Para Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, es lamentable que desde octubre Nacif haya sido detenido y presentado ante la justicia libanesa, precisamente derivado de las órdenes de aprehensión giradas por una magistrada federal ubicada en Cancún, y que en ese momento no fueran informados sobre el estatus jurídico del empresario mexicano y libanés.
Hasta entonces, dice el director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, lo único que sabían, y que precisamente fue dado a conocer por el Fiscal Alejandro Gertz Manero en Aristegui en Noticias, era que se encontraba muy probablemente en Líbano.
“Ya confirmamos que está allá y confirmamos, hasta hace muy poco, que fue presentado ante la justicia libanesa y que pagó una fianza”, señaló en entrevista con Aristegui en Vivo.
Las autoridades le retiraron el pasaporte libanés, no el pasaporte mexicano, para que se sujete a una investigación por parte de las autoridades de ese país, que en este caso tendría que validar todas las pruebas que ha recabado la antes PGR ahora FGR durante 15 años, explicó Maldonado.
Además, señala que ellos han tenido contacto permanente sobre todo por el tema de la retención de Mario Marín y porque está corriendo el plazo para ofrecer pruebas dentro del proceso penal.
“Pero esto fue información dada a conocer a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad Expresión apenas a finales de enero”, dice.
“Cancillería sabía desde octubre; asuntos internacionales de FGR sabía desde octubre, pero no se había notificado a la Feadle, que es la instancia a partir de la cual estamos siendo informados de los avances del proceso”, expresó.
En un comunicado difundido el lunes, Cacho y Artículo afirman que la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores no les notificaron de la detención, ocurrida el 12 de octubre de 2020.
Para la periodista, las autoridades los han marginado de la coadyuvancia en el proceso que se sigue al empresario, presunto autor intelectual de la tortura en su contra en diciembre de 2005.
El pasado 3 de febrero, fue detenido otro de los responsables en el caso, Mario Marín, exgobernador de Puebla.
Ellos se enteraron el 16 de febrero de la situación de Nacif, hecho del que las autoridades no notificaron a Cacho ni a su defensa.
Desde julio de 2020, tras librarse una orden de aprehensión en contra de Nacif, se les informó que estaba ubicado en Líbano, donde tres meses después fue detenido, pero liberado por un juez tras pagar fianza.
Según especifica el comunicado difundido en medios este lunes, las autoridades no notificaron ni a Cacho ni a Artículo 19 sobre ningún acto de autoridad encaminado a conocer el estatus jurídico del empresario en la República de Líbano, tampoco se informó a la periodista ni a sus representantes legales sobre el lugar o fecha de localización, o sobre su presentación ante autoridades judiciales libanesas.
La falta de información redujo la capacidad de coadyuvancia por parte de la víctima y sus representantes para participar de forma activa en el proceso, así como su derecho a estar plenamente informada de los avances del proceso; además, no contaron con garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes, como la garantía de audiencia y el derecho a la defensa.
“Derechos mínimos que tendrían que ser respetados en cualquier proceso penal”, dicen.
Para la autora de Los demonios del Edén y su defensa, no hay certidumbre sobre las siguientes etapas procesales ni las imputaciones que se realizan con base en la información enviada a Líbano por la Fiscalía General de la República por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Se nos ha informado que se busca una reunión entre autoridades mexicanas y libanesas para aclarar la información sobre el proceso”, apuntaron.
Para ellos es desconcertante la falta de coordinación entre la Cancillería y la FGR para informarles sobre la situación de Nacif en aquel país, lo que podría considerarse un obstáculo en el acceso a la justicia, ya que según el expediente ministerial, la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión fue directamente informada sobre las gestiones realizadas a nivel diplomático hasta finales de enero de este año.
Cacho exigió a la FGR y a la SRE respetar su derecho a estar notificada de todo lo relacionado con la localización, cambio de estatus jurídico, acciones legales impulsadas por los presuntos responsables y cualquier otro que pudiera implicar cambios en la estrategia para la garantía del acceso a la justicia.
Artículo 19 y Cacho formularon una serie de peticiones a la SRE, la FGR, la Segob, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de Líbano, para garantizar la justicia en este caso.
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