La Fiscalía General de Justicia de Estados Unidos acaba de anunciar que focalizará investigaciones de pagos de sobornos efectuados por loscárteles de la droga a funcionarios públicos en el extranjero y a las redes de empresas que han utilizado para el lavado de dinero, de acuerdo con un memorándum al que tuvo acceso Grupo REFORMA, emitido por el Fiscal General Adjunto, Todd Blanche en alusión a disposiciones de la Ley para Prevenir la Extorsión en el Extranjero o Ley contra la Extorsión de Funcionarios Extranjeros (Foreign Extortion Prevention Act)
“Se investigará si utiliza lavadores de dinero o empresas fachada que participan para Cárteles (…) o está vinculada con empleados de entidades estatales u otros funcionarios extranjeros que han recibido sobornos”.Todd Blanche
Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos
“La aplicación de esta ley”, indicó la abogada Estefanía Medina, experta en litigios estratégicos para combatir la corrupción, “va a priorizar casos relacionados que estén vinculados a transacciones y apoyo material a cárteles, lo cual tiene especial relevancia para México debido a la reciente denominación de seis cárteles como organizaciones terroristas”.
El documento, fechado el 9 de junio, está dirigido al jefe de la División Penal del Departamento de Justicia y establece los nuevos parámetros ordenados por el Presidente Donald Trump para investigar los actos de corrupción más allá de las fronteras de Estados Unidos.
El texto íntegro sobre la Foreign Extortion Prevention Act (FEPA) completo es extenso y suele citarse por fragmentos en medios especializados. El texto legal oficial se encuentra en el sitio del Congreso de Estados Unidos:
Resumen de lo que permite la FEPA:
La “Foreign Extortion Prevention Act” permite a Estados Unidos perseguir y castigar a funcionarios extranjeros que exijan o acepten sobornos de ciudadanos, empresas o residentes estadounidenses, o dentro de la jurisdicción estadounidense.
Esta ley, firmada por el presidente Biden el 22 de diciembre de 2023, complementa la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que solo criminalizaba el pago de sobornos (el lado de la “oferta”). Ahora, con la FEPA, también se penaliza la recepción de sobornos por parte de funcionarios extranjeros, incluso si la conducta ocurre fuera de Estados Unidos.
Fragmento clave del texto oficial (traducido):
“SEC. 2. Prohibición de la exigencia de soborno.
Sección 201 del título 18, Código de Estados Unidos, se modifica para incluir:
‘(4) El término “funcionario extranjero” significa:
(A) (i) cualquier funcionario o empleado de un gobierno extranjero o de cualquier departamento, agencia o instrumento del mismo; o
(ii) cualquier alto funcionario político extranjero…
(B) cualquier funcionario o empleado de una organización pública internacional;’
…
Se prohíbe a cualquier funcionario extranjero exigir, buscar, recibir, aceptar o acordar recibir o aceptar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor a cambio de obtener o mantener un negocio o ventaja indebida, utilizando cualquier medio de comercio interestatal o internacional.”.
Este es el núcleo legal de la FEPA, aunque la ley es mucho más extensa y detallada en su redacción original.
El impacto en Tamaulipas
Pero esta ley tiene claras implicaciones en Tamaulipas,una vez analizada, pues plantea una convergencia de dos fenómenos: la conducta punitiva de un gobernador de Tamaulipas (Américo Villarreal) vinculada al cobro de cuotas por el contrabando de combustibles (huachicol fiscal), y la nueva estrategia de la Fiscalía General de Justicia de Estados Unidos para investigar pagos de sobornos de cárteles a funcionarios públicos extranjeros y redes de empresas que facilitan el lavado de dinero.
Análisis de la conducta punitiva del gobernador ligado al cobro de cuotas al huachicol fiscal
El huachicol fiscal, que incluye el contrabando de combustibles y el robo de hidrocarburos, es un delito que ha escalado en México, con pérdidas anuales estimadas en más de 177 mil millones de pesos para el erario público.
Tamaulipas, y específicamente el puerto de Tampico, han sido epicentros de grandes operaciones de contrabando de diésel y gasolina provenientes de Texas, con la participación de redes criminales y, según reportes y denuncias, la posible complicidad de funcionarios públicos.
El caso de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, ha estado en la mira por denuncias de financiamiento ilegal de campañas y vínculos con cárteles, incluyendo el Cartel del Golfo y el Cartel del Noreste en medio de un impresionante trasiego de pipas que han cruzado a Tamaulipas desde Texas ,por las aduanas controladas por militares,tambien beneficiario del ilícito.
La descripción del texto sobre el cobro de cuotas al contrabando de combustibles encaja con la dinámica del huachicol fiscal, donde los cárteles y sus redes de apoyo buscan protección y complicidad de autoridades para mover grandes volúmenes de combustible sin pagar impuestos.
El gobernador al estar ligado a esta conducta, estaría facilitando un delito de corrupción y lavado de dinero, ambos foco de la nueva estrategia estadounidense ante la inacción en Mexico donde hay operativos, pero ningun detenido,pues es una farsa.
Relevancia de la nueva política de Estados Unidos
El memorándum de la Fiscalía estadounidense subraya que se investigarán tanto a funcionarios públicos extranjeros que reciben sobornos como a empresas que sirven para lavar dinero de los cárteles. La abogada Estefanía Medina señala el aumento de riesgo para empresas y funcionarios mexicanos, dada la designación de cárteles como organizaciones terroristas y la priorización de casos vinculados a transacciones ilícitas.
Esto implica que el gobernador de Tamaulipas al estar involucrado en el cobro de cuotas o sobornos relacionados con el huachicol fiscal, podría ser sujeto de investigación y posible sanción por parte de las autoridades estadounidenses.
Argumentación sobre la nueva condición
A través del tiempo y durante su gobierno, ha sido clarificada la conducta delictiva del gobernador recibiendo cuotas o sobornos de cárteles relacionados con el contrabando de combustibles, un delito que no solo afecta a México, sino que ya puede ser investigado y sancionado por Estados Unidos.
El caso del huachicol fiscal ilustra cómo el crimen organizado ha diversificado sus fuentes de ingresos y cómo la corrupción de funcionarios públicos es clave para su operación. La nueva política estadounidense busca desarticular estas redes, tanto desde el lado de la oferta (empresas y lavadores de dinero) como de la demanda (funcionarios corruptos).
Conclusión
La política de Estados Unidos, plasmada en el memorándum de Todd Blanche, prioriza estos casos y aumenta el riesgo de investigación y sanción para funcionarios y empresas involucrados en el lavado de dinero y la corrupción asociada al crimen organizado. Esta estrategia internacional busca desincentivar la complicidad de autoridades locales y desarticular las redes financieras que sostienen a los cárteles mexicanos.
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