Walmart es un expediente que requiere toda la atención ya. Desde enero los focos rojos se prendieron en el área legal.
Mediante la asesoría de avezados fiscalistas, el gigante fundado por Sam Walton históricamente ha pagado un porcentaje muy bajo de impuestos contra lo que vende en México.
No sería extraño que sea a la que se refirió hace unos días Andrés Manuel López Obrador, cuando en la mañanera montó en cólera por la respuesta que una gran empresa dio a los auditores del SAT.
Ese todavía misterioso contribuyente mandó decir que solo pagarían 300 millones de pesos, y que si no se los tomaban se irían al litigio. Háganle como quieran, palabras más, palabras menos, contestó.
Francia Alarcón es la directora de impuestos de esta minorista. Hasta hace año y medio la multinacional que preside Guilherme Loureiro tenía al despacho Chevez Ruiz Zamarripa como principal asesor fiscal.
Pero cambió a Basham Ringe Correa. Tanto la firma que capitanea Fernando Ruiz como la que comanda Juan José López de Silanes, son muy agresivas en el diseño de estrategias fiscales para sus clientes.
Frente al choque de trenes que se ve venir, el corporativo de Bentonville, Arkansas, mandó por delante a su principal peso pesado a negociar directamente con el SAT.
Hablamos de Alberto Sepúlveda, el vicepresidente legal, que primero trató de tender puentes con Margarita Ríos-Farjat y que ahora tendrá la dura tarea de contener las acciones legales que Raquel Buenrostro y el procurador fiscal, Carlos Romero, preparan.
Pero habría otra agravante más para las huestes de Walmart de México. En la Fiscalía General de la República los sabuesos de Alejandro Gertz Manero le buscan hasta por debajo de las piedras.
Se conoce que Juan Ramos López, titular de la Subfiscalía Especializada en Investigación de Delitos Federales, sigue la línea de corrupción en la filial de la multinacional que preside Mike Duke.
El objetivo es encontrar supuestos actos ilegales, aunque otras voces refieren que las diferencias tienen que ver con el particular estilo de operar de este funcionario que llegó a esa posición hace casi un año.
También en el frente de la Procuraduría Federal del Consumidor, que lleva el protagónico Ricardo Sheffield, la 4T ya dictó una clara línea al guanajuatense.
La instrucción a la Profeco fue hacer marcaje personal, entrada la fase 3 de la pandemia, en la venta de bienes de consumo esenciales a la población para evitar acaparamiento y elevación de precios.
Y es que el grupo posee en México 2 mil 572 tiendas de las que 2 mil 36 son Bodegas Aurrerá, 280 hipermercados Walmart, 93 supermercados tipo Superama y 163 clubes de precio Sam´s.
Solo el año pasado, uno de los más rentables en su historia, abrió 134 puntos de venta, la mayoría del tipo Aurrerá, enfocados a las clases más bajas. Su presencia ya superó las 600 ciudades del país.
Walmart da empleo aquí a más de 5 mil personas. ¿Todo el poder del Estado contra el gigante del retail?
fuente.-Dario Celis/
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