Un grupo de organizaciones civiles y despachos de abogados afirmó hoy haber obtenido la primera suspensión provisional contra la reforma de junio pasado a la Ley de Amparo, que limita los alcances de la figura de la suspensión en este tipo de juicios.
Las cuatro asociaciones civiles y tres despachos afirmaron que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa les otorgó una suspensión en el amparo 1450/2024, para que no se apliquen los efectos de dicha reforma, sin que el boletín aclare si dicha inaplicación sólo beneficia a los quejosos.
El juzgado no publicó su resolución, que fue notificada desde el 24 de julio. El extracto publicado sólo menciona que se negó la suspensión provisional para dos de los efectos solicitados por los quejosos, que han presentado 70 amparos contra esta reforma.
La audiencia incidental para resolver la suspensión definitiva está agendada para este jueves y, hasta ahora, ninguna autoridad ha impugnado la suspensión provisional.
Uno de los dos temas de esta reforma fue, precisamente, prohibir a los jueces que otorguen suspensiones con efectos generales cuando se impugne una ley, lo que es resultado de varios episodios en este sexenio en los que se frenaron reformas impulsadas por Morena y sus aliados, entre ellos cambios de la Ley de la Industria Eléctrica.
El otro aspecto de la reforma fue eliminar la facultad discrecional de los jueces para conceder suspensiones en ciertos temas en los que por regla general no deben otorgarse, como por ejemplo, para operación de casinos, o cuando el Estado pretenda aprovechar o explotar bienes de dominio directo de la Federación.
La mayoría de jueces que han recibido amparos contra esta reforma los han desechado por notoria improcedencia, por considerar que su sola entrada en vigor no afecta a nadie, sino que se requieren casos concretos de aplicación para poder impugnarla.
Legisladores de Oposición promovieron a mediados de julio una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra esta reforma, pero hasta ahora, la Comisión de Receso, integrada por las Ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, no ha emitido algún acuerdo para admitirla a trámite.
La reforma constitucional al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo, que Morena pretende aprobar en septiembre, elevaría a la Carta Magna la prohibición de conceder suspensiones con efectos generales cuando se impugnen leyes, mismo candado que aplicaría para las sentencias de fondo que se dicten en dichos juicios, es decir, los fallos sólo podrían beneficiar a la persona o empresa que promovió el amparo.
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