Un juez federal vinculó a proceso a René Gavira Segreste por el caso de la presunta compra ilegal de certificados bursátiles por 100 millones de pesos, con recursos de Segalmex.
José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, procesó al ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas del organismo descentralizado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
En una breve audiencia, el impartidor de justicia también le impuso la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, es decir, para que la defensa y la Fiscalía General de la República reúnan sus respectivos datos de prueba.
"Es posible arribar a la conclusión de que hizo una autorización de contenido económico y que hasta este momento los datos de prueba son idóneos y suficientes para un reproche penal y dictarle un auto de vinculación a proceso, ya que se tiene probada a título de probable su responsabilidad penal", dijo el juzgador.
Gavira se entregó el pasado jueves ante la FGR, como parte de una negociación de un criterio de oportunidad para convertirse en testigo colaborador.
El viernes fue reanudado un primer proceso en su contra por la compra supuestamente ilegal de títulos bursátiles por 700 millones de pesos, en el que desde marzo se le declaró sustraído de la justicia porque dejó de acudir a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares.
El de hoy es un proceso que le inician por segunda vez, pues el 8 de marzo un juez de control le había dictado la no vinculación a proceso, por falta de elementos, luego de que un tribunal colegiado le diera un amparo al ex funcionario para reponer el procedimiento.
Pero en aquella ocasión, el juez de la causa no sobreseyó el caso, es decir, dejó abierta a la Fiscalía la posibilidad de volver a formular la imputación, circunstancia que aprovechó la dependencia para pedir su aprehensión y ahora lograr su procesamiento.
La FGR aún tiene pendiente cumplimentarle a Gavira otras cuatro órdenes de aprehensión, una por defraudación fiscal y tres por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.
Inversión no autorizada
Este segundo proceso tiene su origen en una denuncia presentada en marzo de 2021 por Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos de Segalmex, a quien la FGR también detuvo por el caso de la presunta compra simulada de azúcar por 142 millones de pesos, aunque fue liberado por falta de pruebas.
De acuerdo con la imputación, Gavira estaba impedido legalmente para invertir recursos públicos en la bolsa, a menos que se tratara de valores gubernamentales.
Sin embargo, el 25 de junio de 2020 firmó un contrato de intención en el que autorizó a Jesús Blancas Cabrera, promotor de CI Banco Casa de Bolsa, la compra de 100 mil certificados de intermediación bursátil privada por 100 millones de pesos.
Los recursos fueron transferidos al fideicomiso CIC/3050, constituido el 27 de julio de 2018 por la empresa Corporación en Asesoría Financiera (Corafi) y CI Banco, para que se invirtieran en la Bolsa Mexicana de Valores en los certificados bursátiles, con la promesa de rendimientos del 11 por ciento.
La Fiscal Karen Guerrero González dijo en la audiencia que la Procuraduría Fiscal de la Federación emitió una opinión de delito en la que señala que Corafi no contaba con la autorización para celebrar fideicomisos y captar recursos.
"No se encontraban autorizados ni regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", afirmó.
Corafi es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) constituida en el 2009 por el chiapaneco René Dávila de la Vega y Alejandro Díaz Ceballos Rubio, investigados por la FGR por la captación ilegal de capitales.
Doménico Lozano Woolrich, abogado de Gavira, planteó un argumento que recientemente le ha valido a los implicados de la Estafa Maestra librar sus procesos penales: que la conducta que le imputan a su cliente no es delito, porque es una violación a un reglamento y no a una ley. Es decir, que es un acción sancionable por la vía administrativa.
"Llama mucho la atención lo que dice la Fiscalía de que 'aunque hubiera ganado más dinero' (es delito)... No hay ilicitud en la firma del contrato, en todo caso hay una violación a un par de reglamentos y los reglamentos no pueden significar un delito; y autorizar no puede significar comprar, a menos que haya un cambio gramatical", dijo.
El juez José Rivas González rechazó el argumento porque dijo que ninguna norma puede tener un grado de precisión absoluta y por eso era necesario referirse a varias relacionadas.
"Ni el Código Penal ni la propia Constitución pueden estar precisando todas las conductas penales, por ello se tiene que recurrir a la reglamentación, para que no sea una conducta penal en blanco (...) El reglamento no sustituye a una ley si no que es un complemento", expuso.
"Aquí no se puso a discusión que esos 100 millones de pesos pertenecían a Segalmex; tampoco exige el tipo penal que lleve un detrimento económico, sino la forma en que haya procedido (el servidor público)".
"Fallo previamente hecho"
Poco antes de que concluyera la audiencia, el abogado Doménico Lozano Woolrichlanzó un cuestionamiento inusual al juez José Rivas González, a quien dijo que la vinculación a proceso que acababa de dictar parecía que ya la tenía elaborada.
"Sólo para que quede registro, me dio la impresión de que ya estaba hecha la resolución", soltó en la sala judicial.
Rivas no dejó pasar la crítica, rechazó el señalamiento y defendió su experiencia. Tanto el defensor como el juez conservaron la seriedad en este breve intercambio.
"Con todo respeto, no es el primero asunto que resuelvo por la figura típica del delito, creo que son bastantes los hechos (imputados a Gavira)... y haber llegado a ocupar este cargo de juez nos lleva a tener la experiencia para resolver", reviró.
"Con todo respeto, ninguna resolución está hecha, ni siquiera libré la orden de aprehensión, no sé ni con qué ánimo lo haya dicho".
En esta audiencia inicial, Gavira se reservó su derecho a declarar y pidió que le resolvieran la situación jurídica. La diligencia se desahogó en una hora y media.
Lozano pertenece a un despacho de abogados que, según lo dicho por la defensa de Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director Jurídico de Segalmex, sustituyeron a esta área legal y operaron los contratos que hoy son objeto de investigación.
El 16 de agosto pasado el empresario Ricardo José Lambretón López Ostolaza, hoy testigo colaborador de la FGR, señaló a Lozano de recomendarle a Gavira lavar el dinero de los "moches" de Segalmex en compras de arte, aunque ese señalamiento lo hizo de oídas.
fuente.Imagen/Mexicanos contra la Corrupcion/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: