciativa lo demostró”, comenta en entrevista Eduardo Bohórquez, presidente general de Transparencia Mexicana.
De los nueve candidatos electos a gobernador, sólo Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, de la coalición PRI-Partido Verde en Campeche, no realizó su declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Otro caso particular fue el del candidato Juan Manuel Carreras, de la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza de San Luis Potosí, pues en su declaración patrimonial se limitó a mandar una carta: “Yo Juan Manuel Carreras López, ME COMPROMETO ante la ciudadanía, en general, a que al resultar electo en el cargo para el cual competiré en las próximas elecciones de fecha 7 de junio de 2015, presentaré mis declaraciones patrimoniales como servidor público durante toda mi administración con apego a los principios de transparencia.”
El caso de Campeche es un asunto grave para la democracia en general, ya que, dice el directivo de Transparencia Mexicana, el hecho de que ninguno de los candidatos se animara a publicar su información deja muy claro que la clase política local se puso de acuerdo para decir: “No toquemos este tema.”
La herramienta candidatotransparente.mx fue un factor crítico en la elección de Querétaro. Roberto Loyola, aspirante a la gubernatura, había dicho que daba carpetazo a publicar su declaración, pero terminó haciéndolo una semana antes de las elecciones.
“Esto demuestra que este clamor social tuvo que ser atendido por los candidatos”, dice Eduardo Bohórquez, quien, sin embargo, aclara que “la transparencia no da garantías sobre la honestidad de los candidatos. Da garantías al lector sobre la información para hacerse de un juicio”.
De los ocho candidatos que realizaron su reto 3de3,  Claudia Pavlovich Arellano, de la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, es la que más recursos reportó en cuanto a la declaración patrimonial.
El que menos reportó fue Héctor Astudillo Flores, gobernador electo de Guerrero por la coalición PRI-Partido Verde, aunque su caso es muy peculiar, pues el mayor ingreso anual es de su esposa: mientras él reporta una remuneración anual neta de 885,000 pesos, la de su esposa es de 3 millones 521,244 pesos. Hay otro dato curioso en la declaración de Astudillo: las 12 propiedades que reporta, entre casas, edificios y terrenos, están a nombre de su cónyuge.
La violencia también fue otro factor que hizo diferentes a estas elecciones: 21 candidatos fueron asesinados, además de que en diversos puntos donde se llevó a cabo la jornada electoral, principalmente Oaxaca y Guerrero, se presentaron diversas protestas de descontento.
Las elecciones del pasado 7 de junio fueron atípicas también por la aparición de la figura de los candidatos independientes, que aportaron otra alternativa, además de los partidos políticos. Pero fueron herramientas como candidatotrasnparente.mx, prometrica.mx o votoinformado.unam.mx las que abrieron el camino a la ciudadanía como una nueva forma de informarse.
Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana, comenta que para crear mejores condiciones políticas, “lo que se debe hacer es legislar en la materia, para que herramientas como candidatotransparente.mx no sean un ejercicio voluntario, y se conviertan en un ejercicio que la ley ordene”. 
Aquí te presentamos las fortunas de los gobernadores electos: 
LOS QUE SÍ CUMPLIERON
1. Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora electa del estado de Sonora por la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza
La gobernadora electa Claudia Pavlovich Arellano es abogada por la Universidad de Sonora, tiene 45 años y nació en Magdalena de Kino, Sonora, la misma tierra de donde era originario Luis Donaldo Colosio.
Declaración patrimonial: 
  • Remuneración anual neta: 4 millones 127,633 pesos.
  • El ingreso anual de su cónyuge es de un millón 937,172 pesos.
  • La propiedad más cara de la gobernadora electa está formada por un terreno y un local comercial con valor de 3 millones 856,314 pesos.
Declaración de intereses:
  • Senadora de la República. El 21 de enero de 2015 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de un millón 802,381 pesos.
  • Presidenta del CDE Sonora. El 12 de enero de 2013 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de 650,000 pesos.
Declaración fiscal (sueldos, salarios y asimilados a salarios): En 2014 declaró 50,335 pesos. 
2. Francisco Domínguez Servién, gobernador electo del estado deQuerétaro por el PAN
El gobernador electo Francisco Domínguez Servién tiene 48 años, nació en Santiago de Querétaro, Querétaro, y es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Querétaro. Pertenece a las filas del PAN desde 1995.
Declaración patrimonial: 
Remuneración anual neta: 3 millones 75,328 pesos.
  • La propiedad más cara del gobernador electo es una casa habitación con valor de 3 millones 510,000 pesos.
  • Además cuenta con dos automóviles de la marca Ford, uno con valor de 365,000 pesos y otro de 250,000 pesos, y uno de la marca BMW con valor de 265,000 pesos.
Declaración de intereses:
  • Senador de la República. El 26 de febrero de 2015 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de 2 millones 57,328 pesos.
  • Presidente municipal de Querétaro. El 5 de diciembre de 2011 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de un millón 514,000 pesos.
Declaración fiscal (sueldos, salarios y asimilados a salarios): En 2013 declaró 2,883 pesos. 
3. José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador electo del estado de Colima por la coalición PRI-Nueva Alianza-Partido Verde
El gobernador electo José Ignacio Peralta Sánchez tiene 45 años de edad, es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en economía por la Universidad de Essex (Reino Unido).
Declaración patrimonial: 
  • Remuneración anual neta: 2 millones 212,932 pesos.
  • La propiedad más cara del gobernador electo es una casa con valor de 2 millones 100,000 pesos.
  • Además cuenta con dos automóviles, uno de la marca Toyota, con valor de 380,200 pesos, y un BMW, 661,760 pesos.
Declaración de intereses:
  • Presidente municipal de Colima. El 20 de enero de 2012 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de 962,151 pesos.
  • Subsecretario de Comunicaciones y Transportes. El 31 de diciembre de 2015 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de 2 millones 212,932 pesos.
Declaración fiscal (sueldos, salarios y asimilados a salarios): En 2014 declaró 33,704 pesos. 
4. Carlos Mendoza Davis, gobernador electo del estado de Baja California Sur por el PAN
El gobernador electo Carlos Mendoza Davis tiene 46 años, es abogado de profesión y nació en la Ciudad de México, aunque en 2011 se desempeñó como secretario general del gobierno de Baja California Sur.
Declaración patrimonial:
  • Remuneración anual neta: un millón 747,149 pesos.
  • El ingreso anual de su cónyuge es de 75,000 pesos.
  • La propiedad más cara del gobernador electo es una casa con valor de 5 millones 313,110 pesos.
  • Además cuenta con varios automóviles, entre éstos uno de la marca Ford con valor de 708,300 y otro de la marca Chevrolet de 609,150 pesos. También tiene una motocicleta Kawasaki con valor de 100,000 pesos.
Declaración de intereses: No aclaró (N/A). 
Declaración fiscal (sueldos, salarios y asimilados a salarios): En 2014 declaró 3,551 pesos. 
5. Silvano Aureoles Conejo, gobernador electo del estado de Michoacán por la coalición PRD-PT-Encuentro Social
El gobernador electo Silvano Aureoles Conejo es originario de Carácuaro, Michoacán, tiene 49 años y es ingeniero agrónomo especialista en bosques por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es miembro fundador del PRD.
Declaración patrimonial: 
  • Remuneración anual neta: un millón 689,841 pesos.
  • La propiedad más cara del gobernador electo es una casa con valor de 3 millones de pesos.
  • Además cuenta con dos automóviles de la marca Chevrolet, uno con valor de 590,000 pesos y de 487,200 pesos.
Declaración de intereses:
  • Senador de la República. En agosto de 2012 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de un millón 467,696 pesos.
  • Diputado federal. El 26 de febrero de 2015 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de un millón 699,841 pesos.
Declaración fiscal (sueldos, salarios y asimilados a salarios): En 2014 declaró 33,395 pesos. 
6. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, gobernador electo del estado de Nuevo León como candidato independiente
El gobernador electo Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, alias el Bronco, es ingeniero agrónomo. Nació en Galeana, Nuevo León, y tiene 58 años. Militó durante 33 años en el PRI.
Declaración patrimonial:
  • Remuneración anual neta: un millón 200,000 pesos.
  • El ingreso anual de su cónyuge es de 384,000 pesos.
  • La propiedad más cara del gobernador es un menaje de casa (ajuar y utensilios de una casa, que sirven exclusivamente para el uso diario de una familia) con valor de 500,000 pesos.
  • Además cuenta con una relación de semovientes (término jurídico que se refiere a aquella parte del patrimonio que es capaz de moverse por sí solo) de 60 yeguas con valor de 900,000 pesos y 200 borregos con valor de 200,000 pesos.
Declaración de intereses:
  • Alcalde del municipio de García Nuevo León. El 31 de octubre de 2012 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo máximo anual de 829,280 pesos.
Declaración fiscal (sueldos, salarios y asimilados a salarios): En 2014 declaró cero pesos. 
7. Héctor Astudillo Flores, gobernador electo del estado de Guerrero por la coalición PRI-Partido Verde
El gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, nació hace 56 años en Chilpancingo, Guerrero. Es abogado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició en la política a los 16 años y fue el coordinador en Guerrero de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Declaración patrimonial:
  • Remuneración anual neta: 885,000 pesos.
  • El ingreso anual de su cónyuge es de 3 millones 521,244 pesos.
  • 12 propiedades que aparecen en su declaración, entre casas, edificios y terrenos, están a nombre de su cónyuge. El gobernador electo sólo declara que tiene dos vehículos Jeep adquiridos en 2014 de contado, con valor de 428,000 pesos.
Declaración de intereses:
  • Diputado local de la LX Legislatura. Según su declaración, está vigente en el cargo y ostenta un sueldo anual de 885,000 pesos.
  • Presidente municipal. El 29 de septiembre de 2012 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de 540,000 pesos.
  • Senador de la República. En 2004 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de un millón 425,000 pesos.
  • Diputado local de la LVI Legislatura. En 2000 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de 360,000 pesos.
  • Presidente municipal. El 30 de diciembre de 1999 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de 420,000 pesos.
  • Diputado local de la LIV Legislatura. En 1996 fue la fecha de término en el cargo y ostentó un sueldo anual de 300,000 pesos.
Declaración fiscal (sueldos, salarios y asimilados a salarios: En 2014 declaró 480,000 pesos. 
LOS QUE NO CUMPLIERON 
8. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador electo del estado de Campeche por la coalición PRI-Partido Verde
El gobernador electo Alejandro Moreno Cárdenas es originario de Campeche, tiene 40 años y es abogado egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Rene Descartes. Desde 1991 pertenece a las filas del PRI. En el estado es conocido como el Vandalito o Alito.
Declaración patrimonial: No declaró.
Declaración de intereses: No declaró.
Declaración fiscal (sueldos, salarios y asimilados a salarios): No declaró 
9. Juan Manuel Carreras, gobernador electo del estado de San Luis Potosí por la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza
El gobernador electo Juan Manuel Carreras tiene 53 años, nació en San Luis Potosí y es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cursó sus estudios de licenciatura en la Escuela Libre de Derecho.
Declaración patrimonial: “Yo, Juan Manuel Carreras López, ME COMPROMETO ante la ciudadanía en general a que al resultar electo en el cargo para el cual competiré en las próximas elecciones de fecha 7 de junio de 2015, presentaré mis Declaraciones Patrimoniales como Servidor Público durante toda mi administración con apego a los principios de transparencia”, señaló el candidato electo.
Declaración de intereses:
  • Director de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra. En 2010 fue la fecha de término en el cargo y no especifica el sueldo que ostentó anualmente.
  • Director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía. El 24 de enero de 2013 fue la fecha de término en el cargo y no especifica el sueldo que ostentó anualmente.
  • Director del Seguro Popular. El 30 de septiembre de 2013 fue la fecha de término en el cargo y no especifica el sueldo que ostentó anualmente.
  • Secretario de Educación Pública. El 20 de enero de 2014 fue la fecha de término en el cargo y no especifica el sueldo que ostentó anualmente.
Declaración fiscal (sueldos, salarios y asimilados a salarios): En 2014 declaró 21,943 pesos.
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En MEXICO : "TORTURA a NIVEL INDUSTRIAL"...2 DENUNCIAS DIARIAS,dice la CNDH.


De 2001 a mayo de 2015, la CNDH recibió 10 mil 688 quejas por tortura y otros tratos crueles; en promedio, dos cada día. A partir de 2008, estos hechos comenzaron a repuntar y alcanzaron su punto más crítico en 2011. Uno de esos casos, el de Moisés Cordero, es acompañado por Amnistía Internacional México y ya es de conocimiento de la CNDH, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. El exescolta habría sido torturado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla con el objetivo de que se confesara partícipe de un feminicidio que, asegura, no cometió.


María Juana aún guarda el trozo mal cortado de papel de estraza que alguna vez fue envoltorio de torta. La caligrafía de puño que tiene impresa por ambos lados ha resentido la marcha del tiempo: algunas de las letras escritas en tinta negra lucen escurridas. A pesar de ello, el mensaje de mayúsculas ligeramente recargadas hacia la derecha resulta legible. El escaso empleo de signos de puntuación o su atropellada ortografía, quizá producto de las circunstancias, no interfieren con su significado:
 “moises cordero fui torturado fisica y sicologicamente para que firmara la declaracion estoy incomunicado desde el 25. feb. me detuvieron por falta de portacion de arma segun ellos y luego me torturaron 6 ocaciones para que dijera loque ellos querian tambien me acusaron de cohecho no es cierto me arraigan para que se me quitaran las huellas de golpes yo no hice nada…” (sic).
Una flecha de punta alargada indica que la escritura continúa en la parte posterior del papel marrón: “…y nunca me han dejado hacer una llamada solicito me dejen utilizar abogado y acudan alguien de derechos humanos la tortura se hizo con agua toques sin ropa bendado y esposado con manos atras, golpes con sus puños asficia con una bolsa en la cabeza me pusieron franelas en la boca y nariz para ahogarme y todos los conosi” (sic). Un punto bien ennegrecido marca el fin del mensaje.
Como el acordeón que se comparte, discreto en periodo de exámenes escolares, así depositó Moisés Cordero este trozo de papel en las manos de su esposa. No se estaba jugando una calificación; urgía ayuda luego del tormento al que fue sometido por servidores públicos.
María Juana ya lo sabía. La escritura sólo le brindó los detalles. Lo descubrió unos minutos antes cuando Moisés, quien se encontraba arraigado en una habitación del hotel Kyoto de la ciudad de Puebla, le rehuyó al abrazo y, ella, desconcertada, nerviosa, le levantó la playera. Entonces pudo constatar el lienzo de violencia en que se había convertido el cuerpo de su marido y que erosionaba en un gran hematoma plantado a la altura de la boca del estómago.
El lienzo se prolongaba en la parte trasera del tronco del hombre con quien María Juana procreó cuatro hijos, todos varones. Ahí, sin embargo, las marcas eran distintas, como si la técnica de grabado hubiera sido otra. Parecían como pellizcos, como pequeñas quemadas, como si a la espalda se hubieran aplicado choques eléctricos, relata la mujer.
—¿Qué te hicieron? –le preguntó ella, consternada y en voz baja, con los ojos clavados en cadapincelazo de violencia.
Él no respondió. La agente del Ministerio Público que atestiguaba el encuentro se mantenía alerta.
 “¿Te golpearon, verdad?”, insistió ella, esperando que el dicho confirmara la evidencia visual.
 “Sí”, alcanzó a decir Moisés, con voz diminuta. También, aunque de forma escueta, señaló que la tortura practicada en el sótano de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla le arrancó la confesión de culpabilidad de un crimen que, asegura, no cometió: el homicidio de una mujer de nombre Karla.
La entrega del papel de estraza terminó con el tema. Después vino la advertencia: “Cuídate de la [agente del] ministerio público. Ella estuvo presente durante la tortura”, dijo Moisés a su esposa.

Tortura, práctica vigente

De 2001 a mayo de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 10 mil 688 quejas por tortura y trato cruel, inhumano o degradante, en promedio dos cada día. Así consta en sus Informes de actividades anuales y en su Sistema Nacional de Alerta.
Durante el mismo periodo, el organismo autónomo emitió 973 recomendaciones en total por diversos hechos violatorios de derechos humanos, dentro de los cuales se documentan 240 de tortura y trato cruel, inhumano o degradante.
En diciembre de 2014, Juan E Méndez, relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que la “tortura es generalizada en México” y que ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, con motivo de castigar y extraer confesiones e información incriminatoria.
La estadística de la CNDH muestra un incremento considerable de los hechos de tortura y trato cruel, inhumano o degradante a partir de 2008, año en que esta instancia recibió 1 mil 8 quejas en la materia respecto de las 399 que procesó en 2007. La problemática, sin embargo, se agudizó en 2011, con 1 mil 668 quejas, lo que representa el registro más elevado.
Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el total de quejas por tortura y trato cruel, inhumano o degradante fue de 7 mil 55, es decir, 466 por ciento más que las 1 mil 514 reportadas en el gobierno de Vicente Fox Quesada.
A la fecha, estas prácticas continúan latentes. En poco más de 2 años de la gestión de Enrique Peña Nieto, la CNDH ha recibido un total de 2 mil 119 quejas en la materia, entre ellas la de Moisés Cordero. Ésta fue presentada con anterioridad, el 5 de marzo de 2014, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (expediente 2460/2014-C), instancia que, según refiere María Juana Bautista, esposa de Moisés, le dio carpetazo.
La mujer comenta que días después de la visita que el personal de la Comisión estatal realizó a su esposo, el licenciado asignado al caso, José Luis Morales, le comunicó, vía telefónica, “que todo estaba bien y que no podía hacer nada”.
Si bien algunos casos de tortura y malos tratos se atribuyen a autoridades policiales y ministeriales –ya sean federales o locales­–, en los últimos 14 años es el Ejército el que ocuparía el primer sitio.
Como puede corroborase en los informes de actividades anuales de la CNDH, de 2001 a la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha recibido un total de 103 señalamientos en los expedientes de queja por tortura, seguida de la Procuraduría General de la República, con 63, y la Policía Federal, con 20. La Sedena también destaca como la dependencia con más recomendaciones en la materia.
En su Informe de actividades 2014, la CNDH, que preside Luis Raúl González, concluyó que México atraviesa por un “periodo de crisis” como consecuencia de “un espiral de violencia”. Entre las graves violaciones a los derechos fundamentales que, a decir de la CNDH destacan en este periodo, se encuentran las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, tortura y ejecucionesextrajudiciales, mismas que, asevera, “han lastimado sensiblemente el tejido social”.

Protocolo de Estambul confirma tortura

La tarde del 25 de febrero de 2014, cuando transitaba por el Periférico de la capital poblana, Moisés Cordero, quien en ese momento se desempeñaba como escolta y chofer de la esposa de Enrique Agüera Ibáñez, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), sería interceptado por una cuadrilla de policías ministeriales.
Los servidores públicos lo obligarían a detener la marcha del Chevy rojo que conducía, propiedad de sus patrones, y, por la fuerza, lo treparon en una camioneta Jeep Patriot para, posteriormente, trasladarlo a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, ubicada entre Boulevard Héroes del 5 de Mayo y 31 Oriente. Ahí, en el sótano del recinto público, viviría seis episodios de tortura.
Moisés cargaba una pistola .380, la herramienta que empleaba para su oficio de escolta. Esa situación sería el pretexto de su detención. “Algo anda mal con tu portación”, le habrían dicho los agentes que lo privaron de su libertad, sin importar que él les mostrara el permiso que lo autorizaba para portar un arma de fuego, además de un oficio expedido por la corporación de seguridad privada Grupo Maya, que acreditaba que en ese momento se encontraba comisionado al servicio del exrector universitario.
Casi 1 año y medio ha transcurrido desde esa tarde de febrero. Moisés permanece recluido en la celda 203 del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, procesado por los delitos de feminicidio, aborto y robo. Durante su estancia en este lugar, se le ha aplicado, en dos ocasiones, el Protocolo de Estambul, manual que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para determinar, a partir de la valoración médica y sicológica, si una persona fue víctima de tortura o algún mal trato.

El 29 de mayo de 2014, Moisés Ramírez Briones, perito médico legista certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, concluyó, luego de la confronta entre el examen médico que le practicó y el Protocolo de Estambul, que efectivamente “hay indicios de tortura”.
Esto porque a pesar de no encontrar en el cuerpo de Moisés Cordero evidencia de lesiones externas visibles, como equimosis o excoriaciones –lo que se explica por el tiempo transcurrido entre su detención y el momento en que se le practicó la prueba médica: 93 días–, sí le detectó síntomas crónicos, como cefalea, lumbalgia y dolor muscular, mismos que, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, son indicativos de tortura.
El perito a cargo, también catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tuvo acceso a los resultados de un examen médico practicado a Moisés Cordero el 1 de marzo de 2014, cuando aún se encontraba arraigado en el hotel Kyoto. Dicho dictamen, en el que constan tres equimosis –una en la región lumbar y dos en la espalda–, así como una excoriación en la palma de la mano izquierda, le permitió confirmar su diagnóstico. Ello porque, según señala, las lesiones que entonces se le detectaron tienen una “enorme similitud” con los síntomas crónicos que él le descubrió.
A decir del médico legista, la evidencia de tortura recae también en el trastorno de estrés postraumático que Moisés Cordero padece, y que se desprende de su reexperimentación del trauma (con frecuencia escucha las voces de los policías ministeriales que lo golpearon) y de la depresión en que se encuentra sumido (se siente desganado, sin interés por la vida e incluso ha contemplado la posibilidad del suicidio).
El 24 de febrero de 2015, a Moisés Cordero se le aplicó, por segunda ocasión, el Protocolo de Estambul. Esta vez a cargo de María del Carmen Castaneira, perita médica criminalista. El resultado fue similar. La especialista determinó que “la ausencia de signos físicos no excluye la posibilidad de que se le hayan infligido torturas o malos tratos”. Y es que, según asienta en el dictamen que emitió a 11 meses de la detención de Moisés Cordero, por el tiempo transcurrido “ya no es factible encontrar lesiones o la presencia de dolor”, no así secuelas sicológicas, mismas que, acota, “son difíciles de desaparecer”.
De acuerdo con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –instrumento de derechos humanos de la ONU firmado y ratificado por el Estado mexicano–, se entenderá por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un servidor público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

La tortura en México, impune y sin registro

En México no existe un registro nacional que refleje la totalidad de casos de tortura y trato cruel que se comenten. Así lo verificó Juan E Méndez, relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, durante la visita de trabajo que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014.
La estadística oficial existente obra en los registros de la CNDH, las comisiones estatales de derechos humanos –26 de las cuales recibieron para el periodo 2008-2013 un total de 2 mil 323 quejas por tortura y otros malos tratos que derivaron en 392 recomendaciones, según revela Amnistía Internacional México– y las contadas denuncias que se presentan ante las instancias de procuración de justicia dado que, como observó Juan E Méndez, “muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza, y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad”.
De 2006 a 2014, la sociedad civil mexicana ha documentado alrededor de 500 casos de tortura y trato cruel, inhumano o degradante.

En su informe Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México, Amnistía Internacional México alude a 25 casos de tortura: Claudia Medina; Alejandro Lugo; Jorge González; Wilbert Terán; Bárbara Italia Méndez y otras; José Esqueda y Gustavo Fuentes; Inés Fernández y Valentina Rosendo; Ramón y María Guadalupe Durán y Javier Delgado; Ángel Colón; Israel Arzate; Adrián Vázquez; Luis Ángel Zazueta; Juan Gerardo Sánchez; Germán Heredia; 25 policías municipales de Tijuana; Óscar Valle; Benjamín y Juan Pablo Ortiz; Luis Adrián, Jesús Iván y Juan Antonio Figueroa; Noé Fuentes, Rogelio Amaya, Ricardo Fernández y Gustavo y Víctor Manuel Martínez; Jethro Ramsés Sánchez; Miriam López; Ramiro y Rodrigo Ramírez, Ramiro López y Orlando Santaolaya; Cristel Piña; Gerardo Torres y otros; y Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González. Además, en fechas próximas, la organización dará a conocer cinco nuevos casos que acompaña, entre ellos el de Moisés Cordero.
Por su parte, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), en voz de Raymundo Díaz Taboada, su coordinador estatal en Acapulco, refiere que, en los 10 años que tienen de existencia, han acompañado 416 casos de tortura y trato cruel inhumano y degradante. Detalla que en 282 de ellos las víctimas son mujeres.

En entrevista con Contralínea, Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, coincide, pese a la postura oficial, en que la tortura en el país es práctica generalizada. Esto porque, como explica, se da a lo “largo y ancho del territorio nacional”, es decir, no hay una sola entidad de la República exenta de estos casos. Además, porque no hay corporación policial, judicial o cualquier otra fuerza encargada de hacer cumplir la ley, que no haya sido señalada como responsable de esta práctica.
Respecto de si, en el contexto mexicano, es posible o no definir a la tortura como una violación grave a los derechos humanos, el defensor explica que aunque ésta consta entre los delitos contenidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, para que pueda considerarse como violación grave debe cumplir con dos requisitos técnicos: ser generalizada y sistemática.
En ese sentido, acota, “desde Amnistía Internacional decimos que hay una práctica generalizada y tolerada por el Estado mexicano, pero no tenemos la evidencia suficiente para comprobar una práctica sistemática”.
Para Díaz Taboada, la tortura en México resulta, igualmente, generalizada, dado que “se da en toda la geografía del país”. Se trata, asimismo, de un mal endémico en el sentido de que se encuentra profundamente arraigado al actuar de los servidores públicos, quienes no sólo son verdugos sino, en algunos casos, víctimas también de tortura con el objeto de deshumanizarlos.
La tortura, asegura el coordinador estatal del CCTI, cumple también con características de sistematicidad, ya que, por ejemplo, sus víctimas predilectas cumplen con determinado perfil, en el que destaca –como también lo señaló el relator de la ONU– la condición de pobreza o de sector social marginado; además de que la forma de proceder en los casos de tortura parece responder a un patrón específico.
En México la tortura se tolera, permite, fomenta y, para rematar, se mantiene en la impunidad, asevera Díaz Taboada. Su dicho cobra sentido a la luz de la estadística oficial –revelada en elInforme del relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E Méndez, documento fechado el 29 de diciembre de 2014–, según la cual, sólo se dictaron cinco sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013.
Asimismo, se observa que es mínimo el número de recomendaciones que la CNDH emite respecto de las quejas por tortura y malos tratos que recibe. Por ejemplo, frente a las 8 mil 746 quejas que en la materia registró entre 2005 y 2013, el organismo autónomo tan sólo determinó 223 recomendaciones.

Moisés Cordero

El 25 de febrero de 2014, minutos después de su detención, Moisés Cordero, expolicía auxiliar, fue ingresado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla por un supuesto problema con su portación de arma de fuego, según se le dijo.
La preocupación del hombre de 43 años de edad iba en ascenso. El tiempo transcurría y traía consigo un panorama cada vez más irregular. Ya no era sólo la detención arbitraria, si no la negativa de permitirle hacer una llamada; las esposas con las que le fueron sujetadas ambas muñecas.
El interrogatorio empezaría ese mismo día, en una pequeña habitación, al margen de todo ruido. Un hombre de traje oscuro sentado frente a un escritorio; dos personas sujetando a Moisés Cordero por ambos costados. En este contexto, emanaría el primer golpe en su contra: un puñetazo directo al estómago. Después, y ante su negativa de responder a un listado de preguntas que no alcanzaba a comprender, un puñetazo más que lo dejaría tendido, boca arriba, con todo y silla, sobre el piso del sótano de la Procuraduría.
Éste sería apenas el preámbulo de la tortura. Lo peor estaba por venir: la bolsa de plástico, transparente y gruesa, que le colocaron sobre la cabeza con el fin de obstaculizarle el aliento; la sensación de desprotección y sometimiento que le produjo la obligación del desnudo –un cuerpo a expensas–; el episodio en el que, estando tendido boca arriba, le cubrieron la boca y la nariz con una franela sobre la cual le vaciaron agua a chorros; el terror sicológico que le infundieron las amenazas de violación sexual y de daño a su familia; los constantes golpes sobre los riñones, el estómago, los muslos, los codos; y, para rematar, la prolongada sesión de descargas eléctricas con blanco en los riñones y testículos.
De acuerdo con la versión de Moisés Cordero, la tortura de la que fue objeto se prolongaría a seis sesiones suministradas durante varios días y noches. Sus verdugos: cuatro policías y un comandante de nombre Rafael.
Como consecuencia del daño físico y sicológico infligido, Moisés Cordero habría orinado sangre en cuatro ocasiones y firmado una declaración en la que acepta su participación en el feminicidio de Karla López Albert, mujer de 31 años de edad y en condición de embarazo que, a principios de febrero de 2014, apareció muerta en la vía pública de la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México.
María Juana Bautista comenta que a la fecha no ha interpuesto denuncia penal por la tortura a la que fue sometido su esposo, puesto que desconocía que podía hacerlo.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, así como con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Fuente.- (Documento .PDF)

Flor Goche, @flor_contra

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VIDEO: "TRAGICAS CIFRAS de DESAPARECIDOS"...80% "PODRIA ESTARSE OCULTANDO".


Las cifras exactas sobre el número de personas desaparecidas durante los dos últimos sexenios son casi imposibles de saber. 
El mal gobierno oculta aproximadamente el 80% de los datos de ellas, porque quiere minimizar la tragedia. ¡Como si más de 25 mil no lo fueran ya! ¡Como si uno solo no fuera en si mismo una tragedia! Así como ha pasado en otros países donde hubo dictaduras y las desapariciones se cuentan por miles; en México estos datos no los sabremos, al igual que en países como Argentina o Chile, donde décadas después, los números siguen quedándose muy cortos. 
Al paso que va el individuo que mal gobierna en la actualidad, al finalizar este año habrá superado la cantidad de desaparecidos que tuvo en todo un sexenio el delincuente Felipe Calderón. ¡Es de terror!
Fuente.- EllosyNosotros/Grillonautas.
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"SEDENA" se RESISTE a "INFORMAR" a cuantos "CIVILES ha MATADO",dice "NO SABE"... el "INAI" la "REFUTA y OBLIGA".


La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a informar cuántos civiles ha asesinado desde abril de 2014, argumentando que no tiene la obligación de llevar el registro, aunque sus protocolos de actuación los obligan a tener los datos.

Sin embargo, una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reveló que el Ejército sí cuenta con estos datos e incluso los ha publicado en boletines de prensa.
El equipo de Aristegui Noticias ha presentado al menos cinco solicitudes de información sobre esta estadística y desde el 6 de abril de 2014 la respuesta del Ejército ha sido la misma: declarar la inexistencia de los datos, argumentando que no tienen la obligación de contar cuántos civiles asesina y recomendando preguntar a la Procuraduría General de la República.
El 3 de junio de 2015 el pleno del INAI aprobó el recurso de revisión RDA 1759/15, en el que la comisionada Areli Cano Guadiana estableció que la “directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano” ordena a las fuerzas armadas elaborar un informe detallado de cada ocasión en los soldados abren fuego contra civiles.
Lo mismo indica el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas: “Cuando en el lugar de los hechos resultaran personas civiles o militares muertos o heridos (los soldados procederán a) Elaborar un informe detallado del evento donde se efectuó uso de la fuerza”.
Estos argumentos ya se habían considerado en recursos de revisión anteriores y se había ordenado a Sedena buscar y entregar los datos; sin embargo, la respuesta del Ejército siempre fue declarar la inexistencia de los datos.
En este caso la comisionada Areli Cano revisó el portal web de la Secretaría: el 5 de mayo de 2015 el Ejército publicó un boletín sobre el ataque a un helicóptero en el marco del operativo “Jalisco”.
Luego de detallar y lamentar el número de elementos fallecidos en la operación, se informa que “Durante los hechos perdieron la vida nueve agresores, asegurándose quince armas largas(…)”.
Esta publicación revela que el Ejército sí anota cuántos civiles asesina en sus operaciones. Fueron 13 meses, desde abril de 2014 a mayo de 2015, en los que el Ejército escondió la información pública.
En palabras de la comisionada: “De la información localizada, es posible advertir que cuando el personal militar hace uso de la fuerza, la Secretaría de la Defensa Nacional, además de tener conocimiento de los hechos y circunstancias del evento, conocer el número de personas y militares muertos”.
El documento, avalado por todos los comisionados, establece que existen elementos suficientes para determinar que Sedena “dejó de garantizar el derecho de acceso a la información pública” al decir que no tenía los datos.
Una vez que se descubrió que Sedena sí cuenta el número de civiles que mata, el sujeto obligado cuenta con 10 días para buscar y entregar los datos.
Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, afirmó que los sujetos obligados que buscan evadir sus obligaciones de transparencia prefieren responder que no tienen los archivos solicitados: “la inexistencia es mucho más difícil de combatir, porque hacen pasar como si no fuera su obligación”.
Dijo que uno de los precedentes en la materia es el caso Gomes-Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en él se señala que en Estados de impunidad y de violación de derechos humanos, la autoridad tiene la obligación de generar la información para la reconstrucción de la historia y de la memoria histórica, con el objetivo final de construir sociedades democráticas.
Sostuvo que el reto es obligar a que cada dependencia documente con precisión las actividades que realiza y que cuenten con protocolos para organizar la información, pues tienen detectado que ni los propios sujetos obligados conocen sistemáticamente sus documentos.
Durante el sexenio de Felipe Calderón Sedena transparentó la estadística sobre civiles y soldados muertos o heridos en enfrentamientos. Sin embargo, a partir del 5 de abril de 2014 el Ejército decidió descontinuar la estadística, argumentando que no es su atribución.
El 2 de julio de 2014, el diario Reforma publicó que en 19 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto el Ejército había abatido a 606 civiles. El reporte tiene cifras hasta el mes de abril, justo la fecha en que se implementó la política de no contar más a las víctimas de la lucha contra el crimen desde Sedena.

fuente.-
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"ASALTO" CIBERNETICO a "BANORTE"...y se apoderan de "DATOS de los CLIENTES".


Un número indeterminado de clientes de Banorte ha sufrido el robo de sus datos, caso que ya investiga la CNBV, que afirmó que está verificando qué información y de qué clientes fue sustraída, por lo que dependiendo del resultado se tendrán que tomar medidas por parte de la comisión y el banco.

Mexico,D.F 29/Jun/2015 La información de un número indeterminado de clientes de Banorte fue sustraída, confirmaron a El Financiero autoridades y fuentes cercanas al caso
El robo de datos ocurrió presuntamente durante el proceso de cambio de su plataforma tecnológica concretado a finales del año pasado e inicios del actual.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó quedesde hace un mes investiga el caso al interior del banco, analizando toda la información sobre el robo. De acuerdo con Jaime González Aguadé, presidente de la institución, el caso podría ser grave

“Es grave si es información confidencial que no debe estar en manos de nadie más que de los dueños que son los usuarios y del banco para sus operaciones. Entonces en la medida en que analicemos la información veremos que sucedió. Esto puede suceder y sucede en todas partes del mundo”, expuso.

Reconoció que Banorte fue quien notificó a la CNBV del suceso y por ello, la autoridad inició un proceso de verificación.

“En eso estamos (en verificar) qué información efectivamente y de qué clientes se sustrajo. Y si encontramos o lo que encontremos, tomaremos las medidas necesarias y en su caso el banco tendrá que actuar”.

En mayo el banco emitió en un diario un desplegado que destacó los riesgos de la ciberdelincuencia, aunque en ese escrito no mencionó el ataque en cuestión.

De acuerdo con información recabada por El Financiero, la alerta inició cuando algunos de sus clientes de mayores recursos recibieron llamadas por parte de la institución para solicitarles que cerraran momentáneamente sus cuentas por el surgimiento de algunos problemas de seguridad.

Informantes cercanos al caso explican que representantes del mismo banco ignoran cuánto tiempo quedó expuesta la información de sus clientes, ya que el hackeo no fue detectado inmediatamente.

Las mismas fuentes explican que los datos que fueron sustraídos corresponden a la obtenida mediante terminales punto de venta, cajeros automáticos y de banca en línea.

De acuerdo con las disposiciones emitidas los bancos deben informar a la autoridad de todo riesgo de mercado, operación o tecnológico, lo cual fue hecho por Banorte, confirmó la CNBV.
  
TODAS LAS INSTITUCIONES SON OBJETO DE CIBERATAQUES: GFNORTE


Consultado sobre la sustracción de datos, Grupo Financiero Banorte explicó que fue un “incidente menor” y que correspondió a una base de datos en “desuso” aunque declinó precisar cuántas personas formaban parte de ese padrón. 

Todas las instituciones más relevantes en todas las industrias, son objeto de ciberataques constantemente, lo que no implica que tales intentos resulten exitosos, indicó a El Financiero.

Por lo que afirmó “hoy por hoy tenemos la tranquilidad y certeza de que la información sensible de nuestros clientes, es decir: datos, números de cuenta, operaciones y saldos, está completamente protegida y no ha estado en riesgo en ningún momento”.

Reconoció que en mayo de este año “nuestra institución registró un incidente menor a través del cual se accedió a un listado que ya estaba en desuso y que sólo contenía información comercial, en su momento utilizada por el banco para fines promocionales y de prospección de clientes potenciales”.


La institución aseguró que actualiza sus sistemas de seguridad de manera constante.

fuente.-
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