Como ya ha sido expuesto en otras transacciones, el Gobierno del emecista Samuel García fue exhibido nuevamente por recurrir al mismo modus operandi: triangular recursos del erario hacia el despacho en el que el Mandatario es socio con su padre. El portal Latinus publicó ayer que el DIF estatal, que es presidido de manera honorífica por Mariana Rodríguez, esposa de Gobernador, echó mano de esta fórmula, usando a uno de sus proveedores.
Según una investigación, entre marzo del 2022 y enero del 2024, el organismo hizo 14 pagos por un total de 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato, proveedora de desayunos escolares y despensas.
Posteriormente, Distribuidora Damago, empresa hermana de la compañía, pagó 4.6 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, que está a nombre del Gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
De acuerdo con Latinus, tanto Comercializadora Don Cacahuato como Distribuidora Damago forman parte de Grupo Cimarrón, integrado por los empresarios Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz.
Los pagos a Don Cacahuato iniciaron cuando el director del DIF era Miguel Ángel Sánchez, quien meses más tarde dejó el cargo en medio de un escándalo por la muerte sospechosa de un niño bajo resguardo de la institución, y luego fue "arropado" como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.
En el reportaje destacan, además, que entre el 2015 y el 2016 Sánchez fue empleado del despacho del Gobernador que ahora resultó beneficiado por el proveedor oficial.
Ésta no es la primera vez que el Gobierno recurre a este esquema de triangulaciones que tiene como beneficiario final al despacho del Gobernador.
Por ejemplo, EL NORTE publicó el 13 de marzo que la Administración emecista pagó casi mil millones de pesos a la empresa Suministro MYR y que, a su vez, una filial de esta compañía -Proveedor de Productos Mexicanos JACE- pagó, durante el actual sexenio 202 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, por supuestos servicios.
Suministro MYR facturó al Estado, tan sólo entre octubre del 2021 y noviembre del 2023, 964.7 millones de pesos por servicios de alimentación en los penales estatales, campos policiales y comedores de otras dependencias.
El Gobernador intentó justificar que los 202 millones que recibió el despacho eran por servicios prestados desde el 2017, pero nunca pudo explicar por qué se pagó por esos servicios hasta que llegó a la Gubernatura, en octubre del 2021.
También dijo tener pruebas de sus afirmaciones, pero sólo mostró de lejos algunas fojas de papel, pero nunca difundió su contenido, pese a que se comprometió públicamente a hacerlo.
Tampoco el despacho de su padre ha dado una versión de los pagos recibidos.
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