Círculos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que exhiben nerviosismo frente al proceso de sucesión presidencial, han decidido incursionar en un terreno resbaladizo y riesgoso para la institucionalidad y la disciplina, los factores más importantes del Ejército mexicano en democracia.
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Las sucesivas declaraciones del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la disolución del Estado Mayor Presidencial parecen haber inquietado sectores de la milicia, que ven en ese cuerpo no una estructura de seguridad para el Presidente, sino un factor de poder político y, también, económico.
A estos planteamientos se han sumado otros emitidos por Alfonso Durazo, perfilado por el propio López Obrador como futuro secretario de Seguridad Pública. El político sonorense se ha manifestado a favor de retirar a los militares de las tareas de seguridad pública en el lapso de la primera mitad del próximo sexenio.
Los grupos de trabajo que han empezado a configurar la política de seguridad que será aplicada a partir de diciembre tomaron ya nota de directrices de López Obrador para caminar de la mano de las fuerzas armadas en cambios profundos sobre los cuerpos policiacos federales y locales.
Todo ello, se ha dicho a este espacio, define la necesidad de que el nuevo general secretario de la Defensa tenga una sensibilidad política y social muy arraigada, que le permita hacer aportaciones a un proceso que seguramente resultará complejo. Y muy ajeno a los esquemas aplicados por el gobierno mexicano al menos en la última década.
Con todo ello en el contexto externo, un grupo de generales retirados ha sido identificado como el autor de una estrategia que busca sembrar en medios de comunicación y otros interlocutores la necesidad de precipitar definiciones sobre quién debe ser el sucesor del general Salvador Cienfuegos, actual titular de la Sedena.
Este grupo ha decidido promover la causa de uno de los militares de alto rango a los que se considera finalistas en el proceso de deliberación que tradicionalmente es desarrollado hacia dentro de la Sedena, pero para los que una ley no escrita dispone guardar bajo perfil público y una clara discreción sobre sus aspiraciones.
A contracorriente de ello, este cabildeo singular se lleva a cabo para favorecer aparentemente al general Felipe Gurrola Ramírez, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, sin duda uno de los personajes más cercanos al general Cienfuegos. No puede descartarse que el propósito real sea desautorizar a ese alto mando, que como los demás a los que se ha mencionado, acumula méritos y trayectoria valiosos.
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Periodistas especializados, funcionarios públicos de primer orden y áreas académicas ligadas con este tema han empezado a recibir comunicaciones firmadas por una extraña “Hermandad de Fuerzas Armadas”, cuya imagen en una cuenta privada en redes sociales es un destacamento de soldados saludando con marcialidad y disciplina.
Esta gestión en favor del general Gurrola incluye su amplio currículum, en el que se hace destacar los reconocimientos extendidos a su perseverancia e institucionalidad, según puede leerse en el documento cuya copia obra en poder de esta columna.
En mayo pasado le compartí en este mismo espacio que la usanza observada desde hace décadas es que la élite militar, particularmente en el Ejército, construya una especie de consenso con la participación del titular en funciones y de sus antecesores, en especial los de mayor trayectoria. Ello orienta ajustes internos y paulatinos en la Sedena, sea con la asignación de puestos clave, sea con responsabilidades extraordinarias. Tras ese consenso, el alto mando saliente típicamente presenta al presidente electo una terna de aspirantes viables a sucederlo.
Le informé también que en “en la actual plana mayor del Ejército (no más de media docena de altos militares) hay ya cuatro aspirantes a la vista. Es muy probable, entonces, que de entre ellos salga el nuevo titular, gane quien gane la elección. En orden de su peso actual, se trata de los generales Gil Roble Arturo Granados, subsecretario del ramo; Emilio Zárate Landero, oficial mayor; Felipe Gurrola Ramírez, inspector y contralor, y Alejandro Saavedra Hernández, jefe del Estado Mayor. Las fuentes consultadas indicaron que de ellos, los más cercanos al general Cienfuegos son sin duda los generales Granados (el más veterano), y Gurrola Ramírez, uno de los más jóvenes”.
En aquella ocasión llamé su atención sobre el hecho de que el general secretario Cienfuegos Zepeda había advertido que podría sufrir baja del servicio activo cualquier alto mando que incurriera en cabildeos o negociaciones con los candidatos a ocupar Los Pinos.
En esta oportunidad le informo que versiones sólidas ofrecen la certeza de que durante el recién terminado proceso electoral, algunos militares que aspiran a ser el próximo secretario de la Defensa sostuvieron encuentros privados con candidatos a la Presidencia o sus equipos, en particular José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Mala señal.
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