La CNDH emitió un informe en el
que señala que por las malas condiciones en que encontraron las cárceles
municipales de cinco Ayuntamientos de Tamaulipas, existe riesgo de tortura y
maltrato contra los detenidos.
Estos lugares que sirven como
espacios de detención preventiva y que pertenecen a los municipios de Reynosa,
Ciudad Victoria, Matamoros, Tampico y Altamira no aprobaron las visitas que
realizó el organismo.
Según el informe 2/2016 girado
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estas anomalías se remitieron
a los Alcaldes de entonces para su atención.
También en febrero de este año,
la CNDH remitió el informe de Seguimiento 2/2016 del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, a los actuales Alcaldes, a quienes solicitó atender
las observaciones contenidas en el reporte y enviar documentos que muestren el
avance en las situaciones de riesgo.
El documento citado de fecha 28
de abril de 2016, del que se tuvieron visitas de seguimiento en octubre y que
llevó a cabo personal del MNPT de la CNDH, reveló, que en el municipio de
Tampico, en la Coordinación Municipal, Fuerza Tamaulipas, de 14 situaciones de
riesgo de tortura o maltrato, persisten al menos 13.
Además, en la dirección de
Seguridad Pública de Reynosa, continúan las situaciones de riesgo de tortura.
Durante estas supervisiones
también revisaron el derecho a recibir un trato humano, a la legalidad,
seguridad y a la protección de la salud.
No obstante, en el apartado de
trato humano el reporte encontró que en las celdas municipales no existe un
área exclusiva para mujeres, carecen de planchas para dormir y de higiene,
además de que son utilizadas para almacenar objetos y no proveen de alimentos a
los arrestados, debido a que no se asigna una partida presupuestal para tal
efecto.
En cuanto a la revisión por el
derecho a la legalidad y seguridad jurídica, las personas arrestadas se
quejaron de que no se les permite comunicase telefónicamente y no les hicieron
de sus conocimientos sus derechos.
"La comunicación telefónica
de las personas privadas de su libertad y las entrevistas se realizan sin
condiciones de privacidad", señala el documento.
Las cárceles municipales alojan
ilegalmente a indiciados que se encuentran a disposición del Ministerio Púbico.
Según el informe, no existe
reglamento interno ni manual de procedimiento para regular la actuación de los
servidores públicos y la certificación médica se lleva a cabo de manera
inadecuada.
Desde el 2011, elementos
estatales son los encargados de realizar los arrestos por violaciones al Bando
de Policía y son los encargados de remitir a estas celdas a los infractores.
fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: