El secuestro y asesinato del teniente coronel Ignacio Juárez Rojas aumentó la percepción ciudadana en Sinaloa de que la estrategia de militarización de las policías locales, municipal y estatal, ha fracasado.
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Al frente de los oficiales y jefes que llegaron hace un año al estado para acompañar el inicio del gobierno del priista Quirino Ordaz Copel se encuentra el general de brigada retirado Genaro Robles Casillas, un oficial de infantería que ha logrado aglutinar opiniones en su contra debido a su falta de experiencia y conocimiento del terreno al que llegó en medio de una escalada violenta que en 2017 rompió record de asesinatos. El mensaje detrás de la muerte del jefe militar, es la derrota de los militares en labores policiacas.
Eran al menos cuatro individuos con el rostro cubierto que entraron aquella tarde del viernes 5 de enero, armados con fusiles de asalto, a un restaurante de comida china en la colonia centro del poblado sinaloense de La Cruz de Elota. Fueron directo sobre una mesa donde comía el director de seguridad pública municipal, quien departía junto a uno de sus ayudantes. Al teniente coronel Ignacio Juárez Rojas no le dio tiempo de reaccionar ya que de inmediato fue encañonado y sacado de ahí a la fuerza junto a Alonso Beltrán Romero, armero de la corporación.
Al poco rato la alerta por el secuestro del jefe militar en labores de policía se activó en Culiacán, en las oficinas de la secretaría de seguridad pública del estado que encabeza el general de brigada retirado Genaro Robles Casillas. Se dio la orden de un despliegue por tierra y aire para intentar rastrear dos camionetas, un de ellas color blanco, donde según testimonios se dio a la fuga el comando armado con el jefe policiaco y su subalterno.
Elota es un municipio localizado entre Culiacán y Mazatlán, flanqueado por las costas del pacifico, donde el pasado mes de junio el teniente coronel retirado Juárez Rojas asumió el mando de la seguridad pública del lugar. Su arribo estuvo precedido de una ola de violencia donde dos grupos criminales sembraron el terror y la zozobra en el municipio y comunidades aledañas. Los choques de las facciones de los hijos del Chapo Guzmán, Iván y Alfredo, contra las huestes de Dámaso López Serrano “el Mini Lic”, de acuerdo a las autoridades, fue lo que motivó el incremento de asesinatos con 11 casos en abril y 23 en mayo.
Hasta el verano del 2017 los enfrentamientos continuaron pero a raíz de la entrega en agosto del “Mini Lic”, a las autoridades norteamericanas en la garita de Calexico, frontera con Mexicali, Baja California, la curva decreció sin que la facción de “los Chapitos”, dejara de amenazar y coaccionar a las autoridades locales.
Fue el contexto en que llegó y comenzó su labor el teniente coronel Juárez Rojas, quien ingresó al Colegio Militar en 1983 y se graduó como oficial de infantería en 1987. Su desaparición en los primeros días de este año, mantuvo en vilo a las autoridades civiles y militares, generó dudas, y durante una semana no hubo pistas sobre su paradero.
Un año fatal
El mensaje fue contundente. Una semana después de que Juárez Rojas fuera “levantado” por un comando armado, su cuerpo y el de Beltrán Romero, su acompañante, aparecieron semienterrado con disparos de arma de fuego y en avanzado estado de descomposición en una ranchería cercana a la sindicatura de Costa Rica, al sur de la capital de Sinaloa.
Las autoridades informaron que el teniente coronel y el civil que iba con él, fueron localizados alrededor de las 5 de la tarde del viernes 12 de enero, enterrados en unos predios agrícolas que se ubican cerca del poblado Mezquitillo, luego de que se recibió una llamada anónima que alertó a las corporaciones sobre la presencia de ambos cadáveres.
El reporte de la Fiscalía General del Estado decía que existía una primera presunción de que los cuerpos tenían una semana de haber sido asesinados. De acuerdo a los informes en el lugar fueron encontrados varios casquillos de arma corta y larga. Días después la dependencia aseguró que el mando militar y el armero habían perdido la vida en el lugar donde fueron encontrados.
En las primeras horas debido al hermetismo con que se manejó la situación, fueron pocos los elementos de la policía que se enteraron del hallazgo, ni los empleados de las casas funerarias supieron como suele ocurrir con otros ajustes de cuentas.
El plagio y asesinato de un teniente coronel, en situación de retiro pero con el visto bueno de la secretaría de la Defensa Nacional para realizar labores de policía, fue considerado por oficiales militares como un abierto desafío a la autoridad estatal y federal, incluso al mismo ejército.
“Hay que recordar que todos los militares que ocupan actualmente los cargos como directores de seguridad pública en diferentes municipios de Sinaloa como Mazatlán y Culiacán, están allí por un convenio entre esos niveles de gobierno con el visto bueno de la secretaría de la Defensa Nacional”, dijo a este Blog un jefe militar destacado en Sinaloa.
“El mismo viernes 5 de enero hubo una movilización aparatosa por tierra y aire para dar con el paradero del jefe militar y el agente que lo acompañaba”, comentó otro militar perteneciente al octavo batallón de infantería con sede en Mazatlán. Varias unidades y pelotones realizaron labores de rastreo en las primeras horas, al paso de los días ni los puestos de control ni las comunicaciones monitoreadas ni los reportes de inteligencia, pudieron dar con el paradero de ambos desaparecidos.
“Este hecho implica también una percepción ciudadana de que la estrategia de seguridad militarizada ha fallado”, aseguró una tercera fuente consultada en el estado.
El fracaso de Genaro Robles Casillas al frente de labores de seguridad pública como secretario del ramo en Sinaloa (Novatada a un general en Sinaloa http://www.estadomayor.mx/72143), puede cuantificarse en los más de mil 400 asesinatos que se registraron en 2017, cifra que superó con mucho la del 2016, último año del gobierno de Mario López Valdez, cuando se contabilizaron mil 203.
Robles Casillas, quien este mes de enero cumplió su primer año como titular de seguridad del estado, ha sido cuestionado por asociaciones de abogados, organizaciones defensoras de derechos humanos, gremios de médicos, académicos, empresarios y periodistas, por su absoluta ignorancia en labores de seguridad pública. Pese a ser general de brigada retirado, en su hoja de servicios resalta su falta de experiencia operativa, muy por debajo de las labores de oficina que durante gran parte de su carrera realizó. Uno de sus últimos puestos fue el de subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa, cargo que ocupó sin haber tenido mando de tropas en el interior del país. Ese puesto lo obtuvo, según fuentes del ejército, solo por ser “recomendado” del alto mando.
Oriundo de Autlán de la Grana, Jalisco, paisano del ex secretario de la Defensa Nacional Marcelino García Barragán (1964-1970), Robles Casillas se sabe funcionario de paso en Sinaloa. Lo poco o nada que alcance a realizar, será parte del lastre que el empresario en labores de político Quirino Ordaz Copel tendrá que afrontar una vez que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, su principal apoyo como secretario de la Defensa Nacional, entregue la estafeta a su sucesor el próximo 1 de diciembre.
De Chihuahua a Coahuila y después Sinaloa
Ignacio Juárez Rojas tuvo un último tramo demasiado accidentado en su carrera militar. En octubre del año 2008 era el jefe de la Sección de Personal, Abastecimiento y Ayudantía (SPAA) del quinto batallón de Policía Militar que en aquellos meses había llegado a Ciudad Juárez proveniente de su base en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, para participar en la Operación Conjunta Chihuahua.
El entonces mayor de infantería iba al mando de dos secciones, cada una con alrededor de 30 elementos, que realizaron un operativo en el sector Delicias de esta ciudad fronteriza. Su arribo se debió a que en su base de operaciones recibieron una llamada anónima alertando de que en una vivienda se encontraba gente armada en poder de varios sacos con droga.
Al mando del quinto batallón de Policía Militar se encontraba el coronel Eloy Magaña Barrios, oficial de zapadores, quien ordenó a Juárez Rojas encabezar aquel despliegue.
Juárez Rojas declaro que al llegar observó que había cuatro hombres sentados en “actitud sospechosa” en las inmediaciones del domicilio que les habían informado. Ordenó que los revisaran encontrándoles dinero en efectivo, después entraron con ellos a la vivienda donde había cuartos abandonados en los que hallaron armas, cartuchos y droga, presumiblemente propiedad de los individuos.
Ese día los militares detuvieron a 10 civiles entre quienes estaba Saúl Becerra Reyes, un mecánico que había estado preso por tráfico de drogas y quien había obtenido meses atrás su libertad anticipada. Este individuo desapareció durante varios meses después de que fue detenido, su cadáver devorado por la fauna silvestre, fue encontrado en marzo del 2009 a las afueras del municipio de Nuevo Casas Grandes. Esto ocasionó que tiempo después se iniciara proceso penal por desaparición forzada, homicidio y abuso de autoridad contra varios elementos del quinto batallón de Policías Militar encabezados por el coronel Magaña Barrios, el mayor Juárez Rojas, así como cuatro oficiales más y 12 elementos de tropa, de acuerdo a documentos del caso en poder de este Blog.
El proceso se radicó en el juzgado sexto de distrito en Chihuahua y es uno de los cuatro que se abrieron en aquel año por las denuncias por violaciones graves a los derechos humanos cometidos dentro de la Operación Conjunta Chihuahua.
Vía amparo Juárez Rojas obtuvo su libertad y se reincorporó al servicio activo para retirarse como teniente coronel en el año 2012. En el año 2015 reapareció como secretario de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de San Buenaventura, Coahuila, donde fue despedido por reprobar los exámenes de confianza.
El teniente coronel se inconformó e interpuso un amparo contra su despido por el que año y medio después un juez falló a su favor y ordenó reinstalarlo. En diciembre del 2016, según una nota publicada en junio del 2017 en el semanario sinaloense Rio Doce, Juárez Rojas fue reinstalado por el Ayuntamiento de San Buenaventura solo para dar cumplimiento a la sentencia judicial ya que poco después fue despedido.
Regresó a los reflectores en junio del año pasado cuando fue nombrado director de seguridad pública en Elota, Sinaloa. Seis meses después su cadáver fue encontrado sin vida en un campo agrícola a las afueras de Culiacán.
fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424
(Imagen/Internet)
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