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Se trata del Vicealmirante Jorge Manuel Sainz Zamorano, director de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM), y del Capitán de Fragata Miguel José Cuéllar Valcárcel, subdirector de Certificación Marítima.
Ambos presuntamente ignoraron la legislación para otorgar autorizaciones de operación a las empresas Ecología Industrial y Marítima y Servicios Integrales Marítimos y Portuarios, dedicadas a la recolección y procesamiento de basura en puertos, de acuerdo con la denuncia en poder de REFORMA.
Ambos presuntamente ignoraron la legislación para otorgar autorizaciones de operación a las empresas Ecología Industrial y Marítima y Servicios Integrales Marítimos y Portuarios, dedicadas a la recolección y procesamiento de basura en puertos, de acuerdo con la denuncia en poder de REFORMA.
DEL ANECDOTARIO de CORRUPCION:
La denunciante, Yazmín Santos Flores, era jefa del Departamento de Autorización y Certificación Marítima de la Autoridad Marítima Nacional y fue removida de su cargo después de hacerle ver a los mandos que se estaba violando la ley al otorgar permisos a esas compañías.
En su escrito, Santos Flores acusa discriminación y acoso "por ser mujer y civil" por parte de los mandos de la Marina, que desde 2016 asumieron el control de la capitanías de puerto del País que antes estaban bajo jurisdicción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De acuerdo con el oficio DIGAPROCER/DICM-437/17, fechado el 9 de febrero de 2018, la UNICAPAM autorizó a la empresa Servicios Integrales Marítimos y Portuarios (SIMPSA) realizar servicios de recolección, traslado y disposición final de basura generada por las embarcaciones, instalaciones portuarias y artefactos navales con vigencia del 20 de diciembre de 2018 al 19 de diciembre de 2019, con el número de registro UNICAPAM-MZA-008, en Manzanillo, Colima.
La autorización fue firmada por el Contralmirante César Olivares Acosta, director adjunto de la Dirección General Adjunta de Protección y Certificación Marítima.
La denuncia expone que Servicios Integrales Marítimos y Portuarios fue denunciada por otra compañía por falsificación y usurpación de documentos, irregularidades que no subsanó.
Además, la ahora ex funcionaria advirtió que esa empresa ya había sido rechazada por la SCT para llevar a cabo los mismos trabajos que sí avaló la Marina.
La otra autorización está reflejada en el oficio DIGAPROCER/DICM-3208/17, fechada el 1 de agosto de 2018, en la cual la Marina permite a la empresa Ecología Industrial y Marina del Caribe realizar servicios de recolección, traslado y disposición final de basura generada por las embarcaciones, instalaciones portuarias y artefactos navales con vigencia del 13 de julio de 2018 al 12 de julio de 2019 en Cozumel, Quintana Roo.
Esta autorización fue firmada por el Contralmirante Héctor Rafael Solís Hernández, quien suplió a Olivares en el cargo.
De acuerdo con el documento, la autorización a Ecología Industrial y Marina del Caribe fue entregada sin número de solicitud, lo cual viola el procedimiento.
La denuncia indica que además el Vicealmirante Sainz Zamorano avaló que la embarcación 'Don Martín', de la empresa Ecología Industrial y Marítima, contara con la autorización para la eliminación de basura y de aguas residuales sin contar con la normatividad.
En 2016, el trasvase de aceites usados de una barcaza a la embarcación canadiense Vancouver por parte de la empresa SIMPS provocó un derrame en aguas de Manzanillo.
En su escrito, Santos Flores acusa discriminación y acoso "por ser mujer y civil" por parte de los mandos de la Marina, que desde 2016 asumieron el control de la capitanías de puerto del País que antes estaban bajo jurisdicción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De acuerdo con el oficio DIGAPROCER/DICM-437/17, fechado el 9 de febrero de 2018, la UNICAPAM autorizó a la empresa Servicios Integrales Marítimos y Portuarios (SIMPSA) realizar servicios de recolección, traslado y disposición final de basura generada por las embarcaciones, instalaciones portuarias y artefactos navales con vigencia del 20 de diciembre de 2018 al 19 de diciembre de 2019, con el número de registro UNICAPAM-MZA-008, en Manzanillo, Colima.
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La denuncia expone que Servicios Integrales Marítimos y Portuarios fue denunciada por otra compañía por falsificación y usurpación de documentos, irregularidades que no subsanó.
Además, la ahora ex funcionaria advirtió que esa empresa ya había sido rechazada por la SCT para llevar a cabo los mismos trabajos que sí avaló la Marina.
La otra autorización está reflejada en el oficio DIGAPROCER/DICM-3208/17, fechada el 1 de agosto de 2018, en la cual la Marina permite a la empresa Ecología Industrial y Marina del Caribe realizar servicios de recolección, traslado y disposición final de basura generada por las embarcaciones, instalaciones portuarias y artefactos navales con vigencia del 13 de julio de 2018 al 12 de julio de 2019 en Cozumel, Quintana Roo.
Esta autorización fue firmada por el Contralmirante Héctor Rafael Solís Hernández, quien suplió a Olivares en el cargo.
De acuerdo con el documento, la autorización a Ecología Industrial y Marina del Caribe fue entregada sin número de solicitud, lo cual viola el procedimiento.
La denuncia indica que además el Vicealmirante Sainz Zamorano avaló que la embarcación 'Don Martín', de la empresa Ecología Industrial y Marítima, contara con la autorización para la eliminación de basura y de aguas residuales sin contar con la normatividad.
En 2016, el trasvase de aceites usados de una barcaza a la embarcación canadiense Vancouver por parte de la empresa SIMPS provocó un derrame en aguas de Manzanillo.
Sufre escarnio por señalar ilícito
Los mandos de la Semar que fueron señalados por una integrante de la SCT por violaciones a la ley en materia de certificación marítima también fueron acusados por hostigamiento y discriminación por condición de género.
En una denuncia enviada al Almirante Luis Orozco Inclán, el pasado 14 de diciembre, la funcionaria afirmó que debido a sus conocimientos en la materia fue objeto de escarnios y hasta insultos por una serie de mandos y medios mandos de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos y de la Dirección General Adjunta de Protección y Certificación Marítima.
La denunciante, Yazmín Santos Flores, jefa del Departamento de Revisión y Certificación Marítima, detalló que fue removida de su cargo por oponerse a decisiones irregulares.
Además, en el documento legal expuso que desde 2017 fue increpada e intimidada por diversos elementos, tanto por su vida personal como por su capacidad en el puesto.
Cita que, por ejemplo, el 27 de julio el Capitán de Fragata Víctor Valencia Puga le cuestionó si compartía información confidencial y le aseguró que tenía los medios para intervenir su celular e investigarla.
En agosto de ese mismo año, el mando le exigió a Santos Flores su currículum vitae, a pesar de que laboraba en ese cargo desde 2014 y dicha documentación se encontraba en el área de Recursos Humanos.
Reveló que en septiembre recibió comentarios inapropiados de los Capitanes Rafael Gómez Conejo y Heriberto Cano Muñoz, quienes la acusaron de sostener un romance con un compañero de trabajo, bajo el pretexto de que realizaban juntos misiones al extranjero.
Finalmente, en octubre de 2017, tras realizar un viaje a Perú fue confrontada otra vez por el Capitán Gómez Conejo y por Miguel José Cuéllar Valcárcel, quienes le reprocharon que "contara con presuntos privilegios".
Fuente.-(Imagen/Mando/twitter)
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