Este jueves se difundió una fotografía perfecta del México contemporáneo. Un grupo armado al servicio de Gloria María Sánchez, alcaldesa de Oxchuc, en Chiapas, ingresó a la cabecera municipal, disparando a mansalva en la calle y la iglesia, e incendiando media docena de casas.
Los paramilitares buscaron el mayor daño posible contra los seguidores del ex presidente municipal en esa comunidad indígena, en venganza porque Sánchez no ha podido gobernar desde que ganó las elecciones en 2015. Cinco heridos y ríos de sangre seca por todos lados sintetizaron el conflicto permanente y, sobretodo, la impunidad.
Tamaulipas, en las primeras planas de los periódicos, es otra fotografía del México rojo. Diez bloqueos se establecieron casi simultáneamente en Reynosa, donde paramilitares del Cártel del Golfo se agarraron a tiros con el Ejército, la Marina y la policía estatal, prolongando la angustia en aquella ciudad fronteriza. A 262 kilómetros, también sobre la franja fronteriza, un acto del alcalde Enrique Rivas en un parque, fue interrumpido por una lluvia de disparos que obligó a todos zambullirse en la tierra. En ningún caso se reportaron víctimas fatales, lo que no quita lo ominoso que en materia de seguridad se vislumbra en el estado, donde la violencia subió de 2016 a 2017, 35%.
El desacuerdo político reinante en el país, está crecientemente conduciendo a la violencia. La actividad política, produciendo asesinatos. Este miércoles, el regidor en el Ayuntamiento de Celaya y presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Guanajuato, Jorge Montes González, fue asesinado; 12 impactos de bala perforaron la puerta del conductor, sin que se tenga idea de quiénes fueron o porqué lo mataron. En Guanajuato mismo, donde la violencia ha ido creciendo en los últimos meses, un empresario de León pagó con su vida. En Tlaxcala, un choque entre bandas de huachicoleros produjeron la muerte de tres personas, mientras que en Tlanepantla, dos hombres fueron asesinados dentro de su casa.
En Zacatecas, un comando armado del Cártel del Golfo exhibió un video donde un comandante policial, bajo amenaza, daba nombres de jefes policiacos presuntamente vinculados con el narcotráfico; tras decirlo, fue degollado.
La violencia está desatada, no sólo en aquellos gobiernos del PAN que están en el inicio de sus administraciones, sino en priistas y perredistas. Colima, gobernado por un priista, tiene poco más de 13 meses de descomposición sin precedente. En Tlaxcala, un estado otrora limpio, gobernador por el PRI, la seguridad se volvió un tema de preocupación con asesinados vinculados al crimen organizado. Nayarit, en la secuela de otro gobernador priista, fue el estado de mayor violencia en el país el año pasado. Chihuahua, está viviendo una etapa de narcopolítica.
El sábado pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer su último informe. En 2016, indican que el número de homicidios dolosos aumentó en 27 estados en comparación con las cifras de 2016. Cuando llegó el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la administración de Felipe Calderón le entregó un país con casi 70 mil muertos y problemas complejos en tres entidades. Al cierre del quinto año de gobierno, la violencia criminal se extendió a otros 30 entidades y el número de homicidios dolosos es más de 20% superior al registrado en el gobierno de Calderón en el mismo periodo.
En este espacio se ha documentado de manera sistemática a lo largo del sexenio, las fallas en la estrategia de seguridad pública que produjeron, en buena parte, el colapso de la estrategia de seguridad pública. Sin embargo, no toda la responsabilidad puede adjudicársele al gobierno federal. Durante la primera legislatura en la Cámara de Diputados, los legisladores aplazaron en dos ocasiones el mandato legal para pasar a todos los policías federales, estatales y municipales, por los controles de confianza. La pregunta de cuántos crímenes se hubieran evitado de haberse aplicado esos exámenes, es retórica, pero ayuda a imaginarse los escenarios positivos que habrían existido en algunas o muchas partes del país, si se ha cumplido la ley como estaba mandatado.
El cuerpo político federal es culpable del desastre, pero las cámaras tienen también su alta cuota de responsabilidad. De manera permanente, hasta estos días, se han negado a legislar sobre un nuevo modelo de policía civil, y escondieron en diferencias de artículos y la aprobación de la Ley de Seguridad Interna -que eternizará a los militares en tareas de seguridad pública porque abre zonas de confort para los gobiernos locales-, que por encima del problema que más preocupa a los mexicanos, están sus negociaciones políticas que sólo buscan rascar más poder.
A ellos también se les puede achacar el adefesio que legislaron sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que construyó una puerta revolvente para cuando menos 11 mil criminales -no incluye a quienes eran inocentes de un delito o habían cometido faltas menores-, por la sutileza de que delinquir con un cuchillo, un cuerno de chivo o un portaviones nuclear, no es un delito grave y les permite regresar a la calle. Les quitan el arma y, como se ha probado, compran otra en la calle y vuelven a cometer el mismo delito. Esta impunidad se ha extendido de manera creciente al Poder Judicial, donde se ha demostrado que jueces que dejan en libertad a criminales de envergadura, no por miedo -que es un factor de vulnerabilidad existente-, sino por corruptos.
Este país no está en paz. En términos cuantitativos, el número de muertos lo colocan en la categoría de una nación en guerra civil. Pensar en sus responsabilidades es una obligación política, ética e histórica. No lo olviden, como hasta ahora ha sido.
Fuente.-rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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