En el 2024 harán tres décadas desde la primera vez que propusimos esta entidad, cuando la incluimos en el anteproyecto de ley del sistema nacional de seguridad pública. El centro previsto en aquel proyecto solo mencionaba la palabra investigación. La experiencia internacional, la investigación aplicada y la documentación de las mejores prácticas obligan a actualizar la propuesta con las tareas de evaluación y certificación. Crear un centro así ayudaría a cambiar la historia de las políticas de seguridad en México, a su vez vinculadas a la justicia y la construcción de paz.
La evidencia en todos estos años podría ser suficiente para convencerme de la imposibilidad de que una entidad así sea alguna vez creada en México. Allá por mediados de la década de los noventa yo apenas comenzaba mi carrera profesional y tal vez lo que más me animaba era un optimismo ingenuo. Ahora no sé qué tan ingenuo sigo siendo, pero estoy tanto o más convencido de que esto que he llamado el cerebro de la política de seguridad ciudadana en México marcaría un antes y un después de cara a la crisis desfondada de violencias e impunidad.
No hay peor lucha que la que no se hace, ciertamente. Y si en aquellos años era necesario anclar las políticas de seguridad pública a una plataforma científica, ahora es evidentemente crítico. El daño que las violencias y la impunidad vienen acumulando camina en contra de las posibilidades de construir algún día un Estado democrático y de derechos. Se ha documentado el desgaste en curso de nuestra democracia y cada vez más personas están dispuestas a ceder sus libertades a cambio de la seguridad.
Tal vez la mayoría de la gente creyó -y en alguna proporción lo sigue haciendo- que con el tiempo el uso de la fuerza pública policial y militar nos traería la seguridad, la paz y la justicia. Ya vemos que no. Desde el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX hemos informado que ya son más militares operativos en seguridad pública que policías estatales y municipales y también hemos documentado que hay lugares en el país donde la Sedena usa cinco veces la fuerza letal, comparada con su promedio nacional.
Habrá que repetirlo mil veces más y de todas las maneras que podamos imaginar para lograr un efecto pedagógico a cielo abierto: ni el despliegue masivo de personal armado ni el uso desproporcionado de la fuerza letal ha probado ser el camino correcto. No lo ha sido, no lo será y, sin embargo, la inmensa mayoría de quienes nos gobiernan aún apuestan principalmente a ello. Esta contradicción está provocando sufrimiento masivo y está destruyendo la convivencia en el país.
Veamos todo esto desde el ángulo de la popularidad. La más popular, pero también la más elemental versión de la seguridad la asocia primero con las armas, las tecnologías y todo el aparato propio de los formatos militares; la menos popular, pero a la vez la más sofisticada versión la asocia con el conocimiento científico que produce métodos. Una persona promedio cree que hablar de métodos es no entender la urgencia de la respuesta, particularmente ante la violencia armada. Cuando recuerdo esto me gusta traer la anécdota de la detención de Matteo Messina, calificado como uno de los más peligrosos líderes de la mafia italiana (Cosa Nostra); hablando de los métodos, se informó: “’Hemos detenido a un criminal peligroso, sin violencia (…), como se pretende en un país democrático… Para capturarlo usamos el método tradicional (…), cruzando datos, hablando con informantes, consultando bancos de datos de enfermos. Un trabajo muy duro de agentes de los Carabinieri y de la policía’, afirmó el general Teo Luzzi”.
¿Ejemplo lejano? Nada de eso. Son métodos perfectamente aplicables acá o en cualquier lugar, reconocidos como prácticas aceptadas en la investigación de los delitos, en especial los que más lastiman a las personas. Por cierto, el ejemplo de la detención de Messina tiene otro potente ángulo: la investigación para capturarlo llevó 30 años. Imagine ustedes cuántos movimientos políticos resistió la investigación y pregúntense qué investigación resiste los relevos políticos en México.
Y ese es justo el punto: hay métodos disponibles, pero la política no construye los cerebros institucionales de donde fluya la certeza de qué funciona y qué no. Vale reiterar, no faltan los métodos, falta tirar la barrera política que no los deja pasar.
Zedillo, Fox, Calderón, Peña y López, cinco presidencias sin decidir el anclaje científico de las políticas de seguridad pública desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo dicho, la experiencia parece enseñar que será imposible, pero las resistencias en el mundo enseñan también que las crisis a veces abren pasos a cambios mayores más allá de lo previsible. En todo caso, si la presidencia 2024-2030 tampoco apoye ese, los costos seguirán en ruta incremental.
¿Quieren mirar un ejemplo de evidencias de lo que funciona y lo que no en seguridad y justicia? Asómense a la nueva plataforma del Banco Interamericano de Desarrollo.
El anclaje científico de la seguridad reduce daños y salva vidas, nada menos. Este cerebro, el centro nacional de investigación, evaluación y certificación en seguridad produciría evidencias de lo que funciona y crearía modelos de evaluación y certificación que, con las reformas jurídicas necesarias, cerraría el paso a las instituciones de seguridad rotas y progresivamente iría certificando las que aplican los métodos adecuados. Sinergia entre la investigación, la evaluación y la certificación.
¿Se lo imaginan? Yo sí, desde hace treinta años.
***Ernesto López Portillo Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos.
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