“Ocho meses han pasado desde que 43 estudiantes desaparecieron en la ciudad de Iguala. El crimen desató meses de protestas en las calles y mandó al gobierno priista de Enrique Peña Nieto a una crisis de credibilidad sin precedente”, señala el texto, difundido el lunes 8.
Añade: “A principios de marzo Murillo Karam fue removido de su cargo y reemplazado por Arely Gómez, una senadora del PRI que desde que fue asignada parece estar buscando bajar el perfil del caso Ayotzinapa. Y por una buena razón la narrativa que fue dejada por Murillo Karam e inalterada por Gómez quedó en ruinas.
“Por meses, periodistas, forenses, expertos jurídicos y grupos de derechos humanos, con la ayuda de testigos y la persistencia de las familias de los estudiantes han descubierto muchos huecos en la historia, expuesto muchas incongruencias y han proveído mucha información contradictoria, que incluso los elementos que alguna vez parecieron ser hechos reales, por ejemplo la culpa del alcalde Abarca y su esposa, ahora son abiertamente cuestionados” por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Equipo Argentino de Antropología Forense y las investigaciones de los periodistas Anabel Hernández, Steve Fisher y Marcela Turati, publicadas por la revista mexicana Proceso, que exponen todas las inconsistencias de la investigación oficial.
Goldman pone especial énfasis en los videos publicados por este semanario el 14 de diciembre de 2014 (Proceso, 1989), obtenidos como parte de una investigación realizada por Hernández y Fisher en el marco del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, en los cuales se muestran momentos del ataque y se escucha que los estudiantes identifican la presencia de la Policía Federal en el evento.
Los videos fueron entregados por los propios normalistas a los reporteros y forman parte de la averiguación previa abierta por la Fiscalía General de Guerrero desde el 27 de septiembre de 2014.
“Aparentemente el procurador Murillo Karam ni siquiera tomó los teléfonos y videos de los estudiantes como evidencia. ‘La PGR no hizo una investigación completa,’ dijo Hernández.”
Además, “en la revista Proceso del 17 de mayo (No. 2011) Hernández y Fisher publicaron un reportaje extenso basado en el análisis de 27 de las 99 confesiones de personas detenidas en el caso de Ayotzinapa. Los reporteros encontraron muchas contradicciones y versiones irreconciliables de lo ocurrido esa noche, y mucha evidencia –obtenida de reportes médicos hechos a los detenidos y de testimonios de familiares que hablaron a nombre de ellos– de que esas confesiones fueron obtenidas bajo tortura”.
También se cita el reportaje de Turati publicado en Proceso (No. 2003) acerca de los informes militares obtenidos a través de la ley de transparencia. En ellos se revela que el 27 Batallón de Infantería estuvo patrullando las calles entre las 11 de la noche del 26 de septiembre hasta las seis de la mañana del día siguiente.
“La gente no va a olvidar o perdonar lo que pasó en Iguala”, se lee en el texto, que cita a Turati. “El caso es único, en parte, por la manera en que representa muchos otros casos similares, muchas otras masacres y atrocidades parecidas”.
El reportaje apunta: “El reporte preliminar del 11 de mayo entregado por el Grupo Interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH de varias maneras corroboró los reportajes de periodistas mexicanos como Hernández y Turati, y también añadió información. Criticó duramente la fragmentación de la indagatoria gubernamental en al menos 13 diferentes casos criminales, radicados en seis tribunales distintos localizados en varias ciudades del país”.
Una pieza clave en la versión que la PGR ha difundido tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es que los estudiantes fueron detenidos y llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala antes de ser entregados al cártel de Guerreros Unidos. Pero el juez de barandilla que debería haberlos recibido asegura que no fue así. En esta sexta entrega del reportaje realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, documentos y testimonios fortalecen la versión del juzgador, quien actualmente está solicitando asilo en Estados Unidos y teme por su vida.
Ulises Bernabé García era juez de barandilla de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014 –cuando se perpetró la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En entrevista exclusiva revela lo que pasó esa noche.
En esta sexta entrega de la investigación realizada con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, García asegura en entrevista –desde una ciudad mexicana fronteriza, y a punto de cruzar a Estados Unidos– que los estudiantes jamás fueron llevados a esa base y que tampoco llegaron policías municipales de Cocula, tal como asienta la versión oficial.
Su testimonio y documentos obtenidos para esta investigación revelan que la peor parte de los ataques contra los normalistas ocurrió cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), el 27 Batallón de Infantería y la Policía Federal estaban operando en las calles de Iguala.
Una de las partes principales de la versión oficial es que, a las 11:30 de aquella noche, policías de Iguala se llevaron a estudiantes de la calle Juan Álvarez –donde ocurrió una de las agresiones contra los normalistas– a la base de la policía municipal. En una versión, la PGR asienta que fueron los 43 y, en otra, que sólo 10 o 15. De ahí, en dos patrullas de la Policía Municipal de Cocula se los llevaron al paraje Loma de los Coyotes, donde los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que supuestamente los asesinó y quemó a la media noche de ese día en un basurero.
En contraste, García afirma que, en las horas que la Procuraduría General de la República (PGR) dice que los estudiantes fueron llevados a la base, un militar conocido como el “Capitán Crespo”, del 27 Batallón de Infantería de Iguala, al mando de un grupo de 12 soldados uniformados y armados realizó una minuciosa inspección en toda la comandancia por más de 15 minutos. Poco después, señala García, llegó al mismo sitio el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado, y tomó control de la base por el resto de la noche y hasta las 8 de la mañana del día siguiente.
Reportes militares obtenidos por la periodista Marcela Turati, proporcionados en apoyo a esta investigación, prueban que elementos del 27 Batallón de Infantería visitaron dicho hospital a las 23:20 y pese a que ya había heridos emitieron un parte informativo “sin novedad”. También confirman que la Policía Federal estuvo operando esa noche a cargo del comandante apellidado Dorantes García.
Ahora se sabe que el nombre completo del “Capitán Crespo” es José Martínez Crespo, y es el mismo militar que fue al Hospital Cristina a amenazar a estudiantes sobrevivientes. El capitán y sus subordinados estuvieron activos toda la noche y hasta el amanecer en las calles de Iguala.
De acuerdo con información proporcionada en el 27 Batallón, a la fecha el mando militar sigue ahí, en funciones. Se pidió hablar con él pero la solicitud fue rechazada con el argumento de que “estaba ocupado”.
En las averiguaciones previas de la FGE (HID/SC/02/0993/2014 ) y de la PGR (AP/PGR/SEIDO/UEADMS/1017/2014), el supuesto traslado de los estudiantes a la comandancia es un eslabón fundamental para incriminar al gobierno local y deslindar al estatal y al federal. Sin esa pieza, la versión oficial tiene un enorme vacío, ya que no se sabría quiénes, cuándo y a dónde se llevaron a los 43 estudiantes.
El 21 de noviembre, García declaró en la PGR y después de eso el ejército comenzó a buscarlo. El 15 enero pasado, esa procuraduría giró una orden de arresto por su presunta participación en el crimen organizado y el secuestro de los alumnos. Actualmente él se encuentra en Estados Unidos, donde presentó una solicitud de asilo político. En entrevista asevera temer por su vida.
García, de 29 años de edad, entró a trabajar al municipio de Iguala hace cinco años en el área de Desarrollo Rural. En las elecciones municipales de 2012 fue asistente personal del candidato del PRI a la alcaldía, Eric Catalán, actual delegado federal del Trabajo en Guerrero. Perdieron la elección y dos meses antes de la toma de posesión de José Luis Abarca (PRD) pidió su cambio a la Policía Municipal y ocupó el cargo de asesor jurídico.
En julio de 2014, la persona que era juez de barandilla pidió un permiso y García lo sustituyó. Su trabajo consistía principalmente en poner multas y horas de cárcel por faltas administrativas: beber, escandalizar u orinar en la vía pública. El encargo terminaba el 30 de septiembre y después volvería a su puesto de asesor jurídico.
“O sea, lo mío fue mala suerte más que nada. Fue mala suerte estar en ese encargo en ese momento”, señala García.
Su nombre es mencionado en las averiguaciones de la FGE y de la PGR. Se asevera que interrogó a los normalistas en la base y los entregó a policías de Cocula. Él refiere algo distinto.
El 26 de septiembre
García expresa que el 26 de septiembre sólo hubo seis detenidos, de entre 30 y 35 años de edad, por beber en la vía pública. El último llegó como a las 21:30.
Su versión fue contrastada con las declaraciones ministeriales rendidas por policías municipales el 27 de septiembre, quienes informaron de la detención de seis personas –una en la calle Nayarit, cerca de la panadería Elvia, y cinco en un puesto de revisión policiaco en la carretera Iguala-Chilpancingo– porque iban manejando ebrias.
Los normalistas, en tanto, salieron de Ayotzinapa a las 17:59 horas y a las 20:00 horas llegaron en un camión a una caseta de cobro en las inmediaciones de Iguala, donde ya eran vigilados por policías estatales y federales. Otro camión se quedó en la autopista Chilpancingo-Iguala.
El primer ataque comenzó a las 21:40 horas, luego de que los normalistas tomaran otros tres autobuses de la central de camiones. La segunda agresión fue entre las 22:00 y las 23:00 horas, cuando tres de los camiones en que viajaban fueron cercados por policías en la calle Juan Álvarez, casi esquina con Periférico. A las 23:00 horas los agentes se retiraron y los sobrevivientes llamaron a la prensa y a compañeros.
García dice que él nunca se enteró del ataque porque no tenía ningún equipo policiaco: sólo era personal administrativo. Alrededor de las 23:30 horas, el policía responsable de la puerta de entrada de la comandancia le avisó que un militar quería verlo.
El Ejército en la comandancia
El militar –que se presentó como “El capitán Crespo”– entró acompañado de cinco soldados, con el pretexto de buscar una motocicleta blanca. Inspeccionó cada rincón de la comandancia: celdas, baños y todas las oficinas. Todavía estaban ahí los seis hombres detenidos, pero ningún estudiante.
“Era la primera vez que lo veía y hasta se me hizo sospechoso porque me dio una palmada en la espalda. Me habló muy como si nos conociéramos”, comenta García. “Le di toda la libertad: ‘Puedes revisar la comandancia’”. La inspección duró cerca de 15 minutos y la unidad castrense se retiró.
Luego de las 23:00 horas, estudiantes sobrevivientes ofrecieron una conferencia de prensa en la esquina de Juan Álvarez y Periférico. Aproximadamente a esa hora, un camión en el que viajaban jugadores del equipo de futbol Avispones –que se piensa que fueron confundidos con normalistas– fue baleado en la carretera federal Iguala-Chilpancingo. Tres personas murieron y hubo varios heridos.
Hubo un ataque más: alrededor de medianoche, un comando disparó contra los estudiantes y los periodistas reunidos en Juan Álvarez. Fueron asesinados Daniel Solís y Julio César Ramírez. En una reconstrucción realizada por los alumnos y sus abogados a principios de este año, cayeron en cuenta de que algunos de sus compañeros desaparecidos fueron capturados mientras huían de esa última agresión.
Según la declaración ministerial del estudiante Francisco Trinidad Chalma, aproximadamente a la media noche varios normalistas se refugiaron en el Hospital Cristina, ubicado a unos metros de la balacera, a donde llevaron a un compañero con una herida de bala en la cara. Ahí llegó el ejército:
“El que iba a cargo de esas unidades preguntó si éramos los ‘ayotzinapos’. Le pedimos ayuda para nuestro compañero que se estaba desangrando y nos dijo que ‘tuviéramos huevos para enfrentarlo como así hacíamos nuestro desmadre’. Cateó toda la clínica (…) buscaban armas pero nosotros no íbamos armados.”
El estudiante Omar García señaló: “El ejército llego rápidamente, entró, cortaron cartucho. (…) Nos acusó de que estábamos allanando morada, (…) que nos iban a llevar a todos, pues éramos delincuentes”. Les tomaron fotos y les pidieron su nombre real porque si no, “no los iban a encontrar”.
Un reporte militar ubica a Martínez Crespo como el capitán que fue al hospital.
El batallón que ocultó información
El 27 Batallón entregó cuatro partes de novedades sobre sus actividades del 26 de septiembre en Iguala. En la mayoría de ellos, los nombres de los funcionarios están tachados. Ahí se reportaron los movimientos de entradas y salidas de fuerzas. Algunas veces los cuatro refieren lo mismo, pero en otras hay diferencias. Su contenido delata que el comandante del batallón, José Rodríguez Pérez, pudo haber ocultado información a sus superiores y que sus subalternos le ocultaron datos a él.
Los partes 22615 y 22655, fechados el 26 y 27 de septiembre, respectivamente, fueron firmados por Rodríguez Pérez. Omitió informar de la salida de miembros del batallón para participar en el informe de actividades de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, y de todas las actividades de militares relacionadas con los ataques.
El mismo día 27 se hizo el tercer parte. El documento no tiene número y está signado por un sargento de infantería. En él se afirma que, a las 17:40 horas del día 26, un capitán segundo de infantería fue al informe de labores de Pineda Villa y regresó a la base a las 18:15, “sin novedad”. En realidad el informe se inició a las 18:30 horas y terminó a las 19:30 horas. Acudió el capitán Paul Escobar y, según testigos, se quedó hasta el final del evento.
Se señala que a las 00:30 horas –ya del día 27– salió un teniente de infantería acompañado de otros militares “con el fin de efectuar patrullamientos (sic) a inmediaciones de esta ciudad” y todos regresaron hasta las 03:10 de la madrugada. A las 00:40 salió el capitán Martínez Crespo (se consigna su nombre) con dos vehículos, también para hacer patrullajes, y él y su unidad volvieron a las 05:20 de la mañana.
El cuarto parte tampoco está numerado, pero aparece la rúbrica de un capitán segundo de infantería –cuyo nombre fue tachado, pero probablemente es Martínez Crespo. Ahí se indica que a las 23:20 horas del día 26 salió un teniente de infantería con otros militares “con la finalidad de recabar información al Hospital General de esta ciudad” y regresó a las 23:40 horas sin novedad”… pese a que en esa clínica ya estaban tres normalistas heridos.
Se indica que a las 23:50 horas salieron más militares para realizar patrullajes y retornaron a las 03:10 horas del 27 de septiembre, “sin novedad”.
A las 00:30 horas, señaló el capitán que firmó el informe, él también fue, acompañado de otros elementos, a hacer patrullajes en Iguala e inmediaciones, regresando al cuartel a las 05:55 horas “sin novedad”. Los horarios son muy similares a la salida de Martínez Crespo informada en el tercer reporte.
En otros informes del 27 Batallón fechados el 26 y 27 de septiembre, sin hora, se reconoce que los militares supieron de la llegada de los estudiantes a la caseta de cobro, de la toma de autobuses en la central camionera y de todos los ataques, y que cuando llegó el ejército al sitio de la agresión contra los Avispones ahí estaba el comandante de la Policía Federal Rafael Dorantes García. En reportes del gobierno de Guerrero lo identifican como Luis Antonio Dorantes García. Él también estaba enterado de todo lo ocurrido desde la llegada de los estudiantes a la caseta.
También se consigna que Martínez Crespo vio los cuerpos de dos estudiantes en la calle de Juan Álvarez y luego fue al Hospital Cristina.
La Fiscalía tomó el control
Tras la visita del ejército, a la base de la policía igualteca llegó el titular de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, con el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado. Ellos vieron quiénes estaban detenidos y concentraron al personal. Les informaron que había ocurrido un ataque contra los normalistas y pidieron a los policías sus armas para hacerles peritajes.
El subprocurador se fue, pero la base quedó bajo el control de la Policía Ministerial de Guerrero. En ese momento arribaron familiares de los borrachos detenidos, pagaron su multa y se fueron. El último partió como a las 02:20 horas del día 27. “Me dieron los nombres y liquidaron su multa, la mínima”, explica el exjuez de barandilla García.
Cuando regresó el subprocurador se molestó porque los había liberado, pero nunca le indicaron que no podía hacerlo. Además, los sacó ante la presencia de la Policía Ministerial.
El exjuez de barandilla dice que mostró al subprocurador las papeletas que comprobaban la entrada y salida de esos detenidos y que días después entregó a la FGE un reporte y copias de las multas.
La mañana del 27 de septiembre todos los miembros de la Policía Municipal fueron concentrados en el cuartel de la Policía Estatal. “A mí me pasan con el subprocurador y me dice: ‘¿Dónde están los estudiantes?’, ‘¿Cuáles estudiantes? Yo no sé de qué me habla’”, relata García.
León Maldonado le dijo que había habido estudiantes en la base y él le contestó que eso no fue así. García quiso testificar pero no le tomaron su declaración, pero como tampoco lo detuvieron se fue a su casa.
Según la FGE, el agente municipal Hugo Hernández Arias acusó a García de haber tenido a los estudiantes en el patio de la comandancia, pero se tienen pruebas documentales de que su declaración fue alterada.
En octubre fueron aprehendidos por la PGR policías de Cocula. Once de ellos declararon haber participado en la detención de los estudiantes (Proceso 2011), pero se contradijeron en datos como las horas, y el cómo y a dónde se llevaron a los normalistas. Según los dictámenes médicos, la mayoría de los agentes encarcelados presentaban signos de tortura.
En mayo pasado, además, fue capturado Francisco Salgado Valladares, jefe de la policía municipal. Declaró a la PGR que los estudiantes sí fueron llevados a la base, pero a las 10 de la noche. Su testimonio se contradice incluso con la versión de la PGR.
Cuestionado sobre esas acusaciones, García asienta que son falsas. Que de ser ciertas, otros policías y personal administrativo que estaba en la base hubieran declarado que los estudiantes estuvieron ahí, porque el patio está en medio de la comandancia. Y que el ejército y los miembros de la Fiscalía de Guerrero los habrían visto.
En la base municipal había ocho funcionarios esa noche. En entrevista, una de esas personas, quien pide que se reserve su nombre por temor a represalias, corrobora lo dicho por García. Afirma contundente que nunca hubo estudiantes en la base y que tampoco llegaron los policías de Cocula, como difunde la PGR.
Para este reportaje se buscó insistentemente a León Maldonado, quien dejó la Fiscalía de Guerrero en abril pasado, según se observa en su cuenta de Facebook, pero nunca dio respuesta a la solicitud de entrevista. También se preguntó a la PGR su postura sobre las afirmaciones de García, y no hubo contestación.
La persecución
“Yo no puedo inventar algo que no pasó”, asevera García. “Otra: ¿en qué momento pudieron haber llegado (estudiantes) si el ejército llegó a las 11:30 de la noche a revisarme el área? No encontró nada. Llegaron ellos (los de la Fiscalía). Me dejaron al ministerio público, al policía, al encargado de la ministerial, al perito. Si hubieran llegado estudiantes ellos se habrían dado cuenta”.
La PGR lo citó a declarar el 21 de noviembre. Relató todo y presentó las copias de las boletas de entrada y salida de los seis ebrios detenidos. La PGR no lo aprehendió, pero luego el ejército comenzó a buscarlo.
“A mí me duele ver también que los señores (padres de familia) anden buscando a sus hijos desesperados. Pero me duele más ver que me estén culpando sin que yo tenga nada que ver, mientras que los que a lo mejor sí tienen responsabilidad andan sueltos en la calle.
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