Al menos 20 elementos aseguraron el perímetro de los policías involucrados en la muerte de 8 personas. Los militares afirman que no vieron nada, ni siquiera cuando escucharon disparos.
¿Cuál fue el papel del Ejército en la masacre perpetrada en la colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo el 5 de septiembre de 2019? ¿Acompañaron a los policías estatales y acordonaron el operativo o tuvieron un rol más activo? ¿Supieron qué es lo que estaba ocurriendo al interior de los domicilios cateados y en la vivienda en la que 8 personas fueron asesinadas o se limitaron a guardar el perímetro?
Estas son algunas de las interrogantes que los investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) tratan de responder en la carpeta de investigación 406/2019.
Actualmente hay siete policías imputados: dos de ellos están en prisión, tres en libertad como testigos protegidos y otros dos en busca y captura.
EJERCITO COMPLICE:
Documentos a los que tuvo acceso Animal Político revelan dos cuestiones: que el operativo amplio fue ordenado desde mediados de agosto por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que los policías alteraron la escena del crimen y reconocieron que los hechos no ocurrieron como se informaron en un primer momento.
MASACRE ORDENADA:
Ahora falta determinar cuál es la responsabilidad del Ejército. Informes consultados por este medio que están incluidos al interior de la carpeta señalan que al menos 20 elementos del 16vo Regimiento de Caballería Motorizada, destacada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, acompañaron a los policías estatales en la ruta desde la colonia Buenos Aires, donde fue cateada la primera casa, hasta Valles de Anáhuac, donde las víctimas perdieron la vida. La respuesta de todos los elementos castrenses interrogados por los investigadores es siempre la misma: no vieron nada, ni siquiera cuando escucharon disparos.
“Como a las 9:45 se escuchan detonaciones en la retaguardia, aproximadamente de tres a cuatro cuadras, y en ese momento ordeno que se establezca un dispositivo de seguridad a 360 grados, y permanecemos en alerta el personal a mi mando y el suscrito, y en eso al personal que ocupaba junto conmigo la unidad Cheyenne les pido novedades y les pregunto si se encontraban bien, y posteriormente vía radio de comunicación les pregunto a mis demás personal a cargo si se encontraban bien, que si había algún lesionado o algo, y me responden que se encontraban bien, de ahí donde yo me encontraba, hacia donde se habían escuchado los disparos, que era mi retaguardia, aproximadamente de 3 a 4 cuadras, miré que a lo lejos estaban las patrullas de la PEA (…) Al ver a lo lejos las patrullas de la PEA no nos acercamos, porque posiblemente era un evento de ellos, y como ellos no nos pidieron apoyo a nosotros, no nos acercamos”.
Este es el relato del capitán de caballería que en aquel momento se encontraba al mando del destacamento que acompañaba a los policías. Al menos tres oficiales más han sido interrogados por los investigadores, todos ellos en calidad de testigos.
Sus respuestas son prácticamente iguales: abandonaron la base a las 6 de la mañana y realizaron recorridos por las colonias Los Cántaros, Buenos Aires, Buena Vista y Valles de Anáhuac. Ninguno dice haber tenido conocimiento de detenciones o de enfrentamientos hasta que escucharon algunos disparos ya en el lugar en el que se perpetró la masacre. Según esta versión, a pesar del tiroteo no se movieron de sus puestos, a varias cuadras, ni trataron de apoyar a los uniformados.
IMÁGENES CONTRADICTORIAS:
La presencia del Ejército en el despliegue quedó acreditada por las imágenes que obran al interior de la investigación. En algunas, incluso, se puede ver a los policías muy cerca de los militares, casi patrullando juntos. Sin embargo, los elementos castrenses siempre han defendido que ellos no vieron nada ya que estaban demasiado lejos.
Para confrontar esta versión, la defensa de los dos policías que están encarcelados (José Rafael Pérez Villapando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre) pidieron explícitamente que fueran interrogados varios militares.
La FGJE ha tenido algunas dificultades para lograr la colaboración por parte de la Sedena. Por un lado, varios de los soldados a los que se quería citar para testificar no fueron notificados ya que, según responde la propia Sedena en un oficio, se encontraban comisionados en otras partes del país por lo que no podían ser notificados. Además, los investigadores solicitaron la colaboración de la justicia militar en varias ocasiones, ya que estos también están analizando el caso, sin recibir respuesta.
En otras ocasiones, sin embargo, la información aportada por el Ejército fue de gran relevancia. Por ejemplo, Sedena fue quien aportó el documento un oficio firmado por el exsecretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, el vicealmirante Augusto Cruz Morales, en el que pide apoyo al general de brigada Carlos Arturo Pancardo Escudero, comandante de la 8va Zona Militar, para que de seguridad en diversos operativos de control en Nuevo Laredo y le explica que la orden llega directamente desde Francisco Javier García de Vaca.
Frente a esta versión que ubica al Ejército como presente, pero sin tener conocimiento de nada, hay relatos que señalan que ambas instituciones hacían la patrulla conjuntamente e incluso que hubo militares en alguno de los domicilios.
El elemento más contundente es un informe de agosto de 2020 presentado por uno de los investigadores especiales que asegura que “de las entrevistas de quienes presenciaron las privaciones de libertad, refieren que quienes participaron en el hecho eran policías estatales, y los testigos también daban cuenta de que había militares en el domicilio de la víctima Severiano Treviño.
Esta es la vivienda en la que las ocho víctimas fueron asesinadas. Los policías aseguran que después de ser tiroteados, pero las pruebas periciales no muestran rastro de balas en la fachada y señalan que las víctimas tenían marcas en las muñecas por haber sido atados.
Por el momento, el caso está en manos de la FGJE, que es la que investiga la causa por homicidio, abuso de autoridad, falsedad documental y allanamiento de morada. Además, Animal Político tuvo conocimiento de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió otra investigación que, en principio, está relacionada con las 15 armas que los agentes estatales dijeron haber encontrado en el domicilio donde se produjo la masacre.
Fuente.-Animal Político/
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