A menos de dos semanas de que se realice el encuentro de alto nivel para fijar las bases de un Mecanismo de Seguimiento de las investigaciones sobre 37 casos, las instalaciones de la base de la Semar donde fueron recluidas las víctimas se incendiaron… Las evidencias pudieron haberse destruido.
El jueves 3, alrededor de las 10:00 horas, cuando circulaba por las calles de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), recibió una llamada. Su interlocutor le pidió trasladarse a la calle Arteaga 1429, en la colonia Victoria, al oriente de la ciudad fronteriza.
Le comentó también que en ese domicilio –una antigua bodega habilitada como la Base de Operaciones Norte de la Secretaría de Marina– presuntamente estaban al menos 10 de las 51 personas detenidas por elementos navales entre enero y mayo de 2018, según el registro del CDHNL.
Cuando Ramos Vázquez llegó al domicilio –de 30×40 metros con paredes blancas destruidas, algunas con impactos de armas de alto calibre– sólo encontró cenizas en medio de tubos retorcidos que colgaban del techo, plafones, tablones de madera y estructuras de cemento y tablarroca.
El año pasado, familiares de personas detenidas y desaparecidas por marinos realizaron innumerables plantones a las puertas de ese inmueble, uno de los tres con los que cuenta la Secretaría de la Marina (Semar) en la región. Hasta la fecha permanecen desaparecidas 38 personas, mientras que 13 fueron encontradas sin vida, todas con signos de ejecución extrajudicial.
Esas imágenes fueron captadas por el CDHNL en vísperas de una reunión de alto nivel del gobierno federal –programada para la segunda quincena de enero– en la cual participarán integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para fijar las bases de un Mecanismo de Seguimiento de las investigaciones sobre 37 casos de desapariciones que lleva la Procuraduría General de la República (PGR) desde el año pasado.
La intervención de la CIDH se acordó el 5 de diciembre en una audiencia pública en Washington, en la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por medio de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, se comprometió públicamente ante la presidenta del organismo regional, Margarette May Macaulay, a esclarecer las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo y sancionar a los responsables, “sean quienes sean, independientemente de la institución a la que pertenezcan”.
El compromiso de Encinas
En el encuentro del 5 de diciembre, Encinas admitió abiertamente la dimensión del problema de las desapariciones forzadas y dijo que las cosas cambiaron en México después del 1 de julio de 2018. Ningún funcionario se había pronunciado de esa manera ante ningún órgano internacional, lo que sorprendió a los representantes de la CIDH.
“El primer paso es acabar con la simulación –expuso Encinas–. Tenemos que asumirlo: México atraviesa por una profunda crisis humanitaria, una crisis de violaciones a derechos humanos: tenemos que encarar eso en muchos ámbitos de la vida nacional.”
Acto seguido, dio luz verde para que la CIDH active un mecanismo de supervisión, parecido al que tiene el organismo para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, propuesto por Karla Quintana Osuna, la representante legal de las víctimas.
Directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Quintana estuvo en la audiencia acompañada por Ramos Vázquez, Jessica Molina, testigo presencial de la detención de su marido, Daniel Trejo, y de un amigo de éste, Gabriel Gaspar Vázquez, luego del allanamiento por elementos de la Semar a su domicilio.
En sus ediciones 2166, 2170 y 2185, Proceso informó sobre los casos de Trejo y Gaspar tras la “ola de desapariciones forzadas” atribuidas a elementos de la Semar, como la llamó el entonces Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra‘ad Al Hussein, en su reporte del 30 de mayo de 2018.
En vísperas de la realización del encuentro para la creación del mecanismo, al que están convocados el propio Encinas, representantes de alto nivel de la Semar, la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la CEAV y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de integrantes de la CIDH, la destrucción de la Base de Operaciones Norte es una mala señal, sostiene Ramos Vázquez.
Dice el activista que acudió al Departamento de Bomberos del ayuntamiento para indagar si hubo un incendio en el número 1429 de la calle Arteaga o en los predios adyacentes en los últimos 15 días de diciembre. No consiguió información; los vecinos tampoco hablaron “por temor a los marinos”.
Para el defensor no cabe duda que se trata de “un fuego premeditado y controlado; fue un acto deliberado para destruir cualquier tipo de evidencia y obstruir la búsqueda de la verdad”.
Abunda: “Es el mensaje de bienvenida de la Marina a la Comisión Interamericana, y también al nuevo gobierno. Sin embargo, van a tener que explicar en la reunión convocada para la segunda quincena de enero por qué destruyeron las instalaciones”.
Las deficiencias
La desaparición de la Base de Operaciones Norte, insiste el presidente del CDHNL, se contrapone con la supuesta disposición de la Semar para que su personal sea investigado.
En septiembre pasado la dependencia informó que desde el 1 de junio 257 elementos navales, tres capitanes, 24 oficiales y 230 clases y marinería que se encontraban desplegados en Nuevo Laredo fueron concentrados en la Ciudad de México para ser interrogados por las autoridades competentes.
Las imágenes que tomó el CDHNL el jueves 3 en una prueba de “las deficiencias de la Fiscalía (Especializada para la Búsqueda de Desaparecidos de la PGR) del gobierno de López Obrador. Exhibe que está ausente del caso, pues debió haber preservado el lugar porque las investigaciones están en curso”.
Dice que al menos 10 de las 51 personas detenidas por marinos entre enero y mayo de 2018 fueron ingresadas en esas instalaciones. Recuerda que el 13 de agosto, por ordenamiento judicial, representantes de los familiares, abogados de la CEAV, visitadores de la CNDH y de la Fiscalía de la PGR realizaron una inspección en el domicilio de la calle Arteaga 1429.
Relata el entrevistado: “Hay otras dos bases de operaciones: Laredo Sur y Colombia Nuevo León, donde hay indicios de que algunos de los desaparecidos fueron ingresados. Ambos domicilios tendrán que ser revisados, por lo que es fundamental que sean preservadas las instalaciones.”
Para el defensor la participación de la CIDH en el caso será fundamental porque, “a diferencia del caso de Ayotzinapa, en el que no había evidencia directa, en Nuevo Laredo tenemos testigos sobrevivientes, víctimas que fueron liberadas a punto de morir, por lo que la investigación debe alcanzar no sólo a los perpetradores, sino al responsable de Operaciones Especiales (la unidad que estaba desplegada en Nuevo Laredo) y al exsecretario de Marina”.
En octubre pasado, Ramos Vázquez entregó a Alfonso Durazo Montaño, quien desde el 1 de diciembre es titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un grueso expediente de las acciones realizadas por el CDHNL para localizar a las 51 personas detenidas por la Marina en Nuevo Laredo.
El documento –consultado por Proceso y entregado a la CIDH y a Encinas– resalta que de las 51 personas detenidas por elementos de la Marina existen 25 carpetas integradas por la Fiscalía Especializada de la PGR por desaparición forzada que implican a 37 víctimas.
De ese total, en 17 casos hay testimonios directos de la autoría de personal de la Semar en las detenciones de personas de las que no se ha vuelto a saber, además de que se cuenta con videos y fotografías.
El documento también incluye los escritos del Comité de Desaparición Forzada de la ONU en el que solicita información al Estado mexicano, así como las medidas cautelares emitidas por la CNDH y las acciones urgentes de organizaciones como Amnistía Internacional.
Durante la audiencia de diciembre último en la CIDH, Quintana Osuna denunció que aun cuando desde febrero de 2018 la PGR, por medio de su oficina en Nuevo Laredo, abrió las primeras carpetas de investigación por las desapariciones forzadas, durante los primeros tres meses la dependencia no realizó diligencias, y de haber investigado “se hubiera evitado esa serie de desapariciones”.
Los obstáculos
Entrevistada en sus oficinas, Quintana Osuna resalta se les ha negado el acceso a los expedientes, así como a las diligencias en las que están implicados elementos de la Semar.
“Los propios agentes del Ministerio Público han dicho literalmente a mis abogados que no se van a meter con la Marina porque es parte del Estado mexicano”, según la abogada.
Lo anterior, refiere, motivó al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, a pronunciarse el pasado 5 de diciembre por la creación de un Mecanismo de Seguimiento similar al del caso Ayotzinapa.
“Para nosotros es muy importante tener un Mecanismo de Seguimiento para que las desapariciones de Nuevo Laredo no salgan del radar. No pedimos específicamente un grupo de expertos independientes como el que operó en el caso Ayotzinapa, aunque no lo descartaría. Por lo pronto, dentro de la jurisdicción local ya nos fue admitido presentar un perito independiente en materia de contexto, que es Ronald Gamarra, de Perú, uno de los fiscales que investigó los casos de (Alberto) Fujimori y (Vladimiro) Montesinos”, apunta Quintana.
Recuerda que antes de que la asesoría jurídica solicitara la creación del mecanismo, la CIDH, en uso de sus atribuciones, pidió al Estado mexicano información sobre las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo. También advierte que el organismo tiene una “importante voluntad política por acompañar estos procesos, de monitorear el trabajo sobre búsqueda de desaparecidos”.
Apunta que la intervención de la CIDH en Ayotzinapa y ahora en Nuevo Laredo “va a permitir tener una dimensión de lo que está pasando en todo el país, y al organismo le va a permitir delinear un mecanismo de monitoreo”.
Convencida de que todas las desapariciones en México son graves, puntualiza que las de Nuevo Laredo se caracterizan porque ocurrieron en un solo lugar y con un tipo específico de agentes involucrados. Ese modus operandi, dice, quizá sea un ejemplo de lo que sucede en el país.
Para la abogada de la CEAV, dependencia que representa a 28 de las 51 víctimas, a diferencia de otras desapariciones forzadas como las de Ayotzinapa –en las que “la mezcla en la participación de autores te hace perder el foco de quién está implicado como autoridad”–, en los casos de la ciudad fronteriza “hay suficientes elementos para determinar que fueron marinos los directamente involucrados”.
En espera de que sea la CIDH la que fije las reglas del juego del Mecanismo de Seguimiento, las cuales deberán someterse a la aceptación del gobierno de López Obrador, Quintana Osuna insiste: lo primordial es que las familias sean escuchadas.
“Lo que quieren es ver los avances de las indagatorias. El hecho de que Encinas aceptara la grave crisis de desaparición forzada es muy importante, pero abrirse al escrutinio internacional le da una mayor dimensión (al problema de las desapariciones). Ello nos permite retomar todos los estándares internacionales de búsqueda e investigación de desaparición de personas para avanzar en un caso específico, así como dar pasos concretos en medidas de no repetición”, puntualiza.
fuente.-
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