Un tribunal federal negó a la Fiscalía General de la República (FGR) girar órdenes de aprehensión por tortura y robo agravado contra dos de los agentes que detuvieron en 2008 a Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF).
El Tercer Tribunal Unitario Penal en esta ciudad negó la orden de captura contra Jesús Sixto Alonso Vázquez y Roberto Roa Luna, quienes el 17 de noviembre de 2008 presuntamente detuvieron al ex comandante sin un mandamiento judicial ni ministerial de por medio.
Según registros judiciales, el órgano jurisdiccional confirmó el fallo dictado el pasado 11 de agosto por Rubén Darío Noguera Gregoire, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales del Reclusorio Sur, quien también negó las capturas al estimar que no había elementos.
En su calidad de víctima, Herrera Valles presentó un amparo contra el fallo del tribunal, mismo que deberá ser resuelto por José Alfonso Montalvo Martínez, magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal en esta capital.
Tras su captura en 2008, el ex mando policiaco fue consignado y acusado de ser cómplice del Cártel de Sinaloa; lo sentenciaron en primera instancia a 10 años con 3 días de prisión, pero el 6 de septiembre de 2012 un magistrado ordenó su liberación porque el caso carecía de pruebas.
En entrevista, Herrera Valles comentó que si bien su captura la ejecutaron alrededor de 20 agentes de la Policía Federal, Alonso y Roa fueron quienes firmaron el parte informativo de su detención.
La acusación contra los dos ex agentes es consecuencia de una recomendación y denuncia presentada en 2011 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por abuso de autoridad, lesiones y robo de pertenencias.
Sin embargo, durante el trámite de la averiguación previa, la FGR ordenó practicar el Protocolo de Estambul y este estudio concluyó que, durante su captura, Herrera Valles había sido víctima de torturas físicas y psicológicas, ya que incluso le habían fracturado una costilla.
De acuerdo con el ex comandante, el tribunal unitario desestimó el origen del video que ofreció como prueba de su captura, ya que no existe en los archivos de la Guardia Nacional.
Indicó que dicho material fue grabado por los agentes para demostrarle a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública federal, de que habían sido cumplida su instrucción de capturarlo para "callarle el hocico".
"Además del Protocolo de Estambul, se aportó como prueba un video de la captura, se hizo una pericial al video, lo ratificó el perito, yo volví a hacer ratificaciones y aún así negaron la aprehensión", explicó Herrera Valles.
"Esta es la tercera ocasión que niega el juez la aprehensión, yo apelé pero una secretaria en funciones de magistrada confirmó negativa y desestimó todo, entonces no entiendo qué es lo que está pasando, por qué están protegiendo a estos sujetos, le hacen más caso a los dos que firmaron el parte informativo que a las pruebas que ofreció el MP".
De acuerdo con Herrera, hoy Alonso es el único de los acusados que continúa en el servicio activo como elemento de la Guardia Nacional, corporación sucesora de la Policía Federal.
Fiscal Tamaulipas tambien en la mira del "Ex-Comisario"
En 2020 una orden de un Tribunal Colegiado, la Fiscalía General de la República (FGR) resolvió reabrir la denuncia penal contra el fiscal tamaulipeco Irving Barrios Mojica, la exprocuradora Marisela Morales Ibáñez y tres funcionarios más del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
La denuncia contra Barrios Mojica proviene de cuando fue mando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). El excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, lo acusa de manipulación de testigos protegidos en su contra.
El caso de la familia Herrera Valles, con los hermanos Arturo, Javier y el hijo de éste último, todos integrantes de la Policía Federal, comenzó en 2008. En febrero de ese año, el excomisario entregó dos cartas al presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde expuso posibles actos de corrupción cometidos por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna.
Seis meses después, la PF inició un procedimiento disciplinario por presunta conducta indebida, incluidas ausencias no autorizadas contra Javier Herrera. Al mes siguiente fue despedido de su puesto de comisario y el 4 de septiembre, su hermano Arturo, quien se desempeñaba como inspector general en Villahermosa, Tabasco, fue arrestado por el delito de crimen organizado.
A 12 años de que inició el proceso legal, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México otorgó el amparo a Javier Herrera Valles y revocó la resolución de 2018 emitida por la PGR, que impedía investigar al equipo de Morales Ibáñez. Esta decisión es un giro relevante para la familia Herrera Valles, quien habló públicamente de la presunta colusión del gobierno calderonista con el crimen organizado.
ARTÍFICE DE TESTIGOS PROTEGIDOS
"Él (Irving Barrios Mojica) fue el artífice de los testigos protegidos que hicieron tanto daño a muchísimos servidores públicos y que al final de cuentas debe ser investigada su actuación", expresó Javier Herrera en entrevista.
José Salvador Puga Quintanilla, alias "El Gordo", fue el testigo estrella de la PGR de Felipe Calderón. En septiembre de 2008, Puga Quintanilla y otro hombre fueron detenidos por secuestro en el Estado de México. En los días posteriores a su captura, "El Gordo" fue aceptado como testigo colaborador, con el nombre clave El Pitufo. La familia Herrera Valles acusa a Barrios Mojica de utilizarlo para inculpar al entonces mando de la Policía Federal de tener vínculos con el Cártel del Golfo.
BARRIOS MOJICA UN CRIMINAL EN LA SEIDO:
"La denuncia la presenté en marzo de 2014 contra Marisela Morales y los servidores públicos que integraron mi averiguación previa... hubo una serie de irregularidades, ha sido una situación muy complicada porque la PGR en ese tiempo parece ser que ha estado protegiendo a los servidores públicos que yo denuncié", comentó Javier Herrera.
La PGR mantuvo preso a Arturo Herrera hasta el 10 de agosto de 2011, cuando se decretó que no había pruebas en su contra por delincuencia organizada. Sin embargo, Javier Herrera estuvo 4 años en prisión por el delito de delincuencia organizada. El seis de septiembre de 2012, un juez federal decretó su inocencia y ordenó su libertad.
DENUNCIA A TITULAR DE SUBPROCURADURÍA
En marzo de 2014, Javier Herrera denunció a la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales, a su coordinador de fiscales Irving Barrios Mojica, a 3 Ministerios Públicos que participaron en la integración de la averiguación previa en su contra, y los testigos protegidos Pitufo, Roberto López Nájera, con nombre clave Mateo", y Roberto López Nájera, identificado como "Jennifer".
En mayo de 2020, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), admitió, de manera excepcional, al caso "1413-08, Javier Herrera Valles y Arturo Herrera Valles y familia. México".
La petición fue presentada ante la CIDH en diciembre de 2008 bajo alegatos de detención ilegal, maltrato en custodia y deficiencias sustantivas en los procesos penales contra Javier y su hermano Arturo Herrera Valles.
Los hermanos alegan que las acciones del Estado resultaron en el acoso de miembros de la familia, así como otras violaciones, como el derecho a la libertad de expresión, derechos políticos y el derecho a la protección de la honra y de la dignidad.
Las normas internacionales aplicables a casos como este, donde se alegan violaciones graves de los derechos humanos como la tortura, el recurso apropiado y efectivo es precisamente la realización de una investigación penal efectiva destinada a aclarar los hechos y, si es necesario, individualizar y enjuiciar a los responsables.
La CIDH destaca en su informe que a pesar de que el Estado mexicano afirma estar llevando a cabo una averiguación sobre el caso, "la comisión considera que el hecho de que dicha investigación no haya concluido después de un período de más de 10 años constituye un retraso injustificado a los efectos de la admisibilidad; y que, a este respecto, la petición cumple con la excepción al requisito de previo agotamiento de los recursos internos, de conformidad con el artículo 46.2.c de la Convención Americana".
La decisión de la CIDH tiene lugar tras detención de Genaro García Luna en la localidad de Grapevine, en Texas, en diciembre de 2019, acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de haber recibido "sobornos multimillonarios" del Cártel de Sinaloa.
Desempolvan proceso
Por orden de FGR reabren la denuncia penal contra el fiscal tamaulipeco Irving Barrios Mojica
- La denuncia proviene de cuando fue mando de la SEIDO de la entonces Procuraduría General de la República.
- El excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, lo acusa de manipulación de testigos protegidos en su contra.
- En marzo de 2014, Jorge Herrera denunció a la entonces titular de la SEIDO, Marisela Morales, a su coordinador de fiscales Irving Barrios Mojica, a 3 Ministerios Públicos que participaron en la integración de la averiguación previa en su contra, y los testigos protegidos Pitufo, Roberto López Nájera, con nombre clave Mateo", y Roberto López Nájera, identificado como "Jennifer".
- La CIDH destaca en su informe que a pesar de que el Estado mexicano afirma estar llevando a cabo una averiguación sobre el caso, "la comisión considera que el hecho de que dicha investigación no haya concluido después de un período de más de 10 años constituye un retraso injustificado.
Con informacion de.-ElMañana de Reynosa/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: