El gobierno de
México cuestionó el informe que dio a conocer la Organización de Naciones
Unidas —sobre el tema de desapariciones— que establece que se trata de un
fenómeno generalizado ya que, aseguró, el documento “no refleja adecuadamente
la información presentada por México ni aporta elementos adicionales que
refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los
retos mencionados”.
Mexico,D.F 14/Feb/2015 En respuesta a las
conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada, en las que se establece
que es un fenómeno generalizado en el país y que hay total impunidad, la
Secretaría de Gobernación difundió el informe que presentó hace apenas unos
días a la ONU.
El gobierno
mexicano aporta datos fundamentales, como el que se refiere a que en el país
existen 239 averiguaciones previas por desaparición forzada, de acuerdo con las
denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, apuntó
que no se ha consignado ningún expediente por ese delito, por tanto, “no
existen inculpados que hayan recibido sentencia condenatoria”.
Sobre la llamada
guerra sucia, el gobierno mexicano respondió que pasaron al conocimiento de la
Coordinación General de Investigación de la PGR “un total de 268 indagatorias,
de las cuales en 252 averiguaciones previas se investiga la desaparición de 492
personas, y el resto, por diversos delitos como homicidio, abuso de autoridad,
privación ilegal de la libertad, entre otros”.
Y se aclara que
“estas 252 averiguaciones previas por desaparición forzada no forman parte del
total de averiguaciones previas reportadas en la respuesta 11 por haberse
iniciado en un periodo anterior a 2006” y “tampoco están vinculadas a las averiguaciones
previas abiertas desde 2007 en la unidad que se hizo cargo de las
averiguaciones previas de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado”.
En el informe
presentado en Ginebra, México acreditó ante el comité “el firme compromiso de
redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben,
reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención,
investigación y búsqueda de personas desaparecidas”.
Las autoridades
hablan de una disminución de denuncias por supuestas conductas ilícitas
imputables a personal militar, pues en 2012 se presentaron seis quejas ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, cifra que subió a 36 en 2013 y bajó a 14
en 2014. Un total de 56, de las cuales 44 ya fueron concluidas por no
acreditarse las conductas denunciadas y 12 aún están en trámite.
Se informó que la
Secretaría de Gobernación otorgó reparación del daño en 87 de 275 casos
acreditados. La pasada administración erogó 1.7 millones de dólares en 55 casos.
En el presente sexenio se han erogado 2.3 millones de dólares.
DESDE GINEBRA
El Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU examinó el informe que México presentó ante este
organismo los pasados 2 y 3 de febrero, y desde Ginebra, Suiza, comunicó sus
conclusiones. Asegura que el país no ha cumplido a cabalidad con los
lineamientos que firmó en la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
“El grave caso de
los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en
Guerrero, ilustra los serios desafíos en enfrenta el Estado en este tema”. Por
eso realizó las siguientes recomendaciones.
Primero, exhortó a
México a reconocer su autoridad como comité, pues “aún no han reconocido nuestra
competencia para recibir y examinar comunicaciones individuales e
interestatales”.
Segundo, sobre el
delito de desaparición forzada, urgió al Estado mexicano a expedir a la
brevedad la ley general en materia, toda vez que determinó que “las distintas jurisdicciones
presentan desiguales niveles de cumplimiento de las obligaciones que establece
la convención”. Si bien reconoció las varias iniciativas de ley al respecto,
recomendó diseñar la ley con cuatro lineamientos: prevención, investigación,
juzgamiento y sanción.
Sugirió que este
delito —a escala nacional y estatal— cuente con penas apropiadas en las que “se
prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos”.
En la información
revisada, el comité afirmó no haber encontrado ninguna condena ni sentencia;
pero sí detectó obstáculos para la investigación de este delito, ya sea por
lentitud, tardanza de las autoridades o porque los casos son clasificados bajo
otros delitos menos graves. Por ello propuso redoblar los esfuerzos para
agilizar las investigaciones, aun sin denuncia de por medio. Indagar a todos
los agentes u órganos involucrados sin que éstos se conviertan en
investigadores. Y crear una fiscalía de investigación de desaparición forzada
adscrita a la PGR.
Sugiere proteger a
los denunciantes, blindarlos contra amenazas y sancionar a quien lo haga. A los
desaparecidos pide encontrarlos y liberarlos, pero en caso de hallarlos
muertos, identificar sus restos pese a haber detectado “dificultades prácticas”
en las áreas de búsqueda e identificación, mismas que pide resolver.
En el documento de
11 cuartillas, el comité se dice preocupado ante la falta de cifras que
indiquen cuántas personas extraviadas o desparecidas hay. Sin ese dato,
asegura, no es posible evaluar la magnitud del problema ni implementar
políticas públicas para su combate. Por ello recomendó enriquecer el Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con los datos de la
víctima como sexo, edad, nacionalidad, lugar y fecha de los hechos, así como
otros que permitan diferenciar si son desaparición forzada.
En cuanto a la ley
del registro, señaló que ésta no puede funcionar sin reglamento, por lo que
apresuró su expedición.
Las autoridades
militares también fueron observadas. Sugirió que sean juzgadas por autoridades
civiles, pues “los tribunales militares no ofrecen la independencia e
imparcialidad requeridas por la convención”.
Sobre el tema de
migrantes reconoció que, pese a los avances en el tema, tampoco hay
estadísticas. Por lo que propuso trabajar con los países involucrados para
encontrar a los desparecidos, identificar a los muertos, incluir a sus familias
en las investigaciones, sancionar a los culpables y proteger a los
denunciantes.
Respecto a la guerra sucia, el
comité observó falta de avances en su investigación, falta de sanciones y lento
progreso en la reparación del daño. Por lo que requirió agilizar estos rubros,
encontrar a los muertos, identificarlos, reparar el daño y garantizar el
derecho a la verdad.
La comisión dio al
Estado mexicano un año como plazo para informar de la aplicación de sus
recomendaciones.
:CLAVES
RESPALDO DE LA CNDH
La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó beneplácito por las
observaciones finales hechas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la
ONU sobre el informe presentado por México a principios de febrero, ya que su
adopción y aplicación representará avances para combatir el problema.
Las observaciones
del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son coincidentes en
lo esencial con las que presentó en Ginebra, Suiza, el ombudsman nacional, Luis
Raúl González Pérez.
La CNDH consideró
que el acatamiento de las observaciones del Comité contra la Desaparición
Forzada de las Naciones Unidas resarciría, en buena parte, el problema de falta
de congruencia entre lo dispuesto por las normas mexicanas y la realidad
imperante en México.
