La presidencia de Enrique Peña Nieto termina con Michoacán como reflejo del fracaso total de su política de seguridad pública y estrategia contra el narcotráfico en el país. Improvisación, ineficacia e ignorancia son solo factores superficiales cuando se trata de explicar la descomposición institucional que llevó pactar con un sector de la delincuencia disfrazados como autodefensas para transformarlos en “fuerza rural”.
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El cuerpo paramilitar que formó Alfredo Castillo Cervantes por órdenes presidenciales, está desbocado y tiene contra la pared a la frágil autoridad en la entidad gobernada por el político perredista que se pensaba candidato presidencial, Silvano Aureoles.
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El general de división Javier Cruz Rivas no tuvo opción el pasado viernes 16 de marzo cuando dio la cara a los medios de comunicación de Michoacán, tras el anuncio de la llegada de nuevas unidades del ejército para reforzar la seguridad en la entidad.
Un día antes unidades de la Policía Militar y tropas de apoyo arribaron a Apatzingán donde se localiza el cuartel de la 43 zona militar, al mando del general de brigada Ricardo Trevilla Trejo. Su objetivo tras desplegarse en varios municipios de la Tierra Caliente, era para intentar controlar la ofensiva del crimen organizado en esta región. Los soldados formaban parte los mil 200 efectivos que la secretaría de la Defensa Nacional mandó a Michoacán después de una serie de acciones coordinadas que llevaron a cabo grupos armados de civiles cuando bloquearon carreteras con vehículos en llamas, incendiaron negocios y generaron caos tras la captura de uno de sus líderes en el estado.
“Se está implementando una estrategia contundente en coordinación con la policía de Michoacán y las autoridades civiles correspondientes en Tierra Caliente”, declaró a los medios locales el general Cruz Rivas. El divisionario que a principios de diciembre pasado asumió el mando de la doceava región militar, con sede en Irapuato y que abarca los estados de Michoacán, Guanajuato y Querétaro, dijo que los bloqueos carreteros con la quema de vehículos como camiones de pasajeros y transporte de mercancías, así como los comercios incendiados, se “magnificaron” lo que provocó temor en la población.
“Ahorita la situación es que tres, cuatro delincuentes hacen una actividad que se magnifica y que no les cuesta y que no es nada para ellos, pero para la población si, ocasionan mucho temor y eso no vamos a controlar, lo vamos a evitar”, manifestó.
Cruz Rivas no hizo ningún comentario sobre la alerta de las cámaras empresariales del estado que señalaron a las autoridades que con las acciones de la delincuencia organizada en lo que va de marzo, las pérdidas ascienden a más de 5.5 millones de pesos solo en la industria automotriz. No se contabilizaron agricultores, prestadores de servicios y comercios establecidos también afectados.
Ascendido al grado de general de división en noviembre del 2016, Cruz Rivas es un oficial de infantería que forma parte de la antigüedad 1970 del Colegio Militar. Nacido en Ayutla, Jalisco en 1954, de su currículum resalta su paso como comandante de la 15 zona militar en Zapopan, Jalisco donde en mayo del 2015 cuando apenas llevaba cuatro meses al frente del cuartel, se suscitó un ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea en la zona sur de este estado donde siete personas murieron, hubo 19 heridos al tiempo que se reportaron 39 bloqueos como parte de una ofensiva del llamado Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras una operación lanzada para intentar capturar a su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”.
De su experiencia operativa da cuenta su paso como comandante del 66 batallón de infantería en El Lencero, Veracruz, en el año 2002, después estuvo al frente de la 18 zona militar en Pachuca, Hidalgo. Permaneció un tiempo como subjefe administrativo y de logística del Estado Mayor de la Defensa, donde ascendió a divisionario, y de ahí salió a Monterrey donde estuvo un año al mando de la cuarta región militar que abarca los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Del norte llegó al Bajío el año pasado para cerrar el sexenio en la región donde operadores del narco fueron investidos como “fuerza rural” por las autoridades federales y estatales en el segundo año de esta administración.
El “pacto” que no funcionó
Las imágenes que circularon la semana pasada tras la detención de Jordy Axel Villa Patricio considerado uno de los principales operadores del CJNG en Michoacán, y sobrino del “Mencho”, provenían de municipios como Parácuaro, Múgica, Uruapan, donde se reportaron por lo menos 22 vehículos incendiados entre autos y camiones atravesados en las carreteras, además de incendios en tres agencias automotrices y una tienda de autoservicio.
El ataque fue el segundo en menos de una semana, días antes hubo otro similar en la zona de Buenavista, Apatzingán y Tepalcatepec, donde se rumoró la detención de un cabecilla de los “Viagras”, reporte que resultó falso según las autoridades.
Los bloqueos y sabotajes recuerdan los momentos previos a la llegada al gobierno del estado de Silvano Aureoles, quien declaró hace un par de años el fin de las autodefensas. Pese a la propaganda que acompañó su arribo a la gubernatura, donde quiso vender la idea de un Michoacán en paz, el estado sigue bajo control de grupos criminales como los Viagras, encabezados por los hermanos Sierra Santana. También están otro grupo conocidos como los “H-3” o “Tercera Hermandad”, vinculada a uno de los principales líderes de autodefensas Luis Antonio Torres, alias “Simón el americano”.
En la geografía del estado el puerto de Lázaro Cárdenas no está fuera del foco rojo, existe un grupo que se hace llamar “la Nueva Familia Michoacana”, integrada por individuos que antes pertenecieron a los “Caballeros Templarios”. La presencia de estos grupos se debe en parte, según reportes federales, a la corrupción en las policías locales y la tolerancia de autoridades estatales. A este panorama se suma que las fuerzas armadas han quedado como testigos pasivos del regreso de las organizaciones criminales al primer plano de la entidad.
Para ilustrar la descomposición en la entidad hubo un dato que lo aportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reportó que durante el año 2017 la cifra de asesinatos fue de 1492 casos, superior en 50 por ciento a los registros de 2013 y 2014, cuando estalló y se desarrolló el conflicto entre los autodefensas y los grupos criminales.
Según analistas en materia de seguridad y reportes de organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, el saldo de aquellos pactos del gobierno federal con un sector de la delincuencia que se presentó como “autodefensas”, como el caso de los “Viagras”, para buscar desarticular a los Templarios, es el caos que impera en la zona de Tierra Caliente y municipios como Uruapan y Zamora.
Los “Viagras” recibieron armas y equipo de las autoridades de manos de Alfredo Castillo Cervantes, el comisionado federal enviado por la presidencia de la república, quien pactó con varios cabecillas involucrados con el narco a quienes invistió como Fuerza Rural.
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Del lado del ejército como testigo mudo estuvo el general Miguel Ángel Patiño Canchola, acérrimo enemigo del doctor José Mireles líder del sector de las autodefensas que no aceptó el acuerdo de convertirse en “fuerza rural”. El entonces comandante de la 43 zona militar en Apatzingán, tuvo que hace mutis después de que el comisionado Castillo Cervantes llegara a acuerdos y se sentara y fotografiara con jefes del narco como los hermanos Sierra Santana para “pacificar” la Tierra Caliente michoacana.
Poco después de su ascenso a general de división en noviembre del 2014, Patiño Canchola dejó Michoacán en enero del 2015 para irse a Monterrey como comandante de la cuarta región militar. Regresó al Bajío un año después pero ahora como comandante de la doceava región con sede en Irapuato, lugar que dejó al general Cruz Rivas hace tres meses.
Pese a esta serie de cambios en el mando militar de la región, los grupos armados han proliferado para tomar el control territorial. Continúan con campañas de propaganda para atemorizar a la prensa local y a la población en general que de nueva cuenta, según organizaciones civiles, está sometida al poder de la delincuencia.
Quizá por ello los medios locales no registran en profundidad la tragedia que día a día viven los empresarios y agricultores que padecen extorsiones y secuestros de grupos armados protegidos por la policía local en municipios como Uruapan, Tancítaro y Ario de Rosales. Donde quedó demostrado que el “pacto” para convertir en “fuerza rural” a un sector de autodefensas, de nada sirvió a meses de concluir el sexenio.
Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424
(Imagen/Proceso)
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