La Suprema Corte de Justicia condenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a pagar 26.9 millones de pesos más intereses moratorios, por 14 camionetas Suburban blindadas para jueces y magistrados que recibió en 2018.
La empresa Industrias IBSE acreditó ante la Corte que el CJF nunca le pagó, pese a que terminó de entregar las camionetas en junio de 2018.
Las entregas fueron extemporáneas, pues el contrato estaba pactado para entregar 15 camionetas el 15 de diciembre de 2017, pero IBSE hizo entregas parciales, entre el 29 de diciembre y el 14 de junio de 2018.
Según el CJF, el retraso justificaba no pagar, pues los recursos presupuestados eran del ejercicio de 2017 y sólo una camioneta se recibió en ese año. La Primera Sala de la Corte rechazó el argumento.
"No existían condiciones suspensivas que afectaran el cumplimiento de obligaciones, ello en atención a que, en el contrato, específicamente en la cláusula quinta, se estableció que el CJF pagaría el importe convenido una vez que recibiera los bienes (lo cual ya ocurrió en el caso)", resolvió la Sala, en sentencia notificada el 24 de marzo.
"El propio CJF reconoce la disponibilidad presupuestaria para realizar el pago, incluso de las constancias se advierte que el monto disponible es mayor al pago adeudado", agregó.
En su demanda, IBSE alegó que el 1 de agosto de 2018, un "nuevo director de almacén" del CJF, no mencionado por nombre en la sentencia de la Corte, le pidió 3 millones de pesos para liberar el pago por las camionetas, que fueron entregadas en Zapopan, Jalisco.
La Corte no hizo otra referencia a esta denuncia en su fallo, y rechazó el reclamo de IBSE para cobrar daños y perjuicios, que hubieran llevado el monto de la condena contra el CJF hasta en 110 millones de pesos.
La demanda reclamaba, de manera adicional, más de 27 millones de pesos por créditos que IBSE no pudo pagar a Súper Autos y Camiones de Silao, una distribuidora de Chevrolet.
También se exigían daños y perjuicios por 53 millones de pesos, por las ganancias que IBSE supuestamente dejó de percibir al no recibir el dinero del CJF, y no poder reinvertirlo en su negocio durante los casi dos años que habían transcurrido cuando presentó la demanda.
Los 26.9 millones de la condena contra el CJF incluyen el descuento por penal convencional que se aplicó a IBSE, por el retraso en la entrega de las camionetas.
Esta no era la única demanda contra el CJF relacionada con la compra de camionetas blindadas, pues en marzo de 2020, la Primera Sala lo absolvió en un reclamo de la empresa Blindajes del Centro, que ganó parte de una licitación de finales de 2016 para comprar 71 vehículos modelo Suburban y Tahoe.
Las demandas por disputas contractuales contra el CJF, órgano administrador del Poder Judicial Federal, se tramitan en una sola instancia ante la Corte.
fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: