El gabinete de seguridad de Andrés Manuel López Obrador perfiló la mediación con bandas delictivas antagónicas como una de las acciones para lograr la pacificación del país, reveló Loretta Ortiz, integrante del consejo asesor de seguridad del virtual presidente electo, al advertir que la condición para construir acuerdos pacificadores con organizaciones criminales será su retiro inmediato del “campo de la ilicitud”.
En conversación con el periodista Carlos Marín en El asalto a la razón de MILENIO Televisión, la encargada de organizar la consulta sobre la ley de amnistía y otros puntos del pacto de pacificación subrayó que la mediación estaría considerada entre los medios alternativos de solución de controversias previstos en el artículo 17 constitucional.
Al preguntarle sobre una solución para frenar la violencia entre los grupos delictivos que han proliferado en estados como Guerrero e incluso Ciudad de México, Loretta Ortiz señaló: “En el caso, entre ellos, que hay conflictos incluso entre grupos, lo que se puede ofrecer es la mediación comunitaria, que de hecho ya se ofrece; por ejemplo, en el caso de Tepito se actúa a través de esta mediación comunitaria”.
—¿Y hablando con quién?, ¿con el cacique del barrio?
—No, hay un facilitador y el que viene a representar a un grupo y el otro representante de grupo, o los grupos integrados; entonces tiene que haber una voluntad obviamente de arreglar las cosas.
—¿Ahí encajaría, por ejemplo, la comunicación que llegue a tener el obispo de Chilpancingo, que de pronto dice que platica con malandros para que le bajen?
—Sí, exacto, para llegar a una serie de acuerdos a la mediación, siempre y cuando, insisto, si vamos a llegar a acuerdos de pacificación, se tienen que retirar del campo de la ilicitud, o sea, no van a ser acuerdos para llegar a un resultado de que se metan a actos ilícitos.
—Y tampoco es la de noche a la mañana...
—No, entonces tiene que ser un acuerdo, acuerdos para la pacificación; si nos piden: “oye, pues autorízanos seguir, qué se yo, transportando armas, extorsionando”, pues obviamente no.
Contra huachicoleros
El gobierno de López Obrador promoverá un proyecto de reformas para castigar el huachicoleo y el asalto a ferrocarriles con penas de cárcel sin derecho a fianza.
Loretta Ortiz dejó claro que quienes cometan esos delitos no serán sujetos de la amnistía.
“Andrés ya nos lo mencionó: van a ser detenidos y, además, se van a hacer reformas al Código Penal para tipificar esos delitos, el de los huachicoleros,el de asalto a trenes, etcétera, como ilícitos que no van a merecer fianza, porque están cometiendo actos que afectan a toda la comunidad, a la sociedad en general, y es importante que lo marque: amnistía no significa impunidad”, detalló.
Ortiz reafirmó que la amnistía tampoco se concederá a responsables de actos delictivos atroces como la trata de niños y de personas, secuestros, homicidios, violaciones ni otros delitos de carácter sexual.
“(La ley de amnistía) está destinada a personas que no hayan cometido ningún acto violento, esa es la primera acotación; es decir, si cometen algún acto violento ya no pueden ser merecedores de una amnistía”, abundó.
Los destinatarios serán también menores cooptados por el crimen organizado; mujeres responsables de los llamados “delitos por amor”, como la transportación de armas y drogas o el halconeo, así como campesinos productores o cultivadores de enervantes.
La ex diputada federal y ex asesora de instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos anticipó que los principales convocados a los foros para definir el pacto de pacificación serán las víctimas, así como organizaciones no gubernamentales y expertos en la materia.
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