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Hubo tiempos en que se hablaba de
la "colombianización" de México como futuro indeseable. Hoy, en
cambio, no nos vendría mal una dosis de "colombianización".
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En Oslo,
al recibir el Premio Nobel de la Paz, el presidente colombiano, Juan Manuel
Santos, no sólo anunció el fin negociado de la guerra interna más larga en el
hemisferio -52 años-, sino que, en su discurso señaló que en el curso de esa guerra
se introdujo un elemento que la agravó: el narcotráfico. Sustentado en la dura
experiencia colombiana afirmó que, si bien la guerra con las FARC se acabó,
"la guerra contra las drogas no se ha ganado, ni se está ganando... es
hora de cambiar nuestra estrategia". Para nosotros, este mensaje es claro
pero complicado de asimilar. Pues aquí esa "guerra contra las drogas"
sigue y no hay visos de un cambio de estrategia.
Con 174,652 muertes violentas en
el último decenio relacionadas con el crimen organizado -sostenido básicamente
por el narcotráfico-, 29,198 desaparecidos y un gasto de 1.8 billones de pesos
en las instituciones encargadas del mantenimiento de la "ley y el
orden" (Revista Reforma, 11 de diciembre), la guerra contra las drogas
prosigue como si se pudiera ganar. Y ese empeño tan sin sentido nos está
conduciendo a un peligroso callejón que, si bien tiene salidas, con el paso del
tiempo todas se están estrechando y todas son peligrosas.
Dos días antes de que el
presidente Santos diera su discurso en Oslo, aquí, en la Ciudad de México, el
general secretario de la Defensa declaró que a los militares les
"encantaría que la policía hiciera su tarea para lo que está, para lo que
se les paga, pero que no lo hacen" y así poder volver a sus cuarteles,
pues su misión no es perseguir delincuentes.
El general no dijo de quién es la
responsabilidad de que las instituciones policiacas no cumplan con su tarea,
estén minadas por la corrupción, y sea el Ejército el que deba mal llenar el
vacío dejado por una gran falla institucional, tan añeja como notoria. Y no lo
dijo porque la responsabilidad está implícita en el argumento: además de los
policías mismos, la falta es de sus mandos civiles, desde los presidentes
municipales pasando por los gobernadores hasta llegar a la cúspide del poder:
la Presidencia de la República y el Congreso.
Como el general no podía ir tan
lejos como el presidente Santos y admitir que la guerra en que está envuelto el
Ejército y la Armada no se está ganando y va para largo, entonces pidió -¿exigió?-
una ley de seguridad interior que legitime la tarea que desde hace mucho, y no
sólo en los diez últimos años, vienen haciendo las Fuerzas Armadas. Si la
realidad no va a cambiar, pues por lo menos que cambie el marco jurídico. ¡Vaya
implicaciones las de la declaración del general Salvador Cienfuegos!
EL LABERINTO
El problema de la guerra contra
las drogas prohibidas o campaña, como prefieren llamarle algunos militares, se
inició desde, por lo menos, los 1940, que se acentuó a raíz de las presiones
norteamericanas tras la "Operación Intercepción" de 1969, a la que
siguió la "Operación Cóndor" en los 1970 para culminar en la
"Operación Conjunta Michoacán" de 2006, la "Iniciativa
Mérida" de 2008 y todo lo que ha venido a partir de entonces y que engloba
el concepto de "la guerra de Calderón", es que continúa sin visos de
solución. Hasta hoy, Washington pareciera no incomodarse por la prolongación
indefinida de esta guerra sin esperanza, pues el costo lo lleva México, mientras
que en Estados Unidos la estrategia pareciera ser la de rendirse en algunos
frentes internos, al punto que la marihuana ya va camino de la legalización.
Nosotros, en cambio, seguimos la inercia. ¿Es que esperaremos a que Colombia,
país que inspiró nuestra "Iniciativa Mérida" nos muestre qué hacer?
Apenas hizo público su enojo el
general Cienfuegos, el PRI y sus aliados en el Congreso dijeron que redactarían
y aprobarían la ley de seguridad interior que demandan los militares. El
general cumple así con su gremio al exigir un nuevo marco legal que no ponga en
evidencia al Ejército en caso de nuevos Tlatlayas -ejecución de prisioneros.
Pero como sociedad nacional, ¿es eso lo que realmente necesitamos? ¿No nos
estaremos internando aún más en el laberinto de la inseguridad y la
ingobernabilidad por no resolver el problema central?
Una ley de seguridad interior
donde se tome en cuenta el papel de las Fuerzas Armadas en momentos
excepcionales y cortos pudiera ser algo positivo, ¿pero legislar y, por tanto
legalizar y legitimar la intervención militar en circunstancias donde la
inseguridad no es excepcional sino una condición que ya se volvió crónica, no
entraña peligros de largo plazo?
El sexenio de Enrique Peña Nieto
va a concluir en poco menos de dos años. Entre sus legados de largo plazo está
la corrupción desbordada (personificada por los ex gobernadores en fuga) y la
privatización de la otrora orgullosa industria petrolera. ¿También va a estar
la consagración de las Fuerzas Armadas -la institución menos tocada por el desprestigio-
como policías de última instancia? Una vez institucionalizado el papel del
Ejército como responsable de una guerra donde hay pocas posibilidades ganar,
¿se estará en la salida del laberinto o en un sinsentido mayor? Es pregunta que
demanda una respuesta de la sociedad y de los responsables políticos pronta y
de fondo.
Fuente.-agenda_ciudadana@hotmail.com
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