Debido a los altos índices de violencia en Tamaulipas, la Secretaría de Seguridad Pública de Matamoros realizó una depuración de Policías Municipales.
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De los 771 elementos, 577 fueron dados de baja, quedando el resto para formar parte de la Policía Estatal, pero no cualquiera, sin un conjunto de élite denominado Grupo Hércules.
Estos uniformados, presumían las autoridades estatales, eran "altamente preparados para realizar actividades de inteligencia y operativos de alto riesgo".
Sin embargo, tras comenzar a operar en julio del 2014, los resultados de estos policías de élite no han sido los mejores.
Formado, además, por exmilitares y exmarinos, la información respecto al número de elementos que lo integran fue reservado, generando así opacidad en su actuar.
Más aun cuando se les acusa de la desaparición y ejecución de cuatro personas: tres estadunidenses y un mexicano.
Los hechos ocurrieron el 13 de octubre del 2014, tan sólo a tres meses de comenzar su operación.
De acuerdo con una recomendación dada a conocer el pasado 28 de diciembre por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Alex y José Ángel, dos hermanos de origen estadunidense, salieron de la casa de su padre en el poblado de Control, en Matamoros, Tamaulipas, bastión del Grupo Hércules.
Los hermanos se reunirían con su hermana Erica en el Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco, en Progreso, Texas, en Estados Unidos. Ahí ella los esperaba en compañía de un amigo de origen mexicano.
Sin embargo, las cuatro personas nunca llegaron a su destino. Reaparecieron 16 días después, el 29 de octubre, pero sin vida, presentando "traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo producido por proyectil de arma de fuego", es decir, habían sido ejecutados.
El caso tomó revuelo dado que tres de los asesinados eran estadunidenses, además de que la FBI comenzó su investigación al respecto.
Además de que el padre de los norteamericanos acudió a la CNDH a realizar su queja.
Testigos consultados y evidencias de la escena del crimen ayudaron a la CNDH a determinar que los responsables habían sido el Grupo Hércules, así como elementos de la Primera Zona Naval de la Secretaría de Marina (Semar).
Los policías de elite detuvieron a los cuatro sujetos en las inmediaciones del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco, además, les incautaron tres vehículos donde viajaban.
La inexistente orden de aprehensión, así como la ausencia de un caso de urgencia o flagrancia determina que la detención fue ilegal y arbitraria.
La responsabilidad del grupo se hizo más grande cuando todas las corporaciones de seguridad que operaban en la región negaron su participación en los hechos y reiteraron desconocer el paradero de las víctimas, aunque sí lo supieran, dificultando así el hallazgo de los desaparecidos.
Como es el caso de los Policías Federales, quienes presenciaron la detención, pero no la registraron en sus bitácoras ni la reportaron a su superioridad.
Siendo así, además de la detención arbitraria y la ejecución extrajudicial, un caso de desaparición forzada.
Para la CNDH, a las víctimas se les violaron los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la vida.
Mientras que a sus familiares se les negó el derecho a la verdad.
Al respecto, la CNDH hizo un llamado a la Semar, Policías Estatales, Policías Federales y autoridades municipales que reparen el daño a los familiares de las víctimas.
Además, hizo un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que proporcione toda la información y documentación necesaria para la investigación que lleva a cabo.
Ya que, a más de tres años de los hechos, el caso sigue abierto, los responsables no han sido castigados y las víctimas no han recibido merecida justicia.
Fuente.-LaSillaRota/
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