Tras acusar al juez que encarceló
a Rodrigo Medina de violar la Ley de Amparo, ahora la Procuraduría General de
la República enfocó su presión en los fiscales que investigan presuntas
conductas delictivas del ex Gobernador priista y sus colaboradores.
De acuerdo con
documentos en poder de EL NORTE, cuatro agentes y un director adscritos a la
Subprocuraduría Especializada de Combate a la Corrupción fueron citados por la
PGR para que expliquen, en calidad de testigos, sus estrategias procesales y la
manera en que obtuvieron datos de prueba en sus investigaciones.
En respuesta, el Gobernador Jaime
Rodríguez interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte por
considerar que la Procuraduría invade sus atribuciones.
Las citas a los agentes se
desprenden de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-NL/0000377/2017,
abierta por la denuncia de la defensa de Medina en contra del juez de Control
Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, que en enero ordenó encarcelar al ex
Gobernador y ahora está acusado de violar la Ley de Amparo.
Una fuente allegada al caso
informó que fue el abogado Javier Coello Trejo -ex Subprocurador de la PGR-
quien, en calidad de defensor de Rolando Zubirán, ex Secretario de Desarrollo
Económico, se sumó a este proceso para pedir que se interrogue a los
Ministerios Públicos.
Los fiscales citados son Esaú
Manzano González, José Inés Sánchez Díaz, Wendolyn Ledezma Castañeda y Érika
Irigoyen Arroyo, además del director de Investigación y Procesos de la
Subprocuraduría, Marco Antonio Rodríguez Barrientos.
Todos fueron citados a comparecer
el 13 de septiembre. No se informó oficialmente si comparecieron.
En un oficio fechado el 7 de
septiembre, José Rogelio Mandujano, fiscal federal, advierte al Procurador del
Estado, Bernardo González, que es la tercera ocasión que solicita colaboración
para estas comparecencias y que, de no atender la petición, podrían abrirle una
carpeta.
"Me permito hacer notar que
con antelación se ha solicitado en dos ocasiones la colaboración para la
citación, de los referidos servidores públicos", advierte Mandujano,
"por lo que de no modificar su actuar se iniciará en su contra la carpeta
correspondiente".
Según la fuente, los fiscales
fueron llamados en calidad de testigos porque de ese modo no pueden negarse al
interrogatorio.
Añadió que, una vez
entrevistados, podrían pasar a indiciados, categoría en la que los obligarían a
inhibirse en los juicios para no ser juez y parte en los procesos contra
Medina, sus familiares y sus ex funcionarios.
El Gobernador interpuso este
martes la controversia por considerar que la PGR busca, entre otros, obtener
información confidencial de las investigaciones.
"Con la actuación indebida
de la Procuraduría General de la República pretende influir y extinguir las
funciones del Ministerio Público estatal", reclama.
La presión de la PGR ya había
sido señalada por Ernesto Canales, Fiscal Anticorrupción estatal, que en julio
acusó que la dependencia intimidaba a los jueces admitiendo casos en su contra
e imputándolos por criterios judiciales.
fuente.-
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