El uso de un avión militar de la Guardia Nacional por parte de funcionarios públicos para trasladarse a un acto proselitista a favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, viola la Constitución y diversas leyes, lo que podría ameritar una sanción de hasta 9 años de cárcel, de acuerdo con especialistas.
Para consejeros, ex funcionarios electorales y representantes de partidos, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, incurrieron en una violación grave al marco legal por utilizar recursos públicos para un fin electoral.
El PAN y PRD interpusieron denuncias ante el INE, pero recurrirán a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y a la Secretaría de la Función Pública, para exigir sanciones administrativas y penales.
"Se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años, al servidor público que: Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal, de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato", establece el artículo 11 de la Ley General de Delitos Electorales.
De acuerdo con el artículo 134 constitucional, los servidores públicos, de cualquier orden de gobierno, tienen, en todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia electoral.
La propia Ley Federal de Revocación de Mandato prohíbe que los recursos públicos sean usados para "fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato".
Los legisladores de Morena aprobaron que este ejercicio se rija por la Ley General de Procedimientos Electorales, que también prohíbe emplear dinero o bienes públicos en esos procesos.
Alfredo Figueroa, ex consejero electoral, señaló que el Presidente López Obrador supera a su antecesor Enrique Peña Nieto en la injerencia desmedida que tuvo en la elección a Gobernador mexiquense en 2017, cuando envió a su gabinete a hacer proselitismo.
"Hoy vemos esas conductas reproducidas y aumentadas en este Gobierno. Están actuando de una manera que pone en juego la equidad, la neutralidad. El comportamiento de este Gobierno es una traición a la lucha democrática en México", afirmó.
Tanto Figueroa como consejeros del INE coincidieron en que lamentablemente, debido a que no hay una regulación fuerte del 134 constitucional, los servidores públicos que usan recursos del Estado para fines electorales se quedan sin sanciones reales, por lo que "les sale barato" seguir violando la ley.
Por ejemplo, si el INE o la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinan la culpabilidad de esos funcionarios, se le daría vista al superior jerárquico, es decir, a López Obrador, quien ya los liberó de toda culpa.
También se podría dar conocimiento a la FEDE para que investigue y sancione el uso de recursos públicos.
"Parecería ineficaz la medida, pero será un llamado de alerta de que este Gobierno no tienen la intención de parar en su injerencia en procesos electorales, y tenemos tres a futuro. Vemos una violación desmedida, sin disimulos, abiertamente, y es porque así van a actuar hacia adelante", advirtió uno de los consejeros consultados.
Aunque el INE podría actuar de oficio, se prevé que no sea así, pues el PAN y PRD ya presentaron denuncias.
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