Las Fuerzas Armadas salieron a las calles de la entidad para combatir al crimen organizado hace 12 años, y en ese tiempo se registraron 21 mil 352 homicidios dolosos.
Además, surgieron y se expandieron los llamados grupos de autodefensa o policías comunitarias, que tomaron por la fuerza el control de la seguridad en el 60 por ciento del territorio estatal.
En 2007 se registraron 800 asesinatos y el número de crímenes aumentó año con año hasta registrar su mayor pico en 2012, con dos mil 318, durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Los homicidios registrados en 2012 son 287.5 por ciento más que los ocurridos en 2007.
Para 2017, ya bajo la administración de Héctor Astudillo Flores, hubo otro pico violento que llegó a los dos mil 310 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El promedio de homicidios dolosos de 2011 a noviembre de 2018 es de nueve al día, 66 al mes o dos mil al año.
La guerra contra el narcotráfico

Fue en enero de 2007 cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa desplegó al Ejército en el estado con el Operativo Conjunto Guerrero.
Luego, en octubre de 2011, en el ocaso del calderonismo y durante el periodo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, se cambió el nombre a la estrategia y se denominó Operativo Guerrero Seguro.
Finalmente, en diciembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció en Iguala el operativo Tierra Caliente durante el interinato de Rogelio Ortega y tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En esos 12 años de operaciones policiaco-militares coordinadas por el Ejército en Guerrero, se han registrado oficialmente 21 mil 352 homicidios dolosos.
Estas cifras advierten que la estrategia de seguridad implementada por el Ejército en la entidad no ha logrado revertir los efectos de la inseguridad que prevalece actualmente.
Ello a pesar de que, en Guerrero, existen más instalaciones militares que en otros estados.
En Acapulco se encuentra el cuartel de la IX Región Militar, que se divide en la 35 Zona Militar, con base en Chilpancingo, y la 27 Zona Militar, en Atoyac, además de más de una decena de batallones ubicados en puntos estratégicos de la entidad.
En tanto, de acuerdo a informes del gobierno estatal, 18 organizaciones delictivas tienen presencia en las siete regiones y disputan el control de las zonas de producción y trasiego de drogas, así como las ganancias de la industria minera.
También tienen presencia en el estado una veintena de grupos de autodefensa que se asumen como policías comunitarias, pero que el gobernador Héctor Astudillo califica como “parapetos del narco”.
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