El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, prometió proteger a los narcotraficantes utilizando las fuerzas de seguridad y los organismos policiales de la nación, con el fin de ayudarlos a inundar Estados Unidos de cocaína, dijo el martes un fiscal estadounidense.
“Ellos, según dijo el presidente, les ‘meterían las drogas por las narices de los gringos’”, dijo el fiscal, Jacob Harris Gutwillig, un fiscal federal adjunto en Nueva York.
Las acusaciones surgieron en la Corte Federal de Distrito de Manhattan durante los argumentos iniciales en el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, un hondureño acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos desde Honduras, así como de cargos relacionados con armas.
El juicio también es una especie de referéndum sobre Hernández, quien durante años ha sido señalado por acusaciones de posibles conexiones con narcotraficantes. Aún no ha sido acusado pero, en documentos judiciales presentados a principios de este año, los fiscales estadounidenses revelaron por primera vez que estaban investigando al mandatario hondureño.
Hernández es un aliado clave de Estados Unidos en la región, y la investigación podría poner en peligro la relación bilateral y complicar los esfuerzos del gobierno de Joe Biden de invertir 4000 millones de dólares en Centroamérica para abordar la violencia y la corrupción, reducir la pobreza y fortalecer el Estado de derecho en un esfuerzo por frenar la migración hacia Estados Unidos.
El testimonio del martes, que se hizo eco de las acusaciones hechas por los fiscales en documentos judiciales presentados este año, se sumó a la creciente presión sobre Hernández. El presidente también ha estado implicado en otros procesos penales recientes, incluida la condena de su hermano en 2019 en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan por cargos de tráfico de cocaína, así como una denuncia penal reciente contra un exjefe de policía hondureño.
Durante el juicio de su hermano, testigos y fiscales dijeron que Hernández había aceptado millones de dólares para sus campañas políticas, y las de su partido, a cambio de proteger a los narcotraficantes.
El mandatario, quien tampoco fue acusado en ese caso pero fue descrito por los fiscales como un conspirador, ha negado las acusaciones en su contra, argumentando que provienen de testigos poco confiables: narcotraficantes que buscan venganza contra Hernández por sus esfuerzos para disolver grupos criminales y extraditar sospechosos hacia Estados Unidos.
En una serie de publicaciones en Twitter el lunes, mientras la selección del jurado en el juicio de Fuentes comenzaba en Manhattan, Hernández volvió a declarar su inocencia, diciendo que “sabían que con mi elección se acabó la fiesta para los narcos”.
“Mantendré la cooperación internacional”, escribió. “¿Pero el próximo gobierno y los de otros países? ¿Cómo sería el futuro si los narcos ganan beneficios de USA por sus falsos testimonios, con mentiras obvias?”.
Y añadió: “Colapso inevitable”.
Se espera que el juicio de Fuentes, quien ha negado los cargos en su contra, se realice la próxima semana. Un abogado defensor de Fuentes, Eylan Schulman, dijo en su argumento inicial que su cliente era “un hombre inocente acusado injustamente de delitos muy graves”.
Si las declaraciones del martes, junto con los documentos judiciales, son un indicio, es probable que los fiscales presenten un retrato crudo de Hernández como un actor clave en la industria del narcotráfico, lo que ha contribuido a la disfunción y la violencia que ha hecho que muchos hondureños emigren en busca de seguridad y mejores oportunidades.
Gutwillig, el fiscal, no se anduvo con rodeos en sus argumentos de apertura el martes: definió a Honduras como “un narco-Estado”.
Fuentes, dijo, “distribuyó cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos”, un negocio que se puso en marcha a través de sus conexiones “con el poder policial, militar y político en Honduras: alcaldes, congresistas, generales militares y jefes de policía, incluso el actual presidente de Honduras”.
“El acusado era dueño de todos, los compró y les pagó”, dijo Gutwillig.
Fuentes desarrolló una relación con Hernández, quien asumió el cargo en 2014, en una serie de reuniones secretas entre 2013 y 2014 durante las cuales los hombres “conspiraron para enviar la mayor cantidad de cocaína posible a Estados Unidos”, dijo el fiscal. Fuentes le pagó a Hernández 25.000 dólares por la ayuda.
Hernández, dijo el fiscal, “hizo que el acusado fuese a prueba de balas”.
Los registros judiciales describen conversaciones entre Hernández y Fuentes en las que el presidente le dice al traficante acusado que no se preocupe por el arresto, la extradición o la influencia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Según los fiscales, Hernández le dijo a Fuentes que su lucha contra el narcotráfico era un engaño y que planeaba deshacerse de la política de extradición e inundar a Estados Unidos con cocaína.
El presidente también dijo que estaba malversando los fondos de ayuda de Estados Unidos utilizando organizaciones fraudulentas y desviando el dinero del sistema de seguridad social del país, según los documentos, que no mencionan a Hernández por su nombre sino que lo describen como “CC-4” —que significa coconspirador 4— aunque su identidad es clara.
Hernández ofreció los servicios de las fuerzas armadas hondureñas y la oficina del fiscal general para facilitar el transporte de cocaína, y señaló su propio interés en acceder al laboratorio de cocaína de Fuentes, que estaba ubicado cerca de Puerto Cortés, un importante enclave de transporte comercial, dijeron los fiscales.
También le dio a Fuentes el número de teléfono de su hermano, Tony Hernández, según documentos judiciales.
Después de sus reuniones, dijeron los fiscales, Fuentes recibió equipo militar, incluidos uniformes militares, chalecos antibalas e insignias policiales.
Los abogados defensores de Fuentes no niegan que su cliente conozca al mandatario. Pero Schulman dijo el martes que su cliente y Hernández fueron presentados por el mentor de Fuentes, Fuad Jarufe, un hombre de negocios, quien también presentó a Fuentes al vicepresidente y a miembros del ejército.
Los senadores demócratas de Estados Unidos presentaron el mes pasado un proyecto de ley que insta al presidente Biden a imponer sanciones a Hernández y suspender la asistencia de seguridad para la policía y el ejército hondureños.
“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos de los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Jeff Merkley, senador demócrata por Oregon, en un comunicado.
fuente.-Emily Palmer reportó desde Nueva York y Kirk Semple desde Ciudad de México.
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