El Ejército mexicano pagó a unas 250 empresas fantasma por servicios que alcanzan los 2 mil 371 millones de pesos. Esto ocurrió a través de diversas dependencias de las fuerzas castrenses a lo largo de cinco años, entre 2013 y 2019.25
El desvío de recursos públicos fue dado a conocer por el diario El País y la periodista Zorayda Gallegos, quien le ha dado seguimiento a las contratacio- nes de empresas que simulan operaciones inexistentes desde la administra- ción pública.
Gallegos también ha documentado que este tipo de desvío ocurrió tam- bién desde la Cámara de Diputados del Congreso Federal, donde se habría contratado a 130 empresas fantasma por una suma de 506 millones de pe- sos.26
La periodista reveló que Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto otorgó con- tratos por 10 millones de pesos a dos empresas fantasma.27
En su investigación, Gallegos explica que las contrataciones se realizaron con recursos que provenían de una partida secreta para gastos de seguridad nacional, los cuales no son transparentados por las autoridades.
Entrevistada respecto a las dificultades que encontró para documentar las contrataciones del Ejército mexicano, la periodista explicó que en la Sedena existe resistencia a la rendición de cuentas y se opera con altos niveles de opacidad.
“Uno de los mayores obstáculos fue la nula transparencia. Fue muy difícil acceder a los contratos porque la Sedena decía que no podía transparentar porque se iban a dar a conocer detalles que ponían en riesgo la seguridad nacional. Es muy difícil acceder a la información y hay una resistencia natural a rendir cuentas”, detalló Gallegos.
BORDER HUB
La investigación se sustenta en una base de datos de 11 mil 175 facturas proporcionadas a El PAIS por la Administración General de Servicios al Con- tribuyente del SAT, tras casi dos centenas de solicitudes de información.
Según se detalla, los recursos se desviaron con la simulación de servicios para cuarteles y campos, el Heroico Colegio Militar, el Museo Nacional de la Cartografía, un parque eólico ubicado en el Itsmo de Tehuantepec, el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados, el Campo Militar 37-D en Santa Lucía (Estado de México), la Escuela Militar de Sargentos, la Direc- ción General de Administración y el cancelado aeropuerto de Texcoco.
Las empresas fantasma contratadas participaron en trabajos de mejora en “carreteras, caminos rurales y obras de mantenimiento de bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos y 15 hospitales mi- litares”, sostiene la investigación.
Gallegos explicó que el esquema que utilizó el Ejército es similar al imple- mentado en la administración pública: se contratan a empresas de reciente creación, sin trayectoria en el servicio que prestan, con domicilios inexisten- tes y que sus dueños son prestanombres.
En muchas ocasiones, estos prestanombres ni siquiera saben que participa- ron en la creación de las empresas.
“Al momento de rastrear el perfil son personas que buscaban un apoyo social y firmaron un documento prometiendo que los iban a escribir en un programa pero luego usan sus identidades para crear estas empresas. Son esquemas muy bien estructurados y delineados para el desvío de recursos, el problema y lo que nos falta como periodistas es llegar a saber quién está detrás de esas empresas”, señaló la periodista especializada.
Luego de la publicación de este reportaje, el SAT comenzó a mostrar ma- yor resistencia a entregar los datos relacionados con las empresas fantasma que brindan servicios a entidades públicas, enfatizó Gallegos.
La periodista mencionó que debió presentar varios recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información ante las reiteradas ne- gativas del SAT.
“Fue a partir de que se publicó este reportaje de la Sedena, comencé a hacer otras solicitudes pidiendo lo mismo pero para otras instancias como la PGR, la Segob, Presidencia, y el SAT empezó a negar la información, decían cosas muy raras, que implicaba costos y por las políticas de austeridad no se podían explotar sistemas tecnológicos, me decían que el servicio para localizar esas empresas lo tienen contratado con alguien externo, que las instancias encargadas no podían darlo porque no sabían si los recursos eran privados o públicos”, recordó Gallegos.
Con informacion de:Diario Español/ElPais (Investigación/Border Hub)
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