El Congreso de los Estados Unidos identificó que los cárteles mexicanos sostienen enfrentamientos en cinco regiones y señala que el Cártel de Sinaloa está dividido en cuatro facciones.
El informe México: Crimen y Organizaciones de tráfico de Drogas, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de los EU muestra la situación de los cárteles en México.
Señala que el cártel de Sinaloa parece enfrentar muchos desafíos en 2020 y 2021 porque sus rivales ven un formidable imperio de la droga construido sobre las ganancias del tráfico de cocaína sudamericana y el contrabando de metanfetamina, mariguana, fentanilo y heroína en Estados Unidos, y tratan de desbancar al grupo del Chapo Guzmán.
Algunos analistas, indica, han advertido que Sinaloa sigue siendo poderoso, dado su dominio internacional, su infiltración en los niveles superiores del gobierno mexicano y su resistente estructura, pero otros sostienen que está en declive por su división en facciones y su conflicto con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El CJNG es intensamente expansionista y utiliza muestras de extrema violencia para intimidar, asegura.
El documento señala que el Cártel de Sinaloa opera en facciones, una dirigida por Ismael el Mayo Zambada; otra por Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo; una más liderada por un cofundador del Cártel de Guadalajara, del que no dan a conocer el nombre; y una cuarta facción por los hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín Guzmán López e Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como Los Chapitos.
Establece que la tras la extradición y la sentencia de cadena perpetua a el Chapo en EU, el cártel enfrentó muchos desafíos tanto dentro como fuera, e incluso, en 2021 hubo una fricción entre Los Chapitos y el grupo del Mayo.
El informe identifica a los cárteles de Sinaloa como Jalisco Nueva Generación como dominantes en México.
En el país los grupos criminales sostienen cinco pleitos activos por el control de los territorios.
Sinaloa y Durango, indica, son dominados por el Cártel de Sinaloa y no identifican ninguna disputa con otro grupo criminal activo; mientras que Baja California Sur y Nayarit, Jalisco y Colima, son controlados por el CJNG.
El Cártel de Sinaloa y CJNG, detalla, tienen una disputa por Baja California, Sonora y Quintana Roo; y el Cártel de Sinaloa y el del Golfo por Chihuahua.
El CJNG pelea contra un grupo local en Michoacán, Estado de México y Oaxaca; y contra Los Zetas, en Veracruz y Tabasco.
Los Zetas y el Cártel del Golfo tienen una guerra por Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Menciona que la fragmentación de los grandes cárteles y el uso de organizaciones pequeñas en una “guerra de poder”, sería causante de algunas de las manifestaciones de violencia más cruentas en el país.
En 2006 los grupos dominantes eran el Cártel de Tijuana/Arellano Félix, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez/Vicente Carrillo Fuentes y el Cártel del Golfo, pero las operaciones gubernamentales para eliminar a los líderes aumentaron la inestabilidad de los grupos y provocó una mayor violencia.
A lo largo de los siguientes 12 años, los cárteles más grandes y estables de México se fragmentaron, creando primero siete y luego nueve grupos principales.
La fragmentación que comenzó en 2010 y se aceleró en 2011 trajo nuevos actores al entorno criminal como Los Zetas y Los Caballeros Templarios.
En 2018, una serie de organizaciones más pequeñas estaban activas, y algunos de los grupos antes pequeños, como el CJNG, habían llenado el espacio dejado después de que otros grupos criminales habían sido desbaratados por las detenciones, y las muertes de sus integrantes.
A diferencia de la experiencia de Colombia en los años 80 y 90, donde el desmantelamiento secuencial de los cárteles de Medellín y Cali condujo a una violencia menos manifiesta, el desmantelamiento de las principales organizaciones en México ha conducido a una fragmentación asociada a una violencia generalizada y brutal.
Señala que se advierte un aumento de la violencia dentro de México que coincide con una transición hacia la producción y el tráfico de drogas sintéticas como fentanilo.
El informe menciona que después de tres años en el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado acciones policiales a gran escala contra los cárteles y continuó con la estrategia de seguridad militarizada de las dos administraciones anteriores al autorizar a las Fuerzas Armadas mexicanas realizar tareas de seguridad.
López Obrador, establece, ha defendido políticas que se centran en las causas de la delincuencia, pero su gobierno no ha llevado a cabo operaciones antinarcóticos de manera consistente.
Las continuas revelaciones de actos de corrupción de los más altos niveles, incluidos funcionarios públicos, políticos de Morena y miembros de las fuerzas policiales con los grupos criminales, y su aparente control del territorio mexicano, demuestran que los cárteles están más arraigados que nunca, indica.
“En 2022, la cooperación en materia de aplicación de la ley entre Estados Unidos y México es la más débil de los últimos 15 años”, indica.
Detalla que los factores estructurales que comprometen la seguridad y estabilidad en el país incluyen la persistente impunidad criminal, la corrupción arraigada y la constante demanda de drogas ilegales por parte de Estados Unidos y Europa.
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